COP-30: Brasil muestra la cara con ataques al medio ambiente
Por Jefferson Choma
Se acerca la 30ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP-30), que tendrá lugar en Brasil. Belém, la ciudad elegida para albergar el evento, se ha convertido en una enorme obra en construcción para acoger a los visitantes, mientras la dura realidad de sus propios habitantes continúa siendo ignorada.
Casi el 60% de la población vive en viviendas precarias, muchas en zonas de riesgo y sin acceso a servicios esenciales, en una ciudad donde el 90% no cuenta con saneamiento básico. La prioridad dada por el gobierno de Helder Barbalho (MDB) a la infraestructura turística expone y tiende a profundizar las brutales desigualdades sociales en la capital de Pará.
Más que eso, la COP-30 revela la hipocresía del gobierno de Lula, que en su discurso se presenta como defensor del clima y de la preservación del medio ambiente; Pero en la práctica, permite —e incluso alienta— graves retrocesos ambientales, quizá los mayores de los últimos años. Veamos algunos de ellos.
Petrobras avanza en la exploración petrolera en la desembocadura del Amazonas
El Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama), bajo presión del gobierno de Lula, aprobó el “concepto” del Plan de Protección de la Fauna Petrolera (PPAF), de Petrobras, abriendo camino a la explotación petrolera en la Cuenca de Foz do Amazonas. La medida, disfrazada de “avance técnico”, en realidad acerca a Petrobras a la exploración petrolera en la Amazonia.
El PPAF fue aprobado “en teoría”, pero la siguiente fase incluye simulacros de rescate, un teatro para legitimar un proyecto que amenaza los manglares más grandes del mundo, cuna de la biodiversidad marina y crucial en la lucha contra el cambio climático. También representa una amenaza para las poblaciones pesqueras indígenas y tradicionales de la región. Lula, una vez más, demuestra su alineación con el capital fósil, sacrificando la Amazonia en nombre del lucro.
Trabajadores de Ibama denuncian la medida
Ascema, la asociación que representa a los trabajadores ambientales, publicó un comunicado de repudio contra la decisión de Ibama. Según ellos, la autorización es una maniobra para desconocer la experiencia técnica de los profesionales y acelerar un proyecto que sólo beneficia a Petrobras y sus accionistas.
Entidad protesta contra Ibama por aprobar plan de Petrobras, ignorando opinión técnica interna. “Lamentamos que la decisión de la presidencia del organismo se sustente en elementos que desconsideran el rigor técnico y metodológico de los dictámenes emitidos por las áreas especializadas del propio Instituto”, señala el comunicado.
Sin reacción del gobierno, Senado aprueba proyecto de destrucción
El día 20, el Senado aprobó el Proyecto de Ley 2.159/2021, que consiste en un paquete de destrucción ambiental disfrazado de “modernización”. El proyecto, promovido por ruralistas como Confúcio Moura (MDB-RO) y Tereza Cristina (PP-MS), fue aprobado sin debate, sin votación nominal y –lo que es extremadamente grave– sin la más mínima resistencia del gobierno Lula, mostrando una vez más la sumisión del PT al agrobusiness y al gran capital.
Una de las medidas del texto, apodado “Madre de Todo el Ganado”, es la facilitación de licencias para centrales termoeléctricas, hidroeléctricas y líneas de transmisión, bajo el pretexto de la “seguridad energética”. En realidad, se trata de una licencia para devastar, como podría ser el caso de la BR-319, conocida como la “Carretera del Fin del Mundo”, cuya pavimentación provocará la destrucción de una de las zonas más preservadas de la selva tropical.
El proyecto cumple también un viejo sueño de la agricultura: la llamada “autolicencia” para ampliar la agricultura y las grandes empresas quedarán prácticamente sin supervisión. Para ello, basta con obtener la Licencia por Adhesión y Compromiso (LAC), que permite la aprobación automática de proyectos, vía autodeclaración, sin análisis técnico. En otras palabras, un billete verde para los delitos ambientales.
El “Sendero de la Muerte” sobre las Tierras Indígenas
Uno de los mayores proyectos defendidos por el gobierno es Ferrogrão, una obra multimillonaria que conectará Sinop (MT) con Itaituba (PA). Su trazado pasa por seis Tierras Indígenas (TIs), 17 unidades de conservación y tres pueblos aislados, amenazando a los pueblos originarios y permitiendo el avance de la soja por el Sur de Pará y el Norte de Mato Grosso.
Destrucción sin consulta
Para mostrar la preocupación del gobierno por los pueblos indígenas, basta mencionar que los Kayapó (TIs Baú y Menkragnoti), los Panará (TI Panará) o los Munduruku (TI Sawré Muybu) fueron excluidos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Una violación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del que Brasil es signatario, que garantiza la consulta previa a estas comunidades.
Caballo de Troya de la agricultura
El Estudio de Viabilidad Técnico-Económico-Ambiental (EVTEA) admite que el ferrocarril incrementará la producción de soja en un 50% al 2050, acelerando aún más la deforestación.
“El impacto de Ferrogrão sería severo, es decir, cambiaría drásticamente el paisaje y la ocupación en estas áreas, generando daños directos e irreversibles a las comunidades locales”, informa el “Análisis de la Actualización de la EVTEA de Ferrogrão desde la Perspectiva de la Gobernanza Territorial”, con contribuciones de expertos de la Universidad Federal de Pará (UFPA) y organizaciones de la sociedad civil.
El ferrogrão no traerá ningún progreso a la población. Será un corredor de cereales para enriquecer a terratenientes y multinacionales, mientras los indígenas, las comunidades ribereñas y el bosque pagan el precio.
