Chile

Tres años de gobierno de Gabriel Boric ¿Cuál es el balance?

enero 21, 2025

Por Movimiento Internacional de los Trabajadores – Chile

A fines de 2021 fue electo Gabriel Boric. Su gobierno, para muchos, simbolizó la esperanza de cambios sociales. Gran parte de su programa reflejaba las demandas de los millones que se movilizaron en las últimas décadas, en particular después del 18 de octubre de 2019. Pasados casi 3 años de gobierno, es hora de hacer un balance. El 26 de mayo de 2022, poco más de dos meses después del cambio de mando,
escribimos:
[…] lo que podemos concluir es que el principal objetivo del pacto que hoy gobierna el país –la Nueva Concertación- no es y nunca ha sido cambiar de fondo la realidad de la mayoría de la población trabajadora, acabando con las enormes desigualdades y el dominio de las 10 familias más ricas y transnacionales sobre Chile. Su objetivo va quedando cada vez más claro: desviar las movilizaciones hacia el callejón sin salida de la institucionalidad burguesa, reconstruyendo el “pacto social” que permita a la gran burguesía seguir saqueando el país¹.
En esta nota queremos demostrar que todas las previsiones que habíamos hecho, en relación al carácter del nuevo gobierno, se cumplieron. Además, queremos añadir algunos aspectos que habíamos subestimado inicialmente en nuestros análisis.

Un gobierno al servicio de las transnacionales y las 10 familias más ricas

Desde el Movimiento Internacional de Trabajadores, hemos caracterizado el gobierno de Boric como un gobierno neo concertacionista, en el marco de la aparición de gobiernos burgueses de colaboración de clases en América Latina como respuesta burguesa para desviar y frenar los procesos de lucha en América latina del 2019, Boric en Chile, Petro en Colombia o Lula en Brasil. Cuando hablamos de gobierno burgueses de colaboración de clases hablamos de gobiernos al servicio del capital que ocupan las expectativas democráticas de las masas para derrotar las movilizaciones combinando la cooptación de sectores en lucha y reprimiendo a otros que no se sometan a sus planes. En épocas de elecciones estos gobiernos son presentados como el «mal menor» para frenar a otros sectores políticos de la misma burguesía. Sobre estas bases realizamos a continuación este balance del tercer año del gobierno de Gabriel Boric.
En los aspectos más importantes de la economía chilena, no existe ningún cambio fundamental. El gobierno de Boric, con su ministro de Hacienda “socialista” y pro-empresarial Mario Marcel, ha mantenido intacta la estructura económica “extractivista” de Chile. Chile sigue siendo un país primario-exportador, o sea, produce y exporta materias-primas y productos de bajo valor agregado, como cobre (principalmente en forma de concentrado), litio, celulosa, pescados y frutas. Si bien Boric nunca prometió realizar una revolución en la estructura productiva del país, sus promesas iban en dos sentidos: 1) aumentar la recaudación pública a través de impuestos a las grandes empresas y a los ricos para financiar los servicios públicos y 2) empezar a transformar la matriz productiva del país en el sentido de la industrialización, para que Chile tuviera mayor soberanía y no dependiera tanto de la exportación de materias-primas.
En relación al primer objetivo, las “conquistas” del nuevo gobierno son patéticas, para decir lo mínimo. Después del rechazo de la derecha a su Reforma Tributaria, el gobierno se adaptó a la presión empresarial y disminuyó todas sus expectativas de recaudación. Ahora, en vez de hablar en “aumentar impuestos” a los más ricos, el ministro de Hacienda habla de disminuirlos. ²
Uno de sus proyectos más importantes para aumentar la recaudación de impuestos era el royalty minero, que logró ser aprobado en un acuerdo transversal con el empresariado. En la expresión de José Gabriel Palma, un importante economista burgués progresista de Chile, profesor de la Usach y de la Universidad de Cambridge, el royalty aprobado es un “parche curita” que no solucionará ningún problema real del país³. Los montos que serán repartidos entre las distintas comunas son irrisorios (93 millones de dólares entre 307 comunas) y solo servirán para que los políticos de distintos partidos utilicen ese dinero en las vísperas de las elecciones para obtener más votos. Después de la aprobación del nuevo royalty, que había sido muy temida por las grandes mineras privadas, las principales empresas mineras anunciaron las mayores inversiones en Chile en los últimos 10 años, demostrando que el empresariado quedó muy contento con el gobierno de Boric⁴. Esas inversiones, al contrario de lo que muchos podrían pensar, no significarán mayor desarrollo para el país o bienestar para la población, ya que las enormes ganancias producidas por la minería (70% privada) terminan en los bolsillos de sus accionistas extranjeros y nacionales. Lo que queda para el pueblo chileno son zonas de sacrificio y trabajadores enfermos.
Sobre otra iniciativa de aumento de impuestos, el impuesto a las grandes fortunas, el proyecto simplemente ya desapareció de las prioridades del gobierno. Toda la discusión sobre un posible aumento de impuestos a los súper ricos va acompañada de la disminución de impuestos a las grandes empresas, o sea, el efecto para los ricos será prácticamente cero. ⁵
Así, Boric va entrando a su último año de gobierno sin lograr ningún cambio fundamental en la recaudación estatal, como había prometido al inicio de su campaña (llegar a un aumento de 5% del PIB para invertir en servicios públicos). Y peor. Para que se tenga una idea, el promedio de aumento de gastos públicos de Boric es inferior incluso al gobierno de Sebastián Piñera⁶. Su proyecto de invertir en el sector público a partir de migajas sacadas
del gran empresariado está fracasando rotundamente.
En relación al segundo “objetivo” del gobierno, de industrializar el país para disminuir la dependencia de la exportación de materias primas, este no solo no fue alcanzado como ha ido en el sentido contrario. En los últimos 3 años se produjeron dos cierres de empresas de base muy importantes, la fundición de cobre de Ventanas y la Siderúrgica de Huachipato.
Para cerrar Ventanas, el gobierno utilizó como excusa la contaminación causada por la fundición, cuando su preocupación central nunca fue la salud de la población de Quintero o la contaminación ambiental (prueba de ello es que todas las demás empresas contaminantes siguen funcionando). El cierre de una fundición histórica como Ventanas -en vez de la inversión para mejorarla- tiene que ver con el proyecto de la burguesía mundial para la economía chilena: que Chile exporte más cobre en bruto (concentrado) para que este sea fundido y refinado en China.
En el mismo sentido se dio el cierre de la Siderúrgica de Huachipato, perteneciente al grupo CAP. El gobierno de Boric, en vez de proteger la siderúrgica, nacionalizando la empresa y subsidiándola para mantener los miles de puestos laborales que esta generaba, permitió el cierre de Huachipato debido a su baja rentabilidad, ampliando la dependencia de la importación del acero chino. Así, hace pocos meses, se cerró una emblemática industria nacional que llevaba más de 70 años produciendo acero de la mejor calidad.
En relación a otro sector donde el gobierno prometió industrializar el país, el litio, sus promesas, como ya habíamos escrito en otro texto⁷, se quedaron en eso: promesas. El gobierno no solo no avanzó un paso en la creación de la famosa Empresa Nacional del Litio⁸, como ha cerrado un acuerdo con el magnate del litio chileno y ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerou. Ponce Lerou es uno de los personajes más controvertidos de la burguesía chilena, ya que ha sido protagonista de uno de los mayores escándalos de corrupción de las últimas décadas, el caso Soquimich. El gobierno de Boric, en vez de suspender los contratos con Ponce Lerou, decidió expandirlos hasta 2060, regalando gran parte del litio que pertenece a todo el pueblo a uno de los hombres más ricos y corruptos de Chile.
Así, si bien los proyectos “emblemáticos” prometidos por Boric no han salido del papel, el gobierno se jacta de haber generado un clima de estabilidad social para que las grandes empresas sigan ganando ríos de dinero⁹. Los principales grupos económicos del país han tenido ganancias estratosféricas en los 3 últimos años¹⁰. Para que se tenga idea, solo en 2023, las ganancias de la banca fueron 4 veces superiores a todo lo que se perspectiva recaudar con el royalty en 2025¹¹. En el litio, debido a la alta demanda mundial por autos eléctricos, las ganancias se han multiplicado enormemente. En 2022, SQM tuvo utilidades por casi 4 mil millones de dólares, dinero que podría haber sido utilizado para solucionar graves problemas de la población, como salud, seguridad, etc.
En el sector forestal, por ejemplo, el banco Security proyecta un alza de las ganancias de más de 100% en 2024¹². Recordemos que el forestal es dominado por las familias Matte y Angelini, dos de las más poderosas de Chile. Garantizar las ganancias de esas familias es lo que explica la continuidad de la criminalización de los movimientos mapuche que recuperan tierras en el sur, con la permanencia de los Estados de Excepción en el Bíobio y Araucanía. En este aspecto -al igual que en muchos otros-, el gobierno de Boric ha demostrado ser la continuidad del gobierno de Piñera.
Podríamos seguir citando ejemplos de enormes ganancias de mineras, AFPs, salmoneras, etc., sin embargo, nuestra idea no es marear al lector con números. El que quiera más informaciones podrá buscar en Google las utilidades de las empresas del índice IPSA.

El fortalecimiento del mercado financiero de las AFPs e Isapres

Otra propuesta emblemática de Boric fue acabar con las AFPs y crear un sistema de Seguridad Social público. Aquí nuevamente el gobierno no solo no va a cumplir su promesa como todo apunta a un fortalecimiento de las AFPs. El actual proyecto que está siendo acordado entre el gobierno y la derecha aumentará enormemente el dinero repasado a las AFPs y no significará un aumento significativo en las miserables pensiones recibidas por los trabajadores. La ministra “comunista” Jeannette Jara, una de las mayores defensoras del proyecto y de las AFPs, ha dicho en una entrevista que es necesario “aumentar la profundidad del mercado de capitales para el crecimiento del país”. En buen chileno: es necesario dar más dinero para las AFPs¹³. Ese argumento, además de reproducir la ideología burguesa de que los responsables por el crecimiento del país serían los empresarios y no los trabajadores, es totalmente falso. Hoy las AFPs tienen más de 40% de nuestros fondos invertidos fuera de Chile, un total de más de 66 mil millones de dólares.

¿Qué crecimiento de la economía chilena están impulsando esos fondos? Ninguno. El argumento de Jara es mentiroso. Se trata de la misma mentira que han reproducido las AFPs durante décadas. El otro 60% de los fondos, que está invertido en Chile, tampoco mejora las condiciones de vida de la población, ya que en su mayoría están invertidos en empresas extractivistas de los grandes grupos económicos, que generan empleos de pésima calidad y destruyen la naturaleza y las comunidades¹⁴.
El proyecto de pensiones del gobierno y la derecha es tan escandaloso que hasta el economista Hugo Fazio, históricamente ligado al PC (hoy cercano a su ala izquierda “jadueísta”) dijo que el proyecto es un atentado contra los trabajadores. También la Coordinadora NO + AFP tuvo que moverse, después de años de apatía, para convocar a una gran movilización para el mes de marzo de 2025. Hasta en la propia base del gobierno el proyecto ha generado vergüenza ajena, con militantes del Comité Central del Frente Amplio cuestionándolo¹⁵.
En relación a las Isapres, otro brazo del mercado financiero en los servicios públicos del país, la actuación delgobierno ha sido la misma. Sus promesas de fortalecimiento del sector público de salud se transformaron en el opuesto: un gran salvataje a las Isapres, que deberían haber ido a la quiebra por devolver todo el dinero que habían robado a sus “clientes” durante años, cobrando tasas indebidas. Pero las Isapres son muy poderosas, ligadas al gran capital extranjero y nacional, y por ello el gobierno (siempre junto con la derecha) decidió salvarlas.
Así, el mercado financiero, travestido de prestador de servicios públicos, seguirá teniendo enormes ganancias con las pensiones y la salud de la clase trabajadora, todo patrocinado por la “izquierda progresista”.

Los grandes acuerdos nacionales

Como escribimos en otras notas¹⁶, 16 la lógica del gobierno de Boric es la misma de los anteriores gobiernos de la Concertación: llegar a grandes acuerdos nacionales con la derecha. Para su militancia, los dirigentes de los partidos de gobierno critican la derecha, dicen que son fascistas, que ellos no quieren transformar el país, etc. Ese discurso “contra el fascismo” ganará fuerza en 2025, debido a las elecciones presidenciales. Los partidos oficialistas intentarán engañar a los trabajadores y jóvenes diciendo que el mayor peligro para el país sería una victoria de Matthei o de algún otro candidato de derecha. Nada más mentiroso. El gobierno de Boric ha sido uno de los más de derecha de las últimas décadas, profundizando el saqueo del país en acuerdo con la derecha.
Para hacer esos grandes acuerdos, se apoyan en dos elementos. Primero, han intentado desmovilizar y cooptar al movimiento de masas, desactivando luchas que podrían venir a ser muy importantes, como la lucha de los trabajadores del puerto Coronel o de los trabajadores de Huachipato, que podrían haber incendiado la región del Bíobio. El gobierno ha logrado ser el brazo derecho del empresariado en la mediación de las negociaciones con los trabajadores, formando mesas de trabajo y haciendo promesas a los sindicatos. Los sindicatos, por su vez, dirigidos por burócratas sindicales con muy poco compromiso con los trabajadores y con la independencia de clase, terminan negociando migajas a costa de desmovilizar a sus bases.
Otro ejemplo de política de conciliación de clases es la actuación de la CUT. Debido al gran descontento que existe contra el gobierno en las propias bases de la CUT (dirigida por los partidos del gobierno), la CUT fue obligada a convocar un paro nacional para el último 11 de abril. Ese paro generó movilizaciones importantes (20 mil en Santiago), demostrando que existe combatividad en las bases de la Central, en particular entre los funcionarios públicos. Sin embargo, después del 11 de abril, la CUT no volvió a convocar a ninguna movilización nacional. Su objetivo es descomprimir un poco la presión de abajo para que el gobierno siga negociando sus reformas con los grandes empresarios. La CUT actúa de la misma manera que ha actuado en los anteriores gobiernos de la Concertación: como el brazo derecho del gobierno en la clase trabajadora.
El segundo elemento de la política del gobierno para desactivar el movimiento de masas es la criminalización. El gobierno de Boric ha cumplido un rol extremadamente reaccionario contra los movimientos sociales, aprobando leyes que difícilmente un gobierno de derecha hubiese podido aprobar. Las leyes criminalizadoras aprobadas por el Parlamento, con el apoyo del gobierno, tienen como objetivo crear una nueva “legalidad” que les permita a futuros gobiernos actuar de manera mucho más dura contra las movilizaciones de masas y un posible nuevo estallido social. Así, el gobierno ha aprobado las leyes Naín-Retamal, Ley de Infraestructura crítica, Ley anti-tomas y recientemente la nueva Ley Anti-terrorista. Todas esas leyes, estratégicas para las familias que dominan el país, han sido pactadas con la derecha.
Ese avance legislativo es acompañado de duras medidas contra sectores de vanguardia de la juventud, los trabajadores y mapuche. En el territorio mapuche se mantiene el Estado de Excepción permanente, con una feroz persecución contra los dirigentes mapuche (hoy son más de 100 los presos políticos mapuche).
En su último libro, publicado hace menos de un mes, Héctor Llaitul, vocero de la CAM, denuncia que el gobierno de Boric ha sido uno de los peores de las últimas décadas, ya que no respeta ni los mínimos derechos de los mapuche que están encarcelados (Convenio 169 de la OIT). La misma situación se repite en relación a los estudiantes secundarios movilizados, que están siendo perseguidos y criminalizados por el gobierno a través de la Ley Aula Segura, creada por la derecha. En todos esos temas, de interés estratégico para la burguesía de Chile y las transnacionales, el gobierno y la derecha caminan de la mano.

Para los trabajadores: pobreza, inestabilidad y agobio laboral

Mientras gobierno y derecha legislan para las familias más ricas de Chile, la situación de la clase trabajadora solo empeora. Solo durante el gobierno de Boric la inflación (IPC) ha subido 18,8%, mientras los sueldos reales no han acompañado tal alza¹⁷. Más de la mitad de la clase trabajadora sigue viviendo por debajo de la línea de la pobreza¹⁸.
Las condiciones de vida de la clase trabajadora después de la pandemia han empeorado en todos los niveles: mayor cesantía, mayores precios de arriendos y déficit habitacional, mayores filas en los hospitales, mayor agobio laboral, etc. El suicidio de trabajadores por aumento de la presión laboral se ha transformado en el pan de cada día. La mayoría de nuestra clase vive en una eterna inestabilidad, sin saber si tendrá dinero o empleo para mantener a su familia el mes siguiente.
Esa enorme inestabilidad afecta incluso a los sectores públicos. La última medida draconiana tomada por el Estado burgués, a través de la Contraloría, ha sido atacar los pocos derechos que aún tenían los funcionarios públicos “a contrata”, hecho que obligó hasta a los sindicatos públicos dirigidos por el gobierno a movilizarse¹⁹.
Así, todos los problemas que generaron la explosión social del 18 de octubre de 2019 siguen vigentes, lo que ha generado luchas importantes en 2024 y tiende a generar nuevas movilizaciones en 2025.

La podredumbre del régimen se mantiene

Otro aspecto que ha marcado los últimos 3 años ha sido la corrupción. Nuevos casos de corrupción han estallado en casi todas las instituciones del Estado: policías, militares, fiscalía, gobierno, partidos, etc. La corrupción es parte intrínseca del funcionamiento del Estado burgués, ya que los grandes empresarios son los que realmente controlan las instituciones estatales en su beneficio. Casos como el de Luis Hermosilla, influyente abogado con estrechas relaciones con el empresariado, la derecha y también con la izquierda progresista, demuestra cómo funciona el poder burgués: grandes empresarios influyen en decisiones de políticos, jueces, fiscales, compran a funcionarios de Servicios de Impuestos Internos, etc.
La corrupción está en todos los niveles y todos los partidos que se propongan administrar el Estado burgués inevitablemente sucumbirán a ella. Ejemplo de ello es Daniel Jadue, hoy defendido por gran parte de la izquierda, pero que entró en la misma lógica de la política burguesa, permitiendo que militantes comunistas se enriquecieran de manera ilícita beneficiándose de sus cargos en el aparato público. El Frente Amplio también ya empezó a tener sus primeros casos de corrupción, como el caso Convenios. La tendencia es que salgan cada vez más casos de corrupción de esos partidos, en la medida en que vayan teniendo más cargos públicos y privilegios.

Boric y la hipocresía con relación al genocidio Palestino

En nivel Internacional, el gobierno de Boric se ha caracterizado por la total hipocresía y doble moral en relación al problema más importante de la lucha de clases mundial: el genocidio promovido por Israel en Palestina. Boric se ha sacado fotos con autoridades palestinas, ha hecho discursos y declaraciones y se ha sumado a demandas internacionales contra Israel. Sin embargo, hasta hoy, no ha tomado ninguna medida concreta para romper lazos con el Estado genocida. Chile mantiene decenas de acuerdos diplomáticos, comerciales y militares con Israel y sigue utilizando tecnología israelí para reprimir al pueblo mapuche y a la juventud chilena.
Los discursos de Boric en relación al tema palestino no pasan de eso: discursos. Su política real es de apoyo al Estado genocida de Israel, ya que el Estado chileno necesita las armas y tecnologías israelíes para mantener la dominación burguesa en Chile.

Desde el MIT planteamos que solo la ruptura total de relaciones con Israel y las acciones de boicot desde la clase trabajadora pueden ejercer alguna presión sobre ese Estado fuertemente armado y apoyado por todos los países imperialistas, de EE.UU. a China.

¡Por un pliego nacional de demandas! ¡A luchar con total independencia del gobierno!

Del punto de vista inmediato, las organizaciones de la clase trabajadora, la juventud y el pueblo pobre debemos luchar contra los ataques del gobierno de Boric. En primer lugar, es deber de todas las organizaciones de la clase trabajadora organizar a los trabajadores para rechazar la reforma de pensiones que será votada en los próximos meses. Hace más de una década que venimos diciendo que no queremos más AFPs y hoy el gobierno pretende fortalecerlas. El rechazo a la Reforma puede ser un punta pie inicial para reorganizar a los movimientos sociales y al movimiento obrero a partir de una demanda transversal a los trabajadores: el fin a las AFPs.
Por otro lado, también los funcionarios públicos han estado en la primera línea contra las medidas del gobierno (falta de financiamiento de la educación, salud, etc.) y de la Contraloría. La última paralización de funcionarios públicos en contra del Dictamen de precarización laboral de la Contraloría debe ser retomada al inicio de 2025, con un calendario de luchas y paralizaciones que permita derrumbar esa medida y obtener mayores conquistas para los funcionarios públicos.
Otro sector que está siendo muy atacado son los estudiantes secundarios, vanguardia del proceso revolucionario de 2019. El proyecto de la derecha y también del oficialismo es acabar con los colegios emblemáticos, que han sido la vanguardia en la lucha estudiantil en los últimos años, después de la cooptación del movimiento universitario por el Frente Amplio

y el PC. Hoy los estudiantes del INBA corren el riesgo de estar años encarcelados debido al trágico accidente que sucedió en ese colegio hace algunos meses. Es deber de toda la clase trabajadora y la juventud solidarizar con los estudiantes perseguidos del INBA. Por ello, hacemos un llamado a conformar una Coordinadora en defensa de los estudiantes perseguidos y de la educación pública y gratuita. También debemos fortalecer la denuncia contra la persecución a los mapuche autonomistas, exigiendo la liberación de todos los presos políticos mapuche y del vocero de la CAM Héctor Llaitul.
Todas esas luchas parciales que se vienen dando deben buscar su unificación alrededor de un pliego de demandas de la clase trabajadora, el pueblo mapuche y la juventud. Debemos buscar unificar todas las luchas: de los pobladores por vivienda, de los estudiantes, de los mapuche por la devolución de sus tierras, de funcionarios públicos y también de trabajadores del sector privado, como los portuarios, mineros, etc. Es necesario exigir de la CUT, Federaciones y sindicatos que se pongan a la cabeza de elaborar ese pliego de demandas y un calendario de luchas que pueda rearticular el movimiento obrero, social y frenar los retrocesos impulsados por Boric, apuntando un camino de lucha contra el capitalismo neoliberal chileno. En otras notas hemos desarrollado la base de lo que debería
ser ese pliego²⁰.
Por último y no menos importante, 2025 será un año electoral. Nuevamente todos los partidos del régimen, de izquierda a derecha, vendrán a prometer la solución de todos los problemas a través de reformas al sistema capitalista y al régimen democrático burgués. Desde el MIT no creemos que ese sea el camino para obtener conquistas para la clase trabajadora. Los revolucionarios no rechazamos la participación en las elecciones burguesas, sin embargo, tenemos claro que solo con lucha y organización la clase trabajadora se podrá liberar de las amarras del capitalismo. Por ello, estamos empeñados en la construcción de un partido revolucionario de la clase trabajadora en Chile, que sea totalmente independiente de los grandes empresarios, ONGs, Fundaciones y que tenga un programa para la superación del capitalismo en Chile y en el mundo.