La dictadura militar egipcia mató a más de 2000 personas el 14 de agosto de 2013.

Por Gabriel Huland

El 14 de agosto de 2015 se celebra el segundo aniversario de la masacre de Rabaa, ocurrida en las plazas de Rabaa Al-Adaweya y Al-Nahda, en el Cairo, cuando las fuerzas de seguridad atacaron, en diversas ocasiones, un campamento de manifestantes convocado por la Hermandad Musulmana contra el golpe de estado liderado por Abd al-Fattah al-Sisi, cerca de un mes y medio antes (03/07/2013). El presidente de Egipto en aquel momento, Mohamad Morsi, de la Hermandad Musulmana, fue destituido y llevado a la cárcel por los militares. La policía dispersó a los manifestantes en Rabaa utilizando munición real, con la excusa de que una parte de ellos portaba armas de fuego.

La ONG Human Rights Watch afirmó, en un informe de 2014, que al menos 1150 personas fueron asesinadas, lo que caracterizaría un crimen contra la Humanidad. Otras fuentes elevan el número a más de 2500 muertos. Cerca de 43 policías perdieron la vida durante las confrontaciones. Después de la masacre el gobierno puso en marcha un operativo de eliminación de pruebas, así como ordenó que los medios públicos no hicieran cualquier difusión o comentario sobre lo sucedido, lo que demuestra el grado de censura impuesto por la dictadura militar en Egipto.

Hasta la presente fecha nadie ha sido responsabilizado por lo sucedido hace dos años. La masacre de Rabaa ha sido en realidad el primer acto de un brutal proceso de criminalización de la protesta y de grandes ataques contra derechos básicos de los trabajadores, como la libertad de expresión, de prensa y de organización. El argumento de Sisi ha sido siempre la lucha contra el terrorismo, personificado, según el gobierno, en la Hermandad Musulmana y, más recientemente, en el Estado Islámico. Sin embargo, lo que quiere el gobierno es intimidar cualquier tipo de oposición a sus políticas.

La represión, de hecho, está siendo dirigida a todos los movimientos sociales. El número de activistas y periodistas detenidos es desconocido. Hay miles de personas sentenciadas con la pena de muerte, entre ellos Morsi, así como varios corresponsales de prensa extranjeros expulsados del país y activistas prohibidos de ejercer la actividad sindical y política. Sisi anunció hace pocos días que aprobaría nuevas leyes para acelerar la ejecución de las penas de muerte y los procesos contra personas acusadas de terrorismo.

Activistas como Yara Salam, Sanaa Abdel Fatah, Mahienour al-Masri, Mohamad Sultan, Ahmed Maher, Ahmed Douma, Alaa Abdel Fatah, entre otros, están en la cárcel. Algunos de ellos llevan meses en huelga de hambre, algunos ya fueron sentenciados a penas por desobedecer la ley anti protestas, otros acusados de pertenecer a la Hermandad Musulmana y muchos más simplemente esperan en la cárcel un veredicto por falsas acusaciones.

Desde el golpe de julio de 2013 no han ocurrido elecciones parlamentarias en el país, que en principio estaban previstas para el primer semestre de 2015, pero fueron canceladas sin grandes explicaciones por el poder ejecutivo.

Un informe intitulado “El derecho olvidado” ha documentado más de 650 violaciones al libre ejercicio del periodismo. Uno de los casos más recientes ha sido la expulsión del corresponsal del diario español El País de Egipto.

Los trabajadores resisten

La corte suprema administrativa de Egipto criminalizó en abril el derecho de huelga, prohibiendo a los trabajadores privados de ejercerlo y penalizando a los públicos con jubilaciones obligatorias caso lo hicieran.

Sin embargo, los conflictos laborales siguen en Egipto, como en la industria del cemento, del petróleo y del textil. Hay innúmeros casos de empresas que están cerrando por la crisis y dejan tirados a sus trabajadores. En muchos casos lo que sucede es que los dueños retrasan el pago de los salarios y los trabajadores no tienen a quien recurrir porque los sindicatos que no apoyan al gobierno son impedidos de actuar y tienen a sus dirigentes perseguidos. Pese a la brutal represión, las huelgas en los principales centros industriales del país, como El Cairo y Mahala, ocurren muy a menudo.

La ampliación del canal de Suez no mejorará la vida de la población

Sisi inauguró hace dos semanas el denominado “nuevo canal de Suez”, un mega proyecto arquitectónico que puede haber costado más de 8 mil millones de dólares e involucrado a alrededor de 44.000 trabajadores.

El gobierno lanzó una gran campaña publicitaria de las supuestas ventajas que resultarán de la millonaria inversión. Según las autoridades egipcias, la expansión del canal creará un millón de empleos, U$100 millones extra al año para la economía, así como habrá doblado, hasta 2023, a más de U$13 mil millones el total de beneficios anuales provenientes del canal.

Muchos economistas opinan que estas cifras son simplemente imposibles de alcanzar. Actualmente, el canal está operando muy por debajo de su capacidad total, por la reducción del comercio en China y por la menor demanda de petróleo del golfo por parte de Europa y EEUU.

Las pésimas condiciones laborales de las obras de ampliación del canal

Más de 10 trabajadores han muerto durante la construcción de los 45 kilómetros de ampliación del canal. Cerca de 145 sufrieron lesiones. Había dos clases de trabajadores: los contratados por la Autoridad del Canal de Suez (ACS) y los subcontratados, vinculados a empresas privadas.

Los contratados por la ACS recibían alrededor de 120 dólares por mes para trabajar entre 10 y 12 horas al día, sin descanso semanal. Los contratados por las empresas privadas tenían condiciones laborales aún peores. El ritmo intenso y la necesidad de terminar la obra en un periodo de tiempo muy corto han provocado las muertes y lesiones.

Ola de protestas en Iraq contra las pésimas condiciones de vida

En los últimos días, una ola de protestas se ha extendido por Iraq contra los constantes cortes de luz, las deterioradas condiciones de vida, la mala calidad del agua y la corrupción gubernamental. Las manifestaciones se expandieron como un rastrillo de pólvora en las ciudades de Bagdad, Basra (importante productora de petróleo), karbala (una de las ciudades sagradas de los chiíes), Hillah y Nasriyah. Las principales críticas iban dirigidas a los políticos y en algunos casos, como en Basra, los manifestantes pedían la dimisión de los consejos local y provincial. Miles y miles de personas participaron en las manifestaciones por todo el país.

El primer ministro Haider al-Abadi reaccionó a las protestas prometiendo reformas. Ha presentado un plan anti corrupción y de reducción de la estructura gubernamental. Medidas totalmente insuficientes. Haider al-Abadi llegó al gobierno en agosto de 2014 durante la crisis política que afectó el país en las semanas siguientes a la irrupción de ISIS en Iraq y la posterior captura de Mosul, la segunda ciudad más importante del país, por los extremistas.

Haider es secundado por EEUU e Irán y se trata de una mera marioneta de las potencias mundiales y las empresas de petróleo en la región, habiendo estudiado en el Reino Unido y servido a los gobiernos de Iraq durante la ocupación del país por las fuerzas de la coalición internacional dirigida por EEUU y Reino Unido que invadió el país en 2003.

  • ¡Libertad a los presos políticos egipcios!
  • ¡Todo el apoyo a las luchas en Egipto e Iraq!