Bolivia: revolución y contrarrevolución
La rebelión de 2026 y los límites de sus direcciones
Las jornadas de lucha que sacudieron Bolivia entre mayo y junio de 2026 constituyen el proceso más importante de la lucha de clases en el país desde la Guerra del Gas de 2003, que derribó Sanchez de Lozada y derivó también en la caída de Carlos Mesa en 2005.
Durante casi dos meses, fue llamada una huelga general, sectores de trabajadores desarrollaron huelgas parciales, mientras organizaciones campesinas, indígenas y vecinales sostuvieron más de un centenar de bloqueos en distintas regiones del país. Dos grandes movilizaciones nacionales en la ciudad de La Paz marcaron momentos altos de la lucha: la marcha del 18-19 de mayo y la del 10 de junio, ambas protagonizadas por miles de trabajadores y vecinos de La Paz y el Alto, junto con trabajadores, campesinos y pueblos indígenas llegados desde distintos puntos del país.
En las dos ocasiones se produjeron enfrentamientos con las fuerzas represivas del Estado. Sin embargo, aunque las movilizaciones demostraron una enorme disposición de combate, no existió una preparación política y organizativa orientada a disputar efectivamente el poder. La ausencia de organismos centralizados de dirección de la lucha, sumada a las vacilaciones de las direcciones nacionales y a la creciente represión gubernamental, permitió dispersar las movilizaciones antes de que pudieran transformarse en una ofensiva decisiva contra el régimen.
La movilización logró poner contra las cuerdas al gobierno de Rodrigo Paz. Durante varias semanas, amplias regiones del país quedaron bajo control efectivo de las organizaciones sociales que sostenían los bloqueos, particularmente de la federación campesina Tupac Katari (Departamento de La Paz), sectores de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Los Trabajadores Campesinos de Bolivia) y otras organizaciones indígenas y campesinas del altiplano, como la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa y los Ponchos Rojos.
En los hechos, ha existido un doble poder en Bolivia por más de un mes. Eran estas organizaciones las que decidían qué productos, alimentos, combustibles o vehículos podían circular por las principales rutas del país y cuáles permanecían retenidos en los puntos de bloqueo. Esta situación provocó crecientes dificultades de abastecimiento, escasez de combustibles y alimentos, así como una fuerte subida de precios, especialmente en las ciudades de La Paz y El Alto, donde el impacto económico y político de los bloqueos fue más intenso. Mientras el gobierno conservaba el control formal de las instituciones estatales, las organizaciones movilizadas demostraban una importante capacidad para condicionar la circulación de mercancías y el funcionamiento de la economía. La consigna “¡Fuera Paz!” se transformó en el eje unificador de un movimiento que reunió a mineros, campesinos, pueblos indígenas, maestros, trabajadores fabriles, juntas vecinales y amplios sectores populares. Sin embargo, pese a la enorme disposición de lucha demostrada por las masas, el movimiento no consiguió alcanzar su principal objetivo político: la caída del gobierno. Comprender las razones de esta situación es fundamental para preparar las próximas batallas.
Rodrigo Paz, la crisis del MAS y el inicio de la rebelión
La llegada de Rodrigo Paz al gobierno fue posible gracias al profundo desgaste político acumulado durante casi dos décadas de gobiernos del MAS. La crisis económica, marcada por la escasez de dólares, el aumento del costo de vida y el agotamiento del ciclo gasífero, junto con la fractura entre evistas y arcistas, erosionó la base social y política que había sostenido al masismo durante años. Aprovechando ese descontento, Paz se presentó como una alternativa capaz de recuperar la estabilidad económica y resolver la crisis. Muchos trabajadores, campesinos y sectores populares depositaron expectativas en sus promesas, no tanto por una adhesión a su programa, sino por la falta de una alternativa política que apareciera como capaz de enfrentar la crisis. Sin embargo, apenas comenzaron a aplicarse las primeras medidas de gobierno, numerosos luchadores y luchadoras reconocían públicamente haber confiado en Paz y expresaban su indignación ante lo que consideraban un engaño electoral. La sensación de haber sido víctimas de promesas falsas y de una verdadera estafa política contribuyó a alimentar el rápido crecimiento de la movilización.
Los primeros meses de su mandato estuvieron marcados por una ofensiva neoliberal que recordó los planes de ajuste de los años noventa. El Decreto 5503 eliminó subsidios a los combustibles y provocó aumentos inmediatos en el costo de vida. La denominada Ley de Tierras abrió nuevas posibilidades para la mercantilización de territorios comunitarios. Paralelamente, el gobierno impulsó la liberalización económica, eliminó impuestos a las grandes fortunas, congeló salarios y promovió nuevas facilidades para la inversión extranjera en sectores estratégicos.
El proyecto de Paz buscaba mucho más que aplicar medidas económicas coyunturales. Pretendía modificar la relación de fuerzas construida después de las rebeliones de 2003 y 2005, fortalecer a la burguesía y profundizar la subordinación de los recursos naturales bolivianos a los intereses del capital internacional. Paz se ha revelado un fiel aplicador de las políticas de Trump en Bolivia.
Sin embargo, cada una de estas medidas encontró una respuesta inmediata en las calles. Lo que comenzó como protestas contra el aumento del costo de vida y el desabastecimiento se transformó rápidamente en una rebelión nacional que cuestionó la legitimidad del propio gobierno bajo la consigna unificadora de “¡Fuera Paz!”.
La magnitud de la resistencia obligó al gobierno a retroceder parcialmente en varias ocasiones. Pero esos retrocesos nunca significaron el abandono de su programa estratégico. Fueron maniobras tácticas destinadas a ganar tiempo, dividir a los sectores movilizados y desgastar progresivamente un movimiento que había logrado colocarlo contra las cuerdas.
La fuerza del ascenso
Una de las características más importantes de la lucha fue la amplitud de los sectores movilizados.
La COB convocó a la huelga general y colocó en el centro de la escena al movimiento obrero organizado. La FEJUVE convirtió nuevamente a El Alto en el corazón de la resistencia popular. La Federación Tupac Katari, los Ponchos Rojos y las Bartolinas Sisas organizaron bloqueos que aislaron a La Paz durante semanas. Sectores de la CSUTCB, organizaciones indígenas amazónicas, maestros urbanos y rurales, trabajadores fabriles y transportistas participaron activamente de las movilizaciones. Esta convergencia recordó, aunque de forma parcial, las grandes jornadas insurreccionales de principios del siglo XXI.
La exigencia de renuncia de Rodrigo Paz actuó como elemento unificador. Por encima de reivindicaciones sectoriales, millones de personas comenzaron a cuestionar la legitimidad misma del gobierno. Durante varias semanas se configuró una situación extremadamente favorable para el movimiento popular, con el movimiento en la ofensiva y el gobierno en la defensiva.
Las movilizaciones y el doble poder en Bolivia era un ejemplo importante para las masas latinoamericanas. La prensa burguesa en todo mundo simplemente no noticiaba lo que pasaba en Bolivia para evitar que ese ejemplo fuera conocido.
La estrategia del gobierno: dividir para sobrevivir
La principal fortaleza del gobierno fue comprender rápidamente que no podía derrotar al movimiento mediante una confrontación frontal. La estrategia gubernamental consistió en negociar separadamente con distintos sectores, ofrecer concesiones parciales y estimular acuerdos específicos que fragmentaran la unidad construida desde abajo.
Al mismo tiempo, utilizó el desgaste producido por semanas de movilización continua. La falta de combustible, las dificultades económicas y el cansancio acumulado comenzaron a afectar a numerosos sectores.
Mientras tanto, el aparato estatal profundizaba la criminalización de la protesta. Centenares de activistas fueron detenidos, dirigentes perseguidos judicialmente y comunidades reprimidas. Paralelamente, el gobierno desarrolló una intensa campaña política y mediática destinada a desacreditar el movimiento, presentándolo como una acción impulsada por grupos violentos, sediciosos o vinculados al narcotráfico. Esta narrativa fue reforzada por altos funcionarios del gobierno y por voceros del imperialismo estadounidense, que intentaron justificar la represión asociando las movilizaciones a supuestos intereses criminales. Sin embargo, esta estrategia no obtuvo el éxito esperado. Por un lado, la amplitud del movimiento, que involucraba a trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, vecinos y sectores populares de todo el país, hacía difícil sostener semejante acusación. Por otro, diversos escándalos relacionados con redes de narcotráfico y contrabando de madera —el denominado caso de la “narcomadera”— que salpicaban a sectores vinculados al propio aparato estatal, debilitaban la credibilidad del discurso oficial. A pesar de ello, la campaña de criminalización sirvió como complemento de la represión policial, judicial y militar desplegada contra las organizaciones movilizadas. La aprobación de la nueva Ley de Estados de Excepción representó un salto cualitativo en esta política. El gobierno buscó crear un marco legal para ampliar la intervención militar y restringir los derechos democráticos con el respaldo explícito del imperialismo estadounidense.
La COB y el problema de la dirección
El papel de la dirección de la COB expresa la principal contradicción del proceso.
Por un lado, sin la COB difícilmente la lucha habría alcanzado una dimensión nacional. Su convocatoria a la huelga general y su participación en las principales movilizaciones de La Paz permitieron transformar el descontento social en una rebelión política contra el gobierno de Rodrigo Paz.
Por otro lado, su dirección mostró enormes vacilaciones, y termino traicionando la lucha. La principal fuerza organizada de la COB, el proletariado minero, obreros de Huanuni y Colquiri, estuvieron presentes en las medidas de presión a través de representaciones de sus organizaciones, pero la producción minera nunca fue paralizada de forma generalizada. En distintos momentos expresaron su disposición a marchar sobre La Paz y profundizar la confrontación con el gobierno. Sin embargo, la dirección cobista se negó a impulsar una verdadera huelga general que paralizara los principales sectores productivos del país y tampoco avanzó en la centralización nacional de la lucha.
Al mismo tiempo, la COB tampoco fue firme para impedir la política gubernamental de negociaciones separadas. Desde el inicio del conflicto, el gobierno buscó desgastar y fragmentar el movimiento mediante acuerdos parciales con distintos sectores. Primero avanzó sobre las cooperativas mineras. Tras una importante movilización y los enfrentamientos ocurridos en La Paz el 14 de mayo, el gobierno logró alcanzar un acuerdo con sus dirigentes (FENCOMIM) al día siguiente, retirando a este sector de las medidas de presión.; posteriormente negoció en diversas ocasiones con los transportistas y con sectores del magisterio. Finalmente, logró alcanzar acuerdos con la principal base organizada de la COB, los mineros de Huanuni y Colquiri, apenas unos días antes de que la propia central sindical firmara el acuerdo que puso fin a las medidas de presión. Lejos de combatir esta dinámica divisionista, la dirección de la COB tubo acuerdo con ella, debilitando progresivamente la unidad construida durante las semanas más intensas de la movilización.
La ausencia de una coordinación efectiva y centralización política entre mineros, fabriles, maestros, campesinos, pueblos indígenas y juntas vecinales impidió que la fuerza acumulada se transformara en una ofensiva capaz de disputar efectivamente el poder.
Aquí aparece una diferencia fundamental respecto a las jornadas de 2003. En aquel momento, la convergencia entre el movimiento obrero, los sectores campesinos y las organizaciones populares alcanzó niveles superiores de coordinación, radicalización y centralización política, colocando realmente en cuestión la continuidad del régimen.
En aquel momento la fuerza de las movilizaciones, empezando por una efectiva huelga general con rol decisivo de los mineros, ha conseguido dividir las fuerzas armadas, lo que ha llevado a la caída del gobierno. Eso también tenía ocurrido en 1952 y 1983-85.
La huelga general paraliza de forma mucho más categórica la economía del país, lo que se suma a los bloqueos de las estradas. El peso de las masas movilizadas puede dividir las fuerzas armadas.
De esa vez eso no pasó, no llego a ocurrir ni una verdadera huelga general ni la división de las fuerzas armadas.
La marcha del 10 de junio, gigantesca, con 40-50 mil trabajadores avanzando sobre el palacio del gobierno, expreso la fuerza del movimiento. Pero también su debilidad. Por orientación de la dirección fue una marcha “pacifica”, que no tenia condiciones de se enfrentar con las fuerzas armadas que defendían el gobierno. Ni el armamiento natural de los mineros, con sus dinamites, estuvieron presentes.
Así, la movilización fue se manteniendo solo por la fuerza de los bloqueos, lo que no permitía dar un golpe decisivo al gobierno y llevaba al cansancio de las masas.
Las direcciones tradicionales y sus contradicciones
Las diferencias entre FEJUVE, COB, Tupac Katari, Bartolinas, CSUTCB y otros sectores fueron profundizándose a medida que avanzaba el conflicto. Algunas direcciones mantuvieron la exigencia de renuncia de Paz. Otras comenzaron a privilegiar las negociaciones de sus propias demandas. Estas diferencias reflejan procesos políticos más profundos.
Durante años, numerosos dirigentes sindicales y sociales fueron incorporados al aparato estatal de los gobiernos del MAS. La administración de recursos, cargos públicos y espacios institucionales generó procesos de burocratización que redujeron la independencia política de muchas organizaciones y promovieron la cooptación y acomodación de muchos/as dirigentes.
Cuando la lucha colocó sobre la mesa la posibilidad de una confrontación decisiva con el Estado, estas contradicciones emergieron con toda su fuerza, terminando con la traición de la dirección de la COB.
Evo Morales y la crisis estratégica del reformismo
La posición de Evo Morales durante el conflicto también expresó los límites históricos del proyecto reformista construido por el MAS. Evo participó en distintos momentos del proceso, especialmente a través de las Federaciones del Trópico de Cochabamba y de la denominada Marcha para Salvar Bolivia. Asimismo, denunció reiteradamente los intentos del gobierno de Rodrigo Paz, apoyado por Estados Unidos, de detenerlo y proscribirlo políticamente, presentando estas acciones como parte de una ofensiva más amplia contra las organizaciones populares.
Sin embargo, pese a su influencia sobre importantes sectores campesinos y cocaleros, Evo no fue capaz de ofrecer una orientación política capaz de unificar y conducir el conjunto del movimiento. En lugar de impulsar una estrategia que permitiera centralizar las fuerzas movilizadas en torno a un objetivo común, terminó siendo parte de las contradicciones que atravesaban al propio movimiento.
Estas contradicciones quedaron expuestas incluso en las declaraciones finales de Evo Morales. En un primer momento estuvo contra la traición de la dirección de la COB. Después, cuando las federaciones del Trópico anunciaron un cuarto intermedio en las medidas de presión, Evo afirmó públicamente que nunca había planteado la renuncia de Rodrigo Paz, distanciándose de una de las principales consignas que había unificado a amplios sectores movilizados durante semanas. La declaración provocó críticas y burlas entre numerosos activistas, y evidenció, una vez más, las vacilaciones políticas de una dirección incapaz de ofrecer una salida consecuente frente a la crisis.
La crítica de las bases a las direcciones
Uno de los fenómenos políticos más importantes surgidos de la lucha fue el creciente cuestionamiento de las bases hacia sus propias direcciones. En ampliados, cabildos, bloqueos y reuniones sindicales aparecieron críticas cada vez más fuertes no sólo contra el gobierno de Rodrigo Paz, sino también contra los dirigentes que condujeron el proceso. Para amplios sectores de trabajadores, campesinos, pueblos indígenas y vecinos movilizados, las distintas direcciones deberán rendir cuentas por las decisiones adoptadas durante el conflicto y por su responsabilidad en el desenlace de la lucha.
Sin embargo, las críticas más profundas se concentraron sobre la dirección de la COB, la central sindical abandonó la exigencia de renuncia de Rodrigo Paz, que había sido uno de los principales factores de unidad del movimiento, para concentrarse en una mesa de negociación con el gobierno. Para numerosos activistas, esta orientación significó abandonar el objetivo político central de la lucha precisamente cuando el gobierno atravesaba su momento de mayor debilidad.
La capitulación se hizo aún más evidente cuando después de declarar públicamente que la liberación de los detenidos y perseguidos políticos era una condición indispensable para continuar las negociaciones, la dirección de la COB abandonó esa exigencia en menos de veinticuatro horas y procedió a firmar un acuerdo con el gobierno. Eso fue una traición al conjunto del movimiento.
Hasta hoy, lo que se conoce públicamente de ese acuerdo es, fundamentalmente, la concesión de un plazo de noventa días para discutir las reivindicaciones planteadas por la central sindical. Es decir, la dirección de la COB suspendió las medidas de presión sin haber conquistado las principales demandas que habían movilizado a miles de trabajadores y sectores populares durante semanas.
Para muchos luchadores, esta decisión representó una traición aún más grave porque fue seguida inmediatamente por el decreto de estado de excepción por parte del gobierno. Mientras la COB levantaba la movilización, Rodrigo Paz utilizaba la tregua para fortalecer los mecanismos represivos del Estado, restringir derechos democráticos y preparar nuevas ofensivas contra el movimiento popular. O sea, el gobierno salió de la defensiva en que estaba y paso a la ofensiva, se aprovechando de la traición de la dirección de la COB.
Esta experiencia será capaz de provocar profundas consecuencias políticas en Bolivia? Ojalá miles de activistas saquen conclusiones sobre los límites de las direcciones tradicionales y sobre la necesidad de construir una conducción dispuesta a llevar la lucha hasta el final, sin subordinarla a negociaciones que impongan derrotas.
Las perspectivas de la lucha y la ofensiva imperialista sobre Bolivia y América Latina
Aunque el movimiento ha entrado en un momento de repliegue después de la firma del acuerdo de la COB y del decreto de estado de excepción, las causas que provocaron la rebelión permanecen intactas. El gobierno de Rodrigo Paz no dispone de los recursos económicos necesarios para responder a las principales reivindicaciones planteadas por los trabajadores, campesinos, pueblos inígenas y los sectores populares. La crisis fiscal continúa, la escasez de dólares no ha sido resuelta y las largas filas para conseguir gasolina siguen siendo parte de la vida cotidiana de la población. Tampoco han desaparecido la inflación, el encarecimiento del costo de vida ni el descontento acumulado contra las políticas gubernamentales.
Por esta razón, la actual tregua difícilmente podrá transformarse en una estabilización duradera del régimen. El movimiento ha sufrido una derrota debido a la traición de la dirección de la COB, cuando podría haber conseguido derribar el gobierno.
Sin embargo, no se trata de una derrota estratégica. Las contradicciones económicas y sociales que dieron origen al levantamiento continúan presentes y pueden provocar nuevas explosiones de lucha en un tiempo que no se puede prever.
Al mismo tiempo, la experiencia boliviana anticipa procesos que probablemente se desarrollarán en otros países del continente.
La crisis boliviana forma parte de un escenario internacional más amplio. El litio, los minerales estratégicos y otros recursos naturales colocan a Bolivia y Latinoamerica como parte importante de la disputa entre Estados Unidos y China. China procura consolidar las inversiones y contratos obtenidos durante los gobiernos del MAS.
Ninguna de estas potencias actúa en función de los intereses de los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas bolivianos.
Trump lucha a través de Paz por el litio boliviano, así como ha conseguido el petróleo venezolano con su invasión del país y secuestro de Maduro. El imperialismo norte americano se apoya en sus gobiernos títeres para conseguir alejar el imperialismo chino y recolonizar el continente. Paz y Trump han conseguido una victoria.
Frente al agravamiento de la crisis capitalista mundial, los gobiernos subordinados al imperialismo buscan garantizar el control de los recursos naturales estratégicos mediante planes de ajuste, privatizaciones, ataques a los derechos democráticos y fortalecimiento de los aparatos represivos. La intervención abierta de Estados Unidos en respaldo al gobierno de Rodrigo Paz demuestra que la disputa por los recursos naturales y por el control político de América Latina ocupa un lugar cada vez más importante en la estrategia imperialista.
Por ello, la solidaridad internacional con la lucha del pueblo boliviano es una tarea fundamental. Los trabajadores y los pueblos de América Latina deben prepararse para enfrentar una ofensiva continental impulsada por gobiernos que actúan como administradores locales de los intereses imperialistas. La defensa de los recursos naturales, de los derechos democráticos y de las conquistas sociales sólo podrá ser garantizada mediante la unidad de las luchas en todo el continente y la construcción de organizaciones revolucionarias capaces de enfrentar tanto a las burguesías nacionales como a las distintas potencias imperialistas que disputan el control de América Latina.
Las tareas estratégicas
La principal lección de las jornadas de 2026 es que las masas bolivianas mantienen intacta su enorme capacidad de lucha. El problema fundamental no fue la falta de disposición para combatir. Tampoco la falta de organización social. Lo que faltó fue una dirección capaz de llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias.
La experiencia demuestra nuevamente que no basta con exigir la caída de un gobierno. Es necesario construir una alternativa de poder. La COB, las organizaciones campesinas, indígenas y vecinales poseen una enorme autoridad histórica. Pero esa autoridad debe colocarse al servicio de una estrategia independiente de toda variante burguesa.
La perspectiva sigue siendo la construcción de organismos democráticos de trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, sectores populares y juventud que puedan disputar efectivamente el poder político y reorganizar la economía sobre nuevas bases sociales. Mientras el poder continúe subordinado a las leyes del capitalismo y a los intereses del imperialismo, las crisis volverán a repetirse.
Por eso la principal tarea estratégica continúa siendo la construcción de una dirección revolucionaria capaz de transformar la enorme fuerza demostrada por las masas bolivianas en una alternativa real de gobierno de los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas. Sólo así podrán resolverse las tareas pendientes de las revoluciones bolivianas de 1952, 2003 y 2026.
