El gobierno de Juan Orlando Hernández, no se toca el hígado para seguir saqueando los sagrados recursos que, con el trabajo explotador de toda una vida, miles de trabajadores –en su mayoría, hoy ancianos- han aportado a sus institutos de previsión.

Por: Domingo Godoy

No le bastó drenar más de siete mil millones de lempiras del Seguro Social, para su campaña electoral, recientemente, autorizó el uso de los fondos del Seguro Social, el INJUPEMH, INPREUNAH, RAP, INPREMA enviando al Congreso Nacional una ley conocida como la ley de “FONDES” con la excusa de financiar proyectos estratégicos y de reconstrucción. Sin embargo, no es cierto que el Estado carece de alternativas financieras para la reconstrucción del país, lo que pasa, es que un gobierno burgués jamás pensará en usar los recursos de los empresarios, para proyectos de esta naturaleza.

Como docente, centraré este artículo en el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, INPREMA, institución que ha sido brutalmente saqueada por los gobiernos de turno. El golpista Roberto Micheletti, y el continuador Porfirio Lobo Sosa, utilizaron más de cuatro mil millones de lempiras, de este ente para financiar la represión pos-golpe de los años 2009 y 2010. El magisterio tuvo que ir a las calles para que el gobierno reconociera dicha deuda y se comprometiera a pagarla.

La nueva amenaza al INPREMA no es un rayo en cielo sereno

La situación del INPREMA es el fiel reflejo de la correlación de fuerzas entre las luchas magisteriales y el gobierno. Cada vez que el magisterio estuvo bien organizado y en pie de lucha, sus recursos estuvieron a salvo. Por el contrario, cuando el magisterio mostró signos de debilidad, la burguesía aprovechó para desquitarse por tener la osadía de organizarse y prosperar como gremio. También hay que reconocer que la profunda crisis de dirección y la pérdida de identidad e independencia de clase, fueron problemas de gremio que contribuyeron a que esto ocurriera. Si en 1997 se hubiesen dado estas particularidades, habría sido imposible la aprobación del Estatuto del Docente Hondureño. Fue una clara conciencia de clase y la lucha organizada la que permitió que los docentes saltaran de la más penosa precariedad a la obtención de salarios dignos.

Lo anterior permite entender por qué en 2009, en la lucha contra el golpe de Estado, cuando se dio el mayor alzamiento de masas de la historia de nuestro país y siendo el gremio magisterial protagonista de primera fila, se acabó en un debilitamiento tan grande. Los errores estratégicos de la dirección del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, marcaron un punto de inflexión que inclinó la balanza a favor del régimen. La política de Manuel Zelaya Rosales fue separar artificialmente, las luchas sociales y económicas, de la lucha político-electoral, bajo el lema -“que cada gremio libre sus propias batallas”- con el propósito de centrar a los cuadros del FNRP en la organización del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) y posteriormente ocuparlos en las tareas electorales.

La responsabilidad de la dirigencia

La burocratizada dirigencia magisterial degenerada por la bonanza temporal de las organizaciones; desconectada de la realidad de las aulas después de años –e incluso décadas- de permisos y privilegios sindicales acabó en un aburguesamiento enfocado en salvar sus privilegios y buscar la forma de seguir alimentándose de las cotizaciones docentes. Por esta razón, cuando el gobierno dejó de hacer las deducciones por planilla, buscaron cooperativas que hicieran el trabajo sucio a cambio de una tajada.

Varios dirigentes oportunistas, aprovecharon la vitrina sindical y los recursos de los docentes, para emprender su carrera política. Algunos se vieron como diputados o funcionarios del gobierno como, por ejemplo, el diputado por el departamento de Santa Bárbara, Edgardo Casaña, quien incursionó en las filas de LIBRE siendo presidente del COPRUMH, marcando una tendencia que todavía hoy continúa en la actual Junta Central.

El gobierno a la ofensiva

El régimen supo aprovechar las debilidades del magisterio y emprendió la contrarreforma más profunda y nefasta de la historia reciente. Se publicó un paquete de leyes y reglamentos dirigidos a liquidar nuestras conquistas, entre ellas la nueva Ley de INPREMA, el 21 de diciembre de 2011 y la Ley Fundamental de Educación, el 22 de febrero de 2012. Con estas leyes retrocedimos décadas de lucha y sangre. Y con la llegada de Marlon Escoto a la Secretaría de Educación se marcó un período de persecución brutal a directores, a dirigentes y a la base que derivaron en la desmovilización casi total del gremio.

Por otro lado, desde la Ley de Presupuesto General de la República en 2015, se prohibió la contratación de nuevos docentes. Miles de jóvenes docentes, fuimos obligados a limosnear por precarias jornadas los fines de semana, sin derecho a nada. De paso, se afecta a los jubilados, porque al no haber nuevos cotizantes, no habrá dinero para cumplir con sus pensiones y demás beneficios.

¿Cómo es que las contrarreformas arruinaron el INPREMA?

El INPREMA era una institución sólida, con una cartera de préstamos con el mínimo riesgo, puesto que los maestros pagan con deducciones directas de su salario. Por definición, con un mercado de cotizantes exclusivo, los proyectos deben ser dirigidos a ofrecer servicios a los docentes, por tratarse de una institución solidaria, no comercial. Con cientos de miles de maestros cotizando cada mes, la solidez financiera del INPREMA no se cuestiona por lo que es una seria competencia para la banca privada, una fruta codiciada para la oligarquía financiera

Son muchas las maniobras administrativas que le quitan a los docentes el derecho de gozar los beneficios de este instituto de previsión. Una de ellas, es complicar y burocratizar los trámites. Conseguir un préstamo en INPREMA pasó de ser un trámite de un día, a una larga espera de meses y hay una serie de requisitos que desmotivan al solicitante. Esto ha llevado al INPREMA a una reducción extrema en su cartera de préstamos y a los afiliados, los ha obligado a buscar resolver en otras partes.

Por otra parte, el gobierno controla los órganos administrativos del INPREMA, así que, no requiere de leyes para saquearlo. Con la LEY DE INVERSIONES PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN PROYECTOS DE INTERÉS NACIONAL, el gobierno pretende drenar los recursos de todos los institutos de pensiones, como contraparte en los proyectos de reconstrucción que el Estado no podrá asumir con fondos públicos porque ya todo se lo han robado.

Llamamos al magisterio nacional a defender lo que nos queda

Aún en medio de la pandemia y de los huracanes, la base ha realizado acciones por la eliminación de dicha ley y el gobierno ha tenido que dar un paso atrás.  Esto no significa que haya cambiado de planes. Como ocurrió en el caso de las Ciudades Modelos a las que simplemente rebautizó con otro nombre, estamos convencidos que continuará el asedio a nuestro instituto de previsión. Por eso, es el momento de reorganizarnos desde la base del magisterio y dar un golpe de autoridad en las calles. Sabemos que la pandemia y la calamidad en la que muchos compañeros y compañeras han quedado tras el paso de los huracanes  ETA e IOTA, es muy difícil, pero precisamente esa calamidad es la que nos recuerda de donde viene nuestro gremio y por cuya superación muchos docentes dieron sus vidas y con sus aportes construyeron esta noble institución, que ahora les cierra las puertas, por ambiciones de capitalistas inescrupulosos. Por ellos y por nuestro futuro, debemos dar la pelea hasta las últimas consecuencias.