Paz promulga la ley de estado de excepción y recrudece la represión contra los dirigentes de las luchas sociales. Solidaridad internacional con la lucha boliviana!
La promulgación de la nueva Ley de Regulación de Estados de Excepción por parte del gobierno de Rodrigo Paz significa la profundización de la represión del Estado en la crisis política y social que atraviesa Bolivia. Aunque el Ejecutivo aún no ha decretado formalmente el estado de excepción, la aprobación de una norma que amplía las facultades del Gobierno y de las fuerzas represivas ocurre en medio de un escenario de ampliación de las movilizaciones populares, bloqueos y protestas. La ley constituye una advertencia sobre el rumbo que pretende adoptar el gobierno frente al creciente descontento popular. Mientras se prepara el marco legal para una eventual intervención más dura de las fuerzas de seguridad, hay una fuerte persecución y aprehensión de dirigentes sindicales, campesinos e indígenas.
La ley de estado de excepción: licencia para matar
Las organizaciones sindicales, populares, indígenas y numerosos defensores de los derechos democráticos afirman que la nueva ley representa la impunidad para la represión a la protesta. La norma amplía las atribuciones del Ejecutivo para intervenir en conflictos internos y modifica los límites que anteriormente regulaban la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
Una de las diferencias más perceptibles entre la nueva Ley de Regulación de Estados de Excepción y la anterior Ley 1341 radica en la ampliación de las facultades del Órgano Ejecutivo y en las mayores garantías otorgadas a las fuerzas represivas del Estado. Mientras la ley anterior establecía que las Fuerzas Armadas solo podían intervenir de manera complementaria a la Policía cuando esta hubiera sido efectivamente rebasada y mantenía la responsabilidad penal, civil y administrativa individual de sus efectivos, la nueva normativa incorpora la figura de la “insuficiencia operativa sobreviniente” para justificar la actuación conjunta de policías y militares y, además, en su artículo 26 establece que las actuaciones de las Fuerzas Armadas y de la Policía durante el estado de excepción gozarán de una presunción de legalidad. Asimismo, el artículo 27 garantiza patrocinio legal estatal a los efectivos procesados por hechos ocurridos durante los operativos.
Para los sectores movilizados, la ley constituye una verdadera «licencia para matar», al priorizar la defensa del orden establecido por encima de las libertades democráticas y del derecho del pueblo a protestar.
La represión aumenta y se detiene a varios dirigentes
Aunque el estado de excepción todavía no ha sido declarado, las denuncias sobre persecución política y represión continúan creciendo. La escalada represiva se ha profundizado a medida que el gobierno prepara las condiciones para una eventual declaración del estado de excepción. Según datos difundidos en los últimos días, al menos 365 personas fueron arrestadas durante las más de cinco semanas de conflicto social que atraviesa el país.
Entre las detenciones más recientes se encuentran la de Justino Apaza, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), secuestrado por encapuchados, en un vehículo sin placa y enviado a prisión preventiva bajo acusaciones de terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir; la de Bernabé Gutiérrez, dirigente de los Ponchos Rojos; y la aprehensión de cinco dirigentes nacionales de la COB ocurrida el 7 de junio. Según la denuncia de la Central Obrera Boliviana, los dirigentes fueron interceptados mientras circulaban por la vía pública en un vehículo particular en la ciudad de El Alto por individuos encapuchados, vestidos de civil y armados, quienes no se identificaron ni exhibieron órdenes de aprehensión. Durante el operativo se lanzó gas lacrimógeno al interior del vehículo para obligar a los ocupantes a descender y posteriormente, los dirigentes fueron trasladados a dependencias de la FELCC.
Esta política busca generar miedo entre los sectores movilizados y desarticular la organización popular. De esta forma, la aprobación de la nueva ley de estado de excepción es parte de una estrategia ya en marcha para contener el movimiento social mediante la fuerza.
Paz sigue el libreto de la derecha y Trump
Durante la promulgación de la nueva Ley de Estados de Excepción, el presidente Rodrigo Paz ha justificado la represión con el discurso ya conocido al asociar las movilizaciones y bloqueos a una estructura vinculada al “narcoterrorismo”. Esta retórica no es nueva en América Latina En los últimos años los gobiernos de derecha y los sectores alineados con la política exterior de Estados Unidos han utilizado etiquetas como “terroristas”, “subversivos” o “narcoterroristas” para desacreditar y criminalizar las luchas sociales, justificar la intervención de las fuerzas represivas y restringir las libertades democráticas. Al presentar a los sectores movilizados como una amenaza para la seguridad nacional, el gobierno busca deslegitimar reivindicaciones que tienen origen en la crisis económica, el deterioro de las condiciones de vida y el descontento popular. La supuesta lucha contra el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado está siendo utilizada reiteradamente como argumento para aumentar la injerencia política, diplomática y militar de Estados Unidos en América Latina. En este contexto, el discurso de Paz constituye un intento de preparar a la opinión pública para una mayor escalada represiva, legitimar las detenciones de dirigentes sindicales, campesinos e indígenas y convencer la población de la necesidad de injerencia imperialista en el país.
De esta forma, más una vez repudiamos la posición de Lula, que bajo el argumento de “respeto a las instituciones democráticas y al estado de derecho” se ha puesto al lado del gobierno Paz, en contra la movilización de los trabajadores.
Libertad para los presos por luchar! Llamamos a la más amplia solidaridad internacional
La lucha que hoy se desarrolla en Bolivia trasciende las fronteras nacionales. Su desenlace tendrá consecuencias para el conjunto de los pueblos trabajadores, campesinos e indígenas de América Latina, que enfrentan una ofensiva cada vez más agresiva de los gobiernos de derecha, las grandes corporaciones transnacionales y el imperialismo sobre los derechos democráticos, los recursos naturales y las condiciones de vida del pueblo pobre y trabajador.
Una victoria de la movilización popular en Bolivia fortalecería las luchas de los pueblos de toda América Latina contra los planes de ajuste, la represión y el saqueo de los recursos naturales; del mismo modo, una derrota abriría el camino para nuevas ofensivas contra las conquistas sociales y democráticas en toda la región.
La solidaridad internacional no es solamente un acto de apoyo al pueblo boliviano, sino también una forma de defender los intereses comunes de los pueblos latinoamericanos frente a la dominación imperialista y las políticas al servicio de las élites económicas.
Por ello, es fundamental desarrollar la más amplia unidad de acción en defensa de la lucha del pueblo boliviano y la libertad de los detenidos y perseguidos políticos.
Hacemos un llamado a la solidaridad internacional a las centrales sindicales, organizaciones campesinas, movimientos indígenas, organizaciones democráticas y de derechos humanos de América Latina y del mundo. La defensa de las libertades democráticas en Bolivia es una causa que concierne a todos los trabajadores y pueblos que enfrentan políticas de ajuste, persecución y criminalización de la protesta.
Es necesario impulsar pronunciamientos, campañas de denuncia, actos públicos y acciones de solidaridad ante las embajadas bolivianas en distintos países para exigir el respeto a los derechos democráticos y la libertad de todos los detenidos.
La historia demuestra que cuando los gobiernos intentan resolver las crisis sociales mediante la represión, la solidaridad nacional e internacional se convierte en un arma fundamental de los pueblos. Frente a cualquier intento de imponer una salida autoritaria a la crisis boliviana, respondamos con más organización, más unidad y más solidaridad. ¡Libertad inmediata para todos los presos por luchar! ¡Abajo la criminalización de la protesta social! ¡Viva la solidaridad internacional de los trabajadores y los pueblos! ¡Todo poder a la COB!
