Por Érika Andreassy
A menudo se presenta a Israel como la única democracia de Oriente Medio. Un sistema parlamentario multipartidista con la correspondiente separación de poderes y elecciones periódicas abiertas y democráticas. Donde las instituciones del régimen funcionen adecuadamente y se respete el debido proceso legal y sus ciudadanos gocen de libertades civiles, plena igualdad de derechos y participen plena y soberanamente en la vida social. Un verdadero oasis democrático en medio de un desierto dictatorial, rodeado de regímenes autoritarios por todos lados. Un soplo de esperanza para los pueblos oprimidos de la región. ¡Nada más lejos de la realidad!
La idea de libertad y igualdad de todos los ciudadanos de Israel, difundida por el régimen sionista y sus partidarios, especialmente los gobiernos y regímenes de los países imperialistas occidentales, es una gran mentira. Israel no es en absoluto una democracia igualitaria como nos quieren hacer creer, sino un régimen racista y segregacionista, que ataca especialmente a las mujeres –como ya hemos mostrado en el artículo Mujeres palestinas, su lucha no nos es indiferente–.
En primer lugar, Israel se define a sí mismo como un Estado-nación laico, pero no hay separación entre religión y política. La Ley del Retorno de 1950, por ejemplo, establece como criterio para el «derecho al retorno» la definición religiosa ortodoxa de «judío» (nacer de madre judía). Al mismo tiempo, toda persona que tiene derecho al retorno adquiere automáticamente la ciudadanía israelí en virtud de la Ley de ciudadanía de 1952. La ley de tribunales rabínicos de 1953, por otro lado, decreta que el matrimonio y el divorcio de los judíos deben necesariamente ajustarse a la ley judía, lo que excluye la hipótesis de los matrimonios mixtos en suelo israelí (que está prohibida por la ley judía).
Vale la pena recordar que a lo largo de la historia del movimiento sionista y del Estado de Israel, con la excepción de unos pocos grupos marginales de oposición, raras veces se ha cuestionado el vínculo entre el Estado y la tradición religiosa. La gran mayoría de los judíos israelíes afirman el apego de Israel a la cultura, los símbolos, el pueblo judío e incluso la religión judía, a pesar de que el Estado se define a sí mismo como laico.
Ni libres ni iguales ante la ley
La asociación entre la ciudadanía israelí y el judaísmo no sólo favorece explícitamente la inmigración judía, sino que consagra (a través de la legislación) la desigualdad entre judíos y no judíos. De hecho, desde 1948, el Estado de Israel ha adoptado y producido más de 60 leyes, dando carácter jurídico al trato diferenciado y excluyente de los no judíos. En 2018, se aprobó una ley con status constitucional que afirma a Israel como el «Estado-nación del pueblo judío», declara que dentro de ese territorio, el derecho a la autodeterminación «es exclusivo del pueblo judío» y establece los asentamientos judíos «como un valor nacional».
Los palestinos, en particular, son discriminados y tratados como enemigos internos. Esta discriminación institucional va desde los presupuestos que asignan sólo una fracción de los recursos a las instituciones que prestan servicios a los palestinos-israelíes; como las escuelas a las que asisten los niños palestinos en comparación con aquellas en las que estudian los niños judíos; incluso leyes, como la Ley de Reunificación Familiar, que impide a los palestinos de Israel vivir allí con sus cónyuges de los territorios ocupados de Cisjordania o Gaza, a pesar de que el resto de los ciudadanos tienen derecho a vivir en el país con cónyuges extranjeros.
La política colonialista también incluye la revocación de los documentos de identidad y los permisos de residencia, lo que permite a las autoridades de las ciudades israelíes excluir efectivamente a los palestinos de estos territorios, y a los palestinos que los han expulsado se les prohíbe vivir en los lugares donde nacieron y/o tienen vínculos, convirtiéndose en refugiados permanentes.
Cabe recordar que hoy hay unos 6,8 millones de judíos israelíes y 6,8 millones de palestinos en la zona que va desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, abarcando el Estado de Israel y el Territorio Palestino Ocupado (TPO) –compuesto por la Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este–. En la mayor parte de esta zona, Israel es la única potencia gobernante; en los demás, ejerce la autoridad conjuntamente con el autogobierno palestino, que es totalmente limitado, ya que el gobierno israelí es quien mantiene el control sobre las fronteras, el espacio aéreo, el movimiento de bienes y personas, la seguridad y el registro de toda la población, lo que a su vez dicta las cuestiones legales, el status y la elegibilidad de las cosas, cómo obtener una identificación y/o trabajo.
El régimen de represión en los TPO abarca la imposición de un gobierno militar draconiano sobre los palestinos, al tiempo que garantiza plenos derechos a los judíos israelíes que viven en segregación. Durante los últimos 55 años, las autoridades israelíes han facilitado el traslado de judíos a estos territorios y les han otorgado un status superior ante la ley, con respecto a los derechos civiles, el acceso a la tierra y la libertad de moverse, construir y conferir derechos de residencia a sus parientes cercanos. En estas zonas y en la mayoría de los aspectos de la vida, las autoridades israelíes privilegian metódicamente a los judíos y discriminan a los palestinos, lo que equivale a una situación de verdadero apartheid social.
Como denuncia Human Rights Watch, una organización internacional no gubernamental de derechos humanos, en el informe Un umbral cruzado. Los funcionarios israelíes y los crímenes de apartheid y persecución: «Las leyes, políticas y declaraciones de altos funcionarios israelíes dejan claro que el objetivo de mantener el control judío-israelí sobre la demografía, el poder político y la tierra ha guiado durante mucho tiempo la política del gobierno. En la búsqueda de este objetivo, las autoridades han desposeído, confinado, separado por la fuerza y subyugado a los palestinos en virtud de su identidad, en diversos grados de intensidad. En ciertas zonas, como se describe en el presente informe, estas privaciones son tan graves que equivalen a crímenes de lesa humanidad de apartheid y persecución».
Con respecto a las llamadas «elecciones libres y democráticas», hay miles de palestinos en todo Israel cuyo derecho al voto está severamente restringido. No hay colegios electorales en sus lugares de residencia (a diferencia de los asentamientos ilegales de la Cisjordania ocupada, donde los colonos judíos locales están disponibles para votar). Los palestinos de Jerusalén Este también ven restringido su derecho al voto. Aunque están formalmente cubiertos por la ley israelí, después de la anexión (ilegal) de la ciudad por parte de Israel en 1980, no se les garantiza el derecho al voto porque no son ciudadanos de pleno derecho del Estado (como los 20.000 sirios que viven en los Altos del Golán ocupados).
Un discurso hipócrita y mentiroso
La campaña de Israel para presentarse como un país LGBTI- friendly y como un ejemplo de igualdad de género (debido, entre otras cosas, a la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas israelíes) es una gran hipocresía. El mito de las LGBTI+ palestinas y mujeres empoderadas que encuentran un «refugio» en las ciudades israelíes no corresponde con las políticas coloniales del Estado de Israel, basadas en la exclusión y destrucción de los palestinos, ya sean mujeres, hombres, gays, heterosexuales, trans o sis.
Al promover el Estado de Israel utilizando los derechos femeninos, de los homosexuales e las personas trans, lo que el gobierno israelí y sus partidarios están tratando de hacer es desviar la atención de los sectores oprimidos de la clase trabajadora en todo el mundo de la opresión que practican contra el pueblo palestino en Israel y los territorios ocupados. La presencia de mujeres y la inclusión abierta de oficiales homosexuales en el ejército de ocupación israelí se utiliza a menudo como prueba de libertad e igualdad, pero para los palestinos que viven bajo la opresión del Estado sionista de Israel, el género o la orientación sexual de los soldados en los puestos de control de los Territorios Palestinos Ocupados o que custodian las prisiones israelíes, tiene poca diferencia. Todos visten los mismos uniformes, portan las mismas armas y mantienen el mismo régimen de apartheid y limpieza étnica promovido por Israel.
Para validar su posición como país libre, igualitario y democrático, el gobierno israelí y sus partidarios también refuerzan discursos (y actos) racistas, islamófobos y antiárabes, ya que la promoción de un Israel LBGTI-friendly y ejemplo de igualdad de género tiene su contrapartida en la representación de palestinos, árabes y musulmanes (como si palestinos, árabes y musulmanes lo fueran, de hecho, sinónimos), así como su opuesto exacto: un pueblo culturalmente atrasado, sexualmente regresivo, gobernado por rígidas leyes patriarcales. Estos estereotipos, además de tratar de deslegitimar las luchas y la resistencia palestinas, y ratificar la ocupación sionista, contribuyen a reforzar la propia opresión y discriminación contra los pueblos palestinos, árabes y musulmanes.
En cualquier caso, la situación de las mujeres judías en Israel por sí solo sería suficiente para demostrar la farsa del discurso israelí sobre la igualdad de género y las personas LGBTI+. Debido al predominio de las leyes religiosas sobre el derecho de familia, la igualdad social de las mujeres judías es bastante ilusoria. Esta subordinación de los derechos de las mujeres a los valores religiosos es clara cuando se observa la Ley de Igualdad de la Mujer de 1951, que estipula que no se aplica al matrimonio y al divorcio, o la actual Ley Fundamental (el equivalente a nuestra Constitución, ya que el Estado de Israel no tiene una Constitución completa), que exime a las leyes existentes de la revisión legal (lo que permitiría que los derechos individuales de las mujeres se vieran afectados). en detrimento de las cuestiones religiosas).
De hecho, en lo que respecta al matrimonio y al divorcio, la división de competencias entre las jurisdicciones civil y religiosa tiene un impacto negativo mucho más fuerte en las mujeres judías (debido a la autoridad exclusiva de los tribunales rabínicos, formados exclusivamente por hombres y totalmente sujetos a una lectura ortodoxa de la ley religiosa), que en las mujeres musulmanas, lo que no significa que no se enfrenten también a dificultades en este ámbito. Todo judío en Israel, ya sea religioso o secular, sólo puede casarse o divorciarse ante estos tribunales rabínicos. Por otro lado, las cuestiones relacionadas con el divorcio, desde la custodia de los hijos hasta la división de los bienes, caen bajo la jurisdicción concurrente de los tribunales civiles (de familia) y los tribunales religiosos.
Pero, aunque las apelaciones a los tribunales civiles generalmente favorecen más a la mujer, presentar una queja ante uno de ellos prohíbe que el caso sea manejado por el otro, y dado que los tribunales rabínicos se guían por la ley judía, aplicando las reglas del procedimiento religioso y casi siempre ignorando la ley civil, las sentencias que dictan son casi siempre favorables al hombre.
Tampoco las mujeres judías tienen derecho a profesar su fe religiosa sin ser molestadas. A pesar de que desde 2013, la justicia israelí ha fallado a favor del movimiento feminista religioso Mujeres del Muro; que lucha por el derecho de las mujeres a rezar (!) en el Muro de los Lamentos (lugar sagrado del judaísmo) con pañuelos en la cabeza y leyendo la Torá en voz alta; Afirmando que las oraciones en voz alta no perturban el orden público, son constantemente maldecidas y amenazadas.
Como ves, la fantasía del LGTBI-friendly o del paladín de la igualdad de género, además de hipócrita, es mentirosa. Es más, no se resiste ni un milímetro cuando se revela la situación colonial. Si alguna vez llegaste a creer esto, olvídalo. ¡No hay puertas rosas o lilas en los muros del apartheid israelí!
