El extractivismo de los recursos naturales es uno de los principales ejes de la economía del país o, ¿Gobierno? -corrijan- las principales zonas son las comunidades de los pueblos indígenas y negros quienes tienen que lidiar con toda la ferocidad de las empresas que buscan aumentar sus ganancias a costas de la destrucción del medio ambiente, y por si fuera poco, también tienen que enfrentarse al gobierno que impulsa la construcción de Ciudades Modelo o ZEDE, las cuales expulsarían de sus territorios a los pobladores que tienen toda una vida en estas zonas.
Por PST-Honduras
Amapala y el Valle del Aguán, están en la mira de estos proyectos. Lo mismo pasa en la comunidad de Barra Vieja, en Tela, donde la OFRANEH ha librado una lucha incansable para no ser despojados de sus tierras y que estas sean cedidas para la construcción de un mega proyecto turístico que sólo beneficiará a los mismos de siempre.
Luego del golpe de Estado en 2009 y el relanzamiento del Neoliberalismo en Honduras se desató un vendaval de concesiones de licencias para la explotación de los recursos naturales. Durante el gobierno de Lobo Sosa en el año 2013 fue entregada la concesión minera a la empresa «Minera Los Pinares» propiedad de Lenir Pérez, yerno del fallecido terrateniente Miguel Facussé. Por medio de negocios en el Congreso Nacional, siendo este presidido por JOH, se le otorgó 217.34 hectáreas del Parque Nacional Botaderos Carlos Escalera Mejía, siendo esta un área protegida mediante decreto 127-2012.
Una enorme avalancha de concesiones mineras amenazan los recursos hídricos y el suelo de Honduras, cerca de 950 concesiones a lo largo y ancho del país ponen en peligro los ríos y la tierra. Sólo En Tocoa, Colón hay 59 concesiones, de las cuales 34 se concentran en la parte alta del departamento*, la empresa «Los Pinares» tiene permiso de extraer piedras de óxido de zinc y, el cual es uno de los peores contaminantes para el río Guapinol que es la principal fuente de agua de más de 10 comunidades.
Los congresistas haciendo uso de sus facultades reformaron el mismo decreto y redujeron la zona protegida, para otorgarle la concesión a la empresa del señor Pérez y Ana Facussé. La minera no sólo recibe el respaldo del Congreso, en Tocoa son tutelados por el mismo alcalde, Adán Funes, miembro de Libertad y Refundación y quien tiene el beneplácito de Mel. En Libre, se escudan diciendo que eso no es asunto del Alcalde, que es asunto del Congreso. Y todos coinciden en dar un enorme respaldo al señor Funes, alegando que sólo un tribunal de honor -inexistente- en LIBRE puede juzgar a su compañero. Olvidando que quien lo puso ahí fue la población a la que ahora él le da la espalda.
La comunidad de Guapinol sufre ahora los embates de las mineras y los aparatos represores del Estado, un aumento de la militarización en la zona vuelve a poner tenso el ambiente en una zona que desde 2008 a la fecha ha dejado más de 128 muertos, entre campesinos, guardias de seguridad privada y elementos policiales. Y es que el gobierno y los empresarios quieren hacerse del río de cualquier forma posible, así tengan que seguir masacrando o encarcelando a los defensores de este.
Desde agosto del 2018 los ánimos volvieron a calentarse, cuando la empresa comenzó los trabajos para abrir camino y así iniciar la explotación de la tierra, pero la comunidad de Guapinol instaló un campamento demostrando que están dispuestos a defender el río con todo lo que tengan a su alcance, el campamento ahora mismo cumple 6 meses a pesar del constante acoso por parte de militares y trabajadores de la minera. El 7 de septiembre del 2018 resultó herido por arma de fuego un joven que se encontraba en el campamento, pero la tensión subiría 28 de octubre cuando elementos de la Policía Nacional y el Ejército intentaban realizar un desalojo violento, produciéndose un enfrentamiento entre pobladores y efectivos, resultaron muertos dos militares y uno más resultó herido.
Los defensores del río sufren también la persecución del Estado, el 24 de febrero del año en curso, 12 de los compañeros se presentaron a los juzgados de La Ceiba a comparecer de manera voluntaria, pero el juez Carlos Irías de León sin dar detalles dictó prisión preventiva y solicitó que fueran trasladados a Tegucigalpa donde se realizaría la audiencia, además de advertir que había requerimientos fiscal contra otras 32 personas. A los compañeros se les acusaba de: incendio, usurpación, robo agravado, privación injusta de la libertad y asociación ilícita. Como no es de extrañarse el proceso estaba amañado, los abogados de la defensa denunciaron que el juez solicitaba permiso al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Argueta, para resolver recursos planteados en el juicio, todo en favor de la empresa minera.
Sin olvidar que estaban siendo juzgados por los Tribunales de Jurisdicción Nacional, que fueron creados para juzgar casos del crimen organizado (extorsión, narcotráfico y terrorismo).
La represión de la dictadura sólo se frena de la forma en la que lo hacen los pueblos defensores de los territorios y sus recursos, Guapinol nos da una hermosa cátedra de cómo hacerlo. Pero urge la organización de los campesinos, trabajadores y movimiento social para echar para atrás toda la política extractivista de JOH, echar fuera a las empresas mineras, que plantee una reforma agraria para la repartición de la tierra a los campesinos, por la reivindicación de los derechos democráticos, por un alto a la criminalización y la libertad definitiva de los presos políticos. Urge un espacio como la Coordinadora Nacional de Resistencia Popular, de clase, combativa y democrática.
«El Capitalismo es contrario a la vida», Berta Cáceres.
¡A Guapinol no se le roban sus tierras!
