Bolivia: la crisis se mantiene y se profundiza
Los bloqueos que durante 54 días paralizaron las principales carreteras del país fueron levantados, pero la crisis que los provocó no desapareció. El gobierno de Rodrigo Paz consiguió, mediante el desgaste de la movilización, el acuerdo con la COB y la utilización del estado de excepción, recuperar temporalmente el control. Sin embargo, no logró resolver ninguno de los problemas fundamentales que llevaron a miles de trabajadores, campesinos, indígenas y sectores populares a las calles.
Por el contrario, durante los últimos meses la crisis se ha profundizado y adquirido nuevas dimensiones. A la escasez y al aumento del precio de los combustibles se suman el deterioro del poder adquisitivo, el aumento del dólar, la presión del FMI, la intervención de YPFB y una creciente inestabilidad política.
Todo esto confirma lo que señalábamos en los artículos anteriores: poner fín a las movilizaciones, a través de acuerdos y repression, no significó una salida a la crisis. El gobierno de Paz sigue siendo un gobierno débil, sostenido por la represión y por un programa económico que descarga el peso de la crisis sobre los trabajadores y los sectores populares.
Continúa las medidas económicas en favor de la burguesía y el imperialismo
Rodrigo Paz llegó al gobierno prometiendo sacar a Bolivia de la crisis. Sin embargo, su respuesta ha sido profundizar un programa de ajuste y apertura económica.
La eliminación de los subsidios a los combustibles, la reducción del papel del Estado en la economía y el acercamiento al Fondo Monetario Internacional forman parte de una misma orientación.
Esta semana se hizo público el acuerdo alcanzado con el FMI por aproximadamente 1.900 millones de dólares, después de que sus principales contenidos fueran presentados oficialmente el 10 de septiembre. El programa, que tendrá una duración de 36 meses, compromete al Gobierno con un fuerte ajuste fiscal orientado a reducir el déficit, mediante la contención del gasto público, la reducción de la inversión estatal y la reestructuración de empresas públicas consideradas no viables. Entre las medidas más importantes se encuentra la eliminación completa de la subvención a los combustibles a partir de enero de 2027, cuando sus precios deberán alcanzar niveles de recuperación de costos, además de una política de reducción de otros subsidios. Consolida el régimen de tipo de cambio flexible que el Gobierno ya había comenzado a aplicar desde junio y establece que se deberá avanzar hacia un régimen de flotación determinado por el mercado. Limita el financiamiento del Estado por parte del Banco Central y promueve reformas destinadas a facilitar la inversión privada, particularmente en sectores como hidrocarburos y minería.
De esta manera, el costo de la llamada estabilización económica va a recaer principalmente sobre los trabajadores y los sectores más pobres, mientras se crean mejores condiciones para los grandes empresarios y el capital privado. Paz sostiene que los subsidios son insostenibles y que es necesario “ordenar” la economía. Pero la pregunta que debemos hacernos es otra: ¿ordenar la economía para quién?
La política de combustibles es un ejemplo evidente. La eliminación de los subsidios encarece el transporte y aumenta los costos de producción y distribución. El impacto termina trasladándose al conjunto de la población mediante el aumento del precio de los alimentos y de otros productos básicos.
La cuestión cambiaria no es un problema abstracto para la población. La devaluación y la pérdida del poder adquisitivo significan aumento. El dólar paralelo se encontraba alrededor de Bs 11,16 a comienzos de agosto. Para los primeros días de septiembre ya se ubicaba alrededor de Bs 12,4, lo que representa un aumento cercano al 10% en aproximadamente un mes y el Banco Central estableció desde el 7 de septiembre un tipo de cambio oficial de Bs 12,58 por dólar.
El gobierno presenta estas medidas como parte de una modernización inevitable. Pero detrás de ese discurso existe una política clara: hacer que los trabajadores y sectores populares paguen por la crisis mientras se garantiza un nuevo espacio para el capital privado y para los organismos financieros internacionales.
El degaste politico del gobierno
El desgaste del gobierno es debido a las medidas económicas, pero también es politico. El escándalo alrededor de Fernando Cerimedo, que estalló el 18 de Agosto, abrió una profunda crisis política en el gobierno. Aunque Rodrigo Paz ha intentado ocultar o minimizar sus vínculos con Fernando Cerimedo, los hechos ponen en evidencia y revela la relación de sectores del nuevo gobierno con operadores de una derecha internacional a la que Paz intenta presentarse como ajeno.
Junto a eso y como consecuencias, comienzaron los quiebres entre los aliados del gobierno Paz. El Partido Demócrata Cristiano (PDC) está dividido, con un sector que mantiene su apoyo y otro que rompe con el Gobierno, denunciando falta de coordinación, corrupción y pérdida de confianza. A esto se suma el distanciamiento de otros aliados, como Unidad Nacional, que comienza a condicionar su respaldo.
Paz pierde apoyo también en en las calles. Según Ipsos Ciesmori, en una encuesta realizada entre el 19 y el 31 de agosto, su aprobación cayó del 65% en enero al 21% en agosto, mientras la desaprobación llegó al 65%. Además, el 81% de los encuestados considera que Bolivia marcha en la dirección equivocada. Entre las principales razones del rechazo aparecen la percepción de corrupción, la mala gestión y la crisis de combustibles.
El caso Cerimedo, que profundiza la percepción de corrupción y mala gestion, también permite observar las conexiones internacionales de la nueva derecha latinoamericana. Cerimedo es conocido por su participación en estrategias de comunicación política digital y por su relación con sectores de la derecha radical de la región. Las denuncias que vinculan a Cerimedo con un intento de feminicidio y con acciones de intimidación contra testigos expresan métodos de una derecha que, en distintos países, combina prácticas de persecución, violencia y amedrentamiento para defender sus intereses.
Paz se sostiene a costa del estado de excepción y la persecución a los movimientos sociales
Frente a las movilizaciones, el Gobierno respondió con el estado de excepción y la persecución judicial de dirigentes sociales. De las 365 personas arrestadas durante los operativos contra los bloqueos registrados por la Defensoría del Pueblo, 118 permanecían en distintas situaciones jurídicas, mientras que la Fiscalía de La Paz informó que 26 personas se encontraban con detención preventiva por los procesos derivados de los 53 días de conflicto.
En este contexto, el escándalo de Fernando Cerimedo adquiere una dimensión política mayor: además de las graves denuncias que pesan sobre él, existen acusaciones sobre su participación en la estrategia del estado de excepción y en un supuesto operativo para capturar a Evo Morales. El caso expone así los vínculos de Paz con sectores de la derecha internacional y muestra que, ante la pérdida acelerada de apoyo popular, el Gobierno combina ajuste económico, estado de excepción y persecución de los movimientos sociales para sostenerse.
Los 53 días de movilización dejaron una experiencia que sigue viva entre los trabajadores, campesinos, indígenas y sectores populares. El levantamiento de los bloqueos significó un repliegue, pero no una derrota definitiva: las causas que llevaron a miles de personas a las calles —el aumento del costo de vida, la crisis de combustibles, la pérdida del poder adquisitivo y el rechazo al ajuste— continúan presentes. Paz necesita tiempo y tranquilidad social para aplicar el acuerdo con el FMI, profundizar el ajuste y avanzar en la apertura de la economía y la entrega de los recursos naturales al capital privado y extranjero. Pero el Gobierno sabe que el conflicto no está resuelto. Por eso, ante los anuncios de nuevas movilizaciones para octubre, sectores del oficialismo ya impulsan la ampliación del estado de excepción, cuya vigencia termina el 18 de septiembre.
Por eso, octubre puede convertirse en un nuevo momento de luchas. Las organizaciones sociales y sindicales preparan nuevas medidas de presión y algunos sectores han anunciado que esperarán el fin del estado de excepción para retomar las movilizaciones. El propio Gobierno reconoce que existe esta preparación y utiliza esa amenaza como argumento para intentar prolongar el régimen excepcional. El desafío será transformar el descontento que permanece en las bases en una nueva movilización, buscando unificar las luchas. Octubre puede abrir una nueva etapa de movilización y permitir que los trabajadores y sectores populares retomen la iniciativa en las calles.
Hay que aprender de la experiencia
La movilización de los 53 días dejó una lección fundamental: no alcanza con la fuerza del movimiento social si sus direcciones terminan negociando por separado, traicionando y frenando la lucha. Tampoco basta con conquistar la derogación de una medida puntual si permanece intacto el programa económico que descarga la crisis sobre el pueblo. Las bases necesitan romper con las direcciones y organizaciones que, una y otra vez, han demostrado que no están dispuestas a romper con el sistema y terminan frenando o negociando las luchas desde arriba.
Es necesario construir una alternativa propia, independiente y basada en la organización y las decisiones democráticas de trabajadores urbanos y rurales, campesinos, pueblos indígenas, estudiantes y demás sectores populares. Una alternativa en la que los representantes sean elegidos y puedan ser revocados por las propias bases, y en la que las decisiones sobre la lucha no se tomen en negociaciones de cúpula.
El problema de fondo sigue siendo quién pagará la crisis: Paz, el FMI, los empresarios y las transnacionales pretenden que la paguen los trabajadores y el pueblo. Nuestra alternativa no puede ser aceptar ni administrar ese ajuste, sino luchar para que la crisis la paguen quienes se han enriquecido a costa del país. La próxima etapa de la lucha debe servir no solo para defender nuestras conquistas, sino también para construir una dirección y una alternativa política propias, democráticas e independientes, bajo el control de las bases y dispuestas a romper con el sistema que sostiene el poder de la burguesía y de las transnacionales.
