14 de junio: Bolivia entra en el 45º día de lucha en medio de disputas sobre el rumbo del movimiento
Este domingo 14 de junio, cuando se cumplen 45 días de conflicto y 40 días desde la instalación del primer bloqueo de caminos, Bolivia vive una jornada marcada por profundas contradicciones. Mientras el gobierno y diversos medios de comunicación insisten en presentar un escenario de debilitamiento de las protestas, en distintas regiones del país continúan los bloqueos de carreteras, las reuniones de organizaciones sociales y las movilizaciones que exigen mantener e incluso profundizar las medidas de presión. Al mismo tiempo, otros sectores impulsan negociaciones con el gobierno y buscan encauzar el conflicto hacia acuerdos.
En el centro de esta disputa se encuentra la Central Obrera Boliviana (COB), donde también se expresan las crecientes contradicciones entre quienes defienden la continuidad y profundización de las medidas de presión y quienes impulsan una salida negociada al conflicto. Con el objetivo de debatir esta situación y definir una posición frente a la crisis, la COB había convocado un ampliado nacional para este domingo. Sin embargo, la reunión fue suspendida por falta de garantías de seguridad. La decisión se produjo tras la agresión sufrida por el dirigente de la COB Octavio Urquizo, quien fue atacado por integrantes de un grupo de choque de civiles, según denuncias realizadas por dirigentes sindicales y organizaciones movilizadas. El hecho profundizó las tensiones existentes y alimentó las denuncias sobre la actuación de grupos civiles incentivados por el gobierno en el conflicto político que atraviesa el país.
Los bloqueos persisten pese al discurso oficial de debilitamiento
La narrativa oficial de un progresivo debilitamiento de las protestas choca con una realidad mucho más compleja. En distintas regiones del país continúan activos decenas de puntos de bloqueo y las organizaciones de base mantienen reuniones, ampliados y cabildos para debatir la continuidad de las medidas. Los reportes más recientes registran entre 77 y más de 80 puntos de bloqueo distribuidos en seis departamentos, con Cochabamba y La Paz concentrando la mayor cantidad de cortes, seguidos por Potosí, Oruro, Chuquisaca y Santa Cruz. Mientras autoridades gubernamentales y medios afines destacan el levantamiento de algunos bloqueos específicos para presentar una imagen de normalización, omiten señalar que muchos puntos son reubicados o reorganizados para enfrentar la presión represiva y que nuevas acciones continúan surgiendo en diferentes regiones.
Crece la disputa sobre el rumbo del movimiento
La principal contradicción de la coyuntura no se encuentra entre un movimiento debilitado y un gobierno fortalecido, como intentan presentar las autoridades y los medios afines al Ejecutivo. La multitudinaria marcha nacional realizada el pasado miércoles en La Paz, que reunió a decenas de miles de trabajadores, campesinos, pueblos indígenas, vecinos de El Alto, mineros y sectores juveniles, demostró que la movilización conserva una importante capacidad de convocatoria y disposición de lucha. La resistencia de los manifestantes frente a la represión policial y las reiteradas gasificaciones reforzó entre amplios sectores la idea de que era posible profundizar las medidas de presión y extender los bloqueos a escala nacional.
Sin embargo, tras esta demostración de fuerza comenzaron a hacerse más visibles diferentes propuestas sobre el rumbo que debía asumir el movimiento con algunos dirigentes sindicales y sociales planteando la necesidad de abrir negociaciones con el gobierno y buscar mecanismos de pacificación del conflicto.
Esta tensión atraviesa actualmente a la propia COB y a varias de sus organizaciones afiliadas. En los últimos días, distintos sectores comenzaron a explorar salidas negociadas al conflicto. La Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia (CGTFB) sostuvo reuniones con el gobierno y acordó la instalación de una agenda de trabajo sobre producción y empleo. Paralelamente, el Ejecutivo impulsó negociaciones con federaciones del transporte en torno a medidas de «Alivio Financiero» y compromisos vinculados al abastecimiento de combustible. A ello se sumó la posición asumida por la Central Obrera Departamental (COD) de Cochabamba, que aprobó una resolución proponiendo a la COB declarar un «cuarto intermedio humanitario» para facilitar la apertura de una mesa de diálogo con el gobierno. Estas iniciativas fueron ampliamente difundidas por los medios de comunicación afines al Ejecutivo, que las presentaron como señales de un supuesto debilitamiento de las movilizaciones y de una inminente normalización del país.
Crecen las presiones por negociar, pero las bases responden con nuevas medidas de radicalización
Sin embargo, al mismo tiempo que algunos dirigentes sindicales y sectores sociales exploran salidas negociadas al conflicto, continúan realizándose cabildos, ampliados y reuniones de base que ratifican la continuidad de los bloqueos y exigen profundizar las medidas de presión. Lejos de existir una posición unificada en favor de la negociación, en distintos puntos del país emergen resoluciones que reflejan un estado de ánimo combativo y una creciente presión de las bases sobre sus direcciones.
Uno de los ejemplos más significativos fue el Cabildo Abierto de la Provincia Los Andes, realizado en Pucarani, donde organizaciones campesinas, indígenas y populares ratificaron la continuidad de los bloqueos y aprobaron una serie de resoluciones orientadas a endurecer las medidas de presión. Entre ellas destacaron los llamados a fortalecer el cerco sobre la sede de gobierno y las propuestas de suspender el suministro de agua y energía hacia la ciudad de La Paz, decisiones que tuvieron amplia repercusión en los medios de comunicación nacionales y evidenciaron el nivel de radicalización alcanzado por sectores movilizados del altiplano paceño.
A esta tendencia se sumaron diversos sectores mineros. Los trabajadores de Huanuni ratificaron su estado de emergencia y movilización permanente, defendiendo la necesidad de fortalecer la unidad entre trabajadores, campesinos y pueblos indígenas para sostener la lucha. Asimismo, existen reportes de que en un ampliado minero realizado en Oruro hubo fuertes cuestionamientos a dirigentes considerados conciliadores o ausentes de la movilización, reflejando tensiones internas y presiones desde sectores de base. Informaciones difundidas por organizaciones campesinas y medios vinculados a las regiones movilizadas también dan cuenta de ampliados y reuniones que continúan aprobando nuevas acciones de presión y rechazando acuerdos considerados insuficientes. En varios casos, las resoluciones insisten en que cualquier negociación debe estar subordinada a los mandatos de las bases y no convertirse en un mecanismo para desactivar la movilización.
Estas posiciones expresan una tendencia cada vez más visible dentro del conflicto: mientras algunos sectores dirigentes plantean diálogos, treguas o procesos de pacificación, importantes franjas de trabajadores, campesinos, mineros y pueblos indígenas continúan exigiendo la profundización de la lucha y reivindican que las decisiones fundamentales sean tomadas por las bases movilizadas.
La crisis política también golpea al gobierno
El contexto de protestas coincide con nuevas dificultades para el gobierno. El decomiso en el puerto chileno de Arica de un cargamento de madera procedente de Bolivia presuntamente vinculado al tráfico internacional de drogas ha generado una nueva crisis política que alcanza a distintas instituciones estatales.
La controversia también ha impactado al ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, quien asumió recientemente el cargo en medio del conflicto social y enfrenta crecientes cuestionamientos por parte de sectores opositores y organizaciones movilizadas.
Mientras el gobierno intenta contener simultáneamente la crisis política y el conflicto social, los sectores movilizados sostienen que estos acontecimientos reflejan un creciente desgaste de la administración de Rodrigo Paz.
Las organizaciones solidarias coordinan acciones en apoyo al pueblo boliviano
La lucha que protagonizan los trabajadores, campesinos, pueblos indígenas y sectores populares de Bolivia comienza a encontrar eco más allá de las fronteras del país.
Este fin de semana se realizó una reunión internacional de solidaridad convocada por la Secretaría de Prensa y Propaganda de la COB con el apoyo de la CSP-Conlutas de Brasil, que reunió a cerca de 100 participantes provenientes de aproximadamente diez países. El encuentro permitió intercambiar información sobre la situación boliviana y debatir iniciativas para fortalecer la solidaridad internacional con los sectores movilizados.
Los participantes asumieron el compromiso de impulsar pronunciamientos públicos, campañas de difusión, actividades de denuncia y acciones frente a embajadas y consulados bolivianos, con el objetivo de denunciar la represión y defender las libertades democráticas y el derecho a la protesta.
Como continuidad de este esfuerzo, fue convocada una nueva reunión internacional para el próximo jueves, con el objetivo de ampliar la coordinación y fortalecer una campaña internacional de apoyo a la lucha del pueblo boliviano.
La batalla que hoy se desarrolla en Bolivia forma parte de las resistencias que recorren América Latina frente a los planes de ajuste, la represión y las políticas que descargan la crisis sobre las mayorías populares. Por ello, la solidaridad internacional aparece cada vez más como un elemento importante para acompañar y fortalecer las luchas que se desarrollan en el país.
Además de eso, en ese contexto, cobra actualidad la consigna de «Todo el poder a la COB apoyada en las organizaciones de trabajadores, campesinos e indígenas». Se trata de una propuesta de independencia de clase frente al gobierno, los partidos patronales, los empresarios y todos los sectores que buscan canalizar la crisis dentro de los límites del régimen actual. La salida favorable para las mayorías no pasa por pactos de cúpula ni por acuerdos que desmovilicen al pueblo, sino por fortalecer la organización independiente de quienes hoy sostienen la lucha. Se trata de la necesidad de construir una alternativa de independencia de clase frente al gobierno, los partidos patronales y los sectores empresariales que buscan descargar la crisis sobre las mayorías populares. Frente a una situación en la que las instituciones del régimen aparecen cada vez más cuestionadas y donde crecen las presiones para desmovilizar la lucha, la perspectiva de que los propios trabajadores y el pueblo organizado decidan democráticamente el rumbo del país aparece como una de las principales discusiones abiertas por la actual crisis boliviana.
