Luego de la represión a la movilización del 12 de junio pasado y de la detención de decenas de personas (aún quedan dos presos y varios procesados por la Justicia) se ha acentuado la campaña del peronismo y de varios sectores de la izquierda: el gobierno de Milei y Patricia Bullrich ha instalado de hecho un “Estado de excepción” violando la Constitución[1]. Es la misma idea que se expresa con la consigna “Milei basura, vos sos la dictadura”.
Por PSTU – Argentina
Por parte del peronismo, esta campaña tiene un claro objetivo político: mostrar que, si el gobierno Milei viola la Constitución y es una dictadura, “nosotros somos la democracia” y sería necesario formar un frente político amplio por la plena vigencia de la Constitución. Un frente que, evidentemente, debería encabezar el peronismo.
El argumento central de esta campaña es falso, ya que el gobierno Milei no es “la dictadura”: fue votado por el sistema electoral determinado por la Constitución vigente y lo que está haciendo en el terreno económico y político (incluida la represión y la judicialización de la protesta) se encuadra dentro de sus normas.
En todo caso puede decirse que con el gobierno de Milei el Poder Ejecutivo y los otros poderes del régimen político (el Congreso y la Justicia) nos muestran sin disfraces la “cara más fea” de esta Constitución y del régimen político determinado por ella. El problema es la propia Constitución y las normas y mecanismos previstos y autorizados en ella.
En primer lugar, es una constitución burguesa, basada en el concepto de que “la propiedad [privada] es inviolable” (Art. 17). Es decir, toda su estructura está concebida alrededor de la defensa de la propiedad privada y de las ganancias de los capitalistas.
Es una constitución “democrático burguesa”, ya que establece que el presidente y los legisladores sean electos por los votantes. Sin embargo, al mismo tiempo que elige entre cual o tal candidato, el pueblo “delega” el poder a sus “representantes” (Art. 22). Estos quedan liberados de rendir cuentas hasta las siguientes elecciones (aunque no cumplan las promesas o propuestas por las que lograron ser votados).
Hagan lo que hagan, no existe en la Constitución el derecho popular de revocarles el mandato o luchar por lograr un cambio de rumbo. Es cierto que en su texto se establece el “derecho a la protesta”, pero, al mismo tiempo, el propio artículo 22 establece que “Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de este, comete delito de sedición (uno de los más graves del Código Penal, ndr.)”. Por eso, Patricia Bullrich apela a este concepto para justificar su Protocolo Antipiquetes y la represión y las detenciones del pasado 12 de junio.
Un régimen presidencialista
Otro aspecto muy reaccionario de la Constitución es que le otorga al presidente electo tanto o más poder que al Congreso (que teóricamente es el que expresa la “voluntad popular”), con derecho de modificar e incluso de vetar las leyes votadas.
La reforma constitucional de 1994 aumentó este poder, ya que incorporó de modo legal la figura del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) que faculta al presidente a aplicar y poner en efecto medidas sin intervención del Congreso. Desde esa fecha hasta ahora, todos los gobiernos burgueses de “diferentes pelajes” (Menem, De la Rúa, los Kirchner, Macri, Alberto Fernández) utilizaron mucho este mecanismo. Milei juntó varias medidas en un mega DNU pero, en este mecanismo, no inventó nada ni violó la Constitución.
Una “junta de gerentes”
Finalmente, las medidas centrales del gobierno Milei (ajuste fiscal, reforma laboral, privatizaciones y RIGI) no pasaron por DNU sino que terminaron siendo aprobadas por ambas cámaras del Congreso como Ley Bases.
En este sentido, reiteramos el tradicional concepto de Marx: al estudiar el funcionamiento de las instituciones políticas, Marx llegó a la conclusión de que, en un Estado capitalista, todos los gobiernos son como una “junta de gerentes” de los negocios de los patrones.
Además, Argentina es un país capitalista semicolonial, sometido principalmente por Estados Unidos pero en disputa como botín de guerra con otras potencias extranjeras europeas, chinas o de empresas brasileras etc. Como resultado de ello, todas las ramas de gobierno (Poder Ejecutivo, Congreso, Justicia) acaban siempre actuando como instituciones agentes de este dominio extranjero de las grandes empresas nacionales asociadas[2].
La lucha por la libertad de los presos por luchar
Esto se aplica plenamente al Poder Judicial. Décadas atrás, un fiscal expresó con honestidad que “la Justicia argentina sirve para meter presos a los ladrones de gallinas pero no a los de ‘guante blanco’”. Es decir, a los que hicieron la estafa de la deuda externa y las grandes empresas que evaden impuestos o hacen fraudes económicos “legales”.
Al mismo tiempo, es partícipe activa en encubrir la represión a las luchas populares y en lo que se ha llamado la “judicialización de la protesta”, al considerar esta como delito. Hemos visto que el gobierno de Milei y Bullrich se apoyan en el “delito de sedición” expuesto en la Constitución para su protocolo antipiquetes. En la medida, que se profundiza la entrega al imperialismo y el ataque a los trabajadores, necesitan una legislación cada vez más represiva.
Pero en esto tampoco han inventado nada: todos los gobiernos anteriores electos por el voto (incluidos los peronistas), reprimieron las luchas y procesaron judicialmente a los luchadores. Incluso el proyecto de Ley Antiterrorista impulsado por Bullrich toma como antecedente un proyecto presentado durante el gobierno de Cristina Kirchner, en 2012.
Si el gobierno no puede avanzar más en este tema es porque la lucha obrera y popular se lo impide. Luego de la represión del 12 de junio pasado y de la detención de más de 30 personas, se generó un gran proceso de movilización por su libertad que obligó a la jueza Servini de Cubría a liberar a la mayoría (hoy solo quedan cuatro detenidos)[3]. De modo simultáneo, una movilización logró liberar a dos trabajadores del INTI detenidos por participar de una protesta contra los despidos en el instituto[4].
La campaña y las movilizaciones por la libertad de todos los detenidos del 12 de junio (es decir, la batalla contra el protocolo antipiquetes y la judicialización de la protesta) se ha transformado en un punto central de la lucha contra el gobierno Milei-Bullrich. Lograr su liberación y el fin de todos los procesos judiciales iniciados significaría un triunfo en esa lucha y una derrota del gobierno.
Que la tarea del movimiento obrero y popular argentino es confluir en un pliego único de reclamos donde sea incorporada la libertad de los presos por luchar (ya sea contra la Ley Bases, los mapuches o por cualquier conflicto) sea incorporado. También unir el reclamo contra la injerencia de la justicia en las organizaciones obreras, sean sindicales, sociales o políticas.
El PSTU interviene a fondo en esta campaña y participa activamente de sus acciones[5]. Lo hace impulsando la más amplia unidad de acción con todas las organizaciones y sectores que coinciden con ella, para fortalecerla cada vez más.
En ese marco, queremos dialogar con aquellos con los que luchamos codo a codo. Creemos que deben hacer cada vez más consciente que, además de la lucha inmediata por la libertad de los detenidos, existe la necesidad de luchar contra la reaccionaria Constitución que está por detrás de lo que está pasando y contra el régimen político y las instituciones que de allí surgen, para cambiarlos desde su raíz.
El PSTU tiene demasiadas cuentas pendientes contra la justicia patronal argentina, sus jueces, sus fiscales y sus fuerzas policiales. Es por ello que bregamos por la destrucción de las mismas mediante la revolución social y el gobierno de los trabajadores y trabajadoras. Cuando llegue ese momento desaparecerán los tribunales y juzgados como los conocemos actualmente y serán reemplazados por tribunales populares y, allí, quienes estarán en las mazmorras serán los políticos corruptos, los sindicalistas traidores, los empresarios, los jueces, los fiscales y todos los lacayos serviles al imperialismo.
No nos temblará el pulso cuando llegue ese momento para ajustar cuentas contra nuestros verdugos. Por eso sumáte a nuestra organización nacional e internacional
[1] https://www.pagina12.com.ar/697329-las-criticas-al-decretazo-de-javier-milei-un-brutal-avasalla
[2] https://pstu.com.ar/la-ley-bases-y-el-congreso-argentino/
[3] https://litci.org/es/argentina-libertad-ya-a-los-presos-por-luchar/
[4] ttps://www.tiempoar.com.ar/ta_article/represion-trabajadores-inti/ y
