Las Zonas De Desarrollo Especial (ZEDEs) amparadas en el decreto 120-2013 aprobada en el Congrego Nacional permiten vender la Soberanía (Territorio nacional en donde serán implementadas sin consulta previa a los residentes originarios de dichos lugares) a cambio de inversiones.

Por: Mariza Spirito

Las múltiples concesiones realizadas por el estado de Honduras a capitales privados nacionales y extranjeros representan 217,258.32 hectáreas (2,173 kilómetros cuadrados) que han sido concedidos, 137 concesiones mineras que se encuentran en territorio garífuna e indígena y 43% se encuentran en zonas boscosas.

Las leyes que permiten o aprueban la creación de las ZEDEs fueron creadas bajo la presidencia de Porfirio Lobo Sosa, pero con Juan Orlando Hernández (JOH) como presidente del Congreso Nacional, lo que ya demostraba su intención para perpetuarse en el poder y llevar a cabo el proyecto que permitiría la venta del territorio hondureño, que guiará a la población hacia la miseria. Así mismo esta fue la última acción realizada por JOH como presidente del Congreso Nacional. Esta gestión le permite a las ciudades modelos gozar de autonomía funcional administrativa; lo que significa que contarán con sus tribunales autónomos e independientes que les permiten ejercer la ley a su gusto y/o adoptar leyes extranjeras. Crear su propio presupuesto, recaudar y administrar sus tributos con la estrategia y tasa que mejor les parezca, claro está, el Estado no percibirá impuestos, ya que estos servirán para mejorar las condiciones de vida de los que habitan en las ciudades modelo, que por lógica sabemos serán extranjeros.

En 2012, seis magistrados de la sala de lo constitucional, denunciaron el proyecto y lo tildaron como un hecho corrupto y anticonstitucional, lo que les costó el puesto a cuatro de ellos en diciembre de ese mismo año.

Las ZEDEs, son fundamentalmente la continuidad del enclave bananero en su expresión más radical y adaptada al siglo XXI, pues en este caso tampoco se toma en cuenta la opinión de los pobladores para la construcción de dicho proyecto. Todo esto reduce las funciones del Estado hondureño creando un gran poder para las transnacionales que podrán evadir impuestos a sus anchas como ya lo hacen, pero ahora de una forma más descarada.

Justamente fue que hace unos cuantos meses, se inició el proceso de gestión para aprobar el primer proyecto, con una muy pobre gestión de consenso con los pobladores de la aldea de Crawfish Rocken donde el gerente de la empresa “Roatán Próspera” Erick Brimen declaró descaradamente que con este proyecto podían expropiar las tierras de los pobladores, lo que provocó un conflicto que amenaza el funcionamiento de la primera Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) en Roatán a cargo del Estudio Zaha Hadid. Acto que desnuda los planes macabros de los empresarios y el gobierno de este país.

 La narco-dictadura presenta dicho proyecto como iniciativa de prosperidad que generara empleo a la población hondureña, sin embargo, en el fondo es una forma de despojar a los pobladores de sus tierras y otorgarlas a los ricos para seguir incrementando sus ganancias a costa de la explotación de nuestras tierras. Y es que, bajo la lógica del capital, quitar las tierras y expulsar a sus habitantes para ponerlas al servicio de los empresarios es progreso, pero recuperar las tierras y ponerlas a disposición de las comunidades representa un delito grave, que se paga con cárcel o la vida. Consideramos necesario articular las luchas por la defensa de la tierra y el agua en un solo espacio para exigir el retiro inmediato de estos proyectos extractivistas, pero deben ir de la mano, con la exigencia de la salida inmediata de JOH.