Brasil: ¡Derrotar a Tarcísio y su plan de privatización del Metro de San Pablo!
¡En defensa de un Metro público, estatal y controlado por los trabajadores y pasajeros!
04/08/2023
Por Camilo Martin y Narciso Soares
El gobernador de la extrema derecha, Tarcísio de Freitas, anunció que quería transformar la “vocación” del Metro. Días después fue más allá y, haciendo explícito el verdadero significado de esta “revocación”, dijo que pretendía privatizar la operación de todas las líneas hasta 2025(1).
Este anuncio pone el Metrô en la mira del gobierno, junto con otras empresas estatales como CPTM, Sabesp, EMAE en el llamado PPI – Programa de Asociación de Inversiones, el «paquetazo de privatizaciones», para ser entregado al gran capital, garantizando grandes ganancias y privilegios a las empresas privadas, mientras profundiza la destrucción de los servicios públicos para la clase trabajadora.
Tarcísio quiere postularse como representante de la extrema derecha de cara a las elecciones de 2026 y, como parte de ese plan, dejar una huella privatista en su gestión en el estado de São Paulo. Se trata de una profundización de los procesos de privatización de las administraciones del PSDB y de la plena aplicación de la Ley de las PPP (Asociación Público Privadas), creada en 2003 por Haddad, del PT.
La privatización profundiza la destrucción de los servicios públicos: ¡El ejemplo de la Vía Movilidad!
Son muchos los ejemplos que mostraron y muestran en la práctica las nefastas consecuencias de la privatización de los servicios públicos. Lejos de la letanía neoliberal de que “las privatizaciones ampiarían la competencia y el servicio ofrecido sería de mejor calidad”, lo que se ve es lo contrario. Disminución de la inversión, precariedad de las condiciones de trabajo y en la calidad del transporte acompañados de mayor inseguridad en la operación. El propio ejemplo de la privatización de las líneas 8 y 9 de la CPTM, ahora administrada por la Via Mobilidade/CCR, ha sacado a la luz estas evidencias.
En los primeros tres meses de operación privada, las líneas 8 y 9 registraron un aumento de 275% en el número de fallas(2). Al finalizar el primer año de operación se registró un promedio de 1 falla cada 2 días(3). Una auténtica falta de respeto al trabajador que depende del transporte público y tiene que lidiar no sólo con los trastornos sino también con la falta de seguridad. Lejos de ser una situación específica de SP, la realidad es la misma en todo el país. Otros ejemplos con fallas y accidentes es el precario servicio prestado por SuperVia, privatizado hace más de dos décadas, el MetrôRio, o el reciente caos causado por Via4, responsable por la línea 4-Amarilla del Metro de San Pablo (SP).
Los servicios públicos han sido precarizados en los últimos años por parte de todos los gobiernos, sean estaduales o federales, que siguieron estrictamente la agenda neoliberal, recortando el presupuesto de las áreas sociales para garantizar el pago de la deuda pública. Pero esta situación, que ya no es positiva, puede dar un salto con las privatizaciones, profundizando la destrucción de los servicios públicos y atacando a la mayoría de la población trabajadora, en particular a las mujeres, que sufren diversos casos de asedio y violencia sexual, haciendo de sus vidas una verdadero infierno.
La privatización aumenta el gasto público y privilegia a los grandes capitalistas
Es común en este debate de las privatizaciones escuchar a columnistas de periódicos, representantes del gobierno o incluso influencers liberales defender la privatización porque sería una forma de economizar gastos y mejorar el servicio. Ya dimos algunos ejemplos concretos de que la privatización empeora el servicio pero, además, aumenta el gasto, drenando dinero público a las arcas de las grandes empresas capitalistas, a través de los mecanismos de las PPP, sociedades público-privadas instituidas en 2003, durante el gobierno de Lula.
Una vez más, por tratarse directamente de la privatización del modal metroferroviario, el caso de la CCR sirve de ejemplo. Aquí en São Paulo, esta empresa es responsable por la conducción de las líneas 4 y 5 del Metro y las líneas 8 y 9 del ferrocarril, además de algunas carreteras. En los últimos años ha habido muchos ejemplos de privilegios. En 2021, el entonces gobernador João Doria transfirió alrededor de 1.000 millones a CCR(4), bajo la justificación de “desequilibrio contractual”. Unos días después, la misma CCR subastó las líneas 8 y 9 al mismo precio. En 2022, la revista Veja(5) denunció una cuenta oculta de la Artesp que reajustó en un 9.500% los contratos de las concesionarias de la CCR responsables de las carreteras en San Pablo. Detalle: las concesionarias tenían un desequilibrio conjunto de 36 millones de reales y, según las propias cuentas de Artesp, pasaron a tener derecho de recibir 3.400 millones de reales. Un escándalo.
Recientemente, el blog Plamurb(6) realizó una relevamiento que presenta datos sobre el valor de las tarifas en líneas privadas y en líneas de transporte ferroviario estatal en San Pablo. En ViaQuatro, en este momento, el contrato garantiza una tarifa de R$ 6,32(7), valor muy superior a la tarifa común, que es de R$ 4,40. Este monto es reintegrado a las empresas privadas, con prioridad bajo el sistema estatal, a través de la Cámara de Compensación”(8).
Lejos de la propaganda que hacen de las privatizaciones, lo que sucede es que las llamadas “parcerías” [asociaciones] ofrecen privilegios a las empresas privadas con transferencias y subsidios que no existen en las empresas estatales. La destrucción de estas se profundiza, para abrir paso a las privatizaciones y tratar el transporte como una mercadería, beneficiando sólo a los capitalistas.
La privatización aumenta el precio de la tarifa
Además de no mejorar la calidad del servicio público y costar más a las arcas públicas, es decir, gastar más dinero del pueblo, la privatización del transporte metroferroviario eleva las tarifas cobradas.
El ejemplo más reciente es el del Metrô de Belo Horizonte (BH) privatizado por Lula, en sociedad con el gobernador Zema. A pocos meses de haber entregado este patrimonio público a precio de banana, alrededor de 25 millones de reales(9), la tarifa ya está siendo reajustada. El incremento será de 18%, saltando de 4,50 a 5,30 reales.
En el caso de Río de Janeiro, los valores son aún más absurdos. Este Estado es pionero en la privatización del servicio del sector metroferroviario y es también allí donde se pueden constatar las tarifas más altas cobradas en todo el país. La MetrôRio cobra R$ 6,90 por pasaje. La SuperVia, responsable por el ferrocarril, cobra R$ 7,40. Precios altos para un servicio de pésima calidad. En SP, si no fuese por el secuestro de valores provenientes del Metrô y de la CPTM a través de la “Cámara de Compensación”, la tarifa cobrada por la línea 4-amarilla sería de R$ 6,32, como se mencionó anteriormente.
A nivel federal, Lula sigue los mismos pasos de Tarcísio y profundiza la privatización del sector metroferroviario
Si Tarcísio anuncia sus pretensiones de poner fin al sistema público metroferroviario, incluida una nueva subasta para la entrega de la CPTM el 28 de noviembre, a nivel nacional Lula sigue el mismo camino.
Al contrario de lo que defendió en su campaña presidencial, Lula continuó con la privatización del Metro de BH, iniciada por Bolsonaro y Paulo Guedes. Incluso con la lucha histórica de los hombres y mujeres del metro, que protagonizaron una huelga de más de un mes, el gobierno federal, con el apoyo del gobernador Zema, sancionó la entrega al Grupo Comporte, vinculado a la familia Constantino.
La situación es grave, y no se queda ahí. A pesar de las promesas hechas por el gobierno del PT, seis meses después del inicio del gobierno de Lula, tanto el Metro de Recife (CBTU) como el Metro de Porto Alegre (Tremsurb) no fueron retirados del Plan Nacional de Privatización(10) y, como se muestra en el caso de Belo Horizonte, no se descarta la privatización. Ante este escenario, los gremios ya realizaron un paro en 2023.
Si ya es muy grave mantener el proyecto de privatización de estos sectores bajo control directo del gobierno federal, es aún más grave esta situación por la política económica neoliberal defendida por el gobierno, que favorece y apoya la política de privatización también en los Estados y municipios. El ejemplo más directo de esto es la defensa que hace el ministro de Hacienda, Fernando Haddad (PT), de que el tesoro nacional apoyará y será garante de las PPP en los Estados y municipios (11).
Además, el marco fiscal, apoyado por toda la clase capitalista y votado por parlamentarios que van desde el PSOL hasta el PL, crea un nuevo techo de gastos que, por un lado, limita la inversión pública en áreas sociales –como transporte, salud y educación–, para garantizar el pago de la deuda pública, por otro lado, refuerza un mecanismo(12) en el que todos los ingresos no recurrentes, que implican privatizaciones, concesiones, etc., no serían tenidos en cuenta en el aumento del techo de gastos. Es decir, no existiría ningún tipo de límite de gastos para garantizar la inversión de recursos del Estado con el objetivo de privatización. En otras palabras, no hay límite para la transferencia, a través del Tesoro o del BNDES, de dinero público para empresas privadas que participen de las PPP.
¡Construir la unidad en la lucha y sin el rabo preso a ningún gobierno, para enfrentar todas las privatizaciones!
El 17 de julio, el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Metroviarios, del que forman parte los militantes del PSTU, organizó un Plenario Unificado Contra las Privatizaciones que reunió a decenas de entidades, movimientos y sindicatos para luchar contra las privatizaciones del gobierno de Tarcísio. Estuvieron presentes representantes de los trabajadores de Sabesp [agua], CPTM [ferrocarril], Metalúrgicos del ABC, de la CUT, de la CTB, de la CSP-Conlutas, de la Fuerza Sindical, y representantes de mandatos parlamentarios (PT, PSOL) y miembros de partidos, como el PSTU y el PSOL.
Fue una actividad muy importante, que buscó dar los primeros pasos hacia la construcción de un calendario de lucha y enfrentamiento unitario contra los ataques de los gobiernos, además de construir un Plebiscito Popular sobre las privatizaciones y una cartilla del movimiento contra las privatizaciones. Los trabajadores del metro ya están con huelga prevista para el 15 de agosto contra las tercerizaciones y las privatizaciones. Habrá una nueva reunión unificada el 9 de agosto.
En setiembre, a su vez, se realizará un Plenario Nacional del Sector Metroferroviario organizado por la FENAMETRO que deberá cumplir el papel de organizar las iniciativas conjuntas a nivel nacional en la lucha contra la privatización del sector metroferroviario. Iniciativas que también deben ser parte del debate en el Congreso de la CSP-Conlutas, a realizarse a principios de setiembre.
El PSTU se suma a los esfuerzos por construir una campaña unificada contra las privatizaciones. Para eso, jugará sus fuerzas en la lucha política con sus militantes metroviarios, y en todas las categorías en que actúa, para construir la campaña unificada con todos los que quieran luchar en las calles, en las huelgas contra los planes privatizadores de cualquier gobierno, ya sea en San Pablo contra Tarcísio, y también contra Lula a nivel federal. Desde ya, nos parece fundamental que este movimiento no tenga el rabo preso a ningún gobierno. Por eso, es fundamental que no sólo las centrales sindicales participen con sus fuerzas en esta lucha como que rompan con su apoyo a cualquier gobierno, incluido el de Lula y el PT, que también han sido corresponsables por esta situación.
¡El transporte no es mercadería! ¡El transporte debe ser un derecho! ¡En defensa del transporte público, estatal y controlado por trabajadores y pasajeros! ¡Tarifa cero ya!
En las calles, en las huelgas y en las luchas es necesario construir un proyecto de transporte alternativo que responda a los intereses de los trabajadores y del pueblo pobre y no a los de los grandes capitalistas. Un proyecto que defienda los intereses de la mayoría y no de la minoría que es privilegiada por la privatización y vive andando de yate, helicóptero y avión.
Los trabajadores saben bien cuánto les pesa en el bolsillo la tarifa a fin de mes. La crisis social en el país es brutal. Una encuesta reciente de la ONU indicó que en el Brasil, alrededor de 70 millones de personas viven en una situación de inseguridad alimentaria. Más de la mitad de los trabajadores están en trabajos informales. Además, son muy conscientes de la dificultad de ir para el trabajo en un transporte público abarrotado o, peor aún, cuando hay fallas en la línea.
En todo el mundo, el transporte público, el saneamiento y varios otros servicios públicos básicos han sido reestatizados después de la ola neoliberal de los años 80 y 90. Desde 2000 hasta 2019 se reestatizaron más de 884 servicios privados(13) y esta tendencia continúa creciendo, especialmente durante y después de la pandemia. Esta situación es así tras la constatación de la pérdida de calidad y el aumento de costos. En todo el mundo, el transporte de pasajeros sobre rieles es deficitario y se sostiene con subsidios públicos. Eso es porque puede garantizar una serie de otros beneficios. Un estudio de la FEA-USP de 2013 indicó, por ejemplo, que el Metro de San Pablo genera alrededor de 19,3 mil millones de reales para el país(14).
Es necesario invertir la lógica con que trabajan los gobiernos y los capitalistas. Ellos quieren cada vez más convertir todo en mercadería y lucrar con ello. En la privatización del transporte público la historia es la misma. El transporte no puede ser mercadería. Debemos defender el Metro estatal, 100% público. Pero no como es hoy. Debemos exigir que haya un subsidio público que garantice, por un lado, la ampliación de la red ferroviaria y de la industria nacional para el sector metroferroviario, por otro lado, la reducción de la tarifa hacia la tarifa cero, que beneficie al pueblo trabajador. Además de la garantía de vagones exclusivos para las mujeres en horas pico, como medida paliativa en la lucha contra el asedio.
Para tener una idea, el BNDES garantizó 4,6 mil millones de reales en enero de este año para la CCR. Es decir, no es un problema de falta de dinero. Dinero tiene. Es un problema de inetrés de clase. Necesitamos luchar para garantizar que la riqueza producida por los trabajadores sea disfrutada por los trabajadores y no por los capitalistas. Por eso hay que defender también que haya un control hecho por los trabajadores y por los pasajeros, no por un puñado de directivos con súper salarios y que no tienen ningún compromiso con el pueblo.
El transporte público es la columna vertebral de la ciudad. El modal metroferroviario es altamente eficiente y mucho más beneficioso para el medio ambiente. Sin embargo, es subvalorado por el proyecto de desarrollo impuesto a nuestro país, que priorizó el transporte por carretera. La privatización de lo poco que existe de este modal en el país es un retrato de un país que va cuesta abajo, hacia la recolonización.
En la lucha contra la privatización, necesitamos construir la lucha por otro proyecto de país, que no será llevado adelante por ninguno de los gobiernos de turno. Es necesario construir un campo de la clase trabajadora, sin conciliación con el patrón. Una oposición de izquierda y socialista que defienda los intereses de la clase trabajadora y del pueblo pobre.
¡Derechos para los trabajadores! ¡Molinetes libres para la población!
¡Basta de dar dinero a los multimillonarios! ¡Por el fin de la privatización!
4.https://www.intercept.com.br/2021/06/19/gobierno-doria-indenizacao-bilionaria-viaquatro-ccr/
11 https://exame.com/brasil/haddad-tesouro-devera-dar-apoio-a-ppps-estaduais-e-municipais/
13 https://cee.fiocruz.br/?q=Privatizacoes-reversiones
14 http://biton.uspnet.usp.br/espaber/?materia=metro-de-sao-paulo-gera-economia-para-o-pais
Camilo Martin, director del Sindicato de los Metroviarios y militante del PSTU Brasil; y Narciso Soares, vicepresidente del Sindicato de los Metroviarios y también militante del PSTU Brasil.
Artículo publicado en www.pstu.org.br
Traducción: Natalia Estrada.
