En un año de El Niño, el Congreso avanza sobre las áreas protegidas y reduce la Floresta Nacional de Jamanxim
El Senado Federal aprobó el proyecto de ley que reduce aproximadamente un 40 % el área de la Floresta Nacional (Flona) de Jamanxim, en el sudoeste del estado de Pará. La propuesta elimina cerca de 486.000 hectáreas de esta unidad de conservación y las transforma en un Área de Protección Ambiental (APA), una categoría que permite actividades económicas como la agropecuaria y la minería bajo normas considerablemente menos restrictivas. El texto pasa ahora a manos del presidente Lula, quien podrá sancionarlo o vetarlo.
Los defensores del proyecto afirman que la medida busca «regularizar ocupaciones consolidadas» y ofrecer «seguridad jurídica» a los productores establecidos en la región. Traducido: la medida busca legalizar la apropiación ilegal de tierras públicas dentro de la Flona y estimular nuevos procesos de ocupación ilegal, deforestación y explotación clandestina de madera en una de las regiones más presionadas de la Amazonia, a lo largo de la BR-163, que une Cuiabá con Santarém.
Esta carretera es una de las principales vías de salida de la soja del país y, desde su construcción, ocupantes ilegales y grandes propietarios rurales avanzaron sobre sus márgenes destruyendo bosques y apropiándose fraudulentamente de tierras públicas. Para intentar proteger parte de esas áreas, a lo largo de la BR-163 fueron creadas varias Unidades de Conservación. Además de la Flona de Jamanxim (1,3 millones de hectáreas), existen otras siete unidades de conservación que, en conjunto, protegen 6,4 millones de hectáreas de bosques.
La propuesta de reducir la Flona de Jamanxim no es nueva. En 2017, el gobierno de Michel Temer intentó aprobar las Medidas Provisorias 756 y 758, que reducían un 57 % la superficie original de la Flona de Jamanxim y además quitaban 861 hectáreas al vecino Parque Nacional de Jamanxim.
Los ataques contra la Flona de Jamanxim provienen directamente del agronegocio y de las burguesías locales, interesadas en promover la apropiación ilegal y la venta de tierras públicas que se valorizaron rápidamente tras la pavimentación de la BR-163. Fueron estos sectores quienes impulsaron el llamado «Día del Fuego», una acción coordinada de incendios criminales organizada por los grandes intereses del agronegocio, ocurrida el 10 de agosto de 2019, principalmente en la región de Novo Progresso (Pará), ciudad cercana a la Flona de Jamanxim.
Impedir que la Flona de Jamanxim sea desmembrada por la apropiación ilegal de tierras es hoy más urgente que nunca, frente al avance del cambio climático y a una realidad de destrucción que acerca peligrosamente a la Amazonia a su punto de no retorno. Por ello, es necesario exigir al gobierno de Lula el veto total a esta medida, así como la expulsión de todos los supuestos «productores» (en realidad, ocupantes ilegales de tierras públicas) que se encuentran dentro de la Flona.
Un nuevo ciclo de ataques a la legislación ambiental
La reducción de la Flona de Jamanxim no constituye un hecho aislado. Forma parte de una serie de modificaciones legislativas que, durante los últimos quince años, han venido debilitando progresivamente la política ambiental brasileña.
El primer gran paso ocurrió con la reforma del Código Forestal, en 2012, que flexibilizó las normas de protección de la vegetación nativa y amplió los mecanismos de regularización de desmontes realizados con anterioridad. Posteriormente, se intensificaron los ataques a los derechos territoriales indígenas, especialmente mediante la tesis del marco temporal y diversas iniciativas destinadas a reducir las garantías constitucionales de esos territorios.
Más recientemente, el Congreso aprobó una profunda modificación de la legislación sobre licenciamiento ambiental, reduciendo las exigencias para emprendimientos potencialmente contaminantes y debilitando los mecanismos de evaluación de los impactos ambientales.
Ahora, un nuevo frente de disputa se concentra sobre las unidades de conservación. Al igual que las Tierras Indígenas y los territorios quilombolas, estas áreas representan hoy algunas de las últimas barreras legales frente al avance de la expansión de la agropecuaria capitalista, la minería, la explotación maderera y la especulación sobre tierras ambientalmente estratégicas.
Además de proteger la biodiversidad, las unidades de conservación preservan nacientes, ríos y reservas naturales de carbono, siendo fundamentales para la regulación del clima y la disponibilidad de agua.
La votación sobre Jamanxim ocurre paralelamente al tratamiento de varias propuestas similares en el Congreso Nacional. Entre ellas se encuentran:
- El PL n.º 849/2025, que reduce en más de 30.000 hectáreas el Área de Protección Ambiental de la Ballena Franca, en el estado de Santa Catarina.
- El PL n.º 2.381/2021, que pretende transformar la Reserva Extractivista de Canavieiras, en Bahía, en un Área de Protección Ambiental, disminuyendo significativamente su nivel de protección.
- El PL n.º 4.245/2019, que modifica el régimen jurídico de la Reserva Extractivista Prainha do Canto Verde, en Ceará.
- El PL n.º 6.024/2019, que propone reducir la Reserva Extractivista Chico Mendes y transformar el Parque Nacional de la Sierra del Divisor en un Área de Protección Ambiental.
Otras propuestas avanzan en la misma dirección:
- El PDL n.º 171/2026, que busca revocar el decreto que amplió la Estación Ecológica de Taiamã, en el Pantanal.
- El PDL n.º 112/2026, en el Senado, y el PDL n.º 106/2026, en la Cámara de Diputados, que pretenden anular el decreto que creó el Parque Nacional y el Área de Protección Ambiental de Albardão, en Rio Grande do Sul.
- El PL n.º 1083/2026 y el PL n.º 3113/2025, que proponen reducir y recategorizar parte del Parque Nacional de Itatiaia.
Existen además iniciativas que atacan directamente el proceso de creación de nuevas unidades de conservación:
- El PL n.º 2.460/2024, que condiciona la creación de nuevas áreas protegidas a la aprobación del Congreso Nacional.
- El PL n.º 6.617/2025, que quita al Poder Ejecutivo la competencia para crear unidades federales de conservación.
- El PL n.º 1.704/2026, que establece nuevos requisitos para su creación, haciendo el proceso aún más restrictivo.
Todas estas propuestas convergen hacia un mismo objetivo: reducir la creación de áreas protegidas y abrir nuevas fronteras para la expansión del extractivismo agro-minero.
La crisis climática amplía la presión sobre la Amazonia
La reducción de la Floresta Nacional (Flona) de Jamanxim ocurre en un momento particularmente delicado para la Amazonia. En los últimos años, el bioma ha enfrentado una combinación de factores que potencian la degradación ambiental: el avance de la frontera agropecuaria, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, sequías cada vez más intensas e incendios forestales de gran magnitud. La interacción entre estos elementos ha colocado a la selva en una situación crítica.
En 2023 y 2024, la Amazonia sufrió una de las sequías más severas de su historia reciente. La combinación entre el calentamiento global y un intenso episodio de El Niño (2023-2024) alteró profundamente el régimen de lluvias en la región amazónica. Los ríos alcanzaron niveles históricamente bajos, comunidades enteras quedaron aisladas durante meses, la mortandad de peces aumentó drásticamente y miles de focos de incendio se propagaron por áreas que hasta entonces eran consideradas poco propensas al fuego.
Los impactos quedaron reflejados en los datos del Informe Anual del Fuego (RAF), elaborado por MapBiomas. En 2024, aproximadamente 30 millones de hectáreas fueron afectadas por incendios en Brasil, una superficie 62 % superior al promedio histórico. Desde 1985, el fuego alcanzó cerca de 206 millones de hectáreas, equivalentes al 24 % del territorio nacional.
La Amazonia concentró la mayor parte de esa devastación. Fueron 15,6 millones de hectáreas quemadas, la cifra más alta registrada desde el inicio de la serie histórica de MapBiomas, lo que representa el 52 % de toda el área afectada por incendios en el país y un incremento del 117 % respecto del promedio histórico del bioma.
Por primera vez, el fuego afectó con mayor intensidad a las áreas de bosque que a las pasturas. Cerca de 6,7 millones de hectáreas de selva amazónica ardieron en un solo año, demostrando que los incendios dejaron de limitarse a zonas previamente deforestadas y comenzaron a penetrar en ecosistemas forestales relativamente conservados.
El fuego también abre el camino para la apropiación ilegal de tierras
Aunque los incendios están asociados a la sequía extrema provocada por el último episodio de El Niño, estos no ocurren de manera natural en la selva amazónica. El fuego es introducido por la acción humana y, en condiciones de sequía severa, su objetivo es la apropiación ilegal de tierras públicas, la usurpación de tierras y la expansión de la frontera agrícola.
El fuego constituye una estrategia para avanzar sobre las tierras públicas de la Amazonia, apropiarse de ellas de forma privada y garantizar así la expansión de la frontera agropecuaria. Los datos muestran que los incendios en tierras públicas sin destino específico aumentaron un 64 % en 2024 en comparación con el año anterior, según cifras difundidas por el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonia (Ipam). Este incremento provocó que 2,46 millones de hectáreas fueran consumidas por el fuego el año pasado.
Del total de áreas incendiadas, las mayores superficies correspondieron al estado de Pará, con 934.378 hectáreas, y al estado de Amazonas, con 669.594 hectáreas afectadas. En conjunto, estas tierras públicas abarcan 56,5 millones de hectáreas, una extensión equivalente al tamaño de España.
El aumento de los incendios y de la deforestación, agravado por el cambio climático, acerca a la Amazonia a su punto de no retorno (tipping point), momento en el que grandes extensiones de selva dejarían de generar la humedad necesaria para mantener su propio equilibrio climático, iniciando un proceso de sabanización.
Más que una tragedia regional, este escenario pondría en riesgo el régimen de lluvias de gran parte del territorio brasileño, comprometiendo la agricultura, la producción de energía, el abastecimiento de agua y la biodiversidad. Si se supera ese límite, el colapso de la Amazonia podría convertirse en la primera ficha de dominó de una crisis climática a escala nacional, desencadenando transformaciones que afectarían profundamente la economía, la sociedad y las condiciones de vida en Brasil.
El riesgo de un nuevo El Niño
Los científicos advierten que el planeta podría estar a las puertas del episodio de El Niño más intenso jamás registrado. Si estas proyecciones se confirman, sus impactos podrían ser aún más devastadores que los observados en 2024.
En ese escenario, la combinación de un posible El Niño extremo, la expansión de la frontera agropecuaria, la reducción de las unidades de conservación y la sucesiva flexibilización de la legislación ambiental configura una tormenta perfecta para la Amazonia.
Sin embargo, mientras avanza sobre la legislación ambiental y deja a Brasil aún más vulnerable a las consecuencias del calentamiento global y de un posible super El Niño, el Senado aprobó recientemente un proyecto que crea una línea especial de refinanciación para productores rurales afectados por desastres climáticos.
La propuesta autoriza el uso de recursos del Fondo Social del Pre-Sal y de fondos constitucionales para renegociar deudas, con plazos de hasta diez años para el pago y tasas de interés reducidas.
En síntesis, mientras acelera el camino del país hacia un abismo climático, el Congreso amplía las oportunidades de lucro para los sectores que avanzan sobre la Amazonia.
