Argentina: ¡Libertad ya a los presos por luchar!
Por Alejandro Iturbe
El 12 de junio pasado, se trataba en el Senado argentino la llamada Ley Bases, enviada por el gobierno de Javier Milei, cuyo proyecto original ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados[1]. En el recinto parlamentario se sucedían los debates y negociaciones (con modificaciones concedidas por los representantes del gobierno) para lograr el número de senadores necesarios para su aprobación.
En la plaza ubicada frente al Congreso, miles de personas, convocadas por diversas organizaciones políticas, sindicales y sociales, manifestaban su oposición a este paquete legislativo y reclamaban que el Senado lo rechazase.
El gobierno, a través de su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había “cercado” con vallas el edificio del Congreso y montado un fuerte operativo represivo con numerosos efectivos de la Gendarmería (fuerza federal) y la colaboración de la Policía de la ciudad de Buenos Aires (gobernada por el macrismo).
La tensión en la plaza aumentaba y, en ese contexto, comenzó una dura represión, antecedida por la acción de provocadores e infiltrados: una secuencia fotográfica muestra a un hombre joven (aparentemente un manifestante) con un palo, y luego a ese mismo hombre deteniendo a un manifestante.
En medio de la situación generada, fue incendiado un automóvil del medio periodístico Cadena 3, hecho que fue el punto de partida de una mayor represión y de la detención de 33 personas, incluyendo gente que no participaba de la movilización, como varios vendedores ambulantes[2].
Judicializar la protesta social
Para justificar la represión y las detenciones, Patricia Bullrich declaró públicamente que se había respondido a un “intento de golpe de Estado” y que iba a denunciar a los detenidos por “sedición”, un cargo gravísimo y sujeto a durísimas penas en la Justicia[3]. Un nuevo escalón en la política de “judicializar la protesta social” considerándola un delito que diversos gobiernos burgueses de “diferente color” han impulsado en las últimas décadas.
Para ello, contó con la colaboración de dos personajes que son una clara muestra del carácter de la Justicia argentina, bajo gobiernos burgueses de diferente “color”. El fiscal federal que presentó los cargos es Carlos Stornelli: muchos de los casos que ha tomado desde 1993, han estado sujetos a escándalos y denuncias sobre su actuación.
Stornelli es conocido públicamente por su visión represiva y colaboró con distintos dirigentes políticos para aplicarla. Por un lado, mantuvo una estrecha relación con Mauricio Macri, ya que, en 2007, fue parte de la Comisión Directiva del club Boca Juniors (a cargo de la seguridad) cuando Macri era presidente del club.
Por otro lado, fue ministro de Seguridad del gobernador peronista de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, a partir de 2007. En 2009, se produjo la desaparición del joven Luciano Arruga, luego haber sido detenido por la policía bonaerense (que estaba bajo el mando de ese ministerio). El cadáver del joven apareció varios años después enterrado como NN[4]. Stornelli hizo de todo para impedir que este caso de violencia policial bajo su responsabilidad fuese esclarecido y castigado, incluyendo amenazas a la familia del joven en una entrevista que mantuvieron.
La jueza federal que procesa el caso es María Servini de Cubría que, con 84 años, ya debería haberse retirado del cargo. Fue nombrada jueza federal por el gobierno peronista de Carlos Menem y, desde entonces, muchos de sus casos también han estado envueltos en escándalos. El más grave de sus antecedentes es que, el 20 de diciembre de 2001, fue partícipe judicial del núcleo que dirigía la represión a la manifestación que exigía la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, desde una comisaría céntrica.
El reclamo por la libertad de los presos
Apenas producidas las detenciones, comenzaron las acciones en respuesta. En primer lugar, para conocer adonde estaban detenidos y darles apoyo legal. Ese mismo día, las asambleas vecinales realizaron “ruidazos” en numerosas esquinas de Buenos Aires (también en ciudades del interior del país), con varios cientos de personas en cada uno. Posteriormente, se supo que estaban siendo procesados por la justicia federal y que habían sido trasladados a cárceles del Gran Buenos Aires: Ezeiza (las mujeres) y Marcos Paz (los varones).
Ahí comenzaron una serie de acciones coordinadas y centralizadas. Se realizó un acto frente a la sede de los tribunales federales del barrio de Retiro y, posteriormente, una conferencia de prensa convocada por numerosas organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos en el Servicio de Paz y Justicia – SERPAJ, en el centro de la ciudad, que fue acompañada por numerosos asistentes en el local y en la calle[5]. Se definió llamar a una movilización a la Plaza de Mayo para el día 18 de junio, de la que participaron miles de personas[6].
Este proceso de movilización obligó a la jueza Servini de Cubría, primero a liberar a 17 detenidos y luego a 11 más, por “falta de mérito”. A los otros cinco les dictó prisión preventiva, afirmando que tiene pruebas documentales (videos) y materiales contra ellos. Llama la atención que sobre el más grave de los hechos (la quema del automóvil de Cadena 3) no haya ningún imputado, lo que indicaría que se trató de otra provocación hecha por los infiltrados de los servicios.
La propia jueza se “cubrió la espalda” al decir que todavía tiene “mucho material para analizar” y “no descartó que algún policía pueda tener alguna responsabilidad en los actos cometidos en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde hubo disturbios, destrozos y enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes”[7].
Entre el 19 y el 22 junio hubo en Argentina un “feriado largo” en el que las acciones tuvieron un impasse. Incluso así, se realizó una reunión muy amplia de coordinación (organizaciones políticas, sindicales, sociales, de derechos humanos y asambleas vecinales) que llama a diversas acciones en esta semana y también el llamado para el lanzamiento de una campaña internacional.
Las dos consignas que unifican esta lucha son: ¡Libertad inmediata a los presos por luchar! y ¡Protestar no es delito! Los trabajadores y el pueblo argentino son conscientes de que, por detrás de la pulseada por la liberación de los detenidos está la lucha contra la judicialización de la protesta y las luchas populares. Algo que ya venían haciendo varios gobiernos anteriores y que el gobierno de Milei, a través de su ministra Patricia Bullrich, pretende llevar a un nivel aún más grave: las manifestaciones contra las políticas del gobierno han pasado a ser calificadas como “intentos de golpe de Estado” y “sedición”.
Las intenciones del gobierno y de Bullrich son aún más profundas. Acaba de presentar y está discutiendo con las principales empresas del país (a las que denomina “estratégicas”) un Plan de Seguridad Productiva, un “sistema especial de protección” para “resguardar inversiones” que facultaría al gobierno a utilizar fuerzas represivas federales contra las “amenazas a esas inversiones”. Pasado en limpio, una huelga de los trabajadores o una acción de la población contra esas empresas (por ejemplo, si contaminan el agua o los suelos) podría ser considerada objeto de esa represión[8].
Pero, al igual que sucede con el “protocolo antipiquetes”, que prohíbe las manifestaciones, entre las intenciones del gobierno Milei y su real posibilidad de llevarlas a fondo intermedia una durísima batalla con los trabajadores y el pueblo[9]. Una batalla que está en curso y de la que las movilizaciones por la liberación de los detenidos el 12 de junio pasado es su expresión actual.
El PSTU, sección argentina de la LIT-CI, impulsa y participa activamente de estas acciones. Lo hace especialmente a través de la presencia de sus militantes obreros Sebastián Romero y Daniel Ruiz que saben muy bien lo que es ser enjuiciados y perseguidos judicialmente por luchar, ya lo que fueron (por parte de la propia Patricia Bullrich) por su participación en la gran manifestación contra el gobierno de Macri, de diciembre de 2017. No han bajado los brazos. Por el contrario: están en la primera línea de lucha por la libertad de quienes sufren lo mismo que ellos vivieron.
Recogiendo el llamado que ha lanzado la coordinadora ya referida, desde Argentina, la LIT-CI llama a las organizaciones políticas, sindicales, sociales y de derechos humanos de todo el mundo a desarrollar una gran campaña internacional de solidaridad con las luchas del pueblo argentino contra el gobierno de Milei, y exigiendo el fin de la persecución judicial a las protestas y la inmediata libertad de los detenidos del 12 de junio pasado.
[1] https://pstu.com.ar/abajo-la-ley-bases-y-el-plan-de-milei/
[2] https://www.analisisdigital.com.ar/judiciales/2024/06/14/entre-los-detenidos-hay-vendedores-ambulantes-y-una-mujer-que-filmaba-la#google_vignette
[3] https://www.infobae.com/politica/2024/06/13/patricia-bullrich-hablo-de-un-intento-de-golpe-de-estado-moderno-y-anticipo-que-denunciaran-a-los-manifestantes-por-sedicion/#:~:text=%E2%80%9CTen%C3%ADamos%20informaci%C3%B3n%20de%20que%20hab%C3%ADa,era%20un%20golpe%20de%20Estado.
[4] https://www.perfil.com/noticias/policia/aparecio-muerto-luciano-arruga-cronologia-de-un-caso-marcado-por-la-violencia-policial-1017-0040.phtml
[5] https://www.youtube.com/watch?v=Gomw-R_7_7E
[6] https://www.ambito.com/politica/vuelven-vallar-la-plaza-mayo-la-espera-la-movilizacion-los-detenidos-n6017396
[7] https://www.infobae.com/politica/2024/06/22/la-jueza-servini-hablo-de-los-incidentes-en-el-congreso-por-la-ley-bases-y-aclaro-que-aun-no-cerro-la-investigacion/
[8] https://www.lanacion.com.ar/seguridad/seguridad-productiva-patricia-bullrich-coordinara-con-empresas-estrategicas-un-sistema-especial-de-nid13062024/
[9] Los trabajadores dijimos NO al “protocolo antipiquetes” – PSTU
