Perú, a casi un año de gobierno de Castillo
¿Cómo debemos entender, los trabajadores, trabajadoras y el pueblo pobre, que el gobierno de Castillo sea incapaz de dar solución a nuestros problemas más urgentes?
Por Víctor Montes
A pocos meses de llegar al año de gobierno, Castillo no ha implementado ninguna de las promesas de campaña (nacionalizaciones, constituyente…).
Pero, además, se mostró absolutamente impotente para hacer frente a los problemas que han aparecido en el camino. No tomó ninguna medida importante contra Repsol por el derrame de petróleo en la Pampilla. Tampoco ha dado alguna salida efectiva al alza del costo de los combustibles y los alimentos. La laureada “segunda reforma agraria”, que debía otorgar mejores condiciones a los pequeños productores agrarios, hasta el momento es “plancha quemada”. Y las comunidades afectadas por la minería se encuentran cansadas de firmar actas tras actas en mesas de diálogo que al final quedan en nada…
¿La derecha “no lo deja gobernar”?
Para un grupo importante de compañeros y compañeras de la vanguardia obrera, la respuesta a esta situación es que la derecha no le ha permitido llevar adelante su proyecto. Es decir, no lo habría dejado gobernar.
Esta mirada, que se basa en el permanente acoso mediático que las organizaciones patronales, tanto gremios, como partidos y la propia prensa, realizan contra Castillo y su entorno, no se corresponde, sin embargo, al 100% con la realidad.
La prueba es que el mismo Congreso que ha interpuesto dos mociones de vacancia fallidas, y que le ha abierto un proceso de acusación constitucional, ha otorgado su confianza a los 3 gabinetes que le ha presentado Castillo, y lo que es más importante aún, ha aprobado su primer presupuesto general de la república con la inmensa mayoría de los votos (116 de 130).
Incluso, en diciembre de 2021, a puertas de la crisis que llevó a la salida de Mirtha Vásquez del premierato, el Congreso aprobó las facultades solicitadas por el gobierno para legislar en materia tributaria, fiscal, financiera, y de reactivación económica, aunque con limitaciones.
Castillo y sus aliados han renunciado a pelear
Es evidente que la patronal no se siente cómoda con Castillo y compañía. No solamente por su discurso de campaña o por los sectores sociales que lo llevaron a la presidencia, y que esa burguesía desprecia. A esto hay que añadir que la entrada al gobierno de Perú Libre y los partidos de izquierda que apoyan a Castillo (Partido Comunista, Nuevo Perú, Frente Amplio) ha significado un nuevo reparto del botín del Estado, por medio de los puestos y designaciones.
Pero todo esto era de esperar. El problema es que Castillo, Perú Libre y la “izquierda” que apoya al gobierno, en lugar de salir al paso de las posturas beligerantes de la patronal y sus partidos, apelando a la movilización de las bases obreras y populares que anhelan cambios reales, han decidido no enfrentar a esos sectores, y por el contrario, quieren negociar y “demostrar” sus cartas de “buena conducta”, pretendiendo con esto construir confianza con el empresariado.
Hicieron esto desde que declararon, en pleno 28 de julio, que se sometían a la Constitución de la dictadura, y que subordinaban a sus normas la posibilidad de una Asamblea Contituyente.
Es con esa lógica de sometimiento y negociación que Castillo ha enfrentado cada crisis, lo que finalmente le llevó a aceptar no tocar un pelo de los intereses patronales y defender el plan neoliberal, como forma de supervivencia política.
Esto mismo ha tenido que reconocer recientemente Verónika Mendoza, hasta hace poco aliada directa del gobierno, en sendas entrevistas a diversos medios. Según ella, la crisis del gobierno se basa en que Castillo “abandonó las promesas de cambio y demostró ineptitud, caos y permisividad con la corrupción”.
Ha sido esta actitud de conciliación con la patronal y sumisión a sus planes la que ha favorecido que sea ese sector, además racista y profundamente reaccionario, el que se fortalezca relativamente, realizando incluso acciones vandálicas en las calles (5 de abril).
En cambio, Castillo ha tomado el rumbo del enfrentamiento con los sectores sociales que le apoyaron y enfrentarlos, como ha hecho en Huancayo, Ica, Cusco, Las Bambas, etc. profundizando su debilidad.
No es posible hacer cambios de fondo sin romper con los patrones y sus partidos
Desde nuestra perspectiva, para aplicar su programa, Castillo debió hacer exactamente lo contrario: romper con la patronal y sus organizaciones políticas, apelar a la movilización obrera y popular, e imponer el programa de la nacionalización de las minas y el petróleo, y de la asamblea constituyente.
Dirán algunos compañeros y compañeras que eso le daría armas a la derecha para implementar un golpe de estado contra Castillo. No dudamos que la patronal, así como ha buscado vacarlo, hubiera recurrido a los cuarteles para intentar hacerse violentamente con el control del país, en una situación como esa.
Pero tampoco dudamos de que la clase obrera organizada, los cientos de miles de maestros y maestras de todo el país, los pobladores empobrecidos de la ciudad y campo, hubieran salido a defender dichas medidas contra cualquier intentona golpista. Y entonces, la lucha plantearía el problema de los problemas: quién tiene el poder para imponer uno u otro programa.
La clase obrera y el pueblo pobre no es responsable
Llegar a esta conclusión es clave para el futuro a corto, mediano y largo plazo de las luchas obreras y populares. Y es así, porque a nuestro entender, la responsabilidad por la incapacidad del gobierno es de los partidos que llevaron y acompañaron a Castillo al gobierno (Perú Libre, el PC, Nuevo Perú…) solo para terminar defendiendo el plan neoliberal, al tiempo que recibe el incesante desprecio y acoso de la patronal.
Los trabajadores y el pueblo que, con genuina esperanza votaron por Castillo y compañía, no son responsables de su incapacidad. Por el contrario, con su lucha, el pueblo pobre y trabajador demuestra que la solución a sus demandas solo puede venir de su acción directa y organizada. De su movilización permanente y consecuente. Sea contra un gobierno como el de PPK o Alan García, o contra la inacción de Castillo y compañía.
El problema del poder
Para quienes reivindicamos el marxismo, el problema de fondo es que no es posible gobernar para los intereses de la clase obrera y el pueblo pobre, mientras se mantenga en pie el aparato represivo que la burguesía (la clase social dueña de las fábricas, minas, bancos, grandes comercios…) creó para asegurar su control: el Estado.
El Estado es, desde nuestro entendimiento, un aparato violento, organizado y creado para mantener dominado al pueblo trabajador. En ese marco, las elecciones, el Congreso, y todas las instituciones que nos venden la idea de que tenemos la libertad de decidir nuestro futuro, son solo una farsa. Gane quien gane la elección, el uso de la fuerza, la represión, está siempre en manos de la burguesía por medio de la casta de oficiales de las fuerzas armadas y la policía, los medios de comunicación, las iglesias y demás mecanismo de dominación.
Por eso para nosotros, la única forma de echar abajo ese aparato, es la acción directa de las masas trabajadoras, que por medio de una revolución deben quebrar la estructura de esas instituciones, y para reemplazarlas por otras, distintas, nuevas, obreras, para ejercer su propio poder contra la burguesía y los sectores sociales que la apoyen. Sectores que representan a la ínfima minoría del país.
Como bien dijeron Marx y Engels, en el prefacio a la edición alemana del Manifiesto Comunista (1872), tras la experiencia de la Comuna de París, “la clase obrera no puede simplemente tomar posesión de la máquina estatal existente y ponerla en marcha para sus propios fines…”.
