No hay duda de que en el Perú está ocurriendo una insurrección popular, encabezada por los sectores más explotados del proletariado y el campesinado, provenientes de la región más pobre del país: el Sur. Este proceso está llevando al gobierno y al régimen a una crisis colosal, a la que están respondiendo con una represión brutal, que recuerda los tiempos de la dictadura.
Por: Américo Gomes
Esto ya hizo que el Congreso Nacional, luego de haber adelantado ya las elecciones para 2024, esté discutiendo una nueva anticipación, para octubre de 2023. La actual presidente Dina Boluarte es un títere en manos de la derecha que controla el Congreso y hasta puede ser descartada, como un intento de detener el proceso de movilización.
Se decretó el Estado de Emergencia, con allanamientos de viviendas y de sedes de organizaciones políticas, con prisiones selectivas y arbitrarias. Y ahora Puno, la ciudad más combativa del país, está militarizada.
Impasses
A pesar de los avances de las movilizaciones, existe un cierto impasse, porque, por un lado, a pesar de los casi 60 muertos, el gobierno no es capaz ni remotamente de sofocar las protestas. Por otro lado, el proletariado, la clase trabajadora urbana y minera no entraron masivamente en el proceso, lo que impide una victoria categórica de los trabajadores.
Esto se debe a que la dirección principal, la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), formada por estalinistas y neostalinistas, ha traicionado vergonzosamente al movimiento, negándose a convocar a la huelga general y no sumándose a las movilizaciones y marchas, con fuerza, a pesar de la simpatía y la solidaridad que existen en la base de la entidad. En definitiva, a pesar de asumir formalmente los reclamos del movimiento, la CGTP tiene una política criminal y busca negociar con el gobierno.
El grado de politización es impresionante, quizás el más alto de todo el continente americano: quieren derrocar el gobierno y, de hecho, cambiar el régimen político que impera en el país. Por eso, sus principales demandas son “Fuera Dina Boluarte” y la elección de una Asamblea Constituyente, que sustituya el actual Congreso y haga una nueva Constitución, para que todos los escombros antidemocráticos y privatistas de la “Era Fujimori” sean arrojados a la basura.
Represión: brutal violencia contra indígenas y campesinos
Los aspectos más impresionantes de esta insurrección son la represión del gobierno y la combatividad de los trabajadores y los campesinos. Algo que incluso revelan las cifras: 58 muertos (uno de ellos policía) y cerca de 1.700 heridos, incluidos 1.100 civiles (contra 580 policías).
Las muertes ocurrieron principalmente en el interior, donde el racismo, los prejuicios y la discriminación restan valor a la vida de los descendientes de pueblos originarios. Principalmente aymaras y quechuas.
Pobreza y miseria en el Sur
La mayoría de los manifestantes (que siguen llegando todos los días a la capital Lima) provienen del sur del país, de regiones que durante siglos han estado marcadas por la desigualdad, el aislamiento, la opresión y la discriminación.
Regiones como Cusco, Apurimac, Huancavelica, Puno y Cajamarca, donde los índices socioeconómicos son siempre más desfavorables para los trabajadores. En 2021, la tasa de pobreza en el Perú era de 25,9%, pero, considerando solo el Sur, saltó a 39%. En escala nacional, 70% de los trabajadores peruanos están precarizados; pero en las ciudades del Sur las tasas son siempre más altas: 94,8% en Huancavelica; 90,6% en Apurimac y 90,4% en Puno.
«Vamos hasta el final para derrocar a Dina»
Sobre esta base fermentó el estallido social que desembocó en violentos enfrentamientos, como los ocurridos en Juliaca, donde el aparato de represión mató a once personas; o en Bairro Chino, donde los trabajadores, centralmente precarizados del agronegocio, hirieron a 57 policías.
Además de los enfrentamientos, la combatividad de la población también se expresa en la resistencia, aun con el empeoramiento de las condiciones de vida, provocado por los bloqueos, que han derivado en la falta de gasolina y medicinas y en el aumento [de precios] y escasez de alimentos. Pero aun así, la mayoría afirme que no dejará de luchar hasta derrocar a Dina y el Congreso.
Transnacionales: movilización nacional golpea a empresas mineras
El llamado “Paro Indefinido” (paralización indefinida) bloqueó unas 100 vías, afectando sectores como la minería, el turismo y el agronegocio. El Ministerio de Economía habla de pérdidas en torno a los US$ 554.000 millones. Machu Picchu fue cerrado y la ciudad de Cusco, donde 80% de la población vive del turismo, también asistió al cierre de hoteles, restaurantes y comercios, perdiendo US$ 10 millones por las protestas.
Los manifestantes han realizado bloqueos de carreteras; ataques a aeropuertos, torres telefónicas y eléctricas; invasiones de empresas mineras y ataques a edificios judiciales.
Los bloqueos están llegando al corazón de la economía nacional: las empresas mineras, que están ubicadas en los Andes y en el sur del país. Aunque los mineros no se sumaron a la lucha, como clase organizada, la identificación étnica con los manifestantes es total.
La minería es el pilar de la economía peruana y representa 60% de las exportaciones. Fue privatizada por el gobierno de Fujimori y recibió una serie de exenciones fiscales de todos los gobiernos posteriores, incluido el de Castillo.
Aun así, el sector aporta 20% de los ingresos tributarios y 15% del Producto Interno Bruto (PIB), además de provocar inmensos conflictos sociales y socioambientales. El sector emplea alrededor de 250.000 trabajadores, sin contar los trabajadores precarizados y los que trabajan en la minería ilegal.
Los bloqueos están afectando a empresas como Minera Las Bambas, paralizada por más de 50 días en 2022, y 15 días en 2023. “La mina no ha podido llevar su producción a los puertos, ya que la ruta por la que se transporta el mineral está interrumpida, por lo que las exportaciones se ven significativamente afectadas”, anunció la empresa.
Minera Antapaccay suspendió todas las operaciones luego de que manifestantes de Espinar irrumpieran en sus instalaciones el 19 de enero e incendiaran maquinaria, camiones de transporte e instalaciones. También fueron atacados los locales de las unidades de Huisamarca (Cusco) y Utunsa (Apurimac).
Las tres corporaciones mineras más grandes del mundo están presentes en Chile: BHP, Río Tinto y Glencore. Las grandes multinacionales imperialistas creen que el cobre jugará un papel fundamental en el futuro cercano, como conductor más económico para almacenar y transportar nuevas fuentes de energía.
En la capital: la toma de Lima por obreros, campesinos e indígenas
Son miles los obreros y campesinos, en su mayoría jóvenes, que se desplazan desde el sur hacia la capital para la “Toma de Lima”. Han realizado marchas diarias, así como protagonizado enfrentamientos con la policía, al punto que el aparato policial ha anunciado el abandono de bombas lacrimógenas y de balas de goma.
Quien conoció la “Primera Línea” chilena (la “línea del frente” de activistas que defendían las movilizaciones de la represión policial en 2019) y ahora ve la del Perú, nota diferencias importantes entre ellas. En Chile, estaba compuesta en su mayoría por jóvenes urbanos. En el Perú son los campesinos y los sectores más explotados de la sociedad.
Por eso, una de las grandes manifestaciones de solidaridad de los habitantes de la periferia de Lima es llevar comida y agua a los manifestantes, que no tienen qué comer durante los largos períodos que pasan en la capital, durmiendo en alojamientos, dentro de universidades, sindicatos, oficinas de ONGs, y en plazas.
Todos los días llegan centenas de refecciones para los manifestantes, producidas por los trabajadores de Lima, muchas elaboradas con insumos recolectados en donaciones en fábricas y universidades.
Salida: un régimen en crisis y la propuesta de los trabajadores
La crisis del gobierno es muy grande y se evidenció en la votación del Congreso sobre adelantar o no las elecciones. Dina Boluarte llegó a decir: “Fracasamos. Tenemos que salir». El partido fujimorista de ultraderecha apoya la propuesta y defiende los intereses de las grandes mineras.
Pero la mayoría del Congreso rechazó la propuesta en la primera votación, con el partido de Dina y de Castillo al frente, “Perú Libre”, que dice ser castrista. Este partido votó por la destitución de Castillo, luego participó en las marchas contra Dina, y ahora vota en contra de adelantar las elecciones.
La salida de la clase trabajadora
Ante esta situación, el Partido Socialista de los Trabajadores del Perú (PST) se suma a las movilizaciones y demandas presentadas por el movimiento, enfatizando que es necesaria una Asamblea Constituyente para sacar los escombros antidemocráticos del fujimorismo; pero, sobre todo, para que se nacionalice la industria minera, efectuando expropiaciones sin indemnizaciones, y poniéndolas bajo el control de los trabajadores y, con ello, posibilitar la recuperación de los recursos naturales del país.
Esto solo se logrará con un gobierno de las organizaciones de lucha de la clase trabajadora y el pueblo pobre.
Urgente: los trabajadores peruanos necesitan de toda la solidaridad internacional
Los eventos en el Perú adquirieron una dimensión internacional. Lula (Brasil), Gabriel Boric (Chile) y Gustavo Petro (Colombia) se manifestaron a favor de la destitución de Castillo, reclamando que deberían preservarse las instituciones de la democracia burguesa.
A medida que crecía la represión, Petro cambió de posición y Boric se vio obligado a hacer declaraciones contra la represión, lo que irritó al gobierno peruano. Perú ya retiró a sus embajadores de Argentina, México, Colombia y Bolivia.
Lula es el único que se mantiene firme en su declaración inicial, de seguir apoyando el gobierno de Dina Boluarte, mientras este ejerce una violenta represión contra la clase trabajadora peruana. Además, es en el Brasil que el gobierno peruano viene a buscar las bombas que utiliza Boluarte contra los manifestantes.
En ese sentido, fueron muy importantes las protestas realizadas en las embajadas de Argentina, Colombia y Ecuador, que exigieron a los gobiernos latinoamericanos, y en especial a Lula, escuchar las demandas del pueblo peruano y sumarse a la exigencia de renuncia de Dina.
La solidaridad internacional ya está ayudando a la lucha del pueblo peruano y puede ser decisiva para su victoria.
Traducción: Natalia Estrada.
03 de febrero
