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Chile

¿Por qué Chile no cambia? El gran empresariado y el control del Estado

agosto 14, 2024

Por Otávio Calegari

Hace algunas semanas, Codelco firmó un acuerdo con SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama. La permanencia de SQM en la explotación del salar, que debería terminar en 2030, se extenderá hasta 2060 (a partir de 2030 con participación mayoritaria de Codelco), en terrenos que pertenecen al Estado (Corfo). Así, la empresa de Ponce Lerou, ex yerno de Pinochet, seguirá teniendo enormes ganancias con la producción de litio en Chile. Para que se tenga una idea, solo en 2022, SQM tuvo más de U$ 4 mil millones en utilidades. Por ello, Ponce Lerou es hoy la cuarta persona más rica de Chile.

Además de ser una empresa de las más lucrativas de Chile, SQM también ha sido una de las más polémicas. En 2015 se hizo público un enorme escándalo de corrupción involucrando a la empresa. En los meses siguientes, se comprobó que SQM había financiado a más de 300 políticos de manera ilegal; entre ellos, a varias candidaturas presidenciales “rivales”, como Piñera, Frei, Bachelet y Marco Enríquez-Ominami. El escándalo llevó a la caída y prisión de su gerente general (Patricio Contesse, mano derecha de Ponce Lerou) y a otros personajes de la empresa. También a la prohibición de que Ponce Lerou y sus hijos permanecieran en el directorio de SQM. Sin embargo, Ponce Lerou se salvó y quedó en libertad. Y no sólo eso. Siguió siendo el principal accionista de SQM y hoy tiene a sus nietos en los directorios de las sociedades que controlan la empresa. 

Casi 10 años después del escándalo, todo sigue igual. Ponce Lerou es cada día más rico y tiene cada día más influencia política. No hay dudas de que siga financiando, de manera legal e ilegal, a distintos partidos políticos. Reflejo de eso es que seguirá en el negocio del litio por ¡35 años más!, un regalo de Boric. El Estado chileno perfectamente podría haber asumido el negocio después de 2030, pero el gobierno no lo quiso hacer. Prevaleció el lobby de Ponce Lerou.

Este ejemplo, de como uno de los hombres más ricos y corruptos de Chile permanece intocable e influyendo en las decisiones estatales, es sólo uno entre las decenas que podríamos citar en las últimas décadas. En todos los casos de corrupción involucrando a grandes empresarios, ninguno de ellos terminó en la cárcel: caso Penta, colusión del confort, colusión del pollo, aprobación fraudulenta de la Ley de Pesca, etc. Todos siguen libres y amasando enormes fortunas.

El Estado es el comité de negocios de la burguesía

En la edición anterior de La Voz de los Trabajadores describimos el funcionamiento de la economía chilena y la forma cómo ésta beneficiaba a algunas familias, que son dueñas de prácticamente todas las ramas de la economía. El poder de esas familias se basa en la propiedad privada de las grandes empresas y bancos. Pero esas familias no gobiernan directamente el país. Con excepción de Piñera, los grandes empresarios no son políticos. Se mantienen tras bambalinas. Sin embargo, todas las principales decisiones políticas de relevancia (acuerdos de libre comercio, grandes reformas, licitaciones, candidaturas, etc.) son determinadas por los grandes empresarios.

Esto no es tampoco una particularidad chilena. En 1848, en el Manifiesto del Partido Comunista, el revolucionario alemán Karl Marx describía el gobierno del Estado moderno como “una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.” Así, desde el surgimiento del capitalismo, la burguesía ha controlado los Estados de distintas maneras, a veces con formas más “democráticas” (para ella), a veces de formas más autoritarias. Las únicas excepciones fueron las experiencias de revoluciones obreras, cuando la burguesía perdió el control del Estado y de la economía, pero esas retrocedieron después de la restauración del capitalismo. 

Hoy en día, muchos luchadores sociales siguen creyendo que el Estado es una especie de cascarón vacío y que basta ganar las elecciones para que podamos transformarlo en una herramienta al servicio del pueblo. Pero esto no es así.

La división de poderes y el control de la burguesía

Los grandes empresarios utilizan varios mecanismos para controlar el Estado. La base de ese control es la llamada “división de poderes”. Si pierden la Presidencia, controlan el Parlamento. Si pierden el Parlamento, controlan la Justicia. Si pierden el control de casi todo, siempre les queda la última moneda: las Fuerzas Armadas. Por ello, ningún gobierno que se diga “popular” logra realizar grandes reformas y sostenerlas en el tiempo si no rompe la estructura del Estado burgués. Allende fue el mayor ejemplo de ello, creyendo que podría ir contra la burguesía sin destruir su Estado. El resultado todos lo conocemos.

La división de poderes también le sirve al empresariado para establecer reglas para sus disputas, para que éstas no tengan que ser resueltas de manera permanente por medio de la violencia. Esto es lo que llamamos “democracia burguesa”.

Los mecanismos que utiliza el gran empresariado para controlar e influir en las decisiones políticas son muchos y variados. Aquí enumeraremos 5 de los principales en Chile:

1 – Financiamiento de partidos y candidatos. Los partidos más importantes del país reciben financiamiento directo de grandes empresas y empresarios. Los dueños del país como Luksic, Matte, Angelini, familia Piñera, Ponce Lerou, Von Appen, Solari, y también las transnacionales (Enel, Santander, etc.) donan mucho dinero a los partidos. A veces, donan a dos o tres partidos, que para la población aparecen como diferentes, pero que defienden los mismos intereses. Los mayores partidos burgueses de Chile son la UDI, RN, el Partido Socialista, la DC y después vienen otros más pequeños: PPD, Evópoli, etc. Los partidos de base pequeñoburguesa, como el Frente Amplio o el PC, si bien hasta ahora no han recibido grandes sumas directas de los dueños del país, también son controlados por esos empresarios, a través de las alianzas que realizan con los partidos burgueses. Como tienen un programa basado en los acuerdos y pactos para conquistar reformas, tienen que limitarse a lo que establecen los empresarios. Hoy esto queda evidente con Boric y el PC aprobando los estados de excepción en la Araucanía para beneficiar a las familias Matte y Angelini o cerrando el acuerdo SQM-Codelco para beneficiar a Ponce Lerou.

2 – Corrupción de funcionarios públicos. Otra forma muy común y generalizada de control del empresariado sobre el Estado es la corrupción de los funcionarios públicos. El reciente caso de Luis Hermosilla demuestra gráficamente cómo un abogado relacionado a grandes empresarios y autoridades políticas pone precio a la cabeza de funcionarios del Servicio de Impuestos Internos. Existen innumerables otros ejemplos en los últimos años. Se corrompen fiscales, jueces, policías, oficiales de las FFAA, funcionarios de aduana, alcaldes y un largo etc.

3 – Centros de estudio y lobby. Los grandes empresarios son dueños de importantes Centros de Estudios (think tanks o grupos de expertos) que influyen cotidianamente en los proyectos en discusión en el Parlamento. Algunos ejemplos son el Centro de Estudios Públicos -CEP- (ligado a la familia Matte, con participación de otros grandes empresarios), Libertad y Desarrollo (UDI/RN), Chile 21 (PS/PPD), y varios otros. También existen los lobbistas profesionales, o sea, personas que trabajan como articuladores entre los distintos partidos y empresarios, como Pablo Zalaquett, que recientemente invitó a ministros de Boric y a grandes empresarios para cenas en su casa, todo por fuera de la legalidad.

4 – Privilegios y formación ideológica a la oficialidad de las Fuerzas Armadas y de Orden. Los dueños del país y el imperialismo saben que la garantía del orden, en el límite, está en las policías y en las Fuerzas Armadas. Por ello, mantienen a esas instituciones bajo el más estricto control y sin ninguna democracia interna. Luksic, el mayor empresario del país, “dona” becas a oficiales de las FFAA para que vayan a formarse a Estados Unidos. Además de eso, la oficialidad percibe muy buenos sueldos, tiene acceso a buenas casas, clubs y muchos otros privilegios. Las policías y FFAA tienen su propio sistema de pensiones, distinto a las AFPs. Esas instituciones también carecen de democracia interna y mantienen una rígida disciplina, determinada por el alto mando. Así, los cuestionamientos internos son casi imposibles, a no ser en periodos revolucionarios;

5 – Amenazas de boicot y desinversión. Por último, los capitalistas están permanentemente amenazando a los políticos de retirar su dinero del país si se aprueban determinadas reformas. Saben que son capaces de generar el caos económico y les importa muy poco que la población pueda sufrir con el desabastecimiento, la inflación, etc. Lo hicieron en los años 70 y podrían hacerlo nuevamente. Por otra parte, de forma habitual los grupos empresariales “sacan” dinero del país para invertir en otros países con leyes y mercados distintos, porque así funciona el capitalismo. El gran empresariado se organiza en grandes asociaciones que tienen un enorme poder de negociación y chantaje, como la Asociación de Bancos, Asociación de AFPs, Consejo Minero, Sociedad Chilena del Cobre, Cámara Chilena de la Construcción, Confederación de Producción y Comercio. Las primeras asociaciones empresariales son de inicios de la República, por ej., la Sociedad Nacional de Agricultura de 1838 o la Sociedad de Fomento Fabril desde 1883. Estas organizaciones son las que determinan, en última instancia, lo que hacen los partidos partidos. 

Conclusión

El Estado chileno, al igual que los demás Estados capitalistas del mundo, no puede ser cambiado “desde adentro”. En Chile, los intereses del gran empresariado y su férreo control sobre el Estado no permiten que existan grandes reformas o transformaciones. Si en los años 70 permitieron que Allende llegara muy lejos al nacionalizar el cobre, la banca y muchas industrias, hoy ya no permitirán ni un décimo de eso. Su aparato de Estado está listo para desviar, derrotar y reprimir cualquier intento profundo de cambio social, sea a través de la propia legalidad burguesa y sus instituciones (Corte Suprema, Tribunal Constitucional, Parlamento, etc.), sea a través de la fuerza, con las Fuerzas Armadas y de Orden.  Todas las organizaciones políticas que quieran transformar el capitalismo chileno sin romper con la estructura del Estado burgués llegarán exactamente adonde llegaron el Partido Comunista y el Frente Amplio actualmente.


*Esta nota fue publicada en La Voz de los Trabajadores n° 33. Prensa del Movimiento Internacional de los Trabajadores, sección chilena de la LITci. Hace parte de una serie de artículos de carácter programático que buscan responder a las preguntas: ¿Por qué Chile no cambia? ¿Qué debemos hacer para cambiarlo?

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