El gobierno de Pedro Castillo va de tumbo en tumbo. La designación del gabinete ministerial presidido por Aníbal Torres no revierte el curso de abandono de las promesas de cambio para decepción de las expectativas obreras y populares, lo que lo convierte en un gobierno tradicional más, especialmente de esos que piden el voto con la mano izquierda y terminan sirviendo al poder económico. El agravante, una enorme incompetencia personal y política de Castillo que alimenta la voracidad del empresariado y los corruptos de siempre.
Por PST – Perú
A comienzos de febrero Castillo había echado por tierra el respaldo popular y enfrentaba las primeras protestas sociales contra su gobierno e incluso aprobando, so pretexto del combate a la delincuencia, un estado de emergencia con patrullaje de tropas del ejército.
La gota que colmó el vaso fue la fallida designación de Héctor Valer, un personaje con graves denuncias de agresión a mujeres de su propia familia y promotor de la criminalización de las organizaciones indígenas, como jefe de un gabinete más patronal y más a la derecha que el anterior y otros ministros igualmente impresentables. Ello, sumado al hecho que la ex premier Mirtha Vásquez y el ministro Avelino Guillén dejaron el cargo haciendo graves denuncias de corrupción en el entorno presidencial y en el ministerio del Interior.
El gobierno se había colocado, a vista de importantes sectores sociales, en la misma vereda que aquellos que lo quisieron vacar, no solo defendiendo el modelo económico causante de la profunda desigualdad social y la ruina de la salud y la educación públicas sino también mostrando las mismas taras como son la corrupción y el machismo.
El gabinete Torres no cierra la crisis
El gabinete Valer cayó en muy pocos días sin alcanzar siquiera a pedir la investidura del Congreso, y en su reemplazo Castillo designó como premier al ex ministro de justicia Aníbal Torres, manteniendo prácticamente el mismo gabinete Valer con muy pocas excepciones. Siguen los ministros impresentables en Interior, Defensa, Cultura, Transportes, etc. Perú Libre y hasta el ala de Vladimir Cerrón han incrementado su participación, pero en el mismo curso de capitulación del gobierno al empresariado.
El problema no es solo el gabinete. La extremada debilidad personal y política de Castillo, exhibida descarnadamente en entrevistas periodísticas, se traduce en un descontrol de su entorno directo y de sus principales aliados, y una total pérdida de iniciativa ante la presión del empresariado en todos los campos.
Nada que esperar
No hay nada que esperar del gobierno y del discurso vacío del presidente. La economía ha retomado un camino de recuperación y hasta mostrado récord de exportaciones, pero solo para recuperar las ganancias empresariales mientras las masas trabajadoras siguen padeciendo salarios envilecidos, encarecimiento de los productos de primera necesidad, muchos no recuperan sus empleos y encima enfrentan despidos y cierres de fábricas.
Frente al crimen ecológico-social de Repsol el Estado ha mostrado, bajo la jefatura de Castillo, su esencia más subordinada a las transnacionales, negligente e incapaz en todos los campos de acción: no hubo intervención inmediata para conocer el tamaño de los derrames ni para dirigir el vuelco de todos los medios para contener el daño; tampoco para reparar las poblaciones afectadas por los derrames, ni para emprender las medidas administrativas y penales y la expulsión de Repsol del país.
En el tema de la pandemia, la población nacional sigue golpeada por la nueva oleada de contagios, con un número todavía alto de muertes por covid-19 (200 muertos por día en promedio), sin contar el abandono que vienen sufriendo miles de pacientes de otras enfermedades por la saturación de un sistema de salud destartalado que para el gobierno no es prioridad resolver.
Incluso ante la brutal ola de delincuencia que golpea a la población el gobierno de Castillo no solo muestra desidia, sino que además contribuye a su agravamiento. El escándalo en el sector Interior destapó un traslado masivo de policías a dependencias más cómodas mediante el pago de coimas. Por eso la declaración del estado de emergencia con la salida de tropas militares al patrullaje urbano, es una medida hipócrita y temeraria cuyo más inmediato impacto ha sido intimidar la movilización popular.
El gobierno también se ha mantenido completamente inútil frente a los abusos patronales contra la clase trabajadora, y con su nuevo gabinete esta situación solo podría empeorar más.
Las prioridades mercantilistas del Congreso
La crisis del gobierno de Castillo pudo haberse agravado más, pero otros hechos extendieron la indignación popular, especialmente juvenil, contra los partidos en el congreso. La Ley Universitaria, Ley 30220, es el instrumento que profundizó la privatización de la educación en el Perú, y la SUNEDU es el ente regulador de un sistema compuesto por universidades públicas desfinanciadas sin la capacidad de asegurar el derecho a la educación de la población, y universidades privadas que lucran de esa situación profundizando un elitismo que el tiempo ha permitido comprobar.
Pero la ley aprobada en primera instancia por el Congreso no busca cambiar esa situación, ni tampoco salvaguardar la autonomía universitaria ni defender los derechos de los estudiantes sino simplemente aumentar la influencia de los dueños de universidades privadas dentro de la propia SUNEDU.
El descontento de la juventud y las movilizaciones contra la ley del congreso están plenamente justificados y deben ser inscritos dentro de la lucha contra la privatización de la educación por una educación pública gratuita, de calidad y de acceso universal.
Pero aparte de ello, se evidenció las verdaderas prioridades del congreso de cuidar intereses mercantilistas por encima de todo, y en eso se dan la mano los partidos más reaccionarios como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País, con los partidos de “centro derecha” como Podemos y AP y hasta la supuesta “izquierda radical” de Perú Libre.
Gobierno-Congreso es una falsa disyuntiva
Las fuerzas reaccionarias buscan capitalizar la crisis del gobierno promoviendo una nueva moción de vacancia que no se detendrá en Castillo, sino que incluirá también a la vicepresidenta, buscando de esa manera capturar el gobierno bajo el control de las principales organizaciones político-criminales. Otros sectores plantean como variante la renuncia de Castillo y la convocatoria a nuevas elecciones, o la suspensión de sus funciones como parte de un arreglo institucional, y otras variantes más.
No es posible saber cuánto tiempo más podrá sostenerse el gobierno de Castillo, solo se sabe que él es el principal promotor de su desgaste, empezando por haber abandonado su plan de gobierno, apartado a los movimientos sociales y buscar la aprobación de los sectores patronales. La salida en ese sentido no puede ser esta vez la defensa del gobierno de Castillo.
Tampoco cabe esperar pasivamente las salidas que se barajan por las alturas, que no son, claro está, para poner al centro la solución de los problemas nacionales ni la atención de las principales demandas populares sino la defensa del modelo económico y sus mezquinos intereses particulares.
Esta vez, las movilizaciones sociales que vienen gestándose, enfrentados no solo al gobierno sino también a las fuerzas reaccionarias del congreso, retomando la lucha por que se vayan todos, plantean la posibilidad de una salida alternativa de los movimientos sociales en la cual la clase obrera está llamada no solo a participar sino a jugar un rol protagónico por una verdadera salida obrera y popular.
Tomado de Bandera Socialista, periódico del PST-Perú (Año XLII, N.135, enero 2022)
