Afganistán, 5 años después de la ocupación
El 15 de agosto de 2021, las tropas de ocupación estadounidenses se retiraron de Afganistán, poniendo fin a una criminal ocupación que duró 20 años —durante la cual el imperialismo estadounidense invirtió alrededor de 300 millones de dólares por día para sostener a un corrupto gobierno títere, así como a una fuerza militar que practicó todo tipo de violaciones de los derechos humanos contra la población afgana.
«Además, la situación de la mujer afgana no cambió cualitativamente durante los 20 años de ocupación. Solo el 25% de las mujeres sabe leer y escribir. La mitad de ellas se casa antes de los 18 años. El pago de una dote a la familia de la novia y la imposición del uso de la burka están generalizados, particularmente en las zonas rurales, donde vive el 75% de la población afgana. El régimen de ocupación nunca se preocupó por aplicar realmente la ley contra la violencia doméstica. Otra ley, la que garantiza la inclusión del nombre de la madre en los documentos de identidad de los hijos, solo fue votada a finales de 2020. En realidad, el imperialismo no ocupó Afganistán para “salvar” a las mujeres de la opresión. Por el contrario, esencialmente se adaptó a las prácticas sociales machistas vigentes, con algunos cambios cosméticos (algún recurso para las ONG, la presencia de mujeres en el parlamento del régimen títere, entre otros)».(1)
Esta criminal ocupación fue precedida por otra ocupación: la de la Unión Soviética, iniciada en 1979 y concluida con la expulsión de las tropas soviéticas 10 años después. Esta ocupación puso fin a dos importantes conquistas de la Revolución de Abril de 1978 (llamada Revolución de Saur): la reforma agraria y el fin de la dote matrimonial en el país (una forma de mercantilización de la mujer), y sumió a Afganistán en una guerra que se cobró la vida de un millón de personas.
En estos cinco años, el nuevo régimen liderado por el Talibán impuso el monopolio de la violencia en manos del Estado y conquistó el reconocimiento diplomático de derecho (de jure) por parte de Rusia y, de facto, por parte de todos sus vecinos, además de las potencias internacionales. Este reconocimiento se obtuvo debido al interés de estos países en adaptar Afganistán a sus propios objetivos. Por ejemplo, la Unión Europea promovió una reunión con representantes del Estado afgano en junio, cuyo objetivo era facilitar la deportación de refugiados afganos residentes en la Unión Europea —una clara violación de los derechos humanos de estos refugiados.
Los países vecinos tienen intereses relacionados con la seguridad en la región: es decir, les interesa que el régimen del Talibán impida la organización de movimientos disidentes en su territorio. El mejor ejemplo es China, que ocupa violentamente la región de Xinjiang —donde vive una mayoría de uigures bajo un violento Estado de ocupación—. China tiene interés en que el régimen afgano reprima las actividades de los grupos que luchan por los derechos de los uigures, algo que el régimen afgano hace con prontitud. En este momento, el régimen pakistaní acusa al régimen afgano de facilitar la acción del TTP (el Talibán que actúa en Pakistán y que, a pesar de su afinidad ideológica, no constituye la misma organización), y por ello expulsó a cientos de miles de refugiados afganos, realiza bombardeos esporádicos en zonas fronterizas y bloqueos en los pasos fronterizos.
La vida no mejoró
Sin embargo, a pesar de la victoria de la población afgana al expulsar al invasor en 2021, la vida no mejoró y el PIB se redujo en un 20%. Los primeros responsables son los países imperialistas, que mantienen bloqueados alrededor de 10.000 millones de dólares de fondos de Afganistán (el 70% de ellos bloqueados en Estados Unidos), recursos que serían fundamentales para mejorar las condiciones de vida de la población. La exclusión del país del sistema internacional de pagos (SWIFT) encareció la importación de alimentos, medicamentos y combustibles, de los cuales el país depende. Además, las potencias imperialistas redujeron drásticamente la ayuda humanitaria. Hoy, dos tercios de la población afgana viven por debajo del umbral de la pobreza.
El segundo responsable es el propio régimen del Talibán. Sus políticas económicas y sociales, impuestas de forma dictatorial, no produjeron mejoras en las condiciones de vida del país.
Su política de atraer a empresas mineras transnacionales para explotar riquezas minerales estimadas en 1 billón de dólares (incluidas reservas de litio y tierras raras) todavía no ha dado frutos. También existen acuerdos con países de Asia Central, como Uzbekistán y Kazajistán, que quieren construir una ruta ferroviaria hacia los puertos de Pakistán a través de Afganistán —negociaciones que todavía están en curso.
La agricultura continúa siendo la principal actividad económica del país. La exportación de frutas, azafrán, carbón y alfombras artesanales, así como las remesas de los refugiados a sus familias, son las principales fuentes de divisas. Por su parte, los impuestos sobre las actividades agropecuarias y sobre el comercio nacional e internacional proporcionan los recursos para el mantenimiento del Estado, que retiró recursos de la educación y la salud públicas y se concentró en el pago de las fuerzas militares y policiales, además de realizar algunas inversiones en carreteras.
En la agricultura, el régimen del Talibán reprimió el cultivo de amapola, reduciendo la producción anual de alrededor de 6.000 toneladas a unas 300 toneladas de opio. Esta política provocó protestas de campesinos que reclamaban una política de sustitución de esta producción por otra producción agrícola sostenible. Por otro lado, el tráfico de opio fue parcialmente sustituido por el tráfico de drogas sintéticas. No se implementó ninguna política de reforma agraria; por el contrario, existe una adaptación del régimen talibán a los grandes propietarios y a la vergonzosa política racista contra la población chiita hazara, que periódicamente es expulsada de sus tierras en el centro del país.
La política más perniciosa del régimen afgano, sin embargo, es la relacionada con las mujeres. Afganistán es el único país del mundo que prohíbe el acceso a la educación a niñas y mujeres mayores de 12 años, y que hace obligatorio el uso del chador (una vestimenta que oculta y deshumaniza a las mujeres) y las obliga a salir a la calle acompañadas por un hombre de la familia (mahram). Esto hace que alrededor de la mitad de las mujeres solo salgan de sus casas una o dos veces al mes, convirtiendo sus hogares en verdaderas prisiones. Esta política misógina tiene un enorme impacto económico, ya que las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la fuerza laboral y están excluidas, en la práctica, del mercado laboral, de las escuelas y universidades y de cualquier desarrollo humano, lo que, además de ser inhumano, provocará, por ejemplo, la falta de profesoras, enfermeras, médicas y científicas en un futuro próximo.
Una política socialista para Afganistán comienza por exigir el desbloqueo de todos los fondos afganos congelados en los países imperialistas, la ampliación de la ayuda humanitaria y el reconocimiento diplomático del país por parte de todos los Estados, restituyendo su derecho a un asiento en la Organización de las Naciones Unidas.
Además, es fundamental integrar las campañas en defensa de los derechos de los refugiados afganos contra las deportaciones, ya sean de Estados Unidos, la Unión Europea o países vecinos como Pakistán e Irán.
Por último, es decisivo apoyar las protestas obreras y populares y la autoorganización de los trabajadores, las mujeres y demás sectores oprimidos —como la protesta ocurrida el 9 de junio en la ciudad de Herat, donde alrededor de 100 personas protestaban contra la acción de la policía de la moral contra las mujeres, gritando “Educación, trabajo y libertad”. La manifestación fue duramente reprimida a tiros por las fuerzas represivas, con muertos y heridos.
En cuanto a la autoorganización, es necesario apoyar a organizaciones populares como RAWA (Asociación Revolucionaria de Mujeres de Afganistán), la más antigua del país, que defiende una república laica, se opone a cualquier intervención extranjera, defiende los derechos de la minoría hazara y trabaja clandestinamente en la educación de niñas y en redes de solidaridad. Otra organización es la LRA (Izquierda Revolucionaria Afgana), que hizo un llamado a la solidaridad internacional para defender los derechos de las mujeres, una verdadera independencia nacional de Afganistán, la utilización de las riquezas naturales del país para el desarrollo socioeconómico y el bienestar de la población, y la defensa de una educación pública y gratuita para todos los hombres y mujeres.
