El Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT) está levantando la candidatura independiente y revolucionaria de María Rivera, abogada coordinadora de la Defensa Popular y militante de nuestra organización. María es una de las caras femeninas de la Plaza Dignidad, abogada de la “primera línea”, defensora de presos políticos y fue una de las que interpuso una querella criminal contra Piñera por los delitos de lesa humanidad que cometió tras el 18 de octubre. Además, María no se queda atrás si se trata de denunciar las trampas de los partidos políticos de los mismos de siempre, incluidos el Frente Amplio y el PC.

Por MIT-Chile

Esta candidatura se encuentra dentro de la Lista del Pueblo, una lista que nace al calor de la revolución chilena, compuesta por muchos luchadores y luchadoras reconocidos de la plaza dignidad y de otros territorios. Es un espacio que le abrió sus puertas a los independientes de verdad con completa libertad programática para que difundieran sus ideas. Allí el MIT y nuestra candidatura defienden un programa de ruptura con el abuso empresarial, cambiando radicalmente este sistema.

Una trayectoria de lucha

María nació un 28 de enero de 1958, y con apenas 12 años inició su militancia política siendo activista por la candidatura de Salvador Allende de la Unidad Popular, quien por entonces era visto con expectativa por los activistas y la juventud con deseos revolucionarios. Unos años después, ya en 1972, se tornó activista secundaria del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER), ligado al MIR.

En 1980 fue capturada y detenida por la CNI (Central Nacional de Informaciones), el servicio de inteligencia del dictador Pinochet. María fue llevada al cuartel Borgoño, uno de los mayores centros de detención y tortura de la dictadura, del cual es sobreviviente.

En 1983 María es exiliada junto a sus hijos a Argentina, donde ingresa a las filas del MAS. Allí militó, entre otros lugares, en barrios obreros de Lanús, durante 7 años. Finalmente, en 1990, pudo regresar a Chile para incorporarse a las filas de la sección de la Liga Internacional de los Trabajadores, LIT-CI (MIT en Chile) donde continúa hasta hoy.

En el 2004 fue reconocida como sobreviviente de prisión política y torturas por la dictadura de Pinochet, en el marco del informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, más conocida como “Comisión Valech”. María, ya como activista por los DDHH, decide utilizar su beca por la reparación para estudiar Derecho. En el 2008 es fundadora de la Defensoría Popular (Hoy llamada Defensa Popular), organización de abogados que atiende sin costo a víctimas de la represión policial y estatal. En el 2010 se gradúa como abogada y se transforma en una de las principales figuras defensoras de presos políticos y víctimas de la represión hasta el día de hoy.

Actualmente María esta siendo perseguida por la oficialidad de carabineros por hacer un llamado a que la tropa dejase de reprimir a su pueblo y se una a el, en la pelea contra el gobierno de Piñera, contra su oficialidad corrupta y contra los empresarios que se aprovechan de nuestro pueblo. Hacemos un llamado a la completa solidaridad de la compañera y a informarse en el artículo referido a su persecución en este periódico.

¿Qué defiende su candidatura?

La futura convención constitucional no será totalmente democrática. No podremos cambiar el futuro del país si no logramos derrumbar las trabas que fueron impuestas a la Convención por el Acuerdo por la Paz (firmado desde la UDI hasta el Frente Amplio). Este acuerdo, que obliga cumplir un quorum de 2/3 para la aprobación de leyes, que no permite modificar ninguno de los TLC’s y que tampoco permite destituir al presidente está al servicio de las 10 familias que saquean el país asociadas a las trasnacionales y Bancos extranjeros.

Por eso, es que requerimos de medidas inmediatas que puedan ser tomadas por todas y todos quienes se hagan llamar del pueblo y participen en la Convención Constitucional.

1.      Libertad inmediata a todos los presos políticos

Es imposible tener un proceso democrático con presos/as y perseguidos/as políticos. Quienes actualmente se encuentran en prisión o perseguidos por la justicia, son quienes ejercieron el legítimo derecho a la protesta para mejorar las condiciones de vida de sus familias y del conjunto del pueblo. En ese marco, es un ataque del empresariado y los políticos a toda la población que sufre por la desigualdad provocada por este sistema capitalista y neoliberal.

Llamamos a que todos los constituyentes que se hagan llamar defensores del pueblo, exijan junto a nosotros una amnistía sin condiciones para todos los presos políticos chilenos y mapuche. No basta solo con un indulto que dejará a muchos luchadores en la calle que están siendo procesados, la constituyente debe posicionarse en pos de su libertad.

La población trabajadora y la juventud tienen el derecho a defenderse cuando son atacados por las fuerzas de Carabineros y el Ejercito. ¡Reivindicamos el derecho a la autodefensa!

2.      ¡Fuera Piñera y todos ellos!

No podemos aceptar un gobierno repudiado por más del 80% de la población según sus propias encuestas. Piñera no puede seguir gobernando siendo el responsable político de decenas de asesinatos, centenares de casos de tortura, mutilaciones y miles de perseguidos por la justicia empresarial.

Por ello, es que desde el primer día de la Convención vamos a exigir la destitución inmediata de Piñera, su gobierno y de todo el parlamento. La Convención Constitucional deberá asumir el gobierno de forma provisional y convocar nuevas elecciones, bajo condiciones democráticas que faciliten la postulación de independientes, dirigentes sociales y sindicales. En ese marco, defendemos que todos los candidatos tengan un tiempo justo de televisión y que se prohíba el financiamiento empresarial a las campañas.

También llamamos a todos los convencionales que se hacen llamar del pueblo a que nos posicionemos en un inicio en la convención constitucional para poner fin al quorum de los 2/3 y reemplazarlo por un quorum de mayoría simple para la aprobación de leyes.

3.      Renacionalización del cobre y expropiación de las AFP’s para garantizar pensiones dignas, salud y educación públicas

Para poder financiar todo lo que el pueblo exige, para que tengamos viviendas y pensiones dignas, salud y educación pública, para que podamos invertir en políticas de combate a la violencia contra las mujeres, necesitamos arrancar las fuentes de riqueza de nuestro país de la mano de las 10 familias más ricas de Chile y de las transnacionales (empresas extranjeras). Debemos utilizar todo el dinero de las grandes mineras privadas y AFPs para garantizar una vida digna a la clase trabajadora y a la juventud. Este tema será desarrollado en profundidad en las páginas 7 y 8.

El pueblo de Chile debe imponerse contra los políticos, empresarios y reformistas

Los grandes partidos financiados por los empresarios estarán representados en la Convención Constitucional y las familias más ricas del país, junto con los grupos económicos e inversionistas extranjeros, harán todo lo posible para no perder sus privilegios.

Por ello es que debemos imponer nuestras demandas a la futura Convención por la fuerza de la movilización y organización. No debemos confiar solamente en el “trabajo parlamentario” de los candidatos como llamarán a hacerlo el Frente Amplio y el Partido Comunista (aunque este último llame a “asediar la convención”), porque ya la juventud fue testigo como traicionaron al movimiento estudiantil a través de su llamado de confianza a la institucionalidad.

Debemos retomar la organización en las asambleas territoriales y demás espacios, recuperar los sindicatos y exigir a la burocracia sindical que organice asambleas para discutir la futura constitución y los cambios que necesitamos. Debemos encaminar a preparar una gran huelga general para imponer las demandas del pueblo trabajador a la convención constitucional, y así caminar para que sea la propia clase trabajadora que gobierne el país a través de un poder obrero y popular.