El presidente Pedro Castillo enfrenta un proceso de vacancia impulsado por sectores derechistas y patronales que buscan su destitución, y lo hace en un estado de debilitamiento causado por el abandono de sus principales promesas de campaña para abrazar el modelo económico que prometió cambiar, así como por su inoperancia frente a conflictos y urgencias sociales y la ausencia de medidas que conciten el respaldo y la movilización popular, a lo que se suman destapes que han despertado sospechas de prácticas de corrupción, lo que está favoreciendo la ofensiva golpista.
Por PST-Perú
En sus primeros meses de gestión el gobierno retrocedió paso a paso en su programa y encarpetó las principales medidas ofrecidas en la campaña electoral, esfumando las esperanzas o expectativas de los sectores obreros y populares por algún cambio de las condiciones de profunda desigualdad social, abandono, desempleo y sobre explotación.
Como resultado de esa política, tenemos que no existen, hasta el momento, medidas que puedan ser saludadas y defendidas por la clase trabajadora y el movimiento popular. Tal vez por eso el presidente Pedro Castillo en varias ocasiones trató de remplazar ese vacío con anuncios como la nacionalización del gas de Camisea o el cierre de minas que dañan el ambiente, pero solo para corregirse horas después con una mayor capitulación a los intereses empresariales.
Y no se trata solo de los primeros meses que son muy cortos para esperar grandes cambios. Lo que pueda esperarse del gobierno a lo largo del próximo año acaba de definirse hace pocos días con la promulgación del Presupuesto del Sector Público 2022.
Todo presupuesto público expresa la verdadera voluntad política de un gobierno, pues muestra qué medidas realmente se van a llevar a la práctica porque tienen el correspondiente financiamiento. Y la verdad es que el presupuesto del próximo año es una fotografía de los presupuestos anteriores y no contiene nada especial frente a las grandes necesidades de salud, educación y otras demandas sociales, ni siquiera como primeros pasos frente a problemas acumulados en décadas.
Es un presupuesto que confirma el continuismo del modelo económico que consiste en no tocar los intereses empresariales y continuar con la incapacidad del Estado frente a grandes problemas como la pandemia, el colapso de hospitales y colegios y hasta la atención de los damnificados de desastres como el reciente terremoto de Amazonas. No es de extrañar que ese presupuesto haya sido aprobado por amplio consenso de todas las bancadas del Congreso.
Mañas tradicionales
El gobierno ha perdido incluso la oportunidad de destacar como la negación de gobiernos tradicionales adoptando prácticas transparentes y dando un combate frontal contra la corrupción. Castillo no tiene vínculos con la corrupción de Odebrecht y los Cuellos blancos, como sí los tiene la mayoría de los partidos de derecha con participación en los gobiernos de las últimas décadas pero que hoy cínicamente se erigen como defensores de la moral pública; sin embargo, casos como el de Bruno Pacheco, investigado por tráfico de influencias, que guardaba miles de dólares en el baño de su oficina de Palacio de Gobierno, y las reuniones clandestinas del presidente con lobistas de contrataciones públicas, estallan en escándalos sobre los cuales hasta sus propios aliados exigen explicaciones, desmoralizan al pueblo que lo respalda y favorecen la ofensiva golpista.
En poco tiempo, el gobierno muestra signos evidentes de desgaste incluso en los sectores sociales y regionales que más lo respaldaron en el voto, y esa tendencia difícilmente podrá cambiar dado que el gobierno se ha privado a sí mismo de liderar las grandes transformaciones que el país reclama.
Sin embargo, nada de lo anterior justifica un proceso de destitución del presidente tal como lo sustentan diversos constitucionalistas. Se trata de una ofensiva golpista que los sectores más reaccionarios impulsan desde antes que Castillo asumiera el cargo, muy similar a la usurpación del gobierno que promovieron en noviembre 2020.
La ofensiva derechista y patronal
Los principales impulsores de la vacancia son sectores que han cosechado un amplio repudio popular por sus vínculos con la corrupción, así como por su desvergonzado desprecio a la voluntad popular expresada en las últimas elecciones y la servil defensa de los intereses de la gran empresa por encima de los intereses del país.
Los partidos que no aceptaron la derrota de Keyko Fujimori y quisieron ponerla a la fuerza, hoy impulsan una destitución como un camino para hacerse ilegítimamente del gobierno. Se trata de una ofensiva en varios frentes, incluida la calle. Ataques de pandillas de matones, derroche mediático y logístico en movilizaciones pagadas y hasta paralizaciones patronales como la del transporte para provocar un “caos de proporciones históricas” tal como dijo la congresista fujimorista Martha Moyano según un video propalado por los medios.
Las bandas de matones denominadas “La Resistencia”, “La Insurgencia”, “Los combatientes” y otras lacras del mismo tipo actúan impunemente a vista y paciencia de las autoridades del Estado, y el propio gobierno no toma ninguna acción permitiendo el avance de esta ofensiva reaccionaria.
En el marco de la ofensiva golpista la patronal se siente con carta libre para imponer cierres de fábrica, despidos, negar la solución a los pliegos de reclamos y hostilizar a las organizaciones sindicales. Es claro que no se trata solo de Castillo, con él quieren arrasar los intereses obreros y populares para hacerse de más privilegios.
Por tratarse de un asunto que se define en la cueva de bandidos que suele ser el Congreso, los golpistas podrían aprovechar las debilidades de Castillo y conseguir los votos para la vacancia, y no sabemos si Castillo sabrá o estará en condiciones de desconocer la vacancia, defender su gobierno e ilegalizar y cerrar el congreso por inconstitucional. En cualquier caso, es indispensable la movilización obrera y popular.
Banderas de lucha intactas
Enfrentar y derrotar la ofensiva reaccionaria es una necesidad impostergable para los trabajadores, la juventud y los sectores populares como parte de la lucha por un cambio revolucionario que el país necesita.
No hay ninguna justificación para postergar la movilización y en ese marco convocar asambleas de emergencia donde se debata y apruebe un plan de lucha nacional que ponga al centro la solución a las demandas, pero sobre todo que haga sentir el rechazo de la clase trabajadora y el pueblo a las fuerzas patronales y sirva para continuar la lucha por una verdadera transformación y una alternativa de poder obrera y popular.
