Perú | Castillo debe levantar ya los estados de emergencia
La exigencia de los comuneros y comuneras de Fuerabamba y Huacuire, de que el gobierno levante el Estado de Emergencia para retomar cualquier posibilidad de diálogo, debe ser apoyada sin reparos por el conjunto de la clase trabajadora y extendida a todos los estados de emergencia que ha declarado el gobierno (Lima y Callao, vías nacionales).
Por PST-Perú
¿La razón? no hay ninguna posibilidad de que el gobierno dé salidas a nuestras justas demandas, si al mismo tiempo suspende nuestros derechos fundamentales, y mantiene las escopetas cargadas y apuntando contra quienes nos movilizamos.
No por casualidad, el saldo de la represión contra la justa protesta popular, hasta el momento, es de 6 personas muertas.
¿Qué derechos nos faltan?
Desde principios de febrero, en Lima y Callao, las personas tienen suspendidos sus derechos al libre tránsito, a la libertad de reunión, a la inviolabilidad de su domicilio por parte de la policía, y a la libertad individual. Esto es, se puede detener a cualquier persona sin necesidad de mandato judicial.
Lo mismo sucede en todas las vías nacionales, desde principios de abril. Fecha en que las protestas de transportistas, campesinos, trabajadores y trabajadoras agrarias y el pueblo de diversas ciudades, salió a exigir medidas concretas contra el alza de los combustibles y el costo de vida. Alza que solo en Lima ha encarecido la canasta de consumo en poco más de 500 soles.
¿Por qué el gobierno recurre al Estado de Emergencia?
En estas condiciones, está claro que el gobierno busca amedrentar a la población para que no proteste, e imponer su “diálogo” sin soluciones, por la fuerza del temor.
Lo que sucede es que, como todo gobierno de un Estado al servicio de los intereses patronales, el gobierno tiene la necesidad de salvaguardar esos intereses a la fuerza, si no puede por el engaño.
Tal como dijo el interior, Alfonso Chávarry, declaró el 4 de abril, cuando se anunció el toque de queda en Lima y Callao, que la medida se dictaba, en el marco del Estado de emergencia en el que se encuentra la ciudad desde febrero, para proteger la propiedad pública y privada. Y luego el congresista Montoya, una de las cabezas de la ultraderecha en el parlamento, agregaba que lo hacían para evitar que “bajen de los cerros a saquear la ciudad”.
Es decir, el Estado de emergencia está al servicio de los ricos, sus propiedades e intereses.
Hay que echar abajo los estados de emergencia
La situación de luchas, falta de soluciones, y represión por parte del gobierno, pone en evidencia que Castillo y compañía actúan de igual forma que los gobiernos que le precedieron. El problema es, justamente, que este gobierno se vendió como un “gobierno de cambio”. Uno que daría soluciones, incluso radicales, a las demandas del pueblo pobre del país.
Los Estados de emergencia deben caer. Y si el gobierno no los levanta, hay que echarlos abajo por medio de la movilización unitaria de los trabajadores y el pueblo. Esto significará enfrentar la represión policial. Pero será solo derrotándola que podremos imponer condiciones para que se den salida a nuestras demandas.
Tenemos que apoyar con nuestra movilización la exigencia de los comuneros y comuneras de Fuerabamba y Huancuire. Hay que exigir el inmediato levantamiento del Estado de Emergencia en Lima y Callao. La lucha por la restitución plena de nuestros derechos fundamentales se mezcla, así, con la necesidad inmediata de que se dicten medidas de emergencia contra el alza del costo de vida, por la defensa del trabajo y soluciones para el pueblo del campo y la ciudad.
Cárcel y castigo ejemplar a los impulsores de los destrozos del 5 de abril
El 5 de abril, una nutrida marcha impulsada por los sectores que quieren la vacancia de Castillo, llegó al centro de la capital, en pleno toque de queda, y provocó un conjunto de destrozos.
La policía, entonces, si bien lanzó gases lacrimógenos, se mostró completamente incapaz de detener a la turba que, enardecida, quemó parte de la fiscalía y se enfrentó a la policía por horas.
A diferencia de cuando enfrentan al pueblo, la policía no tiene, hasta el día de hoy, detenidos, ni mucho menos gente encarcelada por haber convocado a esa movilización y haber provocado esa situación.
Y es que cuando la marcha es impulsada por sus intereses, la patronal protege a sus agentes y evita que la represión les caiga encima.
Es preciso exigir cárcel y sanción ejemplar contra las bandas de ultraderecha qyue lideran dichas movilizaciones, así como contra las personalidades y partidos que los abrigan bajo sus alas.
