Portugal: la crisis social se convierte cada vez más en la crisis política del gobierno de António Costa/PS
Hace ya 10 años que Portugal y toda Europa se enfrentaron a un periodo de profunda crisis económica, social y política que es fundamental para entender la situación de todo el continente europeo en la actualidad. Por eso empezamos este artículo enmarcando cómo surgió el actual gobierno del Partido Socialista (PS) en Portugal y de dónde venimos, a nivel de las luchas de la clase trabajadora, para entender mejor lo que está pasando hoy en el país.
por Maria Silva, Em Luta (Portugal)
De Geringonça al actual gobierno de António Costa
Entre 2011 y 2014, Portugal tuvo un gobierno de mayoría de derecha (PSD/CDS), liderado por Passos Coelho y Paulo Portas, que aplicó duras medidas de austeridad en Portugal que concretizaban directrices directas de la llamada Troika (BCE, UE y FMI). A pesar de varias huelgas generales y enormes movilizaciones en el país (las mayores desde la revolución de 1974-75), que revirtieron algunas de las medidas más graves, los trabajadores y la población más pobre fueron incapaces de derrotar al gobierno. De hecho, tanto el Partido Comunista Portugués, que lideraba las luchas sindicales en aquel momento, como el Bloque de Izquierda, que encabezaba los principales movimientos sociales, canalizaron este enorme proceso hacia las elecciones. Así, en las elecciones de 2015, obtuvieron una rotunda victoria, sumando entre los dos partidos cerca del 20% de los votos.
El Partido Socialista, por su parte, debido al mal recuerdo de los gobiernos liderados hasta 2011 por José Sócrates, había entrado en tal crisis que no ganó las elecciones en 2015. Sin embargo, el PS propuso al PCP (Partido Comunista de Portugal) y al BE (Bloco de Esquerdas) un acuerdo alternativo de Gobernabilidad, que finalmente se materializó en la llamada «Geringonça», una coalición electoral tildada de artilugio, en la que el Partido Socialista, liderado por António Costa, gobernó entre 2015 y 2019, apoyado por el PCP y el BE. Esta Geringonça fue incapaz de revertir la austeridad aplicada por la Troika y mantuvo a Portugal como un país periférico y dependiente, centrado en el servilismo a las multinacionales, a las que suministra sobre todo mano de obra barata.
PCP y BE apoyaron varios presupuestos y alimentaron el discurso del mal menor y de que habrían conseguido conquistas, que nunca fueron. Apoyaron al Gobierno cuando reprimió a trabajadores en huelga y cuando aplicó estados de excepción, como en el caso de los Conductores de Materiales Peligrosos, los Estibadores de Setúbal o las Enfermeras.
En 2019, el PS se recuperó de su crisis y ganó las elecciones. Dejó de querer una Geringonça, pactando acuerdos puntuales en el parlamento a izquierda y derecha. PCP y BE fueron rehenes del discurso del mal menor que habían construido esos años: salvaron al PS, que se alimentó de ellos para posar de izquierda, mientras gobernaba para la patronal y la UE como siempre.
Ante la erosión de su posición y la falta de diálogo y concesiones del PS, a partir de 2021, el PCP y BE decidieron no votar más los presupuestos del PS y así se celebraron nuevas elecciones en el país. Ante la posibilidad del regreso de gobiernos de derechas, la falta de alternativas claras a la izquierda y el crecimiento de la ultraderecha en Portugal desde 2019, el peso del voto útil fue grande y el PS de António Costa logró una mayoría absoluta impensable, la segunda tras el 25 de abril, y BE y PCP tuvieron una gran derrota electoral. La responsabilidad de la izquierda parlamentaria al no haber sabido defender a quienes dice defender, por esta victoria del PS, es ineludible.
Una mayoría absoluta en crisis
El nuevo gobierno del PS, presidido por António Costa, toma posesión a finales de marzo de 2022, pero su gobierno presenta hoy más inestabilidad que estabilidad. ¿A qué se debe esto?
Tras la intervención de la Troika, Portugal salió de la crisis anterior con un salto de calidad en la dependencia de su burguesía del imperialismo europeo y, por tanto, sin mucho margen de maniobra en cuanto a los rumbos del país. Ejemplo de ello fue la entrega a grupos extranjeros de los principales sectores de la economía (como la energía – EDP, Galp, REN – o la aviación, como TAP) y del sector bancario, teniendo su punto álgido en el fin del último gran banco portugués: el Banco Espírito Santo. En segundo lugar, Portugal salió de la intervención de la Troika con una deuda millonaria que sigue ahí, y cuyo pago cuesta hoy más de la mitad del Presupuesto anual del Estado. En tercer lugar, el país ha apalancado su crecimiento en los últimos años en el turismo (y en un segundo plano en los servicios), un sector totalmente expuesto a las oscilaciones externas y que, por tanto, no ofrece ninguna garantía de estabilidad ni de protección frente a la crisis internacional en curso.
Es en este contexto en el que podemos entender cómo la actual crisis económica profundiza los enfrentamientos entre sectores de la burguesía del país. La disputa entre PS y PSD y el juego de los casos de corrupción que están protagonizando entre ellos en la prensa expresa esta guerra sorda entre quién se apropiará de los fondos europeos del PRR (Plan de Recuperación y Resiliencia), también llamados fondos «bazooka”, para garantizar sus beneficios en una situación de crisis y una burguesía que no tiene proyecto propio.
Pero sobre todo es la actual situación de crisis social la que al empeorar las condiciones de vida de la clase obrera pone al orden del día una bronca social cada vez mayor contra el gobierno.
Inflación y vivienda: dos problemas centrales
El problema de la inflación que afecta a varios países, pero que, dados los bajos salarios del país, tiene consecuencias dramáticas. El aumento de los precios está llevando cada vez más la escasez de alimentos o el hambre a las franjas más pobres de la población (alrededor de 2 millones de personas viven por debajo del umbral de la pobreza, pero si nos fijamos en el número de personas que viven con menos de 660 euros, esa cifra se eleva a 2,6 millones, es decir, ¼ de la población del país).
En el ámbito de la cuestión de la inflación, cabe destacar la situación de Autoeuropa a finales de 2022. A pesar de los millonarios beneficios de Volkswagen en Portugal, la empresa había limitado su propuesta a una prima de 400 euros. Los trabajadores pusieron a la orden del día la necesidad de una actualización salarial en contra de la voluntad de la empresa y para ello pasaron por encima de su dirección tradicional. Se apoyaron en una dirección alternativa construida durante la revuelta anterior (en 2007), la STASA, que garantizó una huelga parcial; esta huelga levantó los ánimos de los trabajadores, que finalmente obligaron a la empresa a hacer no sólo una segunda, sino también una tercera propuesta de actualización salarial, lo que demuestra que la lucha combativa es crucial para que los trabajadores hagan valer su voluntad.
La vivienda también ha sido un tema destacado en el país. Para hacernos una idea, en enero de 2015, el metro cuadrado de casa y piso en Portugal costaba 1056 euros de media, hoy cuesta 2467 euros (datos de Idealista), un aumento del 134%. Según el INE, alrededor del 25% de los residentes en Portugal mayores de 15 años tienen un préstamo hipotecario, y el Euribor ha subido mucho en los últimos meses, gracias a las medidas antiinflacionistas (¡!) del BCE, lo que ha provocado un aumento significativo de la tasa de esfuerzo para la mayoría de las familias. Para los que viven en casas alquiladas, el drama es distinto, ya que los desahucios por no renovación del contrato por subidas abusivas del alquiler han sido recurrentes. De repente te quedas sin casa y tienes que alquilar una vivienda en una ciudad donde la opción más barata es un estudio por 600 euros al mes. Si el salario mínimo hubiera subido un 134% como los m2 de las viviendas, hoy valdría 1181 euros y no 760 euros, que es lo que vale hoy. El salario medio solo ha subido un 3% (descontando la inflación) desde 2010 y no el 133% del m2 de las viviendas. El problema es evidente, cada mes la tasa de esfuerzo de un trabajador para pagar su vivienda aumenta absurdamente y vivir dignamente en las principales ciudades de Portugal ya no es un derecho para los que trabajan aquí. La gestión de Costa ha sido la gran impulsora de estos resultados, ya que ha actuado para alimentar la especulación inmobiliaria, ya sea favoreciendo el turismo (y el alojamiento local), ya sea concediendo ventajas fiscales a los fondos de inversión inmobiliaria, que, como buenos inversores, prefieren apostar por el mercado de la vivienda de lujo que por la construcción de casas asequibles para la mayoría de la población. También ha concedido exenciones fiscales a los residentes no habituales y a los nómadas digitales con mayores ingresos, lo que les permite permitirse casas a precios imposibles para los salarios nacionales.
A esta voluntad inicial de no aceptar la factura de la inflación y al creciente descontento con los problemas de vivienda, se suma el hecho de que los casos de corrupción o incluso los de favoritismo «legal» en empresas como TAP ponen visiblemente de manifiesto el doble rasero de la política del Gobierno: para los de abajo «facturas seguras» y sacrificios, para los ricos y directivos sólo privilegios. Esto es lo que ha hecho estallar la cólera de los trabajadores.
La lucha de los profesores y la necesidad de unificar las luchas y la huelga general contra el Gobierno
Sin embargo, el principal hecho político que ha marcado la coyuntura desde diciembre ha sido la huelga de los profesores. El anuncio del gobierno de que la contratación y gestión de los docentes pasaría a ser realizada por un Consejo Directivo Local, sustituyendo así el actual criterio objetivo de graduación profesional y apuntando a un proceso de municipalización de la enseñanza, es lo que hizo desbordar el vaso del descontento docente desde diciembre de 2022. Esta propuesta gubernamental se une al cúmulo de medidas aplicadas por los gobiernos del PS, PSD y Troika que tienen en común dificultar la contratación de los docentes y poner trabas para que los profesores titulares no puedan ascender en la carrera profesional. Además, los profesores no han visto reconocido todo el tiempo de servicio congelado entre 2011 y 2017, faltando aún más de 6 años de trabajo. Por último, la precariedad que obliga a los docentes a viajar por todo el país y cambiar de lugar de trabajo cada año, se ve agravada por el enorme impacto de la creciente inflación y la especulación en el sector inmobiliario.
Aquí también el descontento docente ha desbordado su dirección tradicional (FENPROF), habiendo encontrado espacio en la propuesta de lucha de STOP, un sindicato alternativo y combativo surgido en 2018. Su propuesta de «huelga indefinida» resultó ser una huelga organizada en cada centro, por comités de huelga, donde se decide democráticamente el modelo de realización de los paros en el propio centro. A partir de enero, el PARO integró también las reivindicaciones del personal no docente, convirtiéndose así en una lucha global por la Escuela Pública.
Estos elementos, unidos a la enorme rabia acumulada en el sector, permitieron dar un carácter extremadamente combativo a esta lucha, obligando a la FENPROF y a otros sectores sindicales a entrar en la lucha, a partir de enero, convocando huelgas de distrito y una manifestación nacional, con más de 150.000 personas. La FENPROF, a pesar de llamar a la unidad, siempre se ha negado a unir simplemente la lucha de todos los profesores, y sólo ha seguido su propia agenda. También se dispone a culpar al STOP de una posible derrota, al acusarlo de debilitar el sindicalismo «responsable» y dar argumentos al gobierno.
La respuesta del Ministro de Educación fue reprimir el derecho a la huelga, imponiendo servicios mínimos en un servicio no esencial de la economía, lo que hizo perder eficacia a la huelga y provocó el paso a otras formas de lucha, como las acampadas regionales y las protestas.
Al mismo tiempo, el Ministro mantuvo una inflexibilidad total, sin dar marcha atrás en ninguna de sus propuestas, a pesar del apoyo masivo de la sociedad y de la clase trabajadora a la lucha de los profesores. Sobre todo combativo, faltó un frente único de todos los sectores sindicales, que hiciera una huelga general educativa unificada que realmente pusiera al gobierno contra la pared.
Es necesaria una lucha política que cuestione el modelo de la democracia de los ricos
Al mismo tiempo, la inflexibilidad del gobierno ha convertido la lucha de los profesores en una lucha política contra el gobierno, que no se puede ganar aisladamente.
Pero no basta con hablar de los distintos problemas a los que se enfrentan los trabajadores por separado. La clase trabajadora y los pobres necesitan fortalecer y unificar las luchas y desarrollar un proceso de movilización que derrote al gobierno de António Costa en su conjunto. Por eso consideramos fundamental que la CGTP convoque una gran huelga general en el país, mientras opta por organizar procesos de lucha separados diluyendo nuestra fuerza.
Pero ese sería sólo el primer paso, porque dentro de la democracia de los ricos no hay alternativa a la crisis social. 49 años después del 25 de abril, es necesario cuestionar este modelo de país en el que vivimos.
El PS y el PSD-CDS, con medidas más o menos sociales que han beneficiado a uno u otro sector capitalista, comparten la responsabilidad de construir este país de servicios y turismo, basado en bajos salarios y destrucción del medio ambiente.
La Chega (extrema derecha) quiere afirmarse como alternativa antisistema, poniendo en el centro la cuestión de la corrupción, mientras dice oportunistamente estar con los profesores u otros sectores que luchan. Sin embargo, su programa es la privatización de todos los servicios públicos, el ataque al derecho de huelga y el fortalecimiento del poder autoritario del Estado, muy en línea con su simpatía por el salazarismo. También propone una sociedad basada en la discriminación racial y étnica (como en el caso de los gitanos), al tiempo que protege a los grandes capitalistas y garantiza la permanencia de Portugal en la UE. La Iniciativa Liberal también profundiza en el camino de la sumisión a la UE, al tiempo que propone que el Estado apoye al sector privado, un modelo que la historia ya ha demostrado que sólo beneficia a una minoría privilegiada. Nada de esto es la salida para los trabajadores.
El PCP y el BE critican hoy al gobierno del PS, pero su alternativa es una nueva Geringonça. No quieren nuevas elecciones porque temen profundizar sus crisis electorales. Están atascados con sus privilegios en el Parlamento, pero sobre todo con la falta de un proyecto alternativo a la democracia de los ricos. Por eso se limitan a actuar como asesores del PS. Mientras reivindican los logros del 25 de abril, no cuestionan hoy ni la democracia de los ricos instaurada 49 años después, ni el modelo de país sumiso a la UE. Quieren curar las heridas más graves, pero se niegan a curar la enfermedad.
Aceptar la democracia de los ricos y acatar las reglas de la UE significa tener las manos atadas ante los grandes problemas sociales y ecológicos del país, cuyo precio es la desgracia y la miseria de la mayoría de la población.
Por eso es necesario plantear la salida de la Unión Europea, la nacionalización de la banca y de los sectores estratégicos de la economía, tomar en manos del Estado el problema de la vivienda y la transición energética y medioambiental, entre otras medidas sociales y medioambientales. Sólo un gobierno que no esté atado a los intereses de la patronal y de la UE puede cumplir este programa, por lo que necesitamos un gobierno de los trabajadores que construya una verdadera democracia.
Para llevar adelante este programa que enfrente verdaderamente la crisis social y ecológica que es la barbarie del capitalismo, es necesaria una nueva revolución. Sólo así será posible garantizar realmente la defensa de los derechos democráticos de los trabajadores que hoy son cada vez más cuestionados, como el derecho de huelga. Pero sobre todo retomar la tarea inconclusa hace 49 años: acabar con el capitalismo y construir el socialismo, una sociedad sin explotación ni opresión, sostenible social y ecológicamente. Sólo entonces podremos hablar de una verdadera democracia para los trabajadores.
Para ello debemos aprovechar las lecciones del pasado y construir una organización revolucionaria, que represente a los trabajadores y a sus sectores más oprimidos, como las mujeres y los negros. Al servicio de este proyecto nacional, pero también internacional, está hoy En Lucha, como grupo portugués de la Liga Internacional de los Trabajadores.
