La idea de un impuesto sobre las grandes fortunas (IGF) es una de las grandes banderas de los sectores “progresistas”, como una medida de distribución de renta. Recientemente, gobiernos dichos “progresistas” como el de Alberto Fernández (Argentina) y Luis Arce (Bolivia) propusieron leyes para crear impuestos sobre grandes fortunas.

Por Bernardo Cerdeira

Argentina aprobó un impuesto sobre las grandes fortunas para financiar la lucha contra el coronavirus. La ley impone un alícuota de hasta 3,5% a fortunas declaradas equivalentes a más de R$ 13 millones (2,3 millones de dólares, aprox.), a ser cobrada una única vez.

En Bolivia, el presidente Luis Arce promulgó la Ley 1.357 que creó un impuesto para las 152 personas más ricas del país, que tengan un patrimonio superior a 30 millones de pesos bolivianos (algo más de 4 millones de dólares). Al contrario de Argentina, será un impuesto anual y permanente.

En el Brasil, tanto el PT como el PSOL defienden la aprobación de un impuesto sobre grandes fortunas, Además, el PSOL propone una serie de medidas: reducción de impuestos sobre consumo y aumento sobre patrimonio y renta; fin de la exención de impuestos sobre lucros y dividendos; aumento de la alícuota de impuesto sobre herencia para los súper ricos; y creación del Impuesto sobre Propiedades de Vehículos Automotores (IPVA) para aviones y embarcaciones de paseo.

Diputados del PT (Paulo Teixeira y otros) también presentaron proyecto en ese sentido en 2012, que fija un máximo de 1% de impuesto sobre el patrimonio que supere 75.000 veces el mismo límite mensual de exención. Ninguno de esos proyectos fue adelante en el Congreso.

Los impuestos en el capitalismo y el papel del Estado para la burguesía

Para analizar propuestas como la del impuesto sobre grandes fortunas es fundamental entender primero qué significan los impuestos en el capitalismo. Marx y Engels siempre afirmaron que los impuestos son parte de la plusvalía, o sea, del trabajo no retribuido al trabajador. Esto es, los impuestos tienen origen en la explotación de la clase trabajadora.

Engels, en una reseña de El Capital, explicó: “De ese trabajo no retribuido viven absolutamente todos los miembros ociosos de la sociedad. De él salen los impuestos y contribuciones que el Estado y el municipio reciben y que inciden sobre la clase capitalista, las rentas de los latifundistas, etc. Sobre él descansa todo el orden social existente”.

Para la burguesía, la utilización de esa parte de la plusvalía en forma de impuestos tiene un objetivo principal: mantener el aparato del Estado, principalmente los instrumentos de represión a los trabajadores y a los sectores populares. O sea, la policía, el ejército, el sistema carcelario, los jueces, promotores, los funcionarios, etc., sin los cuales sería imposible garantizar y defender la propiedad privada de los medios de producción y de las grandes fortunas.

Al mismo tiempo, la burguesía lucha para pagar menos impuestos o para apropiarse de parte de los fondos públicos por medio de diversos mecanismo legales, semilegales e ilegales, convirtiéndolos en un factor de acumulación de capital para los grandes grupos capitalistas. Veamos algunos ejemplos.

La burguesía fuerza al Estado a contraer una deuda pública que lo obliga a pagar intereses a los acreedores, o sea, grandes bancos y grandes “inversores”. Ese endeudamiento es acompañado de una política fiscalista, esto es, la política que prioriza pagar la deuda pública, haciendo un ajuste fiscal que quita dinero de la salud, de la educación, de la previsión y otros gastos sociales. En el Brasil, esa política es definida por la Ley de Responsabilidad Fiscal y la Ley de Techo de Gastos.

Por otro lado, varias leyes promueven beneficios fiscales que significan una transferencia de fondos públicos o exenciones fiscales para grupos enteros de capitalistas. Por ejemplo, la Ley Kandir, que prácticamente exime al agronegocio de pagar impuestos sobre su producción para exportación. O la exención del Impuesto sobre Productos Industrializados (IPI) para las terminales automotrices, la exención de impuestos sobre la remesa de lucros o, incuso, la desvinculación de pago, de diversos sectores, de la contribución patronal para la previsión.

Otra forma son los subsidios para empresas, que van desde los préstamos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) con intereses de “padre a hijo”, como fue con la JBS [cadena de frigoríficos] y muchas otras empresas, hasta los subsidios a las constructoras de casas populares, a las empresas que exportan, a las ensambladoras de vehículos, etcétera.

Las privatizaciones son una de las más importantes formas de transferencia de fondos públicos para los grandes capitalistas privados. Las estatales fueron construidas con enormes inversiones públicas y en su mayoría son extremadamente lucrativas, como la Petrobras, el Banco do Brasil, la Caixa Econômica Federal y otras. La privatización significa entregarlas a grupos capitalistas por una cuantía irrisoria para que las administren y retiren grandes lucros invirtiendo muy poco.

Otra forma, que a pesar de “legal” está en el límite de la ilegalidad, son los sectores capitalistas que dejan de recoger impuestos y otros productos para después adherir a las amnistías fiscales del tipo Programa de Regularización Fiscal (Refis) y otros semejantes. Eso sin hablar de la evasión impositiva pura y simple por medio de fraudes contables de empresas legalmente constituidas.

Por último, pero no menos importante, está la corrupción generalizada, ligada, por ejemplo, a los contratos con constructoras que ganan la “competencia” para las grandes obras. En niveles estadual y municipal están, además de las obras, los contratos de salud, transporte, merienda escolar, limpieza urbana y recolección de basura, todos privatizados y en general monopolizados.

Pero, por otro lado, el Estado también funciona como una gigantesca empresa de seguros para la burguesía. Vimos eso en grandes crisis económicas, cuando la quiebra de empresas puede llevar a una crisis del sistema y sus deudas son asumidas por el Estado o por empresas estatales. En el Brasil ya vimos ese filme varias veces con los bancos como Excel, Económico, Banco Par, etc.

Es evidente que todas esas formas, directas o indirectas, de apropiarse de fondos públicos concentran más capital en manos de los grandes grupos económicos que se benefician de esas maniobras. O sea, los capitalistas, además de pagar sus impuestos con parte de la plusvalía producida por los trabajadores, también se apropian de parte de los fondos públicos.

Los trabajadores, por su parte, son obligados, además de eso, a pagar Impuesto de Renta, Previsión Social e impuestos sobre el consumo embutidos en los precios. En resumen, el sistema tributario capitalista acentúa la concentración de capital, el empobrecimiento de los trabajadores y de los sectores populares y, consecuentemente, la desigualdad social.

Impuesto sobre grandes fortunas no resuelve la desigualdad social

Es fácil ver que un impuesto sobre grandes fortunas sería una gota de agua en este mar de pillaje de los fondos públicos, aún más con alícuotas tan insignificantes como el 1% sugerido. Además, la burguesía consigue burlar fácilmente ese tipo de impuesto con la fuga de capitales hacia los paraísos fiscales.

Incluso sin tributar las grandes fortunas, el Brasil ya es uno de los países campeones en la “fuga de millonarios” en el mundo. De acuerdo con el relevamiento hecho por el banco AfrAsia en asociación con la organización New World Wealth, el país es el séptimo con la mayor salida de patrimonio entre los que tienen más de U$S 1 millón.

Incluso si un aumento del control de evasión de divisas dificultase la fuga de capitales, la burguesía tiene otros medios para compensar la elevación de sus impuestos. Puede repasar el costo para los precios de los productos o aumentar la explotación de los trabajadores.

El problema de fondo es que intentar basar una política de distribución de renta a través de un aumento de impuestos, como quieren los “progresistas”, no ataca el problema central que lleva a la desigualdad social en el sistema capitalista. Además, los aumentos de impuestos, tarde o temprano, acaban recayendo sobre la clase trabajadora.

Para atacar verdaderamente la desigualdad social, es preciso tomar medidas radicales en relación con la producción, que es donde la burguesía se apropia del trabajo no pago a los obreros. Medidas que ataquen la propia estructura de la sociedad capitalista.

Por eso, el PSTU, en su programa, levanta la necesidad de la expropiación de los grandes grupos nacionales y extranjeros –industria, comercio y servicios–, la expropiación de los bancos y la centralización de todo el sistema financiero en un único banco nacional.

Junto con esas medidas de fondo, deberían ser tomadas otras, como la suspensión del pago de la deuda pública, el fin de las privatizaciones, la reestatización de las empresas privatizadas, el fin de los subsidios y exenciones fiscales, etc.

En relación con los impuestos, en un sistema socialista, todos serían abolidos. Los fondos públicos comunes serían administrados por medio de una planificación democrática para el beneficio de toda la sociedad. No obstante, habría sin duda un período de transición hasta la abolición de todos los impuestos.

Por eso, en el marco de esas medidas de fondo que enumeramos antes, debemos incluir la abolición de los impuestos sobre los artículos de consumo, el cobro de impuestos directos para cubrir los servicios comunes (iluminación pública, mantenimiento de vías, recolección de basura, etc.) y la implantación de un fuerte impuesto progresivo que incida sobre altos salarios.

Con esas medidas estaríamos plantando las bases para una disminución sustancial de la desigualdad social. Es evidente ese programa solo podrá ser aplicado por un gobierno socialista de los trabajadores basado en la movilización popular y en consejos populares electos democráticamente.

Artículo publicado en www.pstu.org.br, 7/4/2021.

Lea también:

“Progresismo, reformismo y socialismo” y “Las ilusiones sobre la distribución de renta” en este mismo sitio.

Traducción: Natalia Estrada.