Vie Mar 29, 2024
29 marzo, 2024

Llamamiento | Campaña Internacional de solidaridad con el pueblo colombiano

Las organizaciones abajo firmantes queremos manifestar nuestro incondicional apoyo a la lucha que vienen librando los trabajadores y jóvenes colombianos contra el gobierno asesino de Iván Duque.

Es inaceptable que, a la justa protesta contra medidas antipopulares, iniciada el 28 de abril de 2021, conocida como Paro nacional, se le haya dado tratamiento de guerra, desplegando en palabras del propio Duque, la mayor capacidad operativa de las fuerzas armadas. El resultado de esta política es  el trágico saldo de más de 3.400 personas víctimas de violencia policial, más de 1.500 detenciones arbitrarias, al menos 47 mutilaciones de al menos un ojo, 27 personas casos de violencia sexual, y el asesinato más de 75 personas a manos de la fuerza pública, actualmente permanecen desaparecidas 89 personas detenidas por organismos de seguridad del Estado, muchas de las  reportadas desaparecidas hoy aparecen, vivos pero torturados, o muertos en ríos o en fosas comunes con señales de tortura e incluso hay casos aberrantes de descuartizamientos que pretenden ser aleccionadores.

Varios de estos crímenes se han cometido, luego de que el Comité Nacional de Paro anunciara su decisión de suspender las acciones de movilización, sin haber logrado firmar ni siquiera un protocolo de garantías para la protesta social y la defensa de los Derechos Humanos. Esta decisión, dejó en mayor vulnerabilidad a quienes continúan luchando. La suspensión de las movilizaciones centralizadas alentó al Gobierno a adelantar una ola de represión y muerte, que incluye el levantamiento a sangre y fuego de los bloqueos que persisten, pero también la persecución de los luchadores por fuera de acciones de movilización siendo detenidos en sus casas, o cuando deambulan por la ciudad, con fines de judicialización, desaparición y asesinato. Esta política está sustentada en un nuevo decreto, a todas luces violatorio de la propia constitución nacional y de las obligaciones internacionales del estado colombiano en materia de DDHH en el cual se convierte en ilegal cualquier tipo de corte de calle o carretera, prohibiendo en la práctica la protesta social.

Todos estos atropellos se producen por un gobierno que se dice ser democrático, pero que en nada se diferencia de los crímenes cometidos por las peores dictaduras y más cuando los supuestos organismos de control del estado como la fiscalía, la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo están en manos de funcionarios afines al Centro Democrático el partido de gobierno, por lo que terminarán siendo investigaciones hechas por los mismos agresores, que posiblemente serán archivadas, aun cuando se ha demostrado en innumerables videos que los paramilitares o escuadrones de la muerte actúan en Colombia protegidos por estos organismos de seguridad estatal, civiles -paramilitares- se observan disparando junto a los policías uniformados en más de un video. Igualmente, es importante recordar que el terrorismo de Estado y el paramilitarismo en Colombia no son nuevos, y por el contrario históricamente han sido parte integral del régimen político autoritario semidictatorial disfrazado de democracia.

Por eso hacemos un llamado a:

  1. Exigir ruptura de relaciones diplomáticas con el gobierno asesino de Iván Duque
  2. Exigir castigo a los altos funcionarios del estado que dieron la orden de masacrar al pueblo como el propio presidente, su ministro de Defensa Molano y la alta cúpula militar y de policía.
  3. Exigir el desmonte del ESMAD, cuerpo policial especializado en represión y culpable de gran parte de los crímenes acá denunciados.
  4. Llamar a la comunidad internacional a boicotear los productos producidos por las empresas y organizaciones empresariales colombianas y extranjeras que han auspiciado esta masacre como Grupo Éxito, CocaCola, Fedegán, Grupo Santodomingo-Valorem (Cinecolombia, Caracol y RCN televisión).

Pero además llamamos a que el día 28 del mes de julio se desarrollen actividades a nivel mundial condenando al gobierno asesino de Iván Duque, ante embajadas, consulados u oficinas del gobierno colombiano.

 

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