¿Sirve la declaratoria de “Estado de emergencia” en los distritos limeños de San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y la provincia de Sullana (Piura), para “hacer frente” a la inseguridad ciudadana?
Han pasado casi un mes, y la salida de los soldados a las calles de estos distritos se ha demostrado absolutamente incapaz de hacer frente al crimen organizado y la delincuencia, que continúan asesinando e imponiendo su accionar en dichas localidades. Prueba de esto es que tanto Lince, cómo el Cercado de Lima, se han incorporado a la lista de distritos declarados en Emergencia.
Entonces, ¿por qué el gobierno toma esta decisión? ¿A quién favorece con dicha medida? ¿Qué implica la declaratoria del estado de emergencia?
Una medida antidemocrática…
Cuando se declara el “Estado de emergencia”, lo que sucede de forma automática es que el gobierno fortalece su capacidad para usar la fuerza al margen de algunas normas que lo generalmente lo regulan.
Por ejemplo, de inmediato se dejan sin efecto ciertos derechos o garantías individuales que son básicas para el funcionamiento de lo que se considera un régimen democrático. Estos derechos son: la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la seguridad individual, que no es otra cosa que el derecho a no sufrir detención sin motivo justificado.
Este recorte general de derechos, se usa también contra quienes se reúnen para protestar, pues el derecho a la protesta supone la libertad de reunirse y de transitar. Al mismo tiempo, permite detener a cualquier persona sin que haya de por medio una orden judicial. Detenciones que los gobiernos extienden a cualquiera que consideren que es molesto/a para sus intereses, como dirigentes sindicales, sociales o políticos.
Pero además, la medida vende la falsa idea de que sacar a los soldados a las calles, “mantiene el orden” y permite “vivir tranquilos”. Esta idea, que además juega con la cultura autoritaria de nuestro país, es muy peligrosa para los intereses de la clase obrera y el pueblo, ya que de ser llevada hasta sus últimas consecuencias, la única manera de “vivir en paz” sería que una dictadura militar tome control total del país.
…que facilita el abuso y la corrupción
Sin embargo, los problemas no quedan ahí. La declaratoria del Estado de emergencia también permite a las autoridades echar mano de recursos y realizar contrataciones, sin pasar por los mecanismos de fiscalización que la ley establece. Esto facilita al extremo realizar actos de corrupción.
Otro tanto sucede con el abuso del poder que la declaratoria del Estado de emergencia entrega de hecho a las FF.AA. y policiales. La experiencia histórica, y también la reciente, muestran que ahí donde las FF.AA. y policiales quedan libres para actuar, asumiendo el control de las calles, se cometen los más variados abusos, desde actos de corrupción, hasta maltratos, vejaciones y violaciones directas a los derechos humanos.
Discriminación y estigmatización
Finalmente, la medida agrega un elemento discriminador y estigmatizador al declarar distritos de mayoría trabajadora, como son San Juan de Lurigancho (el distrito más poblado del país) y San Martín de Porres (creado en 1950 con el nombre de“Distrito obrero industrial 27 de octubre”) como zonas “tomadas” por el crimen organizado.
Es el mismo estigma de pobreza que pesa sobre los viejos barrios obreros de Lima y otras ciudades del país (El Rímac, La Victoria, Surquillo, etc.), empobrecidos por la desindustrialización a la que fue sometido el país tras la imposición del plan económico neoliberal, en los 90’s.
Boluarte busca fortalecer a las fuerzas represivas
Nadie puede dudar que en un ambiente donde la sensación de inseguridad crece, la presencia de más personas armadas en las calles (soldados y policías) puede generar en principio un sentimiento de alivio.
Sin embargo, la verdad es que sacar a los militares a las calles manifiesta la absoluta incapacidad del gobierno para hacer frente al flagelo de la delincuencia organizada.
Las grandes mafias que asesinan en las calles, son grandes empresas que, producto de la propia descomposición de la economía capitalista, arrastran tras de sí a los sectores más miserables de la sociedad, que terminan convirtiéndose en microcomercializadores cuando no, sicarios de esas grandes empresas.
No es casual que con el crecimiento económico de la primera década del 2000 (2004 – 2013), relacionado al alto precio de los minerales y materias primas, también se desarrollasen innumerables negocios ilícitos (minería ilegal, tala ilegal, pesca ilegal…) que junto al narcotráfico, defienden su existencia a balazos.
La reciente migración venezolana, expulsada por la miseria que vive el pueblo venezolano bajo la dictadura de Maduro, ha incorporado al país masas de personas en concidicones inhumanas de pobreza, dando nuevo impulso a la trata de personas y dotnado de nueva “carne de cañón” a diversas bandas criminales.
Es la contradicción perniciosa de la economía capitalista, que concentra en poquísimas manos cantidades crecientes de riqueza, dejando a la enorme mayoría en la pobreza, la que se convierte en motor de la lumpenización de sectores enteros del pueblo trabajador.
Boluarte pretende ganar réditos con la declaratoria del Estado de Emergencia en los distritos mencionados. Quiere lavarle la cara a unas fuerzas armadas y policiales asesinas, que hace 9 meses terminaron con la vida de 49 personas, disparando a mansalva munición de guerra y perdigones.
Quiere que esas mismas fuerzas armadas sean aplaudidas como “héroes” de la supuesta lucha contra el crimen organizado, solo para volver a reprimir, cada vez que sea necesario, como ha declarado el Premier Otárola en una reciente reunión de empresarios mineros.
Por eso mismo, la clase obrera no puede depositar confianza alguna en la acción de las fuerzas armadas y policiales, al servicio de resguardar el orden capitalista, que nos empobrece y, en últimas, arroja a una parte de nuestra pueblo a los brazos de las bandas criminales que dicen combatir.
Un orden que convive con la criminalidad, como lo han demostrado los lazos que tiene la corrupción y el narcotráfico con el propio Estado.
Responder a la criminalidad con trabajo y autodefensa
Desde la clase obrera, la salida al problema del crimen organizado pasa, necesariamente, por garantizar trabajo y condiciones de vida dignas para la enorme mayoría de la población. Esto significa, recuperar nuestros recursos naturales para que la riqueza que se extrae de nuestro suelo y nuestro mar, para poner esas riquezas al servicio de nuestro pueblo. Para esto es necesario nacionalizar las minas, pozos petroleros, las plantaciones y la pesca. Significa garantizar un salario mínimo y pensiones iguales a la canasta básica de consumo. Significa hacer pagar a las grandes empresas, con impuestos a sus ganancias y patrimonios, la salud y educación públicas.
Pero también, significa reconocer el derecho colectivo, de las organizaciones obreras y populares, de hacer frente a la criminalidad de manera armada, creando rondas urbanas para la autodefensa. Organismos territoriales que, subordinados a las asambleas barriales, impongan orden y hagan frente a las bandas criminales. Estas rondas deben estar compuestas por mujeres y hombres elegidos por las asambleas barriales. Su nombramiento debe ser revocable en todo momento por la misma asamblea, y no deben recibir ningún pago adicional por su labor.
Así, como lo muestra el ejemplo de las rondas campesinas, será el mismo pueblo quien logre controlar la acción de las bandas criminales.
