Bolivia: la dirección de la COB negocia, traiciona al movimiento y el gobierno decreta el estado de excepción
Después de 49 días de una de las mayores movilizaciones de los últimos años, la dirección de la Central Obrera Boliviana (COB) participa de una mesa de diálogo con el gobierno de Rodrigo Paz (18/06) y abandona la exigencia de su renuncia, aprobada en anteriores ampliados nacionales. Lo hizo presentándose como representante del conjunto de los sectores movilizados y ha puesto como condición para continuar la negociación que hubiera la liberación de los detenidos. Entretanto, apenas 1 día después (19/06) firma un acuerdo con el gobierno, donde siquiera la liberación de los detenidos fue garantizado.
Esta decisión no conta con el mandato ni la aprobación de las bases que sostenían la lucha. De hecho, las propias bases obreras y mineras de la COB ya habían disminuido significativamente su participación en las movilizaciones, mientras que eran las organizaciones campesinas e indígenas las que continuaban garantizando la mayor parte de los bloqueos de caminos y manteniendo la presión sobre el Gobierno. Ni la Federación Tupac Katari ni la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) participaron de la mesa de negociación, ambas organizaciones denunciaron la falta de consulta y mantuvieron sus medidas de presión. La decisión de negociar fue adoptada desde la dirección de la COB, desconociendo el sacrificio de miles de movilizados y arrogándose una representación que ya no ejercía en la práctica. Este giro político desarmó la lucha precisamente en el momento en que el gobierno atravesaba su mayor crisis, favoreció la división del movimiento y abrió las puertas para una nueva ofensiva represiva contra el movimiento popular.
Acuerdos preliminares con los mineros
La dirección de la COB y los dirigentes de la minería estatal llegaron a acuerdos con el gobierno antes de que las organizaciones campesinas e indígenas pudieran discutir colectivamente el rumbo de la movilización. Los trabajadores mineros de Colquiri y Huanuni, que constituyen el sector obrero más importante y con peso en las instancias de decisión de la COB, alcanzaron acuerdos con el Ejecutivo los días 17 y 18 de junio, antes de que la central obrera firmara el acuerdo general y convocara oficialmente al levantamiento de los bloqueos. O sea, queda claro que la dirección de la COB ha construido una condición para que no hubiera cuestionamientos de su principal base.
Durante semanas trabajadores, sectores populares, campesinos e indígenas sostuvieron bloqueos de caminos y movilizaciones, enfrentando la represión, la escasez y enormes sacrificios económicos. La fuerza demostrada por las bases había colocado al gobierno contra las cuerdas. Sin embargo, mientras los sectores campesinos e indígenas continuaban garantizando la mayor parte de los bloqueos y exigían discutir colectivamente los pasos a seguir, la dirección cobista no ha llamado la ampliación del movimiento, no hizo ningún intento de mantener los sectores fabriles, mineros, profesores unificados al movimiento popular, indígena y campesino y optó por canalizar la fuerza de los bloqueos hacia la negociación y la desmovilización, privilegiando los acuerdos alcanzados por su principal base obrera y actuando sin el mandato del conjunto de los sectores movilizados.
El acuerdo de la COB con el gobierno no garantiza la libertad de los presos, ninguna demanda inmediata y concede un plazo de 90 días al gobierno
El contenido del acuerdo revela el verdadero carácter de la negociación. La profundidad de la capitulación de la dirección de la COB quedó en evidencia en el tratamiento de los detenidos. Apenas dos días antes de la firma, la propia central sindical había afirmado que la liberación de los presos era una condición primordial para avanzar en el diálogo y que, sin ese «primer paso» del Gobierno, cualquier acuerdo sería visto como una traición por las bases. Sin embargo, el documento final no garantiza la liberación de ninguno de los detenidos, no fija plazos, tampoco prevé el retiro de las acusaciones ni el cierre de los procesos judiciales. El acuerdo se limita a crear una comisión integrada por el Gobierno, la COB y el Ministerio Público para «gestionar la liberación» y revisar los casos individualmente.
Ninguna de las principales demandas de la movilización tiene una respuesta inmediata. El gobierno obtuvo un plazo de 90 días para estudiar las reivindicaciones y elaborar propuestas, sin comprometerse a resolver la crisis económica ni a atender las demandas de salarios, abastecimiento, empleo y condiciones de vida.
En los hechos, la dirección de la COB otorgó al gobierno el tiempo que necesitaba para reorganizarse políticamente y recuperar la iniciativa.
Las bases campesinas e indígenas no aceptan el acuerdo
El acuerdo fue recibido con rechazo por numerosos sectores campesinos e indígenas que denunciaron no haber sido consultados y cuestionaron la decisión de la dirección de la COB como traidora del movimiento. Las organizaciones de base sostienen que el levantamiento de las medidas de presión desconoce el sacrificio de miles de movilizados y rompe el acuerdo de unidad construida durante casi siete semanas de lucha.
Las organizaciones campesinas e indígenas fueron uno de los principales motores de la movilización nacional. Su participación en los bloqueos, las marchas y los enfrentamientos con las fuerzas represivas fue decisiva para sostener el movimiento. Por ello, la exclusión de estos sectores de las decisiones estratégicas expresa una profunda crisis de representación dentro de la propia dirección cobista.
La resistencia de las bases demuestra que la lucha no ha sido derrotada. Lo que está en cuestión es la orientación de una dirección que decidió negociar desde arriba y sin mandato de quienes mantuvieron la movilización en las calles y carreteras.
El gobierno se aprovecha de la división provocada por la COB y decreta el estado de excepción
La decisión de la COB de desmovilizar y dividir al movimiento fue inmediatamente aprovechada por el gobierno. Apenas recuperó margen de maniobra política, el Ejecutivo decretó el estado de excepción, ampliando las facultades represivas del Estado y habilitando mayores restricciones a las libertades democráticas.
El gobierno pretende utilizar el estado de excepción para restablecer la autoridad estatal, contener nuevas protestas y disciplinar a los sectores que continúan movilizados. La ofensiva gubernamental confirma que la negociación de la COB no condujo a una salida favorable para los trabajadores y los pueblos del campo. Por el contrario, la desmovilización debilitó la capacidad de resistencia y facilitó la iniciativa represiva del Ejecutivo.
Em este momento, antes mismo de ser llevado a la Assembleia para aprobación del estado de excepción, las noticias dan cuenta del desplazamiento de la fuerzas militares, para varias regiones del país, en los puntos de bloqueo, además de persecución e intento de capturar dirigentes del movimiento.
La solidaridad internacional se torna más necesaria
La declaración del estado de excepción por parte del gobierno de Rodrigo Paz marca un nuevo salto en la ofensiva represiva contra el movimiento popular. Con esta medida, el Ejecutivo busca otorgarse mayores facultades para desarticular las movilizaciones, criminalizar la protesta y garantizar la intervención de las fuerzas represivas contra campesinos e indígenas que continúan luchando y garantizando los bloqueos. Al mismo tiempo, la traición de la dirección de la COB al abandonar la exigencia de renuncia del gobierno, sentarse a negociar y llamar a levantar las medidas de presión debilita la resistencia y deja a los sectores movilizados más expuestos a los ataques estatales. En estas condiciones, la solidaridad internacional se vuelve imprescindible. Las organizaciones obreras, populares, campesinas, indígenas, estudiantiles y de derechos humanos de toda América Latina y del mundo deben pronunciarse contra el estado de excepción, denunciar cualquier intento de represión y apoyar activamente la lucha del pueblo boliviano. Frente al aislamiento que buscan imponer el gobierno y las direcciones conciliadoras, es necesario fortalecer una amplia campaña internacional de solidaridad con quienes continúan enfrentando las políticas de ajuste y hambre.
Es necesario construir una alternativa de dirección
Las jornadas de lucha de estos 49 días demostraron una enorme disposición de combate de trabajadores, campesinos e indígenas. También pusieron en evidencia los límites de una dirección que, cuando el gobierno se encontraba más debilitado, optó por salvarlo mediante negociaciones y concesiones.
La experiencia deja una lección fundamental: ninguna salida favorable para las mayorías explotadas y oprimidas puede depender de direcciones que subordinan la lucha a acuerdos con los gobiernos de turno. Sin embargo, la propia Central Obrera Boliviana, por su composición histórica y social, sigue siendo potencialmente un espacio donde se expresa la fuerza organizada de la clase trabajadora, campesina y popular del país, y por tanto puede constituir una base para una alternativa de poder de las mayorías oprimidas. Pero ese potencial solo puede realizarse bajo condiciones de democracia obrera y control real de las bases sobre sus direcciones. Mientras la conducción de la COB actúe desligada de las decisiones colectivas y sin control efectivo de quienes sostienen las movilizaciones, su papel continuará siendo el de mediación y contención de la lucha, incluso en momentos decisivos.
Por eso, no se trata únicamente de cambiar nombres en la dirección, sino de construir una nueva dirección verdaderamente democrática, revolucionaria, socialista e independiente del gobierno y de los sectores empresariales, que responda exclusivamente a las decisiones soberanas de las bases movilizadas.
La tarea inmediata es reorganizar la resistencia, fortalecer la coordinación entre trabajadores, campesinos e indígenas y preparar nuevas instancias de deliberación desde abajo. La fuerza demostrada por la movilización nacional sigue existiendo. Lo que hace falta es una dirección consecuente que esté dispuesta a llevar la lucha hasta el final y a abrir una salida propia de los trabajadores y los pueblos de Bolivia.
