Desde diciembre el Poder Judicial incrementó las medidas de prisión preventiva que restringen gravemente derechos y libertades de los manifestantes. Jóvenes comuneros, trabajadores de la agro-exportación, estudiantes universitarios; población en situación de pobreza y vulnerabilidad. Los tipos penales favoritos son: “Disturbios”, “Entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos”, “Terrorismo”, “Organización criminal”.
En Ica, el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria dictó prisión preventiva por cuatro meses contra siete personas. También prisión preventiva contra dos personas por el delito de “disturbios”. En Ayacucho el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior Nacional dictó prisión preventiva contra seis dirigentes del FREDEPA – Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho, por el plazo de 18 meses. En Lima el Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia dictó para la profesora Yaneth Navarro, prisión preventiva por 30 meses.
En Cusco, el Poder Judicial dictó y ratificó prisión preventiva por nueve meses contra Richard Camala Coyo (22 años), Ferdinan Huacanqui Yucra (33 años), Redy Huaman Camala (22 años), Joel David Hivallanca Huaman(20) miembros de la comunidad campesina originaria Kuyo Grande del distrito de Pisaq.
Para la abogada Krys Rocío Espinoza Mar, los jueces de segunda instancia que ratificaron la prisión preventiva se saltaron con garrocha los argumentos de la defensa, parecían sordos y su respuesta fue básicamente lo ya dicho por la jueza de primera instancia. No argumentaron de acuerdo a la exposición y defensa de los abogados. Las acusaciones en contra de los detenidos son insostenibles. Existe variación de la declaración de los denunciantes, versiones contradictorias e incoherencia entre las acusaciones de los denunciantes y la argumentación de los jueces. Además del arraigo laboral, familiar y domiciliario, se demostró el arraigo comunal y crediticio. No se valoró que sean comuneros calificados, hijos y nietos de comuneros calificados, cuyo arraigo es más fuerte que el citadino. La fiscal superior, erróneamente, descontó el convenio 169. Los jueces no tuvieron motivación real para ratificar la prisión preventiva. Finalmente, no se cumplen los requisitos para dictar y ratificar esta medida. Esa es la indignación; sentimiento compartido entre los abogados defensores, pues, este es un abuso contra los comuneros y un insulto a la defensa; manifestó la abogada.
Como Estado, el Ministerio Público, La Fiscalía, El Poder Judicial, La Policía Nacional actúan por consigna política en contra del pueblo. Al pueblo pobre y trabajador le queda claro que la prisión preventiva es un castigo y represalia política del régimen actual contra los luchadores sociales. Agravan la situación de vulneración de derechos humanos.
Una víctima más de la sangrienta represión del Estado
El joven jeronimiano, Rosalino Flores V. (22) fue cruelmente acribillado por la policía durante las protestas del mes de enero. Fueron 36 perdigones que impactaron en su cuerpo, a tres metros de distancia, indefenso, sin representar amenaza alguna para la policía. Luego de luchar por recuperarse, en el hospital Arzobispo Loayza y Almenara de lima, falleció el 21 de marzo.
El Estado con Dina Boluarte a la cabeza son los responsables intelectuales y políticos de este asesinato y las más de 70 vidas arrancadas. El régimen se sostiene por la represión de la policía y el Ejército. La orden desde arriba es abrir gatillo y criminalizar la rebelión popular e imponer un gobierno autoritario que a punta de balas quiere garantizar estabilidad y fluidez de la economía a favor de los patrones, sin escuchar el clamor popular.
El asesinato de Rosalino es muestra de lo podrida que se encuentra la Policía Nacional y demás instituciones del Estado; por ello, solo con la lucha organizada de los trabajadores, estudiantes, campesinos y pobres del país podremos exigir que este caso no quede impune y se sancione a los responsables. Es un deber dignificar la entrega y la valentía de este luchador y salir a alzar nuestra voz de protesta por justicia, y cárcel para los responsables.
