Cuando los marxistas planteamos que, bajo el dominio del modo de producción capitalista, la existencia de la especie humana y de la vida como la conocemos está frente a la disyuntiva entre socialismo o barbarie, no se trata de una exageración –o de un truco retórico–, sino del análisis de una dinámica social que parte de elementos objetivos.
Por: Daniel Sugasti
De hecho, la barbarie es una realidad en buena parte del planeta. Los centenares de cadáveres flotando en el río Ganges debido al colapso sanitario en la India, donde cotidianamente miles mueren en sus casas sin atención médica, para después ser arrojados al agua porque sus familias no tienen recursos para comprar la leña necesaria para la cremación, es una escena propia de la barbarie. Los miles de inmigrantes marroquíes que, hace unas semanas, llegaron a nado a las costas de Ceuta tratando de escapar del descalabro económico y sanitario de su país de origen, muestra que la barbarie en los países semicoloniales toca las puertas del propio imperialismo.
La pandemia del Covid-19, producto de la destrucción de la naturaleza por parte de los capitalistas, es la muestra sensible de la decadencia de este sistema.
El registro indica que, hasta ahora, murieron más de 3,7 millones de personas víctimas del Covid-19. Sobre la base de ese dato, se estima que en setiembre el mundo lamente más de nueve millones de decesos[1]. Pero las cifras reales son peores. La OMS reconoció una realidad que casi todos suponían: el número de muertos es dos a tres veces mayor que las notificaciones oficiales[2]. La entidad indica que el total de fallecidos se situaría entre seis y ocho millones.
Si a las vidas perdidas sumamos los millones de recuperados con todo tipo de secuelas, la enorme masa de desempleados, precarizados, nuevos pobres extremos e indigentes, la perspectiva es muy dura. Principalmente para los sectores más explotados y oprimidos de la clase trabajadora –negros, mujeres, inmigrantes, habitantes de las periferias urbanas, etc.–, puesto que está comprobado que el grueso de las infecciones y muertes ocurren entre aquellos que se ven obligados a exponerse para conseguir el sustento diario. Entre otros, puede mencionarse un estudio en ese sentido: 76,7% de los más de 111 mil muertos por Covid-19 en São Paulo, la ciudad latinoamericana más poblada, no terminó la educación primaria[3].
Está en curso un genocidio en toda la regla. No una “mortandad” sino un exterminio sistemático y, por ende, consciente. Los distintos gobiernos patronales saben perfectamente qué medidas deberían tomar para disminuir las muertes y superar la pandemia. Saben que, si no aplican medidas serias de distanciamiento físico y un plan universal de inmunización, la pandemia seguirá cobrando de la vida de millones. Saben, también, que la enfermedad es implacable con aquellas franjas sociales y étnicas más pobres y oprimidas. Los de arriba están al tanto de todo. Pero, para favorecer el lucro de la burguesía, niegan la ciencia y se esfuerzan para sostener el ritmo de los negocios, muera quien muera, literalmente. No caben eufemismos: es un exterminio consciente.
La situación deplorable de los sistemas de salud pública, sobre todo en los países periféricos, precede a la pandemia y contribuye enormemente al aumento de muertes. Los ataques sistemáticos a la cobertura y calidad de la salud pública siempre obedecieron a la conocida política de privatización de los servicios públicos para favorecer la iniciativa privada. Por eso, cuando llegó la pandemia, la falta de unidades de terapia intensiva, profesionales capacitados, medicamentos para intubación, respiradores y hasta de equipos de protección individual indispensables para los profesionales sanitarios se hizo mil veces más visible y espantosa. Ni siquiera delante del caos las burguesías nacionales optaron por concretar inversiones pesadas para habilitar nuevos hospitales o equipar los que existían. Ni hablar de decretar confinamientos estrictos (lockdown) con ingresos dignos y derechos laborales garantizados, para que la población pueda protegerse del contagio. La aprobación de las vacunas, mientras no exista una inmunización global, no disminuye en nada la necesidad de medidas de confinamiento y refuerzo de las redes de salud. Pero no se tomó ninguna medida verdaderamente consecuente. El lema era y sigue siendo: “que mueran los que tengan que morir, la economía no puede parar”.
La misma lógica se aplica a las vacunas, disponibles desde finales de 2020. Esto es, si se quiere, todavía peor. Porque la única acción capaz de derrotar la pandemia es la vacunación de más de 75% de la población mundial. Sin ello, hasta las medidas más severas de restricción a la movilidad no pasarán de medidas paliativas, orientadas a permitir respiros, necesarios pero efímeros, a los servicios sanitarios saturados.
Para alcanzar el nivel de inoculación que supondría una inmunidad colectiva, es necesario producir cerca de 15.000 millones de dosis de vacunas anticovid. Sin embargo, hasta ahora solo se han administrado 2.000 millones[4]. De ese total de dosis aplicadas, 85% corresponde a países ricos y solo 0,3% a países pobres. La OMS informó que 75% de las vacunaciones se concentra en diez países. Mientras los países imperialistas acaparan dosis para inmunizar hasta diez veces sus respectivas poblaciones[5], la perspectiva de los países periféricos muestra que 90% de sus habitantes no será inoculada en 2021.
El fundamento del apartheid sanitario radica, en primer lugar, en el dominio del mundo por el imperialismo: un puñado de países ricos que estrangula al resto del planeta. En ese contexto opera la mercantilización de las vacunas, medicamentos, tecnología médica, en suma, de la salud misma.
La producción de las vacunas, en el capitalismo, no se rige por la necesidad acuciante de derrotar la pandemia sino por las leyes del mercado. No son bienes públicos sino mercancías. De ahí su escasez premeditada: si se produjeran en la escala necesaria, su precio caería. Dicho de otra manera: la falta de inmunizantes es funcional a la potencialización del lucro de la industria farmacéutica que, a su vez, está protegida por los Estados imperialistas.
La humanidad está frente a un problema estructural. La realidad muestra que mientras la salud pública esté sujeta a la lógica del mercado capitalista ni habrá vacunación equitativa ni estaremos libres de nuevas pandemias.
La disputa sobre las patentes en la OMC
La intensidad de la crisis sanitaria impuso la discusión acerca de los derechos de propiedad intelectual sobre los inmunizantes y otras herramientas médicas. No es para menos. De un lado, solo 26% de la población mundial fue inoculada. De otro, cinco compañías, dueñas de las patentes, controlan la producción y distribución de 90% de las vacunas disponibles.
En octubre de 2020, los gobiernos de la India y Sudáfrica presentaron una propuesta ante la OMC para suspender las patentes de las vacunas, medicamentos, equipos de protección individual, pruebas de diagnóstico, en fin, de cualquier tecnología médica útil para hacer frente a la pandemia de coronavirus. Esto significaría un paso importante para sortear el monopolio de la Big Pharma y facilitaría el aprovechamiento de la capacidad industrial ociosa en otras partes del mundo.
La iniciativa cuenta, ahora, con 62 países copatrocinadores y el apoyo de más de 100 países, incluidos China y Rusia. Los países más ricos –Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Suiza, etc.–, la rechazaron frontalmente desde el comienzo.
Recientemente, el grupo de países a favor de la exención de las patentes presentó una nueva propuesta, más corta y rebajada, que será discutida en el Consejo General de la OMC, previsto para el 8 y 9 de junio. La principal diferencia consiste en que si antes exigían la exención hasta que la humanidad alcanzara la inmunidad de grupo, ahora limitan el plazo a tres años.
La viabilidad de la propuesta dio un salto el pasado 5 de mayo, cuando, después de algunas semanas de reconocer que estaba estudiando el caso, el gobierno Biden anunció que apoyaría la suspensión temporal de las patentes en las instancias de la OMC. El cambio de postura de Washington generó mucho entusiasmo en la OMS y en organizaciones como Médicos sin Fronteras o Salud por Derecho. El posicionamiento, que sorprendió al mundo y fue presentado como “histórico”, merece un examen más profundo.
Para empezar, digamos que la decisión de Biden no obedece a ninguna motivación humanitaria ni implica una ruptura con el llamado “nacionalismo de las vacunas”. El anuncio ocurrió con más de la mitad de la población adulta estadounidense vacunada. Además, más allá de si se suspenden o no las patentes, EEUU sigue restringiendo las exportaciones no solo de vacunas sino de materias primas y equipos indispensables para la producción de las vacunas. De hecho, mientras China exporta, en promedio, 49% de su producción de vacunas, EEUU no exportó ni antídotos ni nada de lo necesario para fabricarlos. Es la versión demócrata del “America First”.
Sin embargo, el avance de la vacunación en su propio territorio permite gestos hacia el problema de las patentes o el anuncio de una donación de 80 millones de dosis –que probablemente se concrete el próximo 4 de julio con bombos y platillos–, un lote pequeño con relación a la escasez actual pero que sirve para mejorar la posición de la Casa Blanca en el juego geopolítico de la “diplomacia de las vacunas” que hace meses está siendo instrumentado por China y Rusia.
El colapso sanitario en la India, por otra parte, hizo tocar la alarma sobre la extrema fragilidad del proceso de retorno a la “normalidad”, incluso después de una amplia campaña de vacunación doméstica. Desde el punto de vista epidemiológico, mientras no se alcance la inmunidad colectiva en escala mundial, el virus seguirá circulando y mutando, planteando siempre la posibilidad de que surjan variantes resistentes a las vacunas disponibles. De hecho, la cepa india (B.1.617), mucho más contagiosa que las precedentes, ha sido detectada en por lo menos 53 países y pone en riesgo la desescalada en EEUU y Europa. Desde el punto de vista político, un estallido social en la India, ante el caos sanitario actual, tendría consecuencias imprevisibles en esa región y el mundo.
En otro nivel, se deben considerar las presiones propias de la situación política en EEUU. El último año de mandato de Donald Trump estuvo marcado por una exacerbación de la resistencia popular, especialmente del movimiento antirracista, que encontró su pico en la ola de protestas luego del asesinato de George Floyd. El año pasado estuvo marcado por un agravamiento de la polarización social. El telón de fondo de ese proceso fue, evidentemente, el agravamiento de los efectos de la pandemia –de la que EEUU sigue siendo el país con más muertos– y una honda crisis en la principal economía mundial. No debe perderse de vista que Biden fue electo en ese contexto convulso y, en cierta medida, se mueve en medio de una serie de demandas que siguen sin solución y que, eventualmente, pueden volver a tomar cuerpo en las calles. El impulso a la vacunación fue, en parte, un medio para diferenciar su administración del negacionismo de Trump. La presión de más de cien países e importantes figuras públicas, científicos y organizaciones, se sumó a un reclamo a favor de negociar el mecanismo de patentes en el propio Partido Demócrata, desde Bernie Sanders a Nancy Pelosi, presidente de la Cámara de Representantes.
Pero el elemento más importante para entender la nueva postura de Biden tiene que ver con la necesidad de retomar el crecimiento de la economía mundial, por más que esto implique cuestionar intereses inmediatos de la industria farmacéutica. Por supuesto, esto sucede después de que esas empresas prácticamente hayan cerrado los principales contratos para su producción de 2021 y, en cierta medida, los precios se hayan estabilizado. Es decir, durante un año EEUU dejó correr la suba artificial de los precios de las vacunas, de acuerdo con el juego de la oferta y la demanda. La alta demanda de un producto escaso hizo subir los precios, que en promedio oscilan, según UNICEF, entre uno y cuarenta dólares[6]. Airfinity estima que las vacunas de Sinovac y Sinopharm cuestan entre 12 y 23 dólares por dosis; la de AstraZeneca varía entre 3,5 y 5,25 dólares; la de Pfizer oscila entre 12 a 14,5 dólares; y la de Moderna cuesta entre 18 y 32 dólares cada inyección[7].
Pero esas estimaciones deben ser tomadas con cuidado. Existe hermetismo en las negociaciones. Sin embargo, se sabe que las empresas negociaron distintos precios de acuerdo con cada país, pero favorecieron a aquellos que pagaron más. En el caso de Pfizer, el precio varió de los 14,7 dólares que pagó la UE a 47 dólares que desembolsó Israel, hecho que explica el acceso preferencial a las dosis[8].
El imperialismo no puede ignorar el problema de la vacunación porque es consciente de que no existe “capitalismo en un solo país”. La prolongación de la pandemia incide negativamente en el libre tráfico de mercaderías y fuerza de trabajo, esenciales para retomar los niveles de ganancia de la burguesía mundial. En última instancia, un análisis menos inmediatista del problema revela que no servirá de mucho que toda la población de los EEUU esté inmunizada si enormes áreas del globo –como India, Brasil, Colombia y el resto de la periferia del capitalismo– continúan paralizadas o se encuentran sumidas en una profunda inestabilidad ante sucesivas olas de infección y, por qué no, de rebeliones o fuertes procesos de la lucha de clases.
Del dicho al hecho hay mucho trecho
Sin embargo, entre el cambio de postura del gobierno de los EEUU y la efectiva suspensión de las patentes existen escollos importantes. Las decisiones en la OMC se toman por consenso. La UE, principalmente Alemania y Francia, siguen en contra. Reino Unido, también.
La primera reunión luego del giro de EEUU, un encuentro informal del Consejo de los ADPIC (el marco normativo internacional del sistema de propiedad intelectual en el comercio) celebrado el 31 de mayo terminó sin ningún acuerdo. EEUU se mostró favorable a iniciar negociaciones “sobre cualquier propuesta que pueda abordar la necesidad inmediata de aumentar la producción y distribución de vacunas”. Insistieron en que se debe avanzar sobre la base de “un texto”, es decir, no necesariamente a partir del documento de la India y Sudáfrica[9]. Según declaraciones de una fuente que publica la Forbes: “Hay un océano entre esta propuesta de exención y lo que sugirió Estados Unidos”[10] en la reunión. De cualquier modo, la cosa quedó trabada luego de que un grupo de países –Unión Europea, Reino Unido, Australia, Japón, Singapur, Taiwán, Brasil, Corea del Sur, Noruega y Suiza– pidieran “más tiempo” para examinar la propuesta[11].
EEUU no está de acuerdo con la propuesta de India y Sudáfrica, incluso con su nueva versión mucho más acotada, puesto que sigue planteando extender la liberación de las licencias a medicamentos y otros instrumentos médicos. Washington hizo un guiño solo hacia la liberación de las patentes de las vacunas. También prevén indemnizaciones para la Big Pharma, en caso de que la propuesta sea aprobada. Por último, pero no menos importante, la Casa Blanca no dice nada acerca de la indispensable transferencia de tecnología y know-how que debería acompañar la exención de los derechos de propiedad intelectual, en la cual los fabricantes deberían facilitar personal y conocimiento técnico sobre del proceso de producción de los inmunizantes. No sirve de mucho conocer la “receta” de las vacunas si no se dispone de la tecnología y del personal capacitado necesarios.
En ese contexto, florece una contrapropuesta, básicamente impulsada por la UE y la industria farmacéutica. Al conocido argumento de que la suspensión de las patentes iría contra el incentivo para invertir en desarrollo científico o debilitaría la respuesta contra la próxima pandemia, las empresas ahora aseguran que están en condiciones de aumentar la producción de las vacunas anticovid. Para ello, plantean otra salida: los acuerdos entre empresas y la llamada cesión voluntaria de licencias.
Pero los acuerdos bilaterales entre empresas no son una alternativa. Se estima que existen más de 300 acuerdos de este tipo y, aún así, el cálculo de producción de vacunas para 2021 se sitúa entre 9.500 millones y 12.000 millones de dosis, y eso suponiendo que tengan éxito y sean aprobadas todas las vacunas que actualmente están en I+D. Esto no es suficiente. Mucho menos si se confirma, como suponen sectores de la comunidad científica, que el Covid-19 será una enfermedad endémica que hará necesarias dosis de refuerzo todos los años.
El problema de concesión voluntaria de licencias es que mantiene intacto el control de la producción y suministro de las vacunas en manos de pocas empresas. AstraZeneca, por ejemplo, concedió licencia de fabricación al Serum Institute de la India para abastecer con su vacuna a 92 países por medio de la iniciativa Covax. Esos países suman casi 4.000 millones de personas. Es decir, la mitad de la humanidad depende de una única empresa.
El hecho es que, en esos acuerdos bilaterales, la empresa dueña de la patente mantiene el control de la tecnología y el conocimiento. Los contratos limitan la participación de las empresas asociadas a una parte secundaria o marginal de la cadena de producción, o bien imponen restricciones territoriales, por ejemplo, que la compañía no pueda producir vacunas para determinados países. Es decir, el know-how es un tema clave al que ninguna dueña de patente está dispuesta a renunciar.
La OMS, por ejemplo, creó en el inicio de la pandemia la COVID-19-Technology Access Pool (C-TAP), una herramienta para que las empresas farmacéuticas propietarias de la tecnología pudieran poner a disposición de otros fabricantes datos, investigaciones, conocimientos y licencias voluntarias. Sin embargo, esa iniciativa ha sido rechazada de plano por las farmacéuticas, que prefieren acuerdos bilaterales, muchas veces confidenciales, que impliquen ceder solo aquellos conocimientos necesarios para tercerizar algunas etapas de la producción.
De ese modo, mientras millones mueren por una enfermedad para la que ya existen no una sino varias vacunas eficaces, los dueños del poder desperdician el potencial de producción ocioso en Asia, América Latina y África. Países como Bangladesh o Vietnam podrían sumarse a la fabricación de los antídotos, y otros que ya están produciendo podrían tener una capacidad mucho mayor, como Brasil, Argentina, México, India, etc. Sobre la cuestión de la calidad, alegada por la industria farmacéutica, los acuerdos que han tenido lugar hasta ahora han demostrado que, con la debida transferencia de tecnología y conocimientos, las compañías socias necesitan cerca de seis meses para ponerse a punto y comenzar la producción.
Algunas de las vacunas requieren más de 9.000 componentes distintos que producen 300 proveedores ubicados en más de 30 países[12]. La crisis sanitaria plantea, más allá de la exención de las patentes, el debate sobre una economía mundial regida por la expectativa de lucro de unos pocos o, por el contrario, planificada democráticamente por la clase trabajadora, en beneficio de los intereses de nuestra especie y del planeta.
El capitalismo impone una contradicción que le es inherente: la producción es social e internacional, pero la apropiación de las ganancias es privada. A lo largo de esta pandemia, esto se hizo más claro.
A pesar de haberse beneficiado con miles de millones de dólares provenientes de fondos públicos destinados a I+D –la de AstraZeneca, por ejemplo, se desarrolló con 97% de recursos públicos[13]–, las compañías que detentan las patentes acaparan el lucro. Pfizer anunció que su vacuna le rindió ingresos por más de 3.500 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, un cuarto de la facturación total de la empresa. Sin rubor, informó a sus inversores que el margen de lucro de la vacuna supera 20%, que se traduciría en cerca de 900 millones de ganancia con ese producto en ese periodo. La vacuna ya es el ramo más rentable de esta empresa, que cuenta con una oferta diversificada. Pfizer aumentó la previsión de ingresos por su vacuna a 26.000 millones de dólares en este año[14]. BioNtech, biotecnológica socia de Pfizer, obtuvo un lucro líquido de casi US$ 1.400 millones en el primer trimestre, un resultado 75 veces mejor comparado con el mismo periodo de 2020. Ugur Sahin, presidente de la empresa alemana, anunció que estima ingresos de 12.400 millones de euros por la venta de la vacuna anticovid[15].
La vacuna de Moderna reportó ingresos por cerca de 1.700 millones de dólares en los primeros tres meses[16]; la empresa estima que esa cifra alcance los 19.000 millones de dólares en 2021[17].
Según datos recopilados por Airfinity y divulgados por Bloomberg, en el caso de que se mantengan los precios y se garantice la producción de las dosis estimadas, la facturación anual de nueve farmacéuticas por la venta de vacunas contra el Covid-19 podría alcanzar US$ 190.000 millones. Si ocurren contratiempos, ese monto llegaría a US$ 97.000 millones. Pfizer, Moderna, Sinovac y Sinopharm juntas podrían obtener ingresos de US$ 124.000 millones de dólares, 65% de esa proyección. Las dos compañías chinas responderían por 25% del valor total, un hecho nada despreciable[18].
Los opositores a la liberación de patentes aseguran que eso no resolvería la escasez de vacunas en el corto plazo. Evidentemente, no se trata de una solución mágica, pero el argumento de la industria farmacéutica es cínico cuando, hace más de un año, se opusieron a esa medida diciendo lo mismo. La misma hipocresía puede verse en la posición de Biden, que ahora esperó casi un año para declarar apoyo a la exención de las patentes y se comprometió a donar 80 millones de dosis a Covax, mientras mantiene la prohibición de exportar insumos para producir vacunas desde su territorio y no contempla mecanismos de transferencia de tecnología y conocimientos técnicos.
En este sentido, vale destacar que una movida de los gobiernos y de las empresas farmacéuticas, además del anuncio de un supuesto aumento de la producción para salir al paso de quienes critican el visible problema de la escasez de inmunizantes, es el súbito impulso filantrópico de donar dosis a los países pobres. En la reciente cumbre del G20, por ejemplo, la Unión Europea prometió donar al menos 100 millones de dosis en 2021. También contribuirían con más de 100 millones de euros a Covax. En el mismo evento, Pfizer/BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson se comprometieron a proporcionar 3.500 millones de dosis –1.300 millones en 2021 y el resto en 2022– a precio de costo o con descuentos especiales para naciones más pobres.
La declaración final del G20 no respalda una posible suspensión temporal de las patentes. Contrapone a esa iniciativa lo que denomina “intercambio voluntario de licencias” y el levantamiento de los obstáculos a las exportaciones de materias primas e insumos, es decir, lo mismo que las empresas del Big Pharma.
En esa reunión, además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha presentado un plan para poner fin a la pandemia, cuya financiación se estima en 50.000 millones de dólares. Ese organismo propone, con esos recursos, vacunar a 40% de la población mundial este año y a 60% en 2022.
El FMI, evidentemente, está preocupado con retomar la buena marcha de los negocios en escala mundial: “La crisis económica no llegará verdaderamente a su fin si no se resuelve la crisis sanitaria. Por lo tanto, la política respecto de la pandemia es una política económica”, apuntaron sus voceros.
Concretamente, plantean donar a Covax US$ 4.000 millones y donar de inmediato el excedente de vacunas en los países ricos, cuantificado en 1.000 millones de dosis. Los recursos, siempre según el FMI, provendrían de donaciones y subsidios, especialmente del G20, que debería proveer US$ 22.000 millones. Otros US$ 13.000 millones serían recaudados por medio de donaciones adicionales. El resto del plan, unos US$ 15.000 millones, sería cubierto por bancos multilaterales.
Para hacer de su propuesta algo interesante, el FMI promete enormes beneficios: un final anticipado de la pandemia inyectaría US$ 9 billones en la economía mundial hasta 2025[19].
El FMI admite que el peso principal de la financiación del plan recaería en los países ricos. Pero su directora gerente, Kristalina Georgieva, aseguró que semejante altruismo no quedaría sin su debida recompensa, pues serán precisamente los países ricos los que “probablemente verían el mejor retorno de la inversión pública en la historia moderna, captando 40% de los incrementos del PIB y alrededor de un billón de dólares en ingresos fiscales adicionales”.
En suma, a la iniciativa de suspender las patentes, los gobiernos y megacorporaciones oponen hacer más de lo mismo: acuerdos bilaterales entre empresas –es decir, compromisos entre ellos mismos– y donaciones de dosis sobrantes y dinero a Covax, un mecanismo que demostró claramente su insuficiencia para responder a la demanda de vacunas. Hasta ahora logró distribuir cerca de 50 millones de vacunas en unos 120 países, es decir, está muy lejos de los 2.000 millones de inyecciones que ese programa se puso como meta en 2021.
Por otra parte, el FMI pide más donaciones con la promesa explícita de que a los países ricos les tocará una tajada mayor del crecimiento económico que vaticinan si la pandemia es abreviada. A poco más de un año de iniciada la peor crisis sanitaria en un siglo, la cúpula del Fondo informa que el costo para superarla es de US$ 50.000 millones. Es decir, la pandemia podría ser resuelta con cerca de un cuarto de lo que la Big Pharma prevé facturar con la venta de vacunas. La “tasación” que hace el Fondo, por otro lado, equivale una cuarta parte de la fortuna del multimillonario Bernard Arnault, recientemente declarado el hombre más rico del mundo. Ni hablemos del incremento de la fortuna total de los multimillonarios de todo el mundo en los últimos doce meses: US$ 13 billones, según la revista Forbes[20]. ¡Es escandaloso!
Un programa socialista para enfrentar la pandemia
Si retomamos la idea inicial de este artículo, la pandemia es solo una muestra dolorosa de que si la clase obrera y sus aliados, salidos de los sectores más explotados y oprimidos, no acaban con el capitalismo, la humanidad se dirige a la barbarie. No existirá una salida efectiva mientras la ciencia, la tecnología, la producción y reproducción de los medios materiales necesarios para sostener la vida de la especie humana estén sujetos a las leyes de la acumulación capitalista.
La humanidad está amenazada no solo por las guerras y las crisis propias de la fase imperialista del capitalismo, sino por la sucesión de pandemias. Una perspectiva que la comunidad científica alerta de modo elocuente, principalmente como producto de un desequilibrio destructivo entre el modo de producción hegemónico en el mundo y la explotación desmesurada de los recursos limitados de la naturaleza.
En el caso del combate inmediato a la pandemia, sería ingenuo pensar que de la OMC saldrá una solución favorable para la humanidad ante el problema de la escasez de vacunas y herramientas médicas para superar esta crisis. Es altamente improbable, incluso, que sea aprobada una exención temporal de las patentes, puesto que cualquier medida de ese calibre exige un consenso de los 164 países miembros.
Lo más probable es que se defina alguna fórmula intermedia, una “tercera vía” que preserve los derechos de propiedad intelectual de las megacorporaciones farmacéuticas y empresas de biotecnología. De hecho, el cambio de postura de Biden, hasta ahora sin ninguna consecuencia práctica, parece estar concebido más como un factor de presión para que las empresas aceleren acuerdos sobre licencias y transferencia de tecnología que como un patrocinio genuino de la idea de suspender las patentes, que posee mecanismos contemplados en la legislación vigente, pero sentaría un precedente político incómodo en el esquema de seguridad jurídica que tanto preocupa a los accionistas de esas empresas.
De la OMC ni se puede esperar una solución a la acuciante necesidad de inmunizar 75% de la población mundial. Esto desnuda una enorme contradicción, porque con los actuales adelantos tecnológicos y logísticos, la inmunidad colectiva sería posible en pocos meses. Pero, debido a la lógica del capitalismo, hasta una campaña de vacunación se erige como un obstáculo aparentemente infranqueable.
El movimiento obrero y de masas debe luchar no solo para “suspender” las patentes sino por su eliminación definitiva y permanente. Nadie tiene derecho a monopolizar el producto de un proceso de conocimiento y producción colectivos. Por eso, aun en el caso de que las patentes sean liberadas, será necesario rechazar cualquier tipo de indemnización o royalties (regalías) para las empresas que patentaron las vacunas u otros tipos de tratamientos.
El contenido del rechazo a las patentes es la oposición a la mercantilización de la salud y de otros derechos elementales que operan bajo el domino del capitalismo. Por eso, la justa consigna de “Fin de las patentes, sin ninguna indemnización” debe plantearse, en primer lugar como una tarea a ser resuelta en la lucha callejera, presionando a cada uno de los gobiernos e instituciones burguesas involucradas en ese sistema de privatización del derecho a la vida misma. En segundo lugar, debe ser encarada como un primer paso hacia la expropiación de la gran industria farmacéutica y de biotecnología, sin compensaciones y bajo control democrático de los organismos de la clase obrera. Esta es la única forma verdaderamente efectiva para planificar y socializar la producción y la distribución, para transferir tecnología y conocimientos especializados y ponerlos al servicio de las necesidades de la humanidad y del planeta, no del lucro de un puñado de multimillonarios y de sus gobiernos. El combate a la pandemia será, así, parte de un plan económico obrero y socialista. Este es el único camino para acabar con la anarquía de la producción capitalista, que ha demostrado su fracaso a la hora de garantizar lo mínimo necesario para la sobrevivencia de la humanidad y que, ahora, es el motor del genocidio de la población más pobre, librado a su propia suerte en plena pandemia.
Por eso, la lucha para evitar este y futuros genocidios capitalistas pasa inevitablemente por la tarea histórica de destruir el sistema capitalista. La perspectiva revolucionaria debe incorporar las reivindicaciones más sentidas que motorizan cada movilización y rebelión concreta, como fue el caso del Paraguay y, ahora, de Colombia, al mismo tiempo que plantea inequívocamente que sin arrebatarles el poder a los capitalistas y el imperialismo, no existe salida definitiva a las penurias de nuestra clase.
En definitiva, la encrucijada enunciada al comienzo significa, básicamente, que solo una revolución socialista en escala mundial es capaz de derrotar el imperialismo y revertir el curso destructivo del ser humano y de la naturaleza, inherente al capitalismo y la sociedad burguesa.
Notas:
[1] Ver: <https://covid19.healthdata.org/global?view=cumulative-deaths&tab=trend>. Datos al 03/06/2021.
[2] Ver: <https://www.lavanguardia.com/vida/20210521/7471738/cvirus-oms-estima-cifras-reales-muertos-covid-19-son-2-3-veces-mayores-oficiales.html> .
[3] El sector industrial representó 8,2% de las muertes. Ver:<https://polis.org.br/estudos/trabalho-territorio-e-covid-no-msp/ >.
[4] Ver: <https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html?>. Datos al 03/06/2021.
[5] EEUU adquirió dosis suficientes para inocular tres veces su población y Canadá para hacerlo unas diez veces.
[6] Ver: <https://www.unicef.org/supply/covid-19-vaccine-market-dashboard>.
[7] Ver: <https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-26/covid-shot-makers-to-share-in-up-to-190-billion-sales-bonanza?sref=vetpZg4P>.
[8] Ver: <https://www.timesofisrael.com/israel-said-to-be-paying-average-of-47-per-person-for-pfizer-moderna-vaccines/>. Según esta fuente, EEUU pagó 19,5 dólares por dosis a Pfizer/BioNtech.
[9] Ver: <https://www.eldiario.es/internacional/pese-cambio-eeuu-mayoria-paises-ricos-resiste-suspension-patentes-vacunas_1_7989577.html>.
[10] Ver: <https://www.forbes.com.mx/acuerdo-de-exencion-de-patentes-por-covid-19-parece-alejarse-en-la-omc/>.
[11] Ver: <https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/31/brasil-arrasta-debate-na-omc-e-pede-mais-tempo-para-avaliar-patentes.htm>.
[12] Ver: World Trade Organization, 2020. Developing and delivering covid-19 vaccines around the world: <https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/vaccine_report_e.pdf>.
[13] Ver: <https://www.theguardian.com/science/2021/apr/15/oxfordastrazeneca-covid-vaccine-research-was-97-publicly-funded>.
[14] Ver: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/05/pfizer-lucra-centenas-de-milhoes-de-dolares-com-vacina-para-covid.shtml>; <https://www.bbc.com/news/business-56979406 >.
[15] Ver: <https://valor.globo.com/empresas/noticia/2021/05/10/biontech-parceira-da-pfizer-na-vacina-contra-covid-19-lucra-113-bi-de-euros.ghtml>.
[16] Ver: <https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2021/05/07/farmacuticas-ampliam-lucro-trimestral-com-vacinas-agora-sob-risco-de-quebra-de-patentes.ghtml>.
[17] Ver: < https://atarde.uol.com.br/coronavirus/noticias/2170190-farmaceuticas-vao-ter-receita-anual-de-ate-us-190-bi-em-vacinas-anticovid>.
[18] Ver:<https://atarde.uol.com.br/coronavirus/noticias/2170190-farmaceuticas-vao-ter-receita-anual-de-ate-us-190-bi-em-vacinas-anticovid>.
[19] Ver: <https://www.elcomercio.com/blogs/economia-de-a-pie/miles-millones-fin-pandemia-ecuador.html>.
[20] Ver: <https://www.cronista.com/financial-times/los-multimillonario-se-enriquecieron-aun-mas-durante-la-pandemia/>.
