¿Qué hay detrás de la Ley Antiterrorista?
Durante los preparativos para la Copa del Mundo 2014 el país adoptó varias medidas que representan un retroceso en materia de derechos democráticos.
Mientras en las calles la represión se endurecía, en los salones del Planalto y del Congreso avanzaban medidas autoritarias, como la Ley de la Fifa, que instauraba un estado de excepción durante los partidos. Una de esas leyes tenía como autor el propio palacio de Planalto y tipificaba el crimen de terrorismo en el país.
En aquel momento la justificación era que Brasil se volvería el centro de atención y no contaba con una armazón legal que diera cuenta de los actos terroristas. De fondo, el proyecto de ley siempre tuvo como blanco los movimientos sociales, principalmente después de las jornadas de junio de 2013. La medida provocó polémica y acabó siendo olvidada por un tiempo.
Pero con el recrudecimiento de la crisis económica y social, la idea fue desengavetada. Ahora, sin Copa del Mundo, las cosas se volvieron más descaradas.
En junio de este año, el gobierno Dilma mando al Congreso el Proyecto de Ley Complementaria (PLC) 101/2015, llamado también Ley Antiterrorismo. En régimen de ausencia, esa ley fue aprobada en tiempo récord por la Cámara de Diputados. Al cierre de esta edición, estaban prestos a votarlo en el Senado.
Ahora, la excusa para su puesta en marcha es otra. Sería una exigencia de las llamadas agencias calificadoras de riesgo para evitar un rebajamiento de la nota del Brasil. O sea, además del duro ajuste fiscal, el mercado (los banqueros), exigen también criminalizar los movimientos sociales y populares. No es para menos que el proyecto de ley cuenta con el apoyo del ministro de Hacienda, Joaquim Levy, además del ministro de Justicia, Eduardo Cardozo.
Al servicio de los mercados
El proyecto de ley responde a la exigencia del Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (Gafic). Sin el consentimiento de esa entidad, Brasil entraría en una lista de países supuestamente auspiciantes del terrorismo, lo que sería tomado en consideración por las agencias de riesgo. Por eso, tanto el gobierno Dilma como el PSDB trabajan por su aprobación lo más rápido posible. Dilma se reunió con el Gafic el 19 de octubre, un día antes de la votación en el Senado (que acabó siendo aplazada).
La ley clasifica como terrorismo los actos practicados por razones de “xenofobia, discriminación por concepto de raza, religión, cuando son cometidos con la finalidad de provocar terror social generalizado, exponiendo al peligro a personas, patrimonio, y el orden público”. Las penas varían de 12 a 30 años de prisión. Estos son conceptos genéricos que pueden abarcar muchas cosas.
¡Abajo la criminalización de los movimientos!
El texto aprobado en la Cámara tiene una cláusula que excluye a movimientos sociales y activistas. Eso, por sí solo, no resuelve el problema, pues quedaría a cargo del delegado de planta del Ministerio Público decidir qué es un acto político y qué no. La práctica más común de la Justicia para incriminar activistas es, desde hace mucho tiempo, transformar actos políticos en crímenes comunes.
El PLC, llegando al Senado, ganó como promotor al senador Aloysio Nunes (PSDB-SP), que simplemente eliminó esa parte del texto. O sea, el senador “tucano” no tiene ninguna preocupación en ponerle un barniz a esa ley. Quiere exhibir su verdadero objetivo: perseguir a los movimientos sociales.
Es absurdo que una presidente presa y torturada por la dictadura encabece esa ley. Más de 80 entidades, incluidas la CUT, MST y la CSP-Conlutas, divulgaron un manifiesto repudiando el proyecto y llamando a Dilma a vetarlo en caso de ser aprobado en el Senado.
¡Luchar no es un crimen!
Después de junio de 2013, varios manifestantes fueron indiciados o presos como forma de intimidación y criminalización de las luchas. En Rio Grande do Sul, activistas del Bloque de Luchas, principal instancia de organización de aquel año, incluyendo al militante del PSTU, Matheus Gomes, fueron procesados en un juicio fraudulento. Fueron involucrados en crímenes como robo calificado y conformación de milicias privadas.
En San Pablo, más de 300 activistas fueron incluidos en un proceso supuestamente contra los black-blocs y llamados a declarar. Solo en la ciudad de Campinas, más de 100 activistas fueron procesados después de la ocupación de la Cámara Municipal.
Algo semejante ocurrió en Rio de Janeiro. Varios activistas llegaron a ser arrestados. En la capital carioca, un habitante de la calle [sin techo] fue el primero en ser condenado a cinco años de prisión, luego de ser arrestado por portar una botella de desinfectante durante una protesta.
