La pobreza en el país y la limosna de Costa
Sin política para erradicar la pobreza, el gobierno de António Costa se limita a medidas puntuales e inocuas, cuando no reduce a una mala fila el valor de los salarios y las pensiones. Al mismo tiempo, salvaguarda las superganancias de la banca y de las grandes empresas como Galp, EDP, Sonae o Jerónimo Martins, o concede bonos millonarios a sus colaboradores, como demostró el reciente escándalo TAP/Alexandra Reis.
Por: Em Luta, Portugal
La Navidad de 2022 fue más pobre en Portugal. Para los trabajadores, por supuesto. Si bien la inflación se ha mantenido entre 9% y 10% desde junio pasado, los salarios nominales no han crecido más de 4%. Por ello, se estima que la pérdida de su poder adquisitivo fue de un 5% en promedio en el último año. No sorprende, por tanto, que el número de trabajadores pobres en el país aumente, aunque no estén desempleados. No se espera que el escenario para 2023 sea muy diferente. Un decreto-ley promulgado por el Gobierno establece un aumento fijo del salario de los empleados públicos de 52 euros en enero para los que ganen hasta 2.600 euros y de solo 2% para los que superen esa cifra. En el sector privado, el acuerdo de ingresos firmado por sindicatos y patronal prevé un reajuste de solo 5,1%.
En cuanto a los pensionados, perdieron poder adquisitivo en 2022 y se verán aún más afectados a partir de 2023, debido a la verdadera trampa urdida por el gobierno del PS para reducir drásticamente sus pensiones. A cambio de un aumento equivalente al monto de la media pensión pagada por una sola vez, en octubre de 2022, el gobierno suspendió la ley de actualización de pensiones de acuerdo con la inflación. Esto significa que en lugar de incrementarse en 8,42% ahora en enero de 2023, porcentaje correspondiente a la inflación estimada por el gobierno, las pensiones tendrán un reajuste mucho menor, entre 3,89% y 4,83%.
Según calcula el diario Público, los pensionistas que ganen 600 euros al mes tendrán un incremento en el importe de su pensión de tan solo 28,98 euros, en lugar de los 50,52 euros a los que tendrían derecho si se aplicara la ley. Lo peor es que la base de cálculo para los aumentos de los años siguientes será este valor rebajado. Criticado por las asociaciones de jubilados [pensionados], el gobierno niega cínicamente el evidente recorte en las pensiones.
Triste 8.° lugar
Según el cálculo de Defensa del Consumidor (DECO), una cesta de alimentos de primera necesidad, que rondaba los 185 euros en febrero del año 2022, aumentó a 218 euros en diciembre. Esto significa que la inflación penaliza principalmente a los más pobres. Para ellos, inflación significa no tener comida en la mesa.
Por otro lado, los altos alquileres y el aumento de las tasas de interés han convertido la vivienda en un artículo cada vez más prohibitivo para una gran parte de la población. Hoy hay más de 49.000 familias en la Gran Lisboa viviendo en condiciones consideradas indignas, mientras que en el país 9.000 personas se encuentran sin hogar.
No es casualidad que Portugal ocupe el 8.° lugar en la lista de países europeos con mayor riesgo de pobreza y exclusión social. En esta situación, según Eurostat, el Gabinete de Estadísticas de la Unión Europea, hay 2,3 millones de portugueses, lo que equivale a 22,4% de la población. Se considera que quienes viven con menos de 554 euros netos por mes están en riesgo de pobreza, lo que torna prácticamente imposible garantizar una comida de carne o pescado con regularidad o mantener la casa calefaccionada.
La pobreza tiene rostro
La mayoría de los pobres o en riesgo de pobreza en Portugal son mujeres, ancianos e inmigrantes, más específicamente los denominados por la jerga de los burócratas europeos como extranjeros extracomunitarios. Son marroquíes, timorenses, nepalíes, indios, paquistaníes, senegaleses, guineanos y de varios otros países del África subsahariana. Muchos de los que vienen a Portugal con la esperanza de mejorar sus vidas solo encuentran explotación y hambre.
Este es el caso de los inmigrantes que trabajan en la campaña de la aceituna en Alentejo. Cuando ya no hay más trabajo, se quedan sin protección, durmiendo a la intemperie y sin dinero siquiera para comer, totalmente dependientes de la caridad de instituciones no gubernamentales, como Cáritas y otras. Mientras los partidos de extrema derecha, racistas y xenófobos, como Chega, los acusan de ser unos vagos que se aprovechan de los subsidios del Estado, la realidad es bien distinta. El Observatorio de las Migraciones constató que los inmigrantes en Portugal aportan mucho más de lo que reciben de las arcas del Estado. En 2021, el saldo entre contribuciones efectuadas y prestaciones sociales recibidas alcanzó los 968 millones de euros.
Las limosnas de Costa
En lugar de aumentar los salarios y las pensiones de acuerdo con la inflación; de terminar con la precariedad y la explotación de los inmigrantes, legalizando a todos los que viven y trabajan en el país; en lugar de congelar el valor de los alquileres y aumentar la oferta de inmuebles a precios adecuados a la realidad portuguesa, el gobierno se entretiene dando limosnas que no hacen más que perpetuar la situación de penuria.
Ejemplo de ello son los 70 euros, en complemento al bono familiar, que se entregan a cada niño en situación de extrema pobreza, en un total de 150.000, o el apoyo extraordinario de 125 euros concedido, por una única vez, a trabajadores y beneficiarios de prestaciones sociales, y el más reciente cheque de 240€ a los más pobres, supuestamente para minimizar el impacto de la subida de los precios.
La inflación en 2022 sumó 8,1%, pero el salario mínimo se reajustó apenas 7,8%. Su valor subió de 705 a 760 euros. Es con este dinero que 25% de los asalariados en Portugal tendrán que sobrevivir y pagar sus gastos de comida, vivienda, transporte y ropa. Es con estos magros ingresos con los que tendrán que afrontar un año en el que, según las propias previsiones del Banco de Portugal, el crecimiento económico bajará de 6,8% a 1,5%, en el que la recesión es una perspectiva realista y la inflación continuará.
Al mismo tiempo en que se niega a aumentar los salarios de los empleados públicos y el salario mínimo de acuerdo con la inflación, o a congelar los precios de los alquileres y de los bienes esenciales, el gobierno del PS se niega incluso a tasar las ganancias extraordinarias de las empresas. Hasta el momento, ha acordado gravar únicamente la porción de utilidades de las empresas petrolíferas y de distribución de alimentos que supere el 20%. Deja afuera, por lo tanto, la mayor parte de estos lucros y a las empresas del sector eléctrico, la banca y las aseguradoras.
¿Para quién gobierna el PS?
La verdad es que el gobierno de Costa atiende los intereses del gran capital y de sus auxiliares, en el gobierno y fuera de él. Su obsesión por reducir la deuda pública, en línea con el cronograma de la troika, y mantener las cuentas en orden, es decir, obedecer la receta de la Comisión Europea, no incluye los beneficios otorgados a sus colaboradores, como los 500.000 euros entregados a Alexandra Reis, o los lucros de las grandes empresas.
Los que están pagando la cuenta de la crisis son, como siempre, los trabajadores. Cambiar esto solo puede ser una tarea de los propios trabajadores, en la lucha, y no en negociaciones y “geringonças” en las que siempre salen perdiendo.
Artículo publicado en https://emlta.net, 20/1/2023.-
Traducción: Natalia Estrada.
