Los recientes escándalos tras escándalos en el gobierno de António Costa muestran bien cómo el “rigor presupuestario” del Gobierno es solo para justificar ataques contra trabajadores y servicios públicos como la salud y la educación, y no hay “rigor” en la forma en que trata a los ricos y sus gerentes. La lucha combativa de los docentes por justicia y dignidad de su carrera muestra el camino que es necesario transitar para imponer una alternativa contra el gobierno de Costa.
Por: Flor Neves
Dos pesos y dos medidas
Los distintos gobiernos encabezados por António Costa han mostrado bien que su “rigor presupuestario” solo significa que por encima de todas las necesidades de la mayoría de la población está el pago de la deuda (más de 50% del OE2023 [Orçamento do Estado] es para pagar este ítem) y el cumplimiento del déficit y de las reglas de Bruselas. Para ello, se recorta el presupuesto de Salud y de Educación y el pago de salarios, ya sea directamente o mediante “cautivaciones”, que impiden la aplicación de parte de lo votado en el OE [Presupuesto del Estado]. Este rigor presupuestario es el mismo que sirve de justificación a la negativa de actualizar los salarios según la inflación, provocando que los trabajadores y pensionados se enfrenten hoy a verdaderos recortes de ingresos, cuando la supervivencia es un desafío cotidiano.
El Gobierno que tiene mano pesada sobre los trabajadores y pequeños empresarios es el mismo que permite todo a los ricos y sus administradores de turno. Hoy, por cada año de trabajo, la indemnización es de 14 días de salario, ya que Costa mantuvo en lo esencial el retroceso en este campo impuesto por Passos Coelho. Pero considera correcto que la ley permita que la administradora de la TAP [Transporte Aéreo Portugal] reciba 500.000 euros en concepto de indemnización; esto es particularmente grave en una empresa que ataca los derechos y la negociación colectiva de sus empleados y dejó a los trabajadores en la estacada (incluso con salarios atrasados) debido a la insolvencia de la Groundforce.
Si la dualidad de criterios es uno de los elementos chocantes en todos los casos recientes en el Gobierno de Costa, otro elemento que llama la atención es que indemnizaciones como la de TAP están “legalmente” consagradas. El hecho de que el propio Gobierno, como accionista mayoritario de TAP, dé cobertura a este tipo de leyes solo demuestra que, como escribieron Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, los gobiernos son comités de administración de los intereses de la burguesía. Por eso, si este tipo de “indemnizaciones millonarias” no son una excepción, ni en la TAP ni en otras grandes empresas, se agravan en este caso por su carácter público, ya que son los impuestos de los contribuyentes los que pagan el amiguismo entre la burguesía y sus gestores de turno. No hay dinero para los trabajadores, pero sí para los ricos y sus lacayos.
Al mismo tiempo, el supuesto rigor que se exige a los trabajadores en el cumplimiento de sus funciones y deberes para con el Estado no se aplica en la elección de los Secretarios de Estado del Gobierno. Son dos pesos y dos medidas los que hacen saltar la tapa a cualquier trabajador.
Una guerra sorda: la disputa del poder y de la “bazuca europea”
Es una ilusión pensar que la duplicidad de criterios y el “Jobs for the boys” son algo restringido al PS y los respectivos gobiernos. Esta es una realidad en todos los gobiernos que, independientemente de su color político, se alternan en su papel de administrar los intereses de la burguesía y la creación de leyes y contratos (recordemos las Asociaciones Público Privadas de las Autopistas, por ejemplo), que alimentan los grandes grupos capitalistas y sus administradores.
Pero, entonces, ¿por qué ahora vemos aparecer esta gran cantidad de casos? En primer lugar, en la superficie, podemos decir que la derecha, en las voces de sus distintos partidos y a través de la prensa, pretende desgastar la mayoría absoluta del PS, con el objetivo de preparar su ascenso al poder lo antes posible. Pero es necesario ir más a fondo.
Y el problema de fondo es un contexto de crisis económica que ya se ha apoderado de Alemania, el corazón de la UE. En este contexto, Portugal es un país totalmente dependiente, no controla lo que sucederá al país en tiempos de recesión e inflación, ya que no tiene moneda propia y no decide sobre las políticas económicas que le afectan. Además, su crecimiento económico en los últimos años depende del turismo, un sector volátil y determinado externamente.
Es en este contexto que las divisiones entre la burguesía son cada vez más importantes y polarizadas, principalmente cuando la burguesía portuguesa depende de la extorsión del aparato de Estado y de los privilegios que de él saca para lograr sus millonarias ganancias.
El PRR del que tanto habló Marcelo Rebelo de Sousa en su mensaje de Año Nuevo, la famosa bazuca europea, es el centro de supervivencia, refuerzo o destrucción de los principales sectores burgueses en Portugal. En ese sentido, el control del aparato de Estado es fundamental para acceder a esos fondos, que más que “desarrollar el país” con un proyecto colectivo –que la burguesía no tiene– sirven solo para fortalecer a uno u otro sector y sus respectivos negocios. ¿Quién se beneficiará? ¿Los banqueros vinculados al imperialismo europeo? ¿El sector de la construcción? ¿Las energías verdes o los sectores más contaminantes? ¿Cuál será la apuesta del país? Es esta guerra sorda de disputa por el destino del dinero del PRR lo que está detrás de la actual guerra por el control del aparato de Estado y su poder.
Nuevo año, los mismos problemas: los profesores muestran el camino
En este inicio de año, los trabajadores se deparan con desafíos muy similares a los que enfrentaron el año pasado: una inflación que lleva a una reducción real de los salarios y a cada vez más miseria y hambre; o problema de la vivienda, fruto de la especulación inmobiliaria, con particular incidencia en ciudades como Lisboa, pero agravada por la política del BCE de aumento de los intereses, que hicieron disparar los créditos a la vivienda y ponen a la orden del día los desalojos y el retorno del aumento de los sin techo; el SNS en un estado de agonía creciente, por los sucesivos recortes presupuestarios en material básico, pero sobre todo en condiciones laborales y salarios dignos que permitan mantener a los trabajadores del sector en el sector público y en el país, hoy completamente agotados; una educación pública que, además de la enorme precariedad y la reducción de salarios, producto de los sucesivos congelamientos y bloqueos en la carrera, enfrenta hoy un nuevo y durísimo ataque del gobierno de Costa, con la institución de un sistema de contratación docente por “perfiles” (y no por criterios objetivos de graduación profesional como es actualmente), dejando clara la subjetividad de los criterios a aplicar y el efecto “cuña” resultante; la crisis ambiental sin ningún proyecto de gobierno que busque avanzar para superarla, mientras tiene como ministro a un antiguo CEO de una empresa petrolera, demostrando bien sus preocupaciones ambientales.
Unificar las luchas, construir una huelga general
Si los problemas son los mismos, las luchas que marcaron el final de 2022, como la de los trabajadores de la Autoeuropa, las ocupaciones estudiantiles por el clima o la de los docentes, que marca también este mes de enero, nos dan nuevos ánimos y sentido de esperanza. Son estas luchas, apoyadas en las decisiones democráticas de la clase trabajadora, pero también audaces y transitando el camino de la independencia de clase contra gobiernos y patrones, las que muestran el camino que tenemos que seguir.
Será un año en el que necesitaremos redoblar fuerzas para enfrentar a gobiernos y grandes capitalistas. Por eso, varias luchas separadas, ya sea de docentes o de otros sectores, no son suficientes. La dureza de la mayoría absoluta de António Costa y la gravedad de la situación que deberá enfrentar la clase trabajadora exigen una unidad cada vez mayor entre los diferentes sectores y luchas. Solo avanzando en la unidad de las luchas podremos poner contra la pared al gobierno de mayoría absoluta del PS y construir el camino para una huelga general que exija que los ricos paguen por la inflación, que garantice la valorización profesional de los profesores y los otros empleados públicos, que imponga el control de precios y la nacionalización de los sectores estratégicos de la economía, en particular el sector energético como EDP, GALP y REN al servicio del interés social y ambiental colectivo.
Artículo publicado en https://emluta.net, 17/1/2023.-
Traducción: Natalia Estrada.
