Combatir la esclavitud y el racismo: esta tarea es de la clase trabajadora y del movimiento negro
Por: Rejane de Oliveira, militante del PSTU y ex candidata a gobernadora de RS; y Vera Rosane Rodrigues de Oliveira, Presidente Estatal del PSTU-Rio Grande do Sul
Después del escándalo nacional e internacional en torno al trabajo esclavo en Bento Gonçalves (RS), la impresión que se da ahora es de que se están tomando medidas. Las vinícolas se disculpan y la tercerizada Fênix, que cumple el papel de capataz, tendrá que indemnizar a los trabajadores. El caso sale de las noticias locales y entra en la reunión del ministro de Agricultura con las empresas agrícolas en Rio Grande do Sul (en el primer día del evento Expodireto, en Não-Me-Toque, en el norte del Estado), con derecho a declaraciones de condena a las ocupaciones de tierras del MST por parte del representante del Gobierno Federal.
Los gobiernos federal y estadual, las instituciones y la burguesía nacional no quieren que se saquen conclusiones profundas de lo ocurrido. A estos les bastó mostrar la cara hipócritamente horrorizada durante unos días. El caso, que es la repetición de innumerables otros, si permaneciera en foco, podría configurar una confesión: la promesa civilizadora del capitalismo moderno, de acabar con la esclavitud y la servidumbre, demostró ser una farsa. Por el contrario, el mundo, bajo el comando de tal mercado, toma el camino inverso: someter a la clase trabajadora a una sobreexplotación cada vez más inhumana.
Las instituciones del Estado, en momentos como este, muestran su sumisión a los intereses de las grandes empresas.
Lo que se dice y lo que se hace
El gobernador Eduardo Leite (PSDB) calificó la situación como inaceptable y formó un grupo de trabajo para “dar seguimiento a las acciones ya articuladas”. El ministro de Derechos Humanos y Ciudadanía, Silvio Almeida, admite que no se trata de un caso aislado y adopta medidas para proteger a los trabajadores rescatados, además de otras reuniones de comisión.
El Ministerio Público del Trabajo (MPT) propone un Término de Ajuste de Conducta (uno más que se suma a los varios incumplidos por esta misma empresa desde 2017), más el pago por despidos y una irrisoria indemnización para 208 trabajadores. ¡Con eso creen reparar el mal a quienes fueron sometidos a trabajos forzados, torturados, esclavizados y víctimas del racismo! Por lo tanto, vale la pena para las empresas continuar con esta “conducta”, a ojos vista de las autoridades durante tantos años.
El discurso del concejal Sandro Fantinel, de Caxias do Sul, fue brutal: aconsejó a los agroempresarios contratar argentinos y no bahianos porque los primeros serían, entre otras cosas, más “limpios” y trabajadores. (Nota: cuatro argentinos fueron rescatados en junio del año pasado en condiciones análogas de esclavitud en el municipio de Putinga).
El Centro de Industria, Comercio y Servicios de Bento Gonçalves declaró que el problema es la falta de mano de obra, “provocada por beneficios como la Bolsa-Família”. Los empresarios sorprendidos cometiendo tales delitos no bajan la cresta y consideran que, si un trabajador opta por una miserable ayuda del gobierno, en lugar de someterse por mucho menos (o gratis) a jornadas de 15 horas, es porque es un vagabundo (“Solo le gusta tocar el tambor”). A estos esclavistas les interesa reforzar estos estereotipos racistas.
Estado cómplice y facilitador de las relaciones de esclavitud
Para Karl Marx, el trabajo asalariado es la esclavitud moderna. Pero en términos formales y legales, cada trabajador es dueño de su propio cuerpo y vende su fuerza de trabajo para lo que la empresa quiera. En la práctica, todo esto es falso, ya que los trabajadores, frente el desempleo, no tienen elección y se someten a “lo que tienen”.
Pero esto no es suficiente para el capitalismo nacional decadente y colonizado, protegido por el Estado. Cada vez más quieren burlar este mínimo de libertad y conducen al trabajo forzoso, a veces a través de la violencia. No es casual que prácticamente todos los gobiernos se niegan a desmilitarizar las policías, utilizadas para proteger las propiedades de los ricos y para sofocar la revuelta de los que sufren la explotación. Tampoco lo son las denuncias de que la empresa tercerizada Fénix utilizó policías de la Brigada Militar, con casetes, gas pimienta y choques eléctricos.
Pero, ¿cuál es la moral de todos los legisladores de derecha e izquierda que, en las últimas décadas, han quitado uno a uno los derechos más elementales? En el marco de la reforma laboral, dijeron que, flexibilizándola, llamando trabajo al subempleo, declarando el trabajo temporario e intermitente como forma aceptable de relación laboral, todo eso haría más productivo el capital. “Cuanto más ganancias, más puestos de trabajo son generados”, dicen. Esta farsa está desenmascarada para quienes la quieran ver.
La reforma de la Previsión también se llevó a cabo con este argumento y ofreció la cabeza y los brazos de los trabajadores a las empresas por más tiempo de vida, superando el límite de la capacidad de trabajo. Un simple cálculo de la actual vida media fue argumento suficiente para sacrificar millones con la jubilación tardía.
Pero, en este caso específico de Bento Gonçalves, se hizo evidente la Ley de Tercerizaciones, una forma de segmentar a los trabajadores en subclases, con cada vez menos derechos, provocando mayor rotación y rebajando la media general de los salarios. La vinícola Aurora se eximió de responsabilidad, que sólo sería de la Fénix. Alegando su ingenuidad, declaró: “ya hemos cometido errores, pero estamos comprometidos a no repetirlos”. Pero lleva mucho tiempo repitiendo estos errores, ya que hubo denuncias durante varios años.
El gobierno de Lula debe revocar las reformas y expropiar las vinícolas
El gobierno de Lula ignora el tema. Contrastando la declaración de intenciones del ministro Sílvio Almeida, están las declaraciones del Gobierno Federal de que no revocará las reformas laboral y previsional. Mucho menos está en su foco acabar con la Ley de Tercerizaciones.
Cada vez que el gobierno y los ministros se enfrentan a un conflicto de intereses más flagrante entre trabajadores y empresas, salen por la tangente en sus discursos. Pero en la práctica son pro capital y latifundio. Véase el caso reciente de la ocupación por el MST de una estancia que no cumplía con un acuerdo celebrado en 2010. El ministro de Desarrollo Agrario, Paulo Teixeira, del PT, pidió que el MST se retirase y garantizó que protegería la propiedad privada.
Si el gobierno de Lula quisiera cumplir con las expectativas de justicia social, tendría que optar por medidas para acabar con la explotación, lo que fatalmente chocaría con los intereses de aliados capitalistas que integran o apoyan el gobierno. Debería revocar las reformas y, en el presente caso, expropiar las empresas que construyeron su patrimonio sobre la base de la explotación y el trabajo esclavo.
En Río Grande do Sul
Siguiendo la línea de medidas vacías de Eduardo Leite, la Cámara de Diputados, a través de la CCDH, dirigida por la diputada Laura Sito, formó el Comité Interinstitucional para acompañar las investigaciones, la cual no tomó ninguna medida efectiva. Sí tenemos que exigir la expropiación de las empresas, la confiscación de sus bienes, la prisión ejemplar de los directamente involucrados. Escuchar a las vinícolas e ir a Bahía a escuchar a los trabajadores son medidas insuficientes. La realidad está más que confirmada a los ojos de toda la sociedad.
Combatir la esclavitud y el racismo: esta tarea es de la clase trabajadora y del movimiento negro
La clase trabajadora y el movimiento negro no deben conformarse con vagas promesas. Deben exigir de los gobiernos. Pero para eso es necesario movilizarse ante cualquier violencia y opresión, sin esperar medidas institucionales. El ejemplo victorioso de los manifestantes en la Cámara de Concejales de Caxias do Sul, exigiendo la anulación del mandato de Fantinel, debe ser seguido, e ir más allá, con la exigencia de prisión por el delito de racismo.
Lo mismo vale para la Phoenix, y también para las vinícolas, que deben ser expropiadas en beneficio de los trabajadores, quienes deben controlar la empresa y las condiciones de trabajo. Exigir que el gobierno vaya más allá de las palabras, hacer protestas en los eventos del agronegocio con el ministro de Agricultura.
En este camino, desarrollar la conciencia de que el racismo, la sobreexplotación y el capitalismo van de la mano, y combatir cualquier ilusión de que esos problemas pueden ser resueltos por cualquier gobierno sin romper con el gran empresariado y y el latifundio.
No hay capitalismo sin racismo: luchemos por una sociedad socialista
El caso de Bento Gonçalves no es raro ni único. La constitución del capitalismo, desde la época colonial, utilizó la esclavitud para su acumulación primitiva. En su actual fase de decadencia, el capitalismo no puede mantener sus altas tasas de ganancia sin hacer retroceder a la sociedad en su conjunto, aumentando la pobreza, la brutalidad y el racismo.
Para que no estemos sometidos al mercado, que provoca una absurda concentración de riqueza en pocas manos, se ha convertido en una cuestión de supervivencia luchar por el fin del capitalismo. El desempleo y el subempleo son consecuencia de este sistema, que ya ha demostrado ser nocivo para la mayoría. De él sólo se puede esperar barbarie, racismo, xenofobia y hambre. El capitalismo perdió su derecho a gobernar la sociedad. Poner las grandes empresas y la economía en manos de la clase trabajadora, de quien es productivo, arrancándolas de los parásitos, es lo que nos puede garantizar un futuro de igualdad y justicia, sin hambre y sin violencia y poner fin al racismo. Esa es una verdadera sociedad socialista, gobernada por consejos populares, desde abajo. Vamos a distribuir entre todos lo que todos produzcan.
Artículo publicado en www.pstu.org.br, 7/3/2023.-
Traducción: Natalia Estrada.
