Por Jeferson Choma
La capital São Paulo y gran parte de las ciudades del país están amaneciendo bajo un manto de humo. A principios de la semana, la capital de São Paulo se convirtió en la metrópoli más contaminada del mundo. Pero heredó este título de las ciudades de la Amazonía occidental, que el mes pasado fue la región más contaminada del mundo. En São Paulo, el humo de los incendios en la Amazonía, del Pantanal y de partes del Cerrado se mezcla con las partículas de polvo liberadas por las ininterrumpidas obras de construcción, alimentadas por una monstruosa especulación inmobiliaria, y con el humo que sale de los caños de escape de los más de 6,2 millones de automóviles que componen el parque automotor de la ciudad.
Parece una escena de Mad Max o de Blade Runner. Pero estas son las consecuencias de los enormes incendios que están arrasando prácticamente todo el país. Del 1 de enero al 11 de setiembre, Brasil registró 172.815 focos de incendios, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (Inpe). De ellos, 86.195 se ubican en la Amazonía y 56.363 en el Cerrado. El país vive su mayor sequía desde 1950, como consecuencia de fenómenos climáticos extremos provocados por el calentamiento global. El año pasado fue el más caluroso de los últimos 125.000 años, pero 2024 tiene todo para superar esa marca. La catástrofe de las lluvias en Rio Grande do Sul, en mayo, y la actual ola de calor y sequía son signos de la “nueva normalidad” climática del país. Está sucediendo tan rápido que sorprende incluso a una de las mayores autoridades climáticas del país. “Estoy aterrorizado. Nadie preveía esto; es muy rápido”, dijo Carlos Nobre en entrevista al Estado de S. Paulo (12/09), sobre la espantosa dinámica de los fenómenos climáticos extremos observados en Brasil y en el mundo y causados por el calentamiento.
¿Quién es el responsable de esta situación? No es toda la humanidad, sino una pequeña parte de ella formada por grandes empresarios y terratenientes capitalistas. La temperatura media global de la Tierra ha aumentado debido al consumo voraz de combustibles fósiles que corren por las venas de la acumulación del capital y han liberado continuamente toneladas de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera. Pero, si en los países imperialistas los grandes villanos son la industria y el transporte, por aquí, en el capitalismo periférico brasileño, los mayores emisores de GEI son la agropecuaria y la deforestación. Juntas, liberan más de 75% de las emisiones nacionales y cuestionan el actual modelo agrícola fomentado por el Estado capitalista.
Carretera, fuego y destrucción
Nueve ciudades de la Amazonía lideran el ranking de los diez municipios que registraron los mayores incendios desde el inicio del año, como São Félix do Xingu (PA), ciudad con el mayor rebaño de ganado del país; Altamira (PA), Apuí (AM), Itaituba (PA) y Labreá (AM), todas atravesadas por la carretera Transamazónica; y Novo Progresso (PA), a orillas de la carretera BR-163, donde se expande la soja cultivada desde el norte del Mato Grosso.
Hay una ley de hierro en la Amazonía: donde hay carretera también hay deforestación e incendios. Después de todo, estas fueron construidas por la dictadura para promover el avance del capital nacional y extranjero hacia los recursos minerales y para ocupar la región con la agropecuaria. No es casualidad que Chico Mendes, líder del movimiento sertingueiro [del caucho], se hiciera mundialmente famoso cuando logró que el Banco Mundial dejara de financiar la BR-364. Este fue uno de los principales episodios que llevó a los grandes estancieros a firmar su sentencia de muerte. Su martirio ayudó a preservar el Amazonas. ¿Pero hasta cuándo?
Las imágenes de satélite son la mayor prueba de que las quemas en estas regiones indican la apertura de nuevas fronteras agrícolas para el modelo agrícola capitalista llamado agronegocio. Son grandes terratenientes y especuladores que se apropian de las tierras públicas (terrenos baldíos) en las márgenes de la BR-163 y de la Transamazónica. O incluso, preparan la invasión a los Parques Nacionales o a las Tierras Indígenas. Y tienen aliados poderosos.
Un proyecto que nos llevará al colapso ambiental
Es el Estado brasileño (y todos los gobiernos de turno) el que financia la destrucción ambiental provocada por el agronegocio. Desde el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (PSDB), el sector recibe generosos créditos públicos, que financian su expansión y crecimiento. En la época, el gobierno encaraba este financiamiento como una “solución” al déficit de la balanza comercial del país, y una forma de seguir atrayendo dólares para pagar intereses y amortizaciones de la deuda pública.
En los primeros mandatos de Lula (PT), el sector recibió aún más premios. Además de aumentar el financiamiento público para el sector, el gobierno también estimuló el crecimiento del agro como una forma de proyectar internacionalmente a las empresas brasileñas más exitosas (las “campeonas nacionales”), muchas de ellas vinculadas a la agroindustria. Los gobiernos del PT buscaban, así, crear una supuesta “burguesía nacional” para impulsar la reindustrialización del país. Pero el resultado fue muy diferente. El país continuó en el camino de convertirse un mero exportador de productos agropecuarios y de baja tecnología a costa de la desindustrialización de otros sectores de la economía. Su único papel fue profundizar la dependencia de Brasil del capital monopolista internacional.
La farsa del pasado se repite en tragedia cuando el gobierno anuncia más de 400.000 millones de reales para los grandes del agronegocio, a través del Plan Safra. Y sólo 70.000 millones de reales para la agricultura familiar campesina, que realmente produce alimentos para la población. Es esta montaña de dinero la que financia la expansión del agronegocio sobre las cenizas de la Amazonía, el Cerrado y el Pantanal.
Como si fuera poco, el gobierno también anuncia su apoyo a la reconstrucción de la BR-319 (que conecta Porto Velho con Manaus), que llevará la destrucción del agronegocio a una de las áreas más preservadas de la selva tropical, justo en el corazón de la Amazonía brasileña. Y también declara que se trata de una medida contra los efectos de la crisis climática en la región (!). ¿Como es esto?
La BR-319 puede ser llamada la “carretera del fin del mundo”. Su reconstrucción será la sentencia de muerte para una de las áreas más preservadas de la Amazonía y dejará el bosque muy cerca del llamado punto de no retorno, cuando el bosque pasa a emitir más dióxido de carbono (CO2) del que absorbe, agravando el calentamiento global. Además, las precipitaciones también disminuirán en todo el Centro-Sur del Brasil. Todo esto está bien explicado por grandes científicos como Philip Fearnside, que hace años estudia los posibles impactos de la reconstrucción de la BR-319.
A ese proyecto de destrucción que nos llevará al colapso climático se suma también el intento de explorar petróleo en la desembocadura del río Amazonas, que sólo servirá a las grandes petroleras internacionales, amenazando el bioma amazónico y a sus pueblos tradicionales, profundizando aún más el papel subalterno del país en la economía mundial.
Un Congreso de terratenientes
Los terratenientes dominan el Congreso Nacional. En medio de la catástrofe que se anuncia, los parlamentarios preparan un ataque de proporciones históricas contra el medio ambiente, los pueblos de la selva y toda la población con el llamado “Paquete de la Destrucción” que agrupa proyectos de ley que favorecen el robo de tierras públicas, la liberación de pesticidas, la anulación de licencias ambientales y los ataques a las tierras indígenas con liberación de minería en estos territorios y dificultando nuevas demarcaciones. La Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) para la privatización de las playas es sólo la punta de este monstruoso iceberg.
Los terratenientes en el Congreso están desenvolviendo el paquete y muchos de sus proyectos avanzan a grandes pasos. Para detenerlo, será necesario mucha movilización, y no sólo de los pueblos indígenas, quilombolas y campesinos tradicionales, sino de toda la clase trabajadora. La aprobación de estas medidas sellará el destino de la mayoría de la población en los próximos años. Decidirá si tendremos o no más catástrofes como la de Brumadinho (MG), o inundaciones como la de Rio Grande do Sul, y sequías e incendios como vemos hoy. Quizás todas estas horribles catástrofes sean sólo un juego de niños en comparación con lo que vendrá si se aprueba el Paquete de la Destrucción (ver el paquete aquí).
El STF quiere negociar derechos no negociables
Como no podía dejar de ser, el peso político de los grandes terratenientes en Brasil también se refleja en las decisiones del Supremo Tribunal Federal (STF). En este momento, la Corte Suprema discute en una “mesa de conciliación” el Marco Temporal y otros ataques de la Ley 14701/23 a los pueblos originarios. Este es un intento de suprimir artículos de la Constitución que garantizan derechos a los pueblos indígenas.
La Ley 14.701/2023 es absolutamente inconstitucional y no hay negociación posible sobre ella, por lo que debe ser suspendida inmediatamente. La mesa de conciliación fue creada por orden del ministro Gilmar Mendes, relator de los procesos y aliado histórico de los grandes propietarios de tierras. Muy acertadamente, la Articulación de los Pueblos Indígenas (Apib) anunció recientemente su retiro de la Mesa de Conciliación del STF. “Por la letra de la Constitución de la República de 1988, las tierras indígenas quedaron registradas como inalienables, indisponibles, y los derechos sobre ellas, imprescriptibles. Cualquier negociación sobre derechos fundamentales es inadmisible”, afirmaron los indígenas en una carta.
Aun así, la mesa de conciliación continúa sus trabajos con un órgano del Poder Ejecutivo, el Foro de Gobernadores, el Colegio Nacional de Procuradores del Estado, la Confederación Nacional de Municipios, el Frente Nacional de Alcaldes y mucha gente interesada en robar las tierras de los pueblos originarios.
Son los pueblos indígenas, con su cosmología y cultura ancestrales, los mayores defensores de los bosques. Sólo 1,6% de la pérdida de Bosques y Vegetación Nativa en el Brasil entre 1985 y 2020 ocurrió en tierras indígenas. Los datos provienen del análisis de imágenes de satélite. También es desde arriba desde donde se puede ver el verdadero cerco de sus territorios promovido por el latifundio. La integridad de sus territorios y su sabiduría con la naturaleza es lo que impide que el cielo se caiga, como nos enseña Davi Kopenawa Yanomami.
La catástrofe que se anuncia y cómo combatirla
La crisis climática llegó para quedarse y no basta con que el gobierno decrete “emergencia climática” para combatirla e impedir lo peor. Se necesita mucho más. Se necesita un cambio profundo y radical del país para que la población pobre y trabajadora no sea la principal víctima.
Cualquier plan de reducción de GEI en el Brasil pasa por la expropiación de tierras del agronegocio, sin indemnización a sus propietarios. Estas tierras deben utilizarse para recomponer los sistemas ecológicos de los recursos hídricos. Algunos de ellos también deben dar paso a un nuevo modelo de agricultura agroecológica y sintrópica (modelo de cultivo agroforestal que se basa en conceptos de sintropía, organización, equilibrio y preservación energética), que de hecho produzca alimentos y no commodities cuyos precios son definidos por el capital financiero de la Bolsa de Valores de Chicago. También es necesario demarcar todas las Tierras Indígenas, Quilombolas y Reservas Extractivas.
Evidentemente, el país también necesita suspender la apertura de nuevas fronteras de exploración petrolera como la Margen Ecuatorial e invertir fuertemente en otras fuentes de energía renovables, estatizando todos los recursos energéticos. Cualquier plan de reindustrialización del país pasa por una revolución en las fuentes de energía, y no por el tosco neodesarrollismo fósil de hace 70 años. Un “desarrollismo”, de hecho, sólo retórico y que nos lleva (como lo hizo) a una mayor dependencia del imperialismo.
Es urgente invertir masivamente en la recuperación de los organismos medioambientales, en la fiscalización y en el combate a los incendios. Para lograrlo, es necesario hacer implosionar la austeridad fiscal mantenida por el marco fiscal que impide inversiones también en estos sectores. La situación es dramática. Más de la mitad de los empleados del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) se jubilarán en 2025.
Nuevos fenómenos climáticos extremos azotarán el país (lluvias, deslizamientos de tierra, sequías, calor, falta de agua, etc.). Es necesario estar preparados para enfrentarlos, creando un gran sistema público nacional para combatir los desastres, dotado de grandes recursos y que actúe en conjunto con la participación democrática de la población más vulnerable.
El capitalismo está llevando a la humanidad a la barbarie climática. Sin superar este sistema, la humanidad no podrá detener la catástrofe que se anuncia. Necesitamos una nueva sociedad, socialista, en la que los trabajadores y sus aliados, los pueblos indígenas, los campesinos, los quilombolas y la juventud, detenten efectivamente el poder político y económico. Sólo así enfrentaremos el desafío de revolucionar las fuerzas productivas, cambiando radicalmente la estructura productiva de la sociedad y estableciendo un equilibrio metabólico con la naturaleza.
Artículo publicado en www.opiniaosocialista.com.br, 13/9/2024
Traducción: Natalia Estrada.
