Es indudable que en los últimos años el movimiento de mujeres ha sido una de las puntas de lanza en la lucha por derechos democráticos. Las movilizaciones por el derecho a la autodeterminación del cuerpo, la despenalización y legalización del aborto más allá de las tres causales, la lucha contra la violencia machista, la precarización de la vida y en general frente a la realidad que nos golpea cada día, representan sólo una parte de cuánto hemos avanzado las mujeres en la lucha contra todo tipo de opresiones.

En el contexto de un ascenso internacional del movimiento de mujeres, en el 2018, estudiantes de las universidades y escuelas adhirieron al International Womens’ Strike o Huelga Feminista, con paros y tomas en las universidades. Miles salieron a las calles exigiendo el fin al acoso sexual y una educación no sexista. La organización del Encuentro Plurinacional de Mujeres que Luchan y la preparación del 8 de marzo del 2019 fijaron una plataforma que incluía además de los ejes en torno al aborto, los derechos reproductivos y la violencia machista, la defensa de los territorios, la soberanía alimentaria, la vivienda, el trabajo y la seguridad social. Esas grandes manifestaciones de marzo duplicaron su convocatoria en el año 2019. Los grandes medios
de comunicación contabilizaban 800 mil mujeres a nivel nacional- y marcaron la antesala de la Revolución iniciada el 18 de octubre.

Las secundarias, protagonizaban el salto de torniquetes para evadir el pago del transporte público- que experimentaba un alza de 30 pesos- pero el movimiento se extendió más allá de los límites temporales y territoriales, esta irrupción violenta de las masas sintetizaba lo insoportable de la realidad que vivíamos como clase trabajadora y que el movimiento de mujeres expresaba, mostrando el Estado de descomposición de la sociedad capitalista y del modelo neoliberal. Ya no se trataba del alza del pasaje, se trataba de luchar por 30 años de explotación y opresión, donde todos los derechos esenciales como la educación, la salud habían sido privatizados; además contra el abuso de las AFP, las zonas de sacrificio medioambiental, el saqueo de las grandes empresas – grupos económicos de nuestros bienes naturales, corrupción, colusión por el precio de los pollos, los medicamentos etc. Es decir, todo el abuso de un sistema social y económico que golpea a la clase trabajadora, siendo los sectores más oprimidos como la mujer trabajadora, quienes reciben la peor parte.

Esa enorme desigualdad e injusticias sociales tienen relación con la concentración del poder económico y político en las manos de unas pocas familias multimillonarias. La revista Forbes contabiliza al 2021 a Chile como el país de América Latina donde la burguesía “concentró el mayor nivel de patrimonio entre los ultraricos en relación al tamaño de su economía”, siendo Iris Fontbona y la familia Luksic, la cabecera de lista con US$23.300 millones. El 1% de los más ricos captura el 50% de la riqueza nacional.

En cambio, las mujeres de la clase trabajadora no solo debemos enfrentar la violencia machista – a febrero de 2022, en Chile se registran 8 femicidios consumados y 18 femicidios frustrados (Sernameg) – también lo debemos hacer con salarios miserables porque el 74% de las trabajadoras gana menos de $350.000 pesos líquidos y un 15 % supera los $500.000 como ingreso líquido mensual (Fundación Sol), la falta de vivienda, atropellos laborales o la pesada carga de las labores domésticas y de cuidados que aumentan nuestra jornada laboral. Vivimos violencia machista y violencia del estado capitalista.

Es por eso que decimos que el origen de nuestros problemas no está en la dominación de
un género (los hombres) sobre otro (las mujeres) o de un sistema cultural que nos oprime,
la realidad nos indica que hay un sistema económico y social, donde hay una clase social – la burguesía/los ricos- que posee todos los medios de producción y distribución, explotando y
oprimiendo a la clase trabajadora. La realidad que vivimos, no es exclusiva de las mujeres
también lo son los trabajadores, los migrantes, las disidencias sexuales, las y los mapuche
etc. Todos enfrentamos al mismo enemigo, la gran burguesía nacional y transnacional. Es necesario, cambiar la estructura capitalista de raíz, para solucionar los problemas de las mujeres y de todos los oprimidos, de lo contrario, nuestros derechos serán resueltos de manera parcial o transitoria.

Convención Constitucional y el Nuevo Gobierno

La Convención Constitucional -que los grandes empresarios no querían porque se resistían a cambiar un ápice de la Constitución del 80- fue mandatada para recoger el conjunto de las demandas populares planteadas desde el 18 de octubre en las calles y nos costó muertos/as, mutilados/ as y encarcelados/as.

A pesar, de convertirse en el primer organismo para crear una Constitución con paridad de género (45% a 55%, de mujeres y hombres) ha sido un escenario para comprobar que
las mujeres no compartimos el mismo proyecto en la conquista de nuestros derechos, tenemos diferencias inclusive frente al aborto con sectores de derecha y aún más respecto del conjunto de demandas populares; vamos por proyectos de sociedad opuestos. La primera traba impuesta para seguir avanzando lo representa el mecanismo de votación 2/3 impuesto desde el Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre, pues así el gran empresariado aun teniendo minoría de representantes, puede mantener sus privilegios intactos. La segunda traba, está en los tiempos acotados para cumplir los plazos de la Convención y llegar a la aprobación de normas bajo el lema de los “amplios acuerdos”.

Esas trabas, sumadas a la sistemática política de un sector de los convencionales, Frente Amplio, Independientes no Neutrales y otros, de negociar con el gran empresariado y no
enfrentarlos a fondo, pone en riesgo lo que se puede conquistar en esta Convención.

Por otro lado, existen grandes expectativas en el futuro gobierno de Boric, que presentó
un Gabinete con mayoría de mujeres. Sin duda, el hecho que exista un gobierno que diga apoyar las demandas de las millones de mujeres que salimos a las calles es muy importante.

Exigiremos que ese gobierno cumpla sus promesas de combatir la violencia machista, apoyar la legalización del aborto, etc. Sin embargo, queremos hacer una alerta. El gobierno Boric ya viene mostrando que será un gobierno de pactos con las élites privilegiadas y que no está dispuesto a enfrentarlas hasta el final. Su principal ministro es Mario Marcel, uno de los grandes representantes del gran empresariado chileno y extranjero, el mismo que propuso, en el gobierno de Bachelet, aumentar la edad de jubilación de las mujeres a la misma de los hombres. Si el gobierno no empieza por tocar los intereses de los que han saqueado nuestro país, no podrá solucionar los problemas de las mujeres y de la mayoría de la población.

Por eso, planteamos que debemos seguir movilizadas y movilizados, de forma independiente del futuro gobierno.

Debemos organizarnos en los territorios, sindicatos, colectivas/os, etc. También debemos movilizarnos para presionar la Convención Constitucional a aprobar las demandas populares. Sin movilización, nuestras demandas serán cocinadas por los partidos políticos del gran empresariado y sus aliados políticos actuales – Frente Amplio y Partido Comunista.

Conozca la propuesta de María Rivera* y el MIT para las mujeres en la Convención Constitucional: Igualdad ante la ley y ante la vida

En esta Norma presentamos la necesidad histórica de las mujeres para poner fin a las labores domésticas como responsabilidad exclusiva nuestra y la socialización de estas tareas, porque no podemos aspirar a una igualdad en la explotación ni en la miseria socializada; también proponemos medidas para acabar con la violencia machista y apoyamos las iniciativas por la legalización del Aborto.

Las medidas que proponemos sean adoptadas por la Convención Constitucional:

1. El Estado deberá promover y garantizar la incorporación masiva de mujeres en todos los procesos productivos de la economía nacional y no sólo servicios; propendiendo a establecer como derecho, la calificación laboral. Se deberá implementar una política que garantice el derecho de las mujeres a la incorporación y reconocimiento al trabajo intelectual y altamente especializado que impulse el desarrollo industrial y científico del país. Derecho al descanso, la lactancia materna, asistencia económica en caso de incapacidad de trabajo.

2. Es responsabilidad del estado, garantizar el acceso y la gratuidad, en todos los niveles de instrucción, sin restricciones de sexo, procedencia nacional o social. En todos los centros de enseñanza, hombres y mujeres estudiarán bajo un currículo único y nacional. En caso de embarazo en el curso de los estudios, remuneración en cuantía de salario mínimo por embarazo y parto, hasta la finalización de estudios. Las madres que hayan dado a luz y dedicado años a la educación de los hijos, hasta los ocho años, podrán jubilarse a la edad de 40 o 45 años, con una antigüedad laboral de 15 años.

3.A igual trabajo, igual salario. El Estado debe establecer garantías plenas a las mujeres para recibir las mismas tarifas salariales que los hombres, que desempeñen un cargo y función. En las circunstancias de enfermedad de hijo menor de 1 año se garantizará el pago de una licencia médica equivalente a la remuneración integra. En las empresas del sector privado que incumplan con este derecho, el estado podrá intervenir su organización.

4. Red nacional de labores Sociales Domésticas. El trabajo doméstico es un bien social colectivo y necesario, por la tanto debe ser considerado como una responsabilidad social pública del Estado a través de una Red nacional de labores Sociales Domésticas.

La Red Nacional de Labores Sociales Domésticas, garantizada por el estado, deber completar: Construcción de salas cunas y guarderías infantiles; lavanderías colectivas y construcción de comedores populares en todas las poblaciones, comunas y barrios; ampliación de funcionamiento y raciones de los casinos de los establecimientos educativos de cada comuna, asequible a todos los miembros de la sociedad; bajo la planificación de un menú centralizado, que contribuya al desarrollo saludable de la población. Ración obligatoria, comedor y casas de acogida transitoria para la mujer y sus hijos, que se desempeña en el trabajo agrícola temporal.

5. Erradicación de la violencia a las mujeres. El Estado debe garantizar la organización permanente de mujeres para su desarrollo social a través de una red nacional comités de autodefensa para combatir la violencia machista, para efectos de asegurar una efectiva vida libre de violencia para las mujeres, disidencias y niños, independiente de su procedencia social, étnica o económica. Igualdad de derechos de la mujer dentro de cualquier rama de la administración pública, Fuerzas Armadas y de Orden.

¿Hay plata para esto?

Uno de nuestros principales proyectos es la nacionalización de la Gran Minería del
Cobre, litio y oro, 
lo que permitiría, con control democrático de la clase trabajadora, poner esa enorme riqueza al servicio del país, lo que posibilitaría aumentar los sueldos de las y los trabajadores, garantizar educación y salud públicas, construir jardines infantiles y restaurantes populares, financiar campañas contra el machismo, aumentar toda la red de apoyo a mujeres que sufren violencia y un largo etc.

También presentamos propuestas para nacionalizar las empresas más estratégicas del
país y cambiar de fondo el Poder Político de manos, reemplazando los actuales Poderes del
Estado por una Asamblea Plurinacional de las y los trabajadores y los pueblos, propuesta
que fue rechazada en una Comisión, pero que creemos firmemente que es la única forma de quitar el poder de los grandes empresarios y sus representantes políticos

Creemos en la lucha de las mujeres trabajadoras, jóvenes, de la diversidad sexual y de la clase trabajadora como un todo. La lucha por nuestros derechos debe ser solamente un paso en la lucha por una sociedad distinta, libre de opresión y explotación, una sociedad socialista.

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