El cuarto aniversario de la revolución que derrocó el régimen dictatorial de Hosni Mubarak estuvo marcado por sangre y lágrimas.

Más de 20 muertos en las calles de El Cairo y Alejandría a manos de las fuerzas de seguridad y las bandas armadas por el régimen del mariscal Al-Sisi. Entre los muertos se encuentra la activista Shaimaa El Sabbagh, del Partido Alianza Popular Socialista, abatida a sangre fría en la cabeza mientras marchaba pacíficamente en El Cairo llevando un cartel que decía “pan, libertad y justicia social”. El video en que la activista y madre de un niño de cinco años aparece ensangrentada en los brazos de un amigo se hizo viral y causó una gran conmoción en todo el mundo.

Lamentamos la muerte de Shaimaa, enviamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a las de todos los mártires caídos el domingo pasado y nos unimos a las voces de indignación que resuenan en Egipto y el mundo en denuncia a la brutalidad e hipocresía del régimen. En lugar de abrir inmediatamente investigaciones para descubrir a los culpables por la muerte de las 23 personas el pasado 25 de enero, el ministro de Asuntos Exteriores salió en los medios públicos acusando desvergonzadamente a los Hermanos Musulmanes y a fuerzas externas por la violencia que marcó el aniversario de la Revolución Egipcia. Ahora más que nunca es momento de retomar la lucha por libertad y justicia social que fue el motor de las multitudinarias manifestaciones ocurridas en los últimos años.

Inestabilidad, despidos y privatizaciones

Al-Sisi no ha podido estabilizar el país, todo lo contrario, las pésimas condiciones de vida del pueblo trabajador egipcio siguen deteriorándose y la única respuesta del gobierno al creciente descontento popular es el aumento del grado de control y represión. Las políticas económicas aplicadas hasta ahora son más de lo mismo. El tren de las privatizaciones sigue su camino y la conferencia económica de Sharm el-Sheikh, en marzo, prepara la venta al capital privado de varias empresas públicas, además de presentar megaproyectos económicos a inversores privados, como la ampliación del canal de Suez, la construcción de complejos turísticos y el proyecto Triángulo Dorado, de minería, en el Alto Egipto.

Menos alarde se está haciendo sobre las enmiendas a ley laboral que autorizan el despido de trabajadores sin derecho a recurso en la Corte Laboral y permiten las subcontrataciones y los contratos flexibilizados sin seguro social ni de salud. Los niveles salariales siguen bajísimos y el salario mínimo de 1200 libras egipcias (160 dólares), anunciado por Al-Sisi tras su victoria, es letra muerta. Las condiciones de trabajo son miserables. Muchos trabajadores se enferman debido a los altos índices de insalubridad de las industrias petroquímicas, metalúrgicas, de cerámica o cristalería. Las muertes son constantes. No hay una legislación que puna a los empresarios que no aseguren condiciones dignas de trabajo.

El parlamento que saldrá de las próximas elecciones de marzo de 2015 no garantizará la aplicación de leyes justas una vez que las viejas caras del régimen, como la del “rey del hierro”, Ahmed Ezz, sentenciado en 2011 por corrupción y liberado en setiembre del año pasado, entre muchos otros, vuelven a la arena política.

Son muchos los casos de fábricas que cierran tras la expiración del periodo de exención fiscal. Por ejemplo, una fábrica de fibras de Alejandría echó a la calle a 350 trabajadores y liquidó la empresa en agosto del año pasado. Los trabajadores están en lucha y permanecen, tres meses y medio después de lo ocurrido, realizando sentadas y protestas en las puertas de la empresa. El caso de una fábrica de fundición de Alejandría es emblemático. Los empresarios han dejado a los trabajadores sin salarios ni pago de las indemnizaciones por ocho meses después de la disolución de la empresa, cerrada también tras el fin de las exenciones fiscales. Asimismo, el dueño de la empresa Schweppes intentó vender la planta de Alejandría a Coca-Cola sin los 850 trabajadores, que están luchando contra el acuerdo hace dos meses y, de momento, han impedido su ratificación.

Por otra parte, durante el año pasado Egipto ha sido testigo de un ritmo sin precedentes de despidos en las empresas Pharco, Faraj Allah, Cadbury, Port Somid y Puerto Sokhna, entre otras. Hace poco, 76 trabajadores de Cargill (toda la línea de producción) han sido despedidos.

Represión para detener las luchas

El gobierno Sisi es dictatorial y represivo. Representa la continuidad del régimen establecido en ’52 por Nasser, enmarcado en una situación de grandes enfrentamientos. Su gran objetivo es aplastar completamente las luchas, encarcelando y matando a los activistas que protestan. Los medios de comunicación internacionales repercuten con cierta frecuencia los casos de los jóvenes activistas de Tahrir, como el bloguero Alaa Abdel Fatah, detenido junto a otras 24 personas en noviembre de 2013 por hacer una concentración en El Cairo, o su hermana Sanaa, detenida por defender a su hermano. Numerosos activistas encarcelados realizan huelgas de hambre en estos momentos.

Menos conocidos, no obstante, son los violentos ataques a los trabajadores que luchan por mejores condiciones de vida. Recientemente, un gran número de incidentes han ocurrido en que los trabajadores han sido directamente atacados con munición real, como en el caso de Mohamed Kamel y sus colegas de la empresa de hilandería Abboud, en Alejandría, que protestaban por el impago de salarios.

Asimismo, los trabajadores de una fábrica de fibras en Ameria/Alejandría fueron atacados por perros de una empresa de seguridad privada contratada por el dueño para intimidar a los activistas. A propósito, el dueño de la planta es Ahmed Heikal, hijo de Mohammed Hassanein Heikal, el principal accionista del Grupo de Inversiones Citadel, una de las mayores empresas de capital privado de África y el Oriente Medio.

Saad Mohamed Bakr, trabajador de la Empresa de Transporte Público que se quemó a lo bonzo delante del Consejo de Ministros tras haber sido arbitrariamente despedido y no poder retornar a trabajar, es un mártir más de la revolución.

El reciente ejemplo de una fábrica textil que colapsó sobre los trabajadores matando a 7 de ellos expresa la realidad de que, para el gobierno Sisi, la vida de los trabajadores no importa tanto cuanto los intereses de los grandes capitalistas, sean ellos militares, civiles, nacionales o extranjeros.

El movimiento sindical: una reorganización mediada

Cuando los egipcios derrocaron a Hosni Mubarak en 2011, una parte de los activistas sindicales que habían participado en las protestas vislumbró la posibilidad de conquistar una nueva legislación sindical que liberara las entidades de las amarras del viejo régimen. Una gran cantidad de nuevas organizaciones nacieron apoyadas en las movilizaciones, rompiendo con la nasserista Federación General de los Sindicatos de Egipto. El consejo militar, que en un primer momento había prometido aprobar una “ley de sindicatos libres” cambió de idea a causa de las numerosas huelgas, y aparcó el proyecto de ley.

La Federación General de Sindicatos de Egipto se negó a participar de la lucha por la aprobación de esta ley. Tampoco trabajó por el mantenimiento de los derechos laborales cuando la aprobación de la última constitución ni tampoco luchó contra los ataques a los derechos establecidos en la “ley laboral” de 2003, que regula el trabajo de miles de trabajadores egipcios en los sectores privado e informal. Además, han participado del “diálogo social” con el Ministerio del Trabajo e Inmigración, con el objetivo de retirar derechos a los trabajadores.

La experiencia de los sindicatos independientes empezó tres años antes de la revolución y alcanzó a centenas de sindicatos.

Activistas del movimiento obrero y sindicalistas han lanzado, en enero de 2014, la campaña “Hacia una ley laboral justa”, para defender los derechos de los trabajadores. La campaña está haciendo talleres y conferencias en distintas provincias para avanzar en la conciencia sobre la necesidad de conquistar leyes justas en el país, aparte de apoyar legalmente a los trabajadores y proponer un proyecto de ley laboral.

La campaña “Hacia una ley laboral justa” exige:

  • La dimisión del ministro del Interior.
  • La dimisión y juicio de todos los oficiales implicados en tortura y en el uso de munición de verdad contra los ciudadanos egipcios.
  • La derogación de la ley antiprotesta, la garantía de libertades y el derecho a protestar pacíficamente.
  • El fin de los despidos injustos y arbitrarios, así como la firma de un decreto dictando el retorno de todos los trabajadores despedidos arbitrariamente, además de las debidas compensaciones.
  • La aprobación de una ley que proteja el derecho de los trabajadores, detenga a los que la violen, y prevenga despidos arbitrarios e injustos de trabajadores.

La respuesta del régimen fue introducir elementos oportunistas y de las fuerzas de seguridad para impedir el surgimiento de alternativas independientes de lucha que pudieran organizar, unificar y dirigir las luchas contra el gobierno. Hay una situación de dispersión, confusión y miedo. El potente proceso revolucionario vivido en el país no logró construir organizaciones de masas capaces de enfrentar con un programa, es decir, de manera consciente, los ataques del gobierno. El régimen, además, vincula la revolución a los hermanos musulmanes, el terrorismo y el caos económico, para tener una justificación para reprimir. Una dirección revolucionaria no se improvisa y su falta se convierte en una gran debilidad en Egipto.

Han surgido, como afirmamos antes, pequeñas organizaciones como el Sindicato Egipcio de los Petroleros. También ha aparecido recientemente un sindicato de la industria textil de Mahalla al-Kubra, que no sabemos exactamente si refleja un movimiento progresivo o una táctica de la vieja burocracia para aparecer como novedad.

La Federación Independiente de Sindicatos Egipcios y la Federación Democrática de los Sindicatos Egipcios representan a cerca de 2 millones de trabajadores cada uno. Algunos objetan, sin embargo, que han sido construidos desde arriba, sin democracia de base y un real proceso de discusión. La presión del gobierno sobre estas organizaciones es muy fuerte y las han llevado a la capitulación en algunos momentos. Hay otros pequeños grupos como el Frente de los Trabajadores Despedidos y la Unión de Trabajadores Egipcios. Algunos de estos sindicatos son iniciativa del gobierno o de los aparatos represivos para desviar el proceso de ruptura con las centrales oficialistas, otros reflejan el proceso de reorganización.

Otros grupos como el Centro Egipcio para los Derechos Económicos y Sociales y la Iniciativa Egipcia para los Derechos Personales tienen como uno de sus centros la denuncia de las pésimas condiciones de vida del pueblo trabajador y la mediación cuando surgen conflictos.

Los grandes medios de comunicación han jugado un papel muy negativo en todo este proceso, invisibilizando las luchas sociales, las sentadas, las huelgas, los abusos contra los trabajadores, los casos de corrupción y el sabotaje contra las empresas públicas. Representantes del gobierno Sisi se han reunido con los directores de los principales medios de comunicación para decirles que el gran tema a tratar es la lucha contra el terrorismo y que están prohibidos de publicar cualquier noticia sobre los bajos salarios, la creciente inflación, los casos de corrupción y los abusos policiales.

Con todas estas contradicciones hay un importante proceso de luchas y reorganización sindical que no ha cesado todavía. Los grandes proyectos económicos anunciados por el gobierno no significarán la creación de empleos dignos, salarios justos y más derechos. El aumento de la represión puede desencadenar nuevas protestas. Cada día que pasa queda más claro que el régimen no teme a los Hermanos Musulmanes, como quiere hacer creer, pese a utilizarlos siempre como excusa para reprimir, de igual manera que a los trabajadores y jóvenes activistas que luchan contra sus políticas, sean del grupo o ideología que sean. En Egipto es prohibido pensar, es prohibido luchar.