El gobierno de Castillo se encuentra desbordado por su incompetencia y varios escándalos de corrupción que agudizan su crisis. Renunció a liderar un proyecto mínimo de cambio (algunas nacionalizaciones, reforma tributaria y referéndum por una asamblea constituyente) y ahora no ofrece siquiera medidas frente a la ola inflacionaria y la crisis alimentaria que golpean duramente al pueblo. Nada de eso ha evitado que esos mismos sectores a quienes ha preferido defender hoy pidan su cabeza.
Por PST Perú
Gracias a una extraordinaria recuperación, en el último año las transnacionales y grandes corporaciones siguieron recibiendo sobre ganancias sin ninguna medida que revierta las condiciones de desigualdad económica y social. Hoy que la economía se está desacelerando, la situación será aún peor para los que menos tienen.
Castillo ya no es el que denuncia la desigualdad del plan económico; ahora, como lo hicieron los anteriores presidentes, defiende los “logros” de ese plan callando el costo de esos logros que es el desempleo masivo y la pobreza, el colapso de la educación y la salud. Y, también como los anteriores, evade tomar las medidas indispensables en beneficio de las grandes mayorías, como en este caso frente a los golpes de la ola inflacionaria y la crisis alimentaria; y ahora es él a quien se dirigen el descontento y las protestas sociales.
Frente al gran descontento y los conflictos sociales, el gobierno solo apela a victimización y al uso político de los ataques de la derecha, pero no hace nada en contra de ella y la patronal que la respalda y financia; asimismo, hace la pantomima de escuchar las demandas populares (a través de los consejos de ministros descentralizados y mesas de diálogo) pero no las resuelve, y suelta algunas medidas (ampliación de pensión 65, nuevos bonos) que son paliativos y que no rompen la continuidad del modelo económico.
En ese contexto, frente a antiguas demanda de los trabajadores el gobierno aprobó los decretos 001-2022-TR sobre la tercerización laboral y el 014-2022 sobre la negociación colectiva, que en ambos casos corrigen interpretaciones abusivas de la legislación por parte de la patronal en perjuicio de los trabajadores. Sin embargo, el gobierno no muestra consecuencia de hacer cumplir sus propias normas pues estas vienen siendo burladas por la patronal impunemente; y tampoco las direcciones de la central han convocado a una lucha nacional contra ese y otros ataques.
Las cartas de la derecha reaccionaria y la patronal
El Congreso está tanto o más descompuesto y desacreditado que el gobierno por diversas causas. Lo conforman diferentes bandos de la corrupción; el control lo tiene el fujimorismo y los sectores de ultraderecha, que son los que desde un comienzo impulsan la vacancia con ataques sistemáticos para desestabilizar al gobierno y hacerlo caer, al mismo tiempo que promueven leyes reaccionarias y copan instituciones claves como el Tribunal Constitucional.
Además, condecoraron al golpista Manuel Merino y lo blindaron en el caso de los asesinatos de Inti y Brian y la represión del 14N, están asociados a sectores retrógrados que defienden la injerencia de la iglesia y las creencias religiosas en las políticas de Estado (educación, enfoque de género), y expresan lo más rancio del racismo, la discriminación y la opresión.
Por si fuera poco, estos sectores son exponentes de la alta corrupción (Odebrecht, mafia judicial «cuellos blancos», Comunicore), ansiosos de capturar el control autoritario del Estado como lo muestra el reciente copamiento del Tribunal Constitucional, esto último con el apoyo de la bancada oficialista.
Por eso el Congreso despierta el rechazo o desaprobación de la mayoría nacional, no solo de quienes votaron por Castillo y hoy todavía lo defienden sino también de aquellos que no lo apoyan pero que rechazan las ambiciones del fujimorismo y los sectores más reaccionarios.
Hasta ahora los sectores patronales están entrampados entre quienes plantean la caída del gobierno y convocar solo a elecciones presidenciales (aquí están los fujimoristas y la derecha más extremista), y los sectores de derecha que buscan una salida negociada en torno al adelanto de elecciones generales y reformas políticas básicas, y un gobierno transicional con un gabinete de consenso; política respaldada por sectores burgueses, la Iglesia, ONG y movimientos de derechos humanos, feministas, ambientalistas.
En esta segunda política se inscribe el “encuentro de gobernadores regionales, sociedad civil, trabajadores de la CGTP, agricultores, empresarios, colegios profesionales y representantes de las universidades” que, según La República, respaldó la posición de adelanto de elecciones generales y otras reformas básicas, y al mismo tiempo dieron un plazo al Ejecutivo “para que instaure un gabinete de recuperación nacional que convoque a ministros con solvencia profesional y moral que permita lograr la conciliación entre el Ejecutivo y Legislativo”.
Al final de cuentas, la patronal tiene varias cartas en la mano y hará sus jugadas en función de la evolución de la crisis, buscando convertir la caída de Castillo en desmoralización y desmovilización del movimiento obrero y popular.
La clase obrera y el pueblo tienen su propia salida
Ninguna de esas salidas nos representa a los trabajadores, porque son igualmente defensoras del plan neoliberal y de la patronal, y son enemigos de los trabajadores. Nuestra misión como clase no se define en torno a la defensa de un sector de la patronal contra otro, sino en luchar por la solución urgente a las demandas populares y nacionales y bregar por un gobierno auténticamente de los trabajadores y el pueblo.
