La economía viene en recesión y, junto con el incesante crecimiento del costo de vida, agravan el hambre y la pobreza en el país, con un Niño global ya en marcha que empeorará la crisis. Si bien esta situación se debe en parte a factores externos y climáticos, hay responsables directos: el gobierno y el Congreso que defienden un plan económico que convirtió al país en altamente vulnerable, y priorizan los intereses patronales mientras buscan impunidad por los asesinatos de manifestantes y permanencia ilegítima ante el mayoritario rechazo popular.
Por PST-Perú
La producción nacional cayó 1.7% y 1.1% en el primer y segundo trimestres de este año (julio y agosto también cayó), lo que califica como una recesión económica que hasta las autoridades del gobierno han tenido que admitir. En las últimas décadas una recesión solo se vio en el 2020, pero fue algo fortuito por las restricciones impuestas por la pandemia.
Esta vez la recesión viene empujada por una desaceleración de la economía mundial (la crisis del 2008 nunca se resolvió), agravada por la guerra de Ucrania, y en el plano nacional por el efecto del ciclón Yaku y el Niño costero, sumado a una profunda crisis política por la permanencia ilegítima del gobierno y el Congreso.
Costo de vida y desempleo golpean economía popular
Una recesión siempre es una catástrofe para la población que depende de un trabajo para sobrevivir. Los sectores más golpeados por la actual recesión son la pesca y la agricultura (los más vulnerables al mal clima), y también la construcción y parte de la industria manufacturera. En la agricultura, estas cifras se traducen en miles de familias que perdieron sus cosechas y por tanto sus ingresos de varios meses, mientras otros miles, obreros de la agroexportación, han perdido su empleo (más de 40,000 solo en Virú, La Libertad).
Esta tragedia social se ve agravada por una inflación que eleva el costo de vida y tira al suelo la capacidad adquisitiva de los salarios. Por ejemplo, solo desde enero 2022 hasta setiembre 2023, la inflación general ha sido 12% según el INEI, mientras que, en el rubro de alimentos, principal componente de la canasta popular, los precios han subido ¡¡26%!!
En términos más simples, un salario equivalente al mínimo de S/ 1,050 mensuales en enero 2022, pasó a tener un valor real de solo S/ 833 en setiembre 2023, es decir perdió S/ 211.50 mensuales.
Los números de nuevos pobres y asalariados empobrecidos son realmente desgarradores, pero lo dramático es que se suman a las altísimas cifras que ya existían como algo “normal”: un 85% de la población que sobrevive en la informalidad, en condiciones de desempleo, subempleo o autoempleo, sin derechos ni protección social.
Perspectiva
Es importante comprender que no se trata de una situación pasajera. Las causas internacionales no solo no tienen solución a la vista, sino que tienden a agravarse con las guerras; y, en el caso de los factores nacionales, hay un Niño global que ya está en marcha y que podría ser mucho más destructivo que el Yaku y el Niño costero.
Entonces el impacto de la crisis seguramente será prolongado. El gobierno y los sectores patronales no ofrecen nada para resolver la angustiante situación de los sectores populares, solo paliativos aislados; ellos están concentrados en mostrar cifras macroeconómicas del sector formal.
Medidas del gobierno y la patronal
Como parte de las medidas del gobierno, el Congreso aprobó un crédito suplementario (aumento del presupuesto público) “para enfrentar Fenómeno El Niño y la reactivación económica”, por S/ 1,500 millones (que incluye el bono de S/ 600 para trabajadores del sector público adeudado desde julio).
La eficacia de ese crédito suplementario será muy pobre ya que lo que se haga a estas alturas no permitirá revertir a tiempo los atrasos en las obras de prevención y mitigación contra el Niño global; y, respecto de la recesión, el mayor gasto en el mejor de los casos apenas podrá suavizar la caída momentáneamente.
Organizaciones obreras y populares reclaman soluciones
Ante los embates de la crisis, ya comienzan a crecer los conflictos por aumento de salarios o contra los despidos, así como también las luchas populares que exigen medidas de emergencia frente al impacto sobre la agricultura y la pesca, obras de mitigación contra las lluvias del Niño o mayores recursos para las ollas comunes.
La respuesta del gobierno, a falta de soluciones, es de represión y mecidas, lo que plantea la posibilidad de escalamiento de los conflictos.
Hasta ahora son luchas aisladas por demandas individuales. Sin embargo, por la experiencia ganada del tiempo de la pandemia, las posibilidades de obtener conquistas dependen de la unidad y la organización.
La unidad en cesaría y es posible, sobre todo cuando hay importantes demandas urgentes que son comunes, como el aumento de remuneraciones de acuerdo con el costo de vida, medidas para frenar la inflación, freno a los despidos y ayuda a los afectados por los desastres. Pero esa unidad se ve obstaculizada por la influencia de direcciones gremiales y sindicales que no ponen al centro los intereses obreros y populares sino sus propios intereses de aparatos, disputándose espacios en la mesa de conciliación.
Necesidad de un plan obrero y popular para enfrentar la crisis
Vencer esos obstáculos es indispensable para forjar la unidad en la lucha. Pero también es clave para ampliar esa unidad, incorporar las demandas de aquella masa de trabajadores que se encuentra atrapada en la informalidad o en desempleo y subempleo y hoy son los principales amenazados en su sobrevivencia. Para ello se requiere medidas urgentes que permitan crear empleo, empezando por un plan nacional de obras públicas, con acciones contra la corrupción basadas en el control de los trabajadores; estas y otras medidas, a pesar de que son indispensables para enfrentar el Niño y para resolver la clamorosa necesidad de infraestructura de salud, educación y vial, no se realiza porque choca contra la concepción de austeridad fiscal que impone el plan neoliberal, la escasa recaudación fiscal proveniente de las empresas y el cáncer de la corrupción.
Por otro lado, el fracaso del plan neoliberal que se devela con esta crisis, y su incapacidad para evitar la quiebra de la economía popular, pone en el orden del día acabar con sus pilares que son la primarización de la economía, la privatización y el liberalismo a ultranza que solo defiende la libertad de quienes especulan con las necesidades vitales de los que menos tienen. Dado que la actual Constitución es el candado que protege esos pilares, las luchas populares por una asamblea constituyente y una nueva constitución son legítimas y deben ser impulsadas dentro de un plan nacional unitario de lucha.
El Perú sigue siendo un país con mucha riqueza, es hora de terminar con la enorme desigualdad con que se distribuye esa riqueza, y de ponerla al servicio de intereses estratégicos del país promoviendo un plan de industrialización, que la patronal subordinada al imperialismo es totalmente incapaz de concretarla.
El drama de los microempresarios
La crisis también castiga a una masa de microempresarios o autoempleados que subsisten brindando servicios de micro comercio, alimentos, turismo, etc., y que todavía no se recuperan del todo de la pandemia.
Esta realidad se complicó severamente por el impacto de los niveles alarmantes de la criminalidad y las extorsiones a muchos micronegocios, y la desastrosa respuesta del gobierno que agravó las condiciones con estados de emergencia y toques de queda inútiles para enfrentar el crimen.
Los más ricos no cargan el peso de la crisis
Esta crisis no golpea a todos por igual. Las grandes empresas y transnacionales mineras, por ejemplo, se han recuperado de la baja del 2022 y han incrementado sus ingresos en el 2023 al compensar con más producción la caída de cotizaciones de los metales. Y en la agroexportación, todavía se registran nuevos repuntes de exportaciones en algunos productos.
Otras grandes corporaciones financieras, de energía y otros servicios siguen acumulando riqueza, en tanto que los oligopolios de los alimentos, bebidas y otros bienes de consumo masivo se salvan aumentando los precios a costa de la mayoría nacional, agravando así la inflación, mientras endurecen las condiciones laborales, la negociación colectiva y los despidos.
La incapacidad de una clase empresarial parasitaria y corrupta
En última instancia, lo que condena al país a una probable crisis prolongada no son las causas en sí, sino la condición de vulnerabilidad que impone el Estado neoliberal con su plan económico. El carácter de país esencialmente exportador de materias primas, verduras y frutas, con una muy débil industrialización, es una imposición de las potencias que la clase dominante y gobernante acató sumisamente, para enriquecerse con los negocios subordinados, sometiendo a la mayoría nacional a esos mezquinos intereses.
El “plus” de la burguesía nacional es ser especialmente parasitaria y corrupta, lo que se refleja en su absoluta incapacidad para enfrentar los problemas nacionales, empezando por el colapso del Estado frente a problemas críticos como la salud, la educación y actualmente la seguridad ciudadana y los fenómenos climáticos.
El gobierno hizo gala de batallones de policías para reprimir a la población humilde, pero no atina a ninguna respuesta efectiva ante las organizaciones criminales, ni las pequeñas que son el terror de las calles, ni las grandes que están organizadas en partidos políticos, y de cuyos votos en el Congreso depende para sobrevivir.
Y, frente a los fenómenos naturales, es realmente indignante para las poblaciones usualmente afectadas por las lluvias y sequías, el insignificante o nulo avance de las obras de prevención y medidas de mitigación, y encima llenos de actos de corrupción.
El modelo neoliberal en tiempos de crisis
Las recetas de los gobiernos patronales ante las crisis son siempre las mismas: “shock de confianza a los empresarios” para fomentar las inversiones, libertad para los oligopolios de aumentar los precios y hacer que las empresas se enriquezcan con la esperanza de que alguna parte de esa riqueza se derrame sobre la población mayoritaria (el llamado “chorreo” de las ganancias). Mientras tanto, sálvense quien pueda, tal como ocurrió en la pandemia.
Todavía está fresco en la memoria lo que pasó en la pandemia: algunos se enriquecieron aceleradamente multiplicando los precios de medicinas, oxígeno, mascarillas, atenciones hospitalarias. Mientras, en el otro lado, muchos lo perdieron todo, o hipotecaron o endeudaron por años para afrontar los exorbitantes gastos para tratar de salvar a sus familiares.
Los empresarios recibieron millones en créditos promocionales, y los más pobres apenas unos escasos bonos pagados tarde, mal y nunca. Muchos trabajadores se vieron empujados a agotar sus CTS y fondos de pensiones, liberados por el Congreso como una gran “dádiva”, y que ya no volverán.
La criminalidad e inseguridad ciudadana
Como si no fuera suficiente con la recesión y la inflación, una creciente criminalidad e inseguridad ciudadana termina de rematar la economía popular ante la pasividad del gobierno. Según Osiptel, ¡¡más de 4,500 celulares!! son robados a diario en el país, y estos equipos muchas veces son la llave para el robo de depósitos bancarios de muchas familias.
Sumado a eso, bandas de extorsionadores se han apoderado impunemente de ciudades enteras imponiendo bajo extorsión pagos abusivos a tiendas pequeños negocios.
El entreguismo de la patronal y su clase política condena al país al atraso
La riqueza del país es inconmensurable, pero el Estado neoliberal ha impuesto una repartición extremadamente desigual de la misma. El país tiene otras ventajas, como por ejemplo su ubicación estratégica en el mundo, que está siendo malbarateada por el Estado neoliberal a los intereses de China.
La potencia asiática está construyendo un mega puerto en Chancay que convertirá al país en una gigantesca cabecera de playa de su comercio hacia los países de la región y hacia Europa, como parte de su estrategia del Cinturón y la Ruta, o la nueva ruta de la seda.
Por el rol del gobierno entreguista, y un Congreso extasiado con las invitaciones a China, no existen condicionamientos (los términos del convenio ni siquiera se han publicado) que permitan aprovechar ese proyecto con una retribución proporcional a su trascendencia en materia de impuestos, obras de infraestructura, medidas de mitigación y protección ambiental y condicionamientos que permitan un nivel de industrialización o producción local de las mercancías que se comerciarán.
Por el contrario, el Estado peruano está financiando obras públicas como carreteras de interconexión y medios de comunicación que beneficiará al proyecto chino. Por otro lado, las empresas que ejecutan el proyecto vienen cometiendo atropellos contra los trabajadores y las poblaciones aledañas.
Al respecto urgen medidas como hacer público el convenio firmado por el Estado peruano con China y defender los intereses nacionales
