¡El pueblo trabajador sabe que no puede esperar nada del Estado de emergencia decretado por la asesina Boluarte!
¡Unir las luchas en un Paro Nacional contra el gobierno, la patronal, los despidos y el crimen organizado!
La declaratoria de estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao, por el gobierno de Dina Boluarte, es una medida impotente frente al crimen organizado y los constantes asesinatos que desde hace un tiempo se ciernen sobre la población. Así lo demostraron los fracasados “estados de emergencia” decretados el año pasado en 13 distritos de Lima metropolitana y Ventanilla, en el Callao.
Tal como nos manifestamos entonces, la presencia de las fuerzas armadas en las calles, así como la suspensión del derecho a la libertad de reunión, al libre tránsito, la inviolabilidad del domicilio y al respeto a nuestras garantías individuales, no han logrado combatir y mucho menos eliminar las extorsiones y el sicariato al servicio del crimen organizado. Nada más en el primer día de la declaratoria, 14 nuevos asesinatos se produjeron en las calles de Lima a manos de sicarios.
Todo lo contrario, el Congreso corrupto y reaccionario, así como el gobierno asesino, han debilitado sistemáticamente el marco legal con el que el Estado persigue a las organizaciones criminales, modificando y convirtiendo en caricaturas herramientas legales como los allanamientos, la prisión preliminar, la extinción de dominio, que permite al Estado embargar los bienes de quienes son investigados por corrupción, narcotráfico, etc. para asegurar el pago de la reparación civil, etc.
Pero sobre todo, tanto Boluarte como el Congreso son responsables por la continuidad del modelo económico neoliberal, que junto a las enormes ganancias capitalistas, acrecienta la pobreza de la enorme mayoría del pueblo trabajador, arrojándolo a las garras de la criminalidad. ¡Solo entre la juventud, un millón y medio de peruanos y peruanas no tiene posibilidad de estudiar ni de trabajar! 9 millones de peruanos y peruanas nos encontramos bajo la línea de la pobreza monetaria y otros 9, son vulnerables a caer bajo esa misma línea en cualquier momento. Así, el capitalismo neoliberal produce potencial carne de cañón para el crimen organizado.
No debemos confundirnos, el crimen organizado no tiene nada que ver con el carterista o “fumón” que roba en los barrios. Las organizaciones criminales que extorsionan y asesinan, son verdaderas empresas capitalistas que realizan sus negocios por fuera de la Ley Y donde hay una empresa ilegal (narcotráfico, minería, tala, pesca, trata de personas…), hay autoridades que se venden para “mirar a otro lado”. Muchas veces, esas autoridades se encuentran en el Congreso o en el Ejecutivo, como sucede con Eduardo Salhuana, actual presidente del Congreso, ligado a la minería ilegal.
Por eso, de fondo, el Estado peruano, arrodillado a los intereses de las grandes empresas (legales e ilegales), no puede hacer nada contra la criminalidad. Y por el contrario, utiliza los poderes que le otorga la Constitución, como el declarar “estados de emergencia” y suspender derechos fundamentales, para reprimir a quienes luchan con violencia y autoritarismo.
No es casual que esta nueva declaratoria se produzca cuando, el pasado 13 de marzo, una importante movilización obrera recorriera las calles del centro de la capital denunciando el “paquetazo” anti laboral que pretende imponer el gobierno. Movilización que, además de denunciar el intento de eliminar la Compensación por Tiempo de Servicios y las gratificaciones de julio y diciembre, puso sobre la mesa el problema de los ceses colectivos, con los compañeros del Sindicato Celima al frente, dando ejemplo de lucha tras más de 200 días sin salarios.
Su plan de lucha y resistencia es un ejemplo para toda la clase obrera, y hoy, corre el riesgo de ser reprimido por la declaratoria del estado de emergencia. Estamos seguros que la patronal de Celima, encabezada por Augusto Belmont Cassinelli, agradece el favor del gobierno.
Pero no es solo el Sindicato Celima y la lucha contra el paquetazo anti laboral lo que asoma. En el Cusco las organizaciones de lucha del pueblo acaban de aprobar una huelga indefinida desde el 3 de abril, demandando la construcción del Gasoducto al Sur. Por su lado, la Macro Región Sur aprobó una Jornada de Lucha para el 10 de abril contra el inicio de la construcción de Tía María y en apoyo a la demanda del Cusco. Todo, en un momento en que se agrava la crisis del gobierno con la ruptura de la alianza del Congreso que sostiene al gobierno, que pide la renuncia del ministro del interior Santivañez, precisamente por el fracaso del combate a la criminalidad; situación que deja bastante frágil a Boluarte. Situación que pone a la orden del día la convocatoria urgente a un Paro Nacional por la dirigencia de la CGTP y las distintas organizaciones de lucha del pueblo pobre para unir la movilización.
Por eso, para nosotros, desde el Partido Socialista de los Trabajadores, no hay duda que a los únicos que beneficia el “estado de emergencia” es al gobierno, a los partidos del Congreso y a los empresarios, que quisieran mantener al pueblo pobre y trabajador con la cabeza abajo. Y por eso, además de denunciar la medida adoptada por Boluarte y compañía por incapaz, alertamos el riesgo de caer en la tentación de creer que frente a la criminalidad, lo que se necesita es “mano dura” por parte del Estado. Esta lógica solo puede llevarnos directo a las manos de un nuevo dictador.
La salida de fondo al problema de la criminalidad, solo puede venir de la lucha y organización obrera y popular. De la formación de comités de autodefensa o rondas urbanas que reemplacen a la policía corrupta y a las propias fuerzas armadas en la lucha contra las bandas criminales.
Pero también, de la lucha por garantizar trabajo estable y salarios iguales a la canasta de consumo para todos y todas. Lucha que solo puede encabezar la clase obrera y que, junto a la demanda de fin a los ceses colectivos, aumentos salarial, no al inicio de la explotación de Tía María, como viene levantando el pueblo del Valle de Tambo, cárcel y sanción ejemplar a los responsables de las masacres en Ayacucho y Juliaca, y un largo etc., debe unir a todos los trabajadores y trabajadoras, y al pueblo pobre del país, contra este gobierno asesino, el Congreso corrupto, y el modelo económico neoliberal que solo “chorrea” miseria y crimen.
Partido Socialista de los Trabajadores
19 de marzo de 2025
