El Manifiesto firmado por los 34 Constituyentes agrupados en la Vocería del Pueblo[1] es una señal muy importante a todo el país sobre el rumbo a seguir de cara al inicio de la Convención Constitucional, que se instalará a comienzos de julio.

Por Comité Ejecutivo MIT y María Rivera, Constituyente

Ese Manifiesto plantea 6 puntos centrales que son necesarios para garantizar un Proceso Constituyente democrático: 1) Fin a la prisión política; 2) Fin a la impunidad a los violadores de DDHH; 3) Reparación a las víctimas de la represión; 4) Desmilitarización del Wallmapu; 5) Fin a las expulsiones ilegales de extranjeros; 6) Soberanía de la Convención Constitucional (No respetar el Acuerdo por la Paz). Desde el MIT apoyamos totalmente esos 6 puntos y por eso nuestra compañera electa constituyente, María Rivera, es una de las que lo firmó e impulsó.

La publicación del Manifiesto generó un enorme debate en los canales de televisión y grandes medios de comunicación en los días siguientes. Políticos, periodistas y grandes empresarios salieron condenando el manifiesto. Todos los que se han beneficiado de los 50 años de neoliberalismo en nuestro país: personajes de la derecha, la ex Concertación, la familia Edwards a través de su periódico El Mercurio, Luksic, etc. Del lado de los partidos supuestamente de “izquierda”, hubo distintas posiciones: Boric defendió el Acuerdo por la Paz mientras Jadue dio una declaración ambigua que, al mismo tiempo que “defiende” el Manifiesto, habla de mantener la institucionalidad.

En nuestra opinión el Manifiesto no deja lugar para ambigüedades, principalmente por su último punto, el problema de la soberanía.

La Constitución y el problema de la soberanía

¿Qué es una Constitución? La Constitución es la Ley más importante de un país, la Ley Suprema. A partir de la Constitución se establecen las reglas y demás leyes que regularán el funcionamiento de todas las instituciones de un Estado. Toda la legislación específica que sea elaborada posteriormente debe estar en el marco de la Constitución, o será ilegal.

En nuestro país la Convención Constitucional que se instalará a principios de julio tiene como su objetivo escribir una nueva Constitución. Como organismo que redactará la Ley más importante, no debería estar sometido a ningún otro poder ni a reglamento previo. La próxima Constitución debería ser escrita a partir de una hoja en blanco y debería tener el poder de realizar cualquier cambio que encuentre necesario realizar. O sea, el organismo que redacte la nueva Constitución debería ser soberano.

Sucede que la Convención Constitucional que se instalará el próximo mes no es así. Esto porque la Ley 21.200[2] (conocida como Acuerdo por la Paz) establece lo que la Convención puede y lo que no puede hacer. Los partidos que firmaron ese Acuerdo y después lo aprobaron en el Parlamento delimitaron de antemano lo que se puede y lo que no se puede. Pero si la Constitución debe elaborar la Ley más importante, no puede estar sometida a leyes o reglas anteriores. Entonces tenemos un problema.

Veamos este tema más de cerca…

En primer lugar, la Ley 21.200 establece que la Convención no puede ser soberana, dejándola sometida a la Constitución de 1980; la misma que el 80% ya expresó, en el Plebiscito del 25 de octubre, querer cambiar, así como a las otras instituciones del Estado (todas regidas por la Constitución actual).[3] Entonces, tenemos un Proceso Constituyente ya limitado por las reglas de las mismas instituciones que el pueblo quiere cambiar de fondo.

En segundo lugar, la Nueva Constitución no puede cambiar o suspender ninguno de los Tratados Internacionales ya firmados por Chile.[4] Entonces, esto quiere decir que la Constitución que salga de esta Convención así reglada, no será la Ley Suprema, ya que hay Tratados que son superiores a ella. Entre estos Tratados, los más importantes son los Tratados de Libre Comercio. ¿Y porqué esos Tratados no podrán ser rediscutidos en la nueva Constitución? Porque son la espina dorsal del modelo económico capitalista neoliberal chileno y la base del dominio de las empresas extranjeras y las familias más ricas de Chile sobre nuestra economía. Al evitar que se discutan los Tratados, ellos defienden su modelo económico.

Chile es el país con más TLCs en el mundo. Los TLCs son lo que mantienen nuestra economía como exportadora de cobre, frutas, celulosa, pescados, carnes, etc. O sea, de productos primarios. A través de los TLCs, esos productos tienen facilidad de entrar a otros países, principalmente por la rebaja de impuestos. Por otro lado, los TLCs permiten que los países capitalistas más ricos nos vendan los productos elaborados – televisores, automóviles, aviones, chips, celulares, máquinas y toda la tecnología casi sin impuestos. Si se mantienen los TLCs actuales, no podremos solucionar los problemas medioambientales, ya que eso significaría enfrentarse a las grandes mineras, por ejemplo, que están protegidas por los TLCs. No podremos devolver las tierras al pueblo mapuche, porque los TLCs mantienen un modelo de producción forestal/papelera que necesita expoliar al territorio mapuche. Si se mantienen los TLCs nunca podremos desarrollar la industria y tecnología nacionales, ya que somos permanentemente invadidos por productos extranjeros. Si se mantienen los TLCs, la mayoría de los empleos generados en nuestro país seguirán siendo precarios, porque no hay espacio para el desarrollo tecnológico, industrial o científico. Así, la educación seguirá sirviendo para formar mano de obra barata y para endeudar a las familias. Por eso decimos que los TLCs son la columna vertebral del capitalismo chileno. Por eso los partidos que firmaron el Acuerdo por la Paz intentan mantenerlos fuera de la discusión Constitucional.

En definitiva, la próxima Ley Suprema que surgirá no será tan Suprema. Podríamos decir, sin miedo a equivocarnos, que la Ley Suprema son los Tratados de Libre Comercio, que están por encima de la propia Constitución.

En tercer lugar, la ley 21.200 establece que la Convención Constitucional tendrá el quórum de ⅔ para aprobación de proyectos. ¿Qué significa esto? Significa que cualquier proyecto que no cuente con la aprobación del 67% de los constituyentes, no podrá ser aprobado como ley. Esto no es democrático por el simple hecho de que la mayoría no decide. Es una minoría que decide lo que puede y lo que no puede ser aprobado. Si bien la derecha no alcanzó el ⅓ de los Constituyentes, los partidos que han gobernado los últimos 30 años al servicio de los grandes empresarios sí lo alcanzaron. Así, podrán vetar todo lo que vaya en contra de los intereses de sus patrones, los empresarios que financiaron sus campañas.

En cuarto lugar, la Convención no puede destituir a ninguna autoridad pública. O sea, la Convención debe escribir la nueva Constitución (que ya no es ni tan Suprema) pero los que gobiernan van a seguir siendo los que llegaron al poder con las reglas de la Constitución antigua. Y si exigimos juicio y castigo a los que asesinaron el pueblo y que Piñera deje el poder, ¿cómo vamos a hacer eso si la Convención no es soberana? ¿Quién lo va a hacer?

Y como si esos cuatro puntos anteriores no fuesen suficientes, las posibles diferencias reglamentarias que surjan durante la Convención y pongan en duda lo acordado en la Ley 21.200 serán dirimidas por… ¡5 Ministros de la Corte Suprema![5] La Corte Suprema es compuesta por 21 ministros, todos designados por los presidentes de la República (en la actual corte, 11 de los 21 fueron designados por Piñera) y votados por el Senado, una de las instituciones más cuestionadas por el pueblo. Lo que la Ley 21.200 intenta es hacer que un estallido que empezó con jóvenes de 15 años sea enterrado, si es necesario, por 21 señores y señoras que son parte de la élite y tienen un promedio de edad de 67 años.

O sea, seamos claros, la Convención no solo no será soberana sino que estará totalmente sometida a las instituciones actuales, protegidas por la Constitución de Pinochet (mantenida por todos los gobiernos democráticos).

El Acuerdo por la Paz tiene un sentido muy claro. El sentido es garantizar que el poder económico y político siga en las manos de los grandes capitalistas y que el pueblo siga obedeciendo a sus órdenes.

La Convención debe declararse soberana

La Convención debe ser soberana. En primer lugar para definir sus propias reglas de funcionamiento, poder discutir y decidir sobre todo. Esto significa no respetar la Ley 21.200, que es totalmente ilegítima, ya que fue firmada por los mismos partidos totalmente cuestionados por la mayoría de la población del país. Como un órgano soberano, la Convención debe empezar a escribir la nueva Constitución y mientras esta no sea aprobada, debe tener el poder en sus manos. La Constitución actual, implantada por Pinochet y mantenida por todos los gobiernos democráticos, está totalmente cuestionada y con ella todas las instituciones del Estado, el presidente de la República, la Corte Suprema, el Parlamento, las Fuerzas Armadas y Carabineros.

Por esto, planteamos que la Constituyente, luego de declararse soberana, debe tomar las siguientes medidas:

1 – Destituir el gobierno de Piñera, el Parlamento y asumir el poder legislativo y ejecutivo;

2 – Condenar a los responsables políticos y militares de la represión al pueblo;

3 – Liberar a todos los presos políticos, chilenos y mapuche, de antes y después del estallido social.

4 – Destituir la cúpula de las FFAA, discutir mecanismos de participación democrática de la tropa en la Constituyente y someter el control de las fuerzas policiales y FFAA a la población organizada;

5 – Implementar una serie de medidas democráticas que permitan la amplia y directa participación popular en el Proceso Constituyente. Esas medidas deben ir en el sentido de democratizar todo el sistema judicial;

6 – Garantizar un plan de emergencia contra la pandemia y por la vida de los trabajadores que se apoye en medidas como: renta mínima de 600.000 para todos los que reciban menos que este monto, que permita realizar cuarentenas de verdad para acabar con la pandemia; doblar la inversión en la salud pública e invertir en la producción nacional de vacunas; enterrar el actual Código Laboral para reducir la jornada laboral, garantizando empleos y derechos para todos los trabajadores; acabar con las AFPs y crear un sistema público de seguridad social; invertir en un inmediato plan de construcción de viviendas dignas para acabar con los campamentos y con el hacinamiento. Todo el financiamiento de ese plan debe venir de la estatización, sin indemnizaciones y bajo control de los trabajadores, de las grandes mineras, Bancos y demás empresas de las 10 familias más ricas del país;

7 – Desmilitarizar inmediatamente la Araucanía y devolver las tierras al pueblo mapuche

8 – Rediscutir inmediatamente todos los Tratados de Libre Comercio firmados en las últimas décadas con el objetivo de garantizar la independencia y soberanía nacional;

9 – Romper inmediatamente las relaciones con los gobiernos de Colombia e Israel, que son responsables por terribles crímenes contra el pueblo colombiano y palestino.

La implementación de esas medidas permitiría a la mayoría de los trabajadores y trabajadoras, a los millones que se manifestaron en las calles, discutir de forma totalmente democrática cuál debe ser el futuro de nuestro país.

¿El Partido Comunista y el Frente Amplio quieren cambiarlo todo?

El Frente Amplio y el Partido Comunista dicen estar contra la Constitución del ’80 y por una Nueva Constitución que deje atrás todos los resquicios de la dictadura y los 30 años de neoliberalismo. Pues bien. Entonces les queremos preguntar si ellos creen que la Convención debe elaborar una nueva Constitución como Ley Suprema del país, si existe alguna otra ley que sea más importante que la Constitución o alguna institución que sea más importante que la Convención Constitucional.

En segundo lugar, ellos dicen querer acabar con el neoliberalismo. Entonces ¿están de acuerdo en revisar los Tratados de Libre Comercio firmados en los últimos 30 años que rifan la soberanía nacional? Si están de acuerdo con eso, deberían estar de acuerdo que la Convención sea soberana. Si eso es así, serán muy bienvenidos al momento de proponer un reglamento que reconozca la soberanía de la Convención.

Jadue dijo que siempre estuvo a favor de una Constituyente soberana. Sin embargo, en su programa de gobierno solo dice que va a proponer al futuro Congreso (que será electo con las reglas de la Constitución actual) la aprobación de un cambio constitucional para permitir “Plebiscitos” cuando la Convención estime necesario. ¿Ésta es la soberanía que defiende el Partido Comunista?

Si el Partido Comunista y el Frente Amplio no apoyan que la Convención Constitucional sea soberana, ésto significa que defienden los Tratados de Libre Comercio, defienden el poder de veto de los grandes empresarios y defienden el gobierno de Sebastián Piñera. De buenos deseos el infierno está lleno. La ex Concertación prometió cambios profundos en todas las elecciones desde el fin de la dictadura. Gobernaron el país por más de dos décadas. Y llegamos donde llegamos.

Si no apoyan la soberanía de la Convención y el Manifiesto de los 34, FA y PC irán por mal camino. Hasta ahora, su estrategia apunta a conducir la histórica lucha que se inició el 18 de octubre a un callejón sin salida. Aunque conquistemos derechos sociales en la nueva Constitución y Jadue (o Boric) sea electo presidente, ellos tendrán que gobernar apoyados en un Parlamento electo con las mismas viciadas reglas que rigen hoy. Eso los va a llevar a permanentes negociaciones con la ex Concertación e incluso con los partidos de derecha. Y más, si no hay medidas inmediatas que quiten poder de los grandes grupos empresariales y la oficialidad de las Fuerzas Armadas, éstos se van a organizar para impedir cualquier reforma profunda, como hicieron con todos los “intentos” de reforma de la ex Concertación. Aunque Jadue y Boric estén muy lejos de lo que fue Allende es muy posible que no puedan realizar las reformas que proponen. Podemos llegar al mismo escenario que llegaron muchos países Latinoamericanos, que aprobaron Constituciones con amplios derechos sociales, como Colombia, Brasil o Bolivia, pero que no son cumplidas en la realidad, ya que el poder económico (y político) sigue en manos de los grandes capitalistas.

¿Cuál es el camino? ¿Movilización social o negociación?

Las últimas décadas demuestran claramente que todo lo que hemos logrado fue a través de la movilización, incluso el propio Proceso Constituyente. Los poderosos le tienen miedo al pueblo. La huelga general de 12 de noviembre de 2019, que conquistó el Proceso Constituyente, demuestra que la unidad entre la juventud, los pobladores y la clase obrera tiene una enorme fuerza. El estallido y el 12 de noviembre muestran claramente cuál es el camino a seguir si queremos triunfar. Sin embargo, no podemos seguir con manifestaciones desorganizadas, espontáneas. Tenemos que caminar para unificar a toda la clase trabajadora, de norte a sur. La Vocería de los Pueblos, ese grupo de 34 o 40 constituyentes tiene un rol fundamental, ya que ellos son los que tienen la legitimidad y la tribuna para convocar a un gran Encuentro Nacional que prepare la lucha por los puntos planteados en el Manifiesto de los 34.

Es fundamental que empecemos desde ya a organizar reuniones con las 600 organizaciones que firman el Manifiesto y los sectores obreros más importantes del país. Sabemos que muchos sindicatos están desprestigiados debido al rol de la burocracia sindical que los dirige. Entonces, es fundamental buscar formas de organizar reuniones con trabajadores de base, dentro o fuera de los lugares de trabajo, para hacer presión en sus organizaciones sindicales y recuperarlas para la lucha. Es fundamental trazar un camino unificado entre las distintas organizaciones ecologistas, feministas, de derechos humanos, etc. Saludamos las iniciativas que van en este sentido, como el Encuentro Plurinacional de los Movimientos Sociales, sin embargo, creemos que debemos extender ese llamado a todas las organizaciones territoriales, sociales, políticas, la Lista del Pueblo y sindicatos que tengan acuerdo con los 6 puntos.

La Segunda declaración de la Vocería de los Pueblos[6], en nuestra opinión, no va en este sentido, ya que invita a todos los constituyentes a dialogar sobre el inicio de la Convención. Desde de nuestra compañera constituyente María Rivera hemos planteado reiteradamente al interior de la Vocería del Pueblo que esta Vocería debería preocuparse centralmente en organizar el diálogo con los distintos movimientos sociales y preparar una gran movilización para el inicio de la CC. Sin embargo, la prioridad parece ir hacia otro lugar, hacia la negociación con los constituyentes de los demás bloques políticos (el llamado no excluye ni a la derecha). Por esto no firmamos la segunda declaración de la Vocería de los Pueblos.

Hacia un gobierno de las y los trabajadores, sin el gran empresariado y sus partidos

Es fundamental que llevemos a fondo la lucha por una Asamblea Constituyente verdaderamente soberana, que pueda discutir y decidir sobre todo. Si el pueblo en las calles logra hacer que la Convención Constitucional avance en el sentido que apuntamos arriba, de sacar a Piñera y empezar a tomar las medidas democráticas y de independencia nacional que el país necesita, estaremos en buen camino. Si no es así, la experiencia va a ir demostrando al pueblo trabajador y a la juventud de que esa Convención no va a cumplir lo que el pueblo exigió en las calles.

Nosotros estamos seguros de que sólo cuando los pueblos que viven en Chile se hagan dueños de la riqueza, de las empresas y de la tierra es que podremos efectivamente decidir cómo utilizar a toda esa riqueza para solucionar los problemas de la mayoría. Y esto sólo será posible si rompemos los acuerdos y Tratados con los grandes empresarios, las transnacionales y bancos imperialistas. Queremos discutir con cada trabajador, trabajadora y con la juventud que la única salida para nuestro país es alcanzar una sociedad socialista, donde sean las y los trabajadores que tengan el poder político y económico en sus manos. La experiencia con la Convención Constitucional y con los futuros gobiernos que vendrán va a demostrar quién tiene la razón.


[1]     «Vocería de los Pueblos»: 34 Constituyentes plantean garantías para el proceso «sin subordinarnos» al acuerdo del 15 de noviembre (eldesconcierto.cl)

[2]     Ley-21200 24-DIC-2019 MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA – Ley Chile – Biblioteca del Congreso Nacional (bcn.cl).

[3]     “[…] mientras la Convención esté en funciones la soberanía reside esencialmente en la Nación y es ejercida por el pueblo a través de los plebiscitos y elecciones periódicas que la Constitución y las leyes determinan y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución.” (Ley 21.200)

[4]     “El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” (Ley 21.200)

[5] “Se podrá reclamar de una infracción a las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, contenidas en este epígrafe y de aquellas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención. En ningún caso se podrá reclamar sobre el contenido de los textos en elaboración.

Conocerán de esta reclamación cinco ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo por la misma Corte para cada cuestión planteada.”

[6]     La Vocería de los Pueblos, que ya suma 43 constituyentes, convoca a constituyentes para definir protocolo de instalación de la Convención Constitucional | Convergencia Medios