El Ejército egipcio, que controla el gobierno y sostiene un régimen dictatorial en ese país, intenta dar pasos en el sentido de aplacar el poderoso proceso revolucionario abierto en 2011.
El 24 de noviembre, el presidente Adly Mansur, una marioneta del general Al Sisi, aprobó una draconiana ley que limita severamente el derecho de manifestación, otorgando al Ministerio del Interior la potestad de prohibir cualquier concentración en espacios públicos de más de 10 personas que las autoridades consideren una “amenaza al orden público”.
Según la nueva legislación, es obligatorio notificar a la policía con una antelación de tres a quince días cualquier convocatoria de protesta, además de incluir en ella los lugares por los que pasará la marcha, su fecha y sus demandas, así como los datos personales y de contacto de quienes organicen el acto. Prohíbe también el uso de máscaras en las protestas, su celebración en los lugares de culto y establece elevadas multas e incluso penas de prisión para aquellos que violen la ley. Además autoriza a la policía el uso de armas de fuego para dispersar las manifestaciones.
La principal justificación del gobierno es la necesidad de contener las manifestaciones promovidas por la Hermandad Musulmana (HM), pero el conjunto de los activistas que luchan por un “tercer campo” contra el régimen militar y contra la HM, saben que la represión está dirigida contra el conjunto del movimiento popular: “Hemos condenado la ley de forma inequívoca. Es muy restrictiva con las libertades, y supone un retroceso respecto a los derechos por los que luchamos durante la revolución”, declaró Ahmed Maher, uno de los fundadores y líderes del Movimiento Revolucionario 6 de Abril.
Sin embargo, para la dictadura militar no está siendo sencillo amilanar al movimiento popular egipcio. Decenas de manifestaciones por día son convocadas desafiando la nueva restricción del gobierno. En efecto, a menos de un mes de su aprobación, las fuerzas represivas de la dictadura han utilizado esta norma para reprimir una serie de protestas y arrestar a varios activistas.
Muchas de esas concentraciones fueron organizadas por miembros de la Hermandad, que continúa reivindicando el retorno al poder de Morsi. Esto se ve, por ejemplo, los frecuentes enfrentamientos que se dan en las universidades de Assiut y Al Azhar, donde la policía entra, arresta y ya asesinó a varios estudiantes.
Pero las autoridades están usando la nueva ley anti protestas en contra de los activistas “laicos” que se definen por el “tercer campo”, sobre de aquellas organizaciones que componen el Frente Camino Revolucionario, como es el Movimiento 6 de abril.
Dos días después de promulgada la ley anti protestas, una serie de organizaciones convocó a una manifestación contra los juicios militares a los civiles, la cual fue realizada frente al parlamento. La policía reprimió brutalmente la protesta. Más de 50 activistas fueron presos, entre ellas Mona Seif, una conocida activista de la revolución de 2011.
Por motivo de esa manifestación, que fue declarada “ilegal”, el 29 de noviembre fue arrestado Alaa Abdel Fatah, otro importante activista identificado desde el principio con la juventud revolucionaria. La acusación: “incitar a la violencia”. La policía del régimen invadió su domicilio, confiscó documentos y teléfonos móviles, además de golpearlo a él y a su esposa Manal. Abdelfattá, en su página de facebook, se declaró orgulloso por “el honor de asumir la responsabilidad en el hecho que la gente desafío el retorno del Estado de Mubarak a través de esta legislación”.
La orden de arresto emitida por el gobierno, por haber “violado la ley sobre las manifestaciones”, incluía también a Ahmed Maher, dirigente del Movimiento 6 de Abril. En la misma semana arrestaron Ahmed Duma, otro conocido bloguero identificado con la juventud “laica”. Fue emitida, también otra orden de arresto contra Mohamed Adel, también activista del Movimiento 6 de abril, aunque la policía no encontraba su paradero.
Finalmente lo arrestaron el 19 de diciembre. Para ello, fuerzas policiales invadieron el Centro Egipcio por los Derechos Económicos y Políticos (ECESR, por su sigla en inglés), donde destruyeron y robaron computadoras y otros materiales, además de arrestar a cinco activistas, entre ellos a Mohamed Adel.
El ECESR fue fundado por el abogado de derechos humanos y ex-candidato presidencial Khaled Ali y cumple hace años una importante tarea de divulgación de las luchas sociales, de las huelgas obreras en especial y de denuncia contra los atropellos de las autoridades militares.
Inmediatamente, varias organizaciones de DDHH denunciaron la invasión al ECESR, así como las detenciones arbitrarias. “El Centro Egipcio fue invadido y sus funcionarios fueron presos, mientras trabajaban en una película sobre la huelga de los trabajadores del hierro y el acero, que debería ser presentado en una conferencia sobre huelgas obreras”, dice la declaración emitida. “Lo que está sucediendo es un claro escenario para reprimir cualquier voz que conteste las practicas violentas del Ministerio del interior y de la Agencia de Seguridad Nacional”1, sentencian.
Esta ola de ataques a los activistas laicos y pertenecientes a organizaciones que hacen parte del Frente Revolucionario tiene que ver con que el “tercer campo” ha comenzado a hacerse presente y a ganar destaque2, sobre todo después de las movilizaciones del segundo aniversario de la masacre de la calle Mohamed Mahmoud3, donde por primera vez desde julio se vio en las calles una alternativa “contra los militares y la Hermandad”.
Se enmarca, sin embargo, en una ofensiva represiva general, con centenas de presos y torturados, donde se cuentan casos deleznables y absurdos, como el arresto y la pena a 11 años de cárcel a 21 adolescentes, siete de ellas menores de edad, simpatizantes de Morsi. Estas niñas, declaradas por los esbirros de Al Sisi como “peligrosas terroristas” habían cometido el “crimen” de parar el tránsito y soltar globos. La indignación internacional sobre este hecho, hizo que un tribunal de apelación rebajara la pena a un año para las 14 mayores de edad y absolviera a las siete menores. Pero queda patente el grado de delirio y sed represoras del Ejército egipcio.
El día 21 de diciembre, Maher, Adel e Douma acaban de ser sentenciados a 3 años en la cárcel, en cuanto Ahmed Shafiq el ex-primer ministro de Mubarak fue liberado de las acusaciones por sus crímenes durante el gobierno Mubarak
Es necesario enfrentar estas medidas represivas, contestar la autoridad del gobierno títere de los militares en las calles y exigir la derogación inmediata de la ley anti protestas y de toda la legislación que atenta contra los derechos democráticos conquistados desde la caída de Mubarak. El movimiento popular debe exigir también la inmediata liberación y el fin de los procesos judiciales contra los dirigentes del Movimiento 6 de abril y de todos los activistas que luchan contra la dictadura.
¡Abajo el régimen militar!
¡Abajo la ley anti protestas y toda la legislación represiva!
¡Libertad inmediata a los dirigentes del 6 de abril y todos aquellos que enfrentan a la dictadura
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[1] http://www.egyptindependent.com/news/10-ngos-denounce-raiding-rights-organization
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[1] http://www.egyptindependent.
[2] Ver http://litci.org/inicio/
