No a la entrega y saqueo del petróleo Venezolano. Rechacemos los acuerdos Delcy – Trump en materia petrolera.

Por: Leonardo Arantes.

Unidad Socialista de los Trabajadores (UST).

Sección venezolana de la Liga Internacional de los Trabajadores – Cuarta Internacional (LITCI).

04/09/2026

En días recientes (28/08/2026) el ultraderechista Presidente norteamericano Donald Trump anunció haber suscrito un acuerdo con el gobierno dictatorial e ilegitimo de Delcy Rodríguez mediante el cual Estados Unidos tomará el control de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo venezolano. Lo que representa más del 20% de las reservas probadas de crudo del país (equivalentes a 300.000 millones de barriles) e implica la entrega a EE.UU. de 17 campos petroleros estratégicos (greenfields o campos verdes/nuevos) y 8 nuevos bloques en la Faja Petrolífera del Orinoco.

Estas negociaciones, lideradas por Marco Rubio y Pete Hegseth, Secretarios de Estado y de Guerra de EE.UU., respectivamente otorgarán a Washington, según las afirmaciones del mismo Donald Trump, el control ya descrito, por un lapso de cien años (veinticinco años renovables según Delcy Rodríguez), y estarían incorporando una enorme cantidad de petróleo a las reservas probadas estratégicas actuales de petróleo norteamericano (más que duplicándolas), ubicadas aproximadamente en 46 mil millones de barriles, su nivel más bajo desde 1983.

Empresas privadas participan activamente en el acuerdo.

El entreguista y colaboracionista gobierno venezolano, mediante contratos en los que la estatal petrolera PDVSA queda en minoría accionaria (45%), ha otorgado tales concesiones, a North American Blue Energy Partners (NABEP, 55%), una compañía petrolera privada que es la segunda mayor productora privada de petróleo venezolana (después de Chevron), propiedad de Alejandro Betancourt, corrupto boliburgués (bolichico, primo del opositor burgués Leopoldo López), ahora amparado por el gobierno norteamericano, y que es principal implicado en los fraudulentos negocios con las plantas termoeléctricas durante la crisis eléctrica en 2010, acusado además de blanqueo de capitales en Suiza y España.

NABEP por su parte, ha otorgado a la Oficina de Capital Estratégico del Departamento de Guerra de EE. UU., que opera desde el Pentágono, una participación del 35 % en su empresa matriz, lo que representa cientos de miles de millones de dólares en valor y dividendos para Estados Unidos.

Además de esto le otorga al Departamento de Estado norteamericano el derecho a comprar, al costo de producción, un 20 % garantizado de la extracción de todos los yacimientos actuales y futuros que NABEP operará, lo que garantiza un suministro estable de petróleo de bajo costo, para facilitar el reabastecimiento de la Reserva Estratégica de Petróleo norteamericana (SPR por sus siglas en inglés).

También ha otorgado al Departamento de Estado de EE. UU. el derecho de tanteo para adquirir el 80% restante de su producción, el derecho de veto sobre el nombramiento de cualquier miembro del consejo de administración, así como que la mayoría de los miembros del consejo de administración de NABEP sean ciudadanos estadounidenses, al igual que los auditores, abogados y asesores de la empresa. Por último, la firma ha de regirse por la legislación estadounidense y responderá a la jurisdicción de los tribunales de ese país.

Millones de barriles de la producción venezolana de petróleo serán procesados en refinerías estadounidenses y bombeados con plataformas e infraestructura estadounidense, sin costos para EE.U.U. Estimándose una producción de 11 mil millones de barriles en los primeros veinticinco años.

En este marco, durante el desarrollo de esta producción en los primeros 25 años, NABEP pagará aproximadamente 200 mil millones de dólares en regalías e impuestos, lo que equivale a unos 8 mil millones de $ al año, un ingreso fiscal relativamente bajo si se compara con ingresos fiscales que Venezuela ha obtenido en el pasado con niveles similares de producción. Siendo que además todos estos ingresos pasaran previamente por una cuenta supervisada por EE.UU., quien finalmente decidirá cuanto asigna a Venezuela.

Tales concesiones responden a la nueva ley de hidrocarburos de Venezuela, reformada recientemente en la Asamblea Nacional a instancias de los intereses de Estados Unidos, estableciendo la posibilidad de las empresas privadas, nacionales o foráneas, operar con petróleo venezolano, es decir, extraer, producir, distribuir y comercializar, sin la supervisión de PDVSA en representación del Estado venezolano, avanzando así en la privatización del sector petrolero del país.

Una operación de expolio y saqueo

En definitiva, se trata de una operación de expolio y saqueo de los recursos petroleros y de la soberanía nacional casi sin precedentes en la historia del país, habiendo que remontarse a la época de la dictadura de Juan Vicente Gómez para encontrar ejemplos de entreguismo similares.

Resultan bastante significativas las declaraciones de Donald Trump, publicadas en su cuenta en la red social Truth, donde califica el acuerdo como: “el mejor trato jamás hecho” y que se trata de “un regalo de Venezuela al pueblo de Estados Unidos”. Ilustrativas son también las declaraciones de Elliott Abrams, exrepresentante especial de Trump para Venezuela e Irán, afirmando: «Este es un trato terrible. [Rodríguez] ha entregado el 20% del patrimonio nacional a cambio de nada», «Creo que simplemente está cumpliendo con las exigencias de Washington». Además, agrega: “los términos son tan unilaterales que constituyen una especie de desenfreno sobre lo que significa el colonialismo».

Tales declaraciones, pero principalmente los términos y condiciones señalados anteriormente, dejan claro el carácter profundamente entreguista del acuerdo, suscrito con el total colaboracionismo del gobierno dictatorial de Delcy Rodríguez. Además, a esto hay que añadir, que, desde el inicio de la relación de tutelaje norteamericano sobre el país, en el periodo que abarca de enero a julio de 2026, se habrían facturado 15.900 millones de $ por concepto de exportaciones petroleras venezolanas, dinero que permanece retenido en cuentas y bajo la tutela de EE.UU. afirmando fuentes oficiales que, al país, durante ese periodo solo habrían ingresado 725 millones de dólares en regalías. Otras fuentes elevan a unos 5.600 millones de dólares lo recibido.

Pero más allá de las cifras, lo que queda en evidencia es la relación colonial impuesta por EE.UU. sobre Venezuela, con el colaboracionismo de Delcy Rodríguez, así como la magnitud del saqueo y la violación de la soberanía del país. Las consecuencias y el costo de este expolio y saqueo terminarán siendo pagadas por los trabajadores y el pueblo venezolano con más miseria y precariedad.

La situación de los trabajadores y las masas populares

Así, mientras la dictadura de Delcy Rodríguez y el imperialismo, suscriben acuerdos que incrementan el saqueo de los recursos petroleros y mineros del país. Los trabajadores y el pueblo humilde continúan soportando la aplicación de un ajuste capitalista brutal, que los mantiene devengando un salario mínimo miserable de menos de 0,16$ mensuales. Además de haber sido conculcados sus derechos contractuales, laborales y sindicales.

Los trabajadores y el pueblo humilde son víctimas de la carestía de los bienes y servicios básicos, con una inflación que para el cierre del mes de agosto del año en curso acumula 202%, mientras que la inflación interanual (agosto 2025 – agosto 2026) asciende a 641,35%. Los precios de los alimentos y servicios básicos como gas, agua, electricidad, gasolina, internet, entre otros aumenta todos los días conforme el bolívar se devalúa con respecto al dólar americano. Este último se ubica para la fecha en más de 807 bolívares.

Pero más allá del incremento de los precios de los servicios, lo peor es el deterioro de los mismos. En la actualidad el gobierno somete a la población a un plan de racionamiento eléctrico que deja a varias zonas de casi todas las ciudades del país sin electricidad por periodos de cinco, seis y hasta doce horas, en horarios diferenciados. El gobierno argumenta que este plan responde a una necesidad sobrevenida por el fenómeno natural denominado “Súper niño”, pero lo cierto es que esto se debe por un lado a años de desinversión y falta de mantenimiento en el sector y por otro a priorizar suministro de energía eléctrica para la extracción de crudo por parte de las transnacionales que operan en el sector petrolero del país.

De igual manera ciudades enteras padecen la falta de agua, siendo el suministro del vital líquido irregular en todo el país.

Por otro lado, el gremio patronal FEDECÁMARAS (principal gremio patronal del país), insiste en su propuesta de bonificación del salario, algo que por la vía de los hechos ya viene siendo aplicado por el gobierno y la empresa privada, así como en reformar la Ley Orgánica del Trabajo para eliminar la retroactividad de las prestaciones sociales y revisar conceptos como utilidades, aguinaldos y vacaciones. Alegan que la reforma de esta ley, sería la única vía posible para aumentar el salario mínimo y las pensiones. Un argumento que ya usaron a finales de los años 90’s del siglo pasado, cuando se robaron las prestaciones sociales de los trabajadores, eliminaron la retroactividad de las mismas y sin embargo los incrementos salariales nunca llegaron de manera considerable.

A todo esto, hay que sumar la continuidad de la represión contra los trabajadores y sectores de la población que se movilizan y defienden sus derechos. Pese a la realización de algunas excarcelaciones (que no son libertades plenas), de varios dirigentes políticos, muchos trabajadores permanecen detenidos y encarcelados, como es el caso de los 120 trabajadores de PDVSA que aún están presos.

El gobierno dictatorial tutelado defiende y justifica el acuerdo

Ante las críticas e indignación de diversos sectores de la población venezolana con el acuerdo suscrito, Delcy Rodríguez, principal representante de la dictadura ha salido a defender y justificar el mismo, pretendiendo presentarlo como una gran oportunidad para el país de recuperar su industria petrolera y su economía en general, debido a que, según sus argumentos, se atraerían inversiones por el orden de los 100.000 millones de $ y se generarían beneficios por encima de los 200.000 millones de $ en los primeros veinticinco años.

Además, esgrime Delcy Rodríguez para justificar el acuerdo con Estados Unidos que, no basta con tener las reservas petroleras más grandes del mundo, sino que también se necesita “inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva”; y esto lo proporcionaría EE.UU. en el marco del acuerdo.

Lo que no dice Delcy Rodríguez, es que estas supuestas inversiones (que aún están por verlas concretarse y por ver quién las paga), no vienen solas, sino que vendrán acompañadas de condiciones y planes de ajuste que descargaran los costos de las mismas sobre los hombros de los trabajadores venezolanos, petroleros y de otros sectores, que terminaran siendo sometidos a condiciones laborales y salariales durísimas.

Además, también traerán consigo exigencias normativas y reformas legales que profundizarán el proceso de privatización de la industria petrolera, el saqueo y la entrega de los recursos petroleros y minerales del país, la pérdida de la soberanía nacional y el cercenamiento de derechos salariales, laborales, legales, contractuales y sindicales. Tales como han sido la ya señalada reforma de la Ley de Hidrocarburos, la reforma de algunas leyes que rigen la materia minera y la pretendida reforma de la Ley Orgánica del Trabajo.

En cuanto a los beneficios que supuestamente generará el acuerdo, ya se ha señalado que, con niveles de producción similares, en épocas anteriores Venezuela ha tenido mayores ingresos fiscales en plazos de tiempo más cortos. En el caso específico de este acuerdo, el suministro o venta de petróleo a EE.UU., a precios por debajo de los del mercado (precio de costo de producción 3,2$ por barril aproximadamente), priva al país de una importante cantidad de ingresos.

Para agravar esto debe señalarse, que desde el inicio del tutelaje norteamericano (03/01/2026), el país no dispone del control directo de su renta petrolera, sino que esta es administrada y supervisada por EE.UU., en principio a través de cuentas en Qatar, pero que ahora se dice que serán trasladadas a New York.

Al respecto de la necesidad de tecnología, inversión y capacidad productiva, Delcy Rodríguez no señala que, fue el mismo régimen chavista que ella ahora encabeza quien dejo de invertir en tecnología, mantenimiento y destruyó la capacidad productiva del país. Aparte, no se trata de un argumento nuevo, el mismo ya se usó en los años 90’s para justificar la política privatizadora llevada adelante por Caldera, conocida como la “Apertura Petrolera”.

En realidad, este acuerdo lo que conlleva es a una situación donde además de avanzarse a pasos agigantados en la privatización de la industria petrolera venezolana, EE.UU. pasa a tomar el control directo de los ingresos, reservas, pozos y yacimientos de crudo del país, tanto en sus fases de explotación, extracción y producción, como en la distribución y comercialización. Lo que se traduce en un completo cercenamiento de la soberanía nacional.

Por último, es pertinente señalar que la oposición burguesa al gobierno, desde María Corina Machado hasta muchas otras expresiones de la misma, se ha limitado a cuestionar el acuerdo en base a argumentos jurídicos, como su inconstitucionalidad y la falta de legitimidad del gobierno que lo suscribe (elementos claramente ciertos), pero sin entrar de fondo a cuestionar sus implicaciones económicas y de pérdida de la soberanía. Algo que no es de extrañar, debido a que más allá de sus diferencias, se trata de un sector burgués tan entreguista y proimperialista como el que hoy ostenta el poder. Su disputa se circunscribe a quien encabeza la entrega, fungiendo como socio minoritario del imperialismo norteamericano en la misma, y en matices de cómo esta se llevaría a cabo.

La reafirmación de la Doctrina Monroe, la expulsión de rivales del hemisferio y la posible salida de Venezuela de la OPEP

Con la publicación en diciembre de 2025 del documento titulado: “Estrategia de Seguridad Nacional”, el gobierno de EE.UU. con Donald Trump a la cabeza, dejó clara sus pretensiones de recuperar y reafirmar su hegemonía en América Latina, subcontinente que históricamente ha considerado su patio trasero; retomando la conocida Doctrina Monroe: “América para los americanos” (donde los americanos son los gringos por supuesto), ahora aderezada con el llamado “Corolario Trump” (Doctrina Donroe), que amplía la visión colonialista hegemónica a todo el hemisferio occidental.

El acuerdo recientemente suscrito se enmarca dentro de esta estrategia colonialista hegemónica, pretendiendo arrebatar a rivales incomodos en el continente y el país, como es el caso de China y Rusia, el control y la operación de yacimientos petrolíferos, que estaban previamente controlados o eran operados por empresas rusas y chinas, que, igualmente han saqueado los recursos de Venezuela, sin hacer mayores inversiones en la infraestructura productiva del país.

Trump pretende tener el camino libre para continuar e incrementar este saqueo y expolio de manera segura, barata y duradera, purgando imperialismos rivales de nuestro entorno y garantizando que el dominio estadounidense en Latinoamérica y Venezuela nunca más sea cuestionado. El gobierno Trump pretende forjar cadenas de suministro seguras para abastecer las reservas petroleras estratégicas de EE.UU. imponiendo una estrategia neocolonial, que le asegure los recursos energéticos y el control económico, político, geopolítico y militar del continente y el hemisferio. Entre otras cosas, promoviendo además todo un conjunto de gobiernos ultraderechistas que le aseguren la aplicación de sus planes en los distintos países. La decepción de las masas populares y el movimiento obrero del continente con los gobiernos populistas, hasta ahora le ha venido facilitando la tarea.

De otro lado, una noticia publicada por la agencia Bloomberg (27/08/2026), afirma que Venezuela estaría evaluando detenidamente la posibilidad de abandonar la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo). Creemos que esta medida de adoptarse se haría a instancias de EE.UU. en el marco de la estrategia neocolonial hegemónica descrita anteriormente, en aras de facilitar los planes y priorizar los intereses de Washington, previendo evitar cualquier límite o política de recorte de producción que se choque con los mismos.

Tal como afirma Bloomberg: “…la idea de una salida ha sido tema de conversación con funcionarios estadounidenses, y aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva…”; pero de concretarse, sería un paso enorme en el cercenamiento de cualquier orientación mínimamente soberana en el manejo de nuestra política petrolera y hacia un rumbo completamente colonial y entreguista al imperialismo norteamericano.

Creemos que la visita a Caracas, el 02/09/2026, de Christopher Wright, Secretario de Energía de Estados Unidos y su reunión con Delcy Rodríguez, apunta en ese sentido, además de impulsar nuevos acuerdos, petroleros; firmando en Miraflores nuevos contratos para explotación y licencias de exploración para Chevron, Eni, Primavera y Aspect Energy. Avanzando en el curso privatizador y entreguista de la industria petrolera y sellando además convenios con General Electric, en vía a la privatización del sector eléctrico.

La reacción China

Pasados algunos días de la firma del acuerdo con el gobierno norteamericano, reaccionando a las versiones de prensa que señalan que el mismo desplazaría a las estatales petroleras Sinopec y CNPC, el gobierno chino, a través del portavoz del Ministerio de Exteriores, Guo Jiakun, emitió unas declaraciones, exigiendo se garanticen y respeten plenamente los derechos e intereses económicos chinos en Venezuela, argumentando que, “…la soberanía de los acuerdos previos se apoya en normativas legales y que la cooperación entre ambas naciones se rige bajo principios de igualdad y beneficio mutuo…”. Y aunque evitó confirmar de forma directa el traspaso de activos, reiteró que la diplomacia asiática vigila de cerca la situación geopolítica.

Resulta evidente que se trata de una disputa por el control de campos petroleros, donde obviamente China no quiere perder su tajada en el saqueo de los recursos del país. Hasta ahora esta disputa se ha limitado a las declaraciones, pero la evolución de la misma estará directamente asociada a los vaivenes y la evolución de la crisis del orden mundial y de las negociaciones que puedan darse en el reparto del saqueo de áreas de influencia.

Todo el rechazo al pacto petrolero Delcy – Trump

Desde la Unidad Socialista de los Trabajadores, expresamos nuestro más categórico rechazo y repudio al acuerdo petrolero suscrito entre el imperialismo norteamericano y el gobierno dictatorial tutelado de Delcy Rodríguez, siendo que se trata de un pacto draconiano que representa la entrega de la soberanía del país, permitiendo el más descarado robo y saqueo de más de una quinta parte de nuestras reservas petroleras por parte de la principal potencia imperialista del mundo. Afirmamos que ningún pacto con EE.UU. ni con ninguna otra potencia imperialista como China y Rusia, va a traer beneficios para los trabajadores y el pueblo venezolano, ni va a resolver los problemas del país.

Es por eso que llamamos a organizarnos y movilizarnos para derrotar dicho pacto, así como toda la política capitalista, antiobrera y antipopular del gobierno de Delcy Rodríguez, en alianza con el imperialismo norteamericano y la patronal privada del país, principalmente FEDECÁMARAS.

Consideramos que las organizaciones unitarias de la clase trabajadora existentes en el país deben colocar en su agenda de discusión la preparación de una acción de movilización unitaria tanto para exigir aumento de salario y pensiones al nivel de la canasta básica, enfrentar los ataques a los derechos laborales, contractuales y sindicales, enfrentar los ataques a las libertades democráticas, exigir la libertad de los presos políticos, como para derrotar el recién suscrito acuerdo petrolero.

Creemos que es necesario preparar una paralización nacional para derrotar este leonino acuerdo. Levantando además un programa que exija la nacionalización 100% de PDVSA, sin transnacionales ni empresas mixtas, sin pactos que se roben nuestras reservas petroleras, exigiendo el fin del tutelaje imperialista en el país y por ende el cese del control del EE.UU. sobre la producción, distribución y comercialización de nuestro petróleo y de los ingresos por concepto de su exportación, por el control directo de Venezuela de su renta petrolera, por una PDVSA bajo el control de los trabajadores.

Además, se debe exigir la derogación de la Ley de Hidrocarburos y demás leyes que entregan nuestra soberanía, el fin de los contratos entreguistas suscritos con las transnacionales, así como el fin de las sanciones imperialistas.  

El petróleo venezolano y los recursos provenientes de su exportación deben servir para garantizar salarios y pensiones iguales a la canasta básica, servicios de salud y educación públicos gratuitos y de calidad, inversión para recuperar la infraestructura eléctrica y demás servicios básicos, producción y adquisición de los alimentos, medicinas, bienes e insumos necesarias para la población, lo que ayudaría a combatir el flagelo de la inflación y la miseria.

En conclusión, es necesario unificar esfuerzos para enfrentar al imperialismo norteamericano (también a los imperialismos rivales) y sus planes para el país, el continente y el hemisferio; defender la soberanía nacional sobre el manejo de nuestros recursos petroleros, energéticos, minerales y naturales. Esta lucha debe estar enmarcada en una lucha global que incluya la derrota del genocidio israelí en Gaza contra la población palestina (avalado y apoyado por EE.UU.), la invasión a Irán, así como los planes intervencionistas norteamericanos en ese país y en medio oriente de conjunto, de la invasión rusa a Ucrania y de los planes expansionistas hegemónicos del imperialismo a nivel mundial.