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México | Candidatos asesinados: el podrido régimen no cambió

junio 1, 2021

En esta campaña electoral –según la consultora Etellekt– han sido asesinados 88 candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular. En los puestos para alcaldías se concentra la violencia. El presidente López Obrador dijo que “algunos medios de comunicación “magnifican” los atentados y homicidios de candidatos con el fin de “enrarecer” el ambiente rumbo a las próximas elecciones. Al expresar “condolencias” a sus familiares, AMLO declaró: “Procuremos todos vivir en paz, que no se agreda a nadie y que haya ética en los medios, menos amarillismo, aún cuando haya diferencias, que podamos resolverlas con argumentos, con debate respetándonos”.

Por CST-México

Otros, como el Instituto Nacional Electoral, se han preguntado ¿Democracia en peligro?” Y la consultora Etellekt advirtió a principios de mayo: “la violencia política es un atentado contra la democracia y compromete la integridad, independencia y autonomía de las futuras autoridades”.

Opinamos que tanto el presidente como las consultoras o institutos electorales actúan con hipocresía y ocultan intencionalmente la verdadera realidad y sus causas. La violencia política que sufrimos –tanto por parte de las instituciones, como del crimen organizado– más que un atentado a una supuesta “democracia” hoy inexistente, es parte integral de este régimen de “democracia de los ricos y los delincuentes” y del sistema político y electoral mexicano, existente desde hace largas décadas. Estos hechos desnudan una vez más la falsedad, repetida hasta el hartazgo por AMLO, sobre que el “viejo régimen quedó en el pasado y que ya todo cambió”.

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Su titular, Rosa Icela Rodríguez, informó que le da seguimiento a 398 casos de candidatos y candidatas que participan en el presente proceso electoral, de los cuales 187 recibieron amenazas, 101 reportaron algún tipo de agresión y 11 fueron secuestrados. Expuso que se han atendido 250 denuncias, mayoría concentradas en siete estados: Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero. La participación de la mafia en las campañas electorales, presentando a sus propios candidatos y asesinando a otros, no es nueva en México. En gran parte de los municipios de todo el país, los candidatos son “palomeados” por grupos regionales de poder, ligados al crimen organizado. Y los Alcaldes están en el punto de mira de los narcos. Porque ellos apuntan al control de las policías municipales y medios de transporte locales, así como al control de la información sobre los ingresos de los sectores sociales pasibles de ser extorsionados.

Particularmente impactante fue el asesinato de Alma Barragán, candidata a la alcaldía de la ciudad de Moroleón, estado de Guanajuato, en el centro del país. «Juntos lo hacemos mejor», decía entusiasmada, invitando a sus seguidores a un acto. Poco después, yacía en una camilla acribillada a balazos. No se conocía de antemano ninguna amenaza contra ella. Sin embargo, su ciudad natal se encuentra en un estado especialmente asediado por los grupos mafiosos.

Su asesinato, a plena luz del día durante un acto de campaña electoral, es sólo uno de los muchos en una espiral de violencia política: el mismo día, se produjo un ataque contra el candidato a la alcaldía en el balneario de Acapulco. Poco antes, tres candidatos murieron en Puebla. En Jalisco, el candidato a la alcaldía recibió una cabeza de cerdo como amenaza. El nivel de asesinatos de candidatos es proporcional al nivel de violencia del país, estos tres años son los más violentos en la historia, 85.000 homicidios dolosos en total. La tasa de impunidad de los asesinatos es del 98%.

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Las llamadas “fuerzas del orden”, a la cuales se han reclutado 150 mil efectivos más de la Guardia Nacional, con 161 cuarteles en todo el territorio, que se suman a los del Ejército y Marina, demuestran que más que una solución a la violencia criminal son parte del problema, cuyo centro está en el poder político. Una enorme evidencia es el caso del General “padrino” Cienfuegos, ex secretario de defensa de Peña Nieto, al que el presidente y el canciller pactaron con Trump el “rescate urgente” desde los tribunales de Estados Unidos, para que la Fiscalía General de la República mexicana le dé un expedito “carpetazo” y declare que no hay pruebas consistentes para acusarlo.

La campaña apesta porque este régimen está podrido.

La política es economía concentrada: Los asesinatos, son sólo la punta del iceberg. Pues la acción de la mafia menos visible es la financiación de campañas: un torrente de dinero ilegal sigue entrando en las campañas para la compra de votos y candidatos. Es evidente la influencia de los cárteles y su control de facto en algunas regiones.

Con mayor o menor número de asesinatos, secuestros o amenazas, según las regiones y estados, esta campaña desnuda que la descomposición del régimen continúa y no ha cambiado para mejor. Oficialistas u opositores no se distinguen en su estado de putrefacción. Todo vale para estos “chapulines”, que saltan de un partido a otro para obtener una candidatura o apoyar otra a cambio de una buena paga. Además, entre los candidatos hay no sólo muchos personeros directos de los narcos, sino un predominio abrumador de ricos empresarios, comerciantes o viejos charros sindicales y sus parientes, algunos de los cuales han cultivado una “imagen de respetables” o con “sensibilidad social”. Mayoría son hoy senadores y se postulan para gobernadores o son diputados estatales y aspiran a diputaciones federales… Todos estos supuestos “representantes populares”, desmienten la indignante falsedad del trillado slogan presidencial “para bien de todos, primero los pobres”. Porque esta élite de políticos del dinero grande y mal habido recluta para sus campañas a los que han quedado huérfanos sin candidatura, ofreciéndoles algún “huesito” en caso de ganar esos cargos.

Por eso, una vez más, llamamos a no convalidar con el voto de los trabajadores el imperante cochinero de los ricos. ¡Votemos contra todos ellos! ¡Tachemos toda la boleta!

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