Más allá del FIT-U (1): Por un partido independiente de los trabajadores
La crisis abierta en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT-U) no debería desembocar en una nueva negociación de candidaturas entre sus partidos, y mucho menos en una ruptura que conduzca a listas separadas. Con el peronismo en crisis y el gobierno de Milei desgastado, la discusión de fondo es si las luchas y una nueva iniciativa política pueden empujar a la clase trabajadora hacia una política propia e independiente.
El gobierno continúa su ofensiva: la reforma laboral, la caída salarial y los ataques a las jubilaciones, a la salud y a la educación públicas, junto con la entrega de recursos naturales y la subordinación al imperialismo, buscan modificar las relaciones de fuerza construidas durante décadas. Milei no ha logrado una derrota histórica del movimiento obrero, pero se perdieron batallas y la resistencia sigue fragmentada. Hubo respuestas en las universidades, en el Garrahan, en las movilizaciones contra la reforma laboral y en los conflictos de Mirgor, FATE y SIAT; también lucharon trabajadores de la salud y comunidades originarias frente a los desalojos y al avance sobre sus territorios. La Marcha de la Bronca partió de esa tensión: hay fuerzas para resistir, pero las luchas todavía no encuentran una dirección común. La clase trabajadora no está derrotada; está dividida y desorganizada.
El peronismo ya venía perdiendo capacidad para organizar políticamente a sectores importantes de trabajadores y jóvenes y canalizar sus aspiraciones y luchas dentro del régimen democrático-burgués. Los gobiernos peronistas, en particular el de Alberto Fernández y Cristina Kirchner (2019-2023), aceleraron ese proceso. Una parte del electorado histórico del peronismo votó a Milei en 2023 y otra se refugió posteriormente en la abstención. Pero el desgaste del gobierno libertario no ha provocado un retorno automático de esos sectores al kirchnerismo, ni el peronismo ha logrado, hasta ahora, recomponer la capacidad hegemónica que tuvo en ciclos políticos anteriores. Se abre así la posibilidad de una ruptura política más profunda, aunque todavía está por verse qué forma tomará.
Las encuestas deben leerse con cautela —todavía falta más de un año para las presidenciales de 2027 y los resultados varían considerablemente según la consultora—, pero muestran una situación abierta. Un relevamiento nacional de Proyección, realizado entre el 1 y el 10 de septiembre, ubicó a La Libertad Avanza en 35% y a Fuerza Patria en 31,9%, mientras que un 18,5% optaba por blanco o impugnado al preguntar por espacios políticos; al medir candidatos, Milei obtenía 36,9%, Kicillof 32% y Myriam Bregman 8,2%, con 9,3% de voto blanco o impugnado y 9,2% de indecisos. El propio director de la consultora resumía la situación señalando que existe un antimileísmo creciente que “no termina de unificarse en términos de representación” y que parte de la caída del oficialismo se desplaza hacia el voto blanco y los indecisos.
Un segundo sondeo nacional de Trends, realizado entre el 8 y el 17 de septiembre, encontró algo semejante: 35% para La Libertad Avanza, 33% para el peronismo y 8% para la izquierda. Al preguntar por identificación política, el peronismo reunía el 18%, el kirchnerismo el 15% y la izquierda el 8%. Los datos no muestran una desaparición del peronismo ni el paso automático de su antigua base a la izquierda. El rechazo a Milei aún no se ha cristalizado en una alternativa única: la extrema derecha, el peronismo y la izquierda disputan a sectores desilusionados o enfurecidos, algunos ya en lucha. Esa disputa también alcanza a jóvenes precarizados que votaron a Milei, desencantados con los partidos que ya gobernaron. La izquierda necesita intervenir para que esas rupturas, que atraviesan a sectores de la clase hoy orientados en direcciones opuestas, puedan avanzar hacia una experiencia política independiente.
La conquista electoral del FIT-U y sus límites organizativos
El FIT nació en 2011, cuando el kirchnerismo aún conservaba una influencia importante sobre el movimiento obrero. Su formación supuso un avance: permitió superar parcialmente la dispersión electoral de la izquierda y presentar una alternativa de independencia de clase frente a las opciones patronales y de colaboración de clases. Su representación parlamentaria dio visibilidad nacional a posiciones que ninguna de sus organizaciones habría podido proyectar por sí sola. Pero el alcance de esa unidad fue, sobre todo, electoral.
La unidad en las luchas no fue el punto de partida del FIT: no surgió de organismos construidos en las luchas ni de un proceso de autoorganización de la clase. Se formó a la defensiva, cuando organizaciones que hasta entonces se habían resistido a cualquier forma de unidad se vieron empujadas a formar un frente para competir en las elecciones generales.
En 2009, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se aprobó la Ley 26.571, que creó las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Para participar en las elecciones generales, cada fuerza debía obtener en las primarias al menos el 1,5% de los votos válidos de cada categoría y distrito. Aunque la explicación oficial presentó la medida como una forma de ordenar y democratizar la oferta electoral, el requisito podía dejar fuera de las generales a partidos pequeños que hubieran obtenido decenas de miles de votos en las primarias. La izquierda trotskista denunció ese carácter restrictivo.
Esa respuesta defensiva dio lugar a una conquista real: permitió que trabajadores y sectores populares votaran en contra de las variantes burguesas mediante una referencia común, visible y reconocible a escala nacional. También abrió la posibilidad de que la unidad alcanzada en el terreno electoral fuera el punto de partida para una tarea aún más urgente: la unidad en las luchas contra los sucesivos gobiernos que aplicaban un ajuste tras otro. En la práctica, sin embargo, el FIT quedó limitado a las campañas electorales comunes y a los acuerdos entre partidos: cada organización mantuvo su propia intervención y la competencia entre los aparatos no se tradujo en una organización común de las luchas ni en espacios regulares en los que trabajadores y organizaciones pudieran discutir el programa, la orientación y las candidaturas.
Quince años después, cientos de miles pueden votar por el FIT-U o acompañar sus campañas, pero quienes no militan en sus partidos siguen sin tener derechos propios para participar en la toma de decisiones. Si bien PTS, PO, Izquierda Socialista y MST conquistaron posiciones importantes en sindicatos, comisiones internas, centros estudiantiles y movimientos sociales, con frecuencia cada corriente priorizó su propia agrupación y compitió por espacios de influencia. Esa dinámica debilitó las experiencias entre docentes, trabajadores de la alimentación y de distintas fábricas, desocupados y estudiantes, y dificultó la consolidación de direcciones comunes surgidas de las luchas. Disputar la dirección forma parte de las tareas de cualquier organización política; el problema surge cuando esa disputa sustituye la construcción de organismos comunes. En una asamblea, una coordinadora o una comisión interna, las orientaciones pueden entrar en conflicto entre sí, y los propios trabajadores pueden decidir entre ellas y cambiar de posición a partir de la experiencia. Cuando cada conquista se convierte en territorio de una corriente, las fuerzas de la izquierda dejan de sumarse.
La unidad electoral se institucionalizó mediante bancas, rotación de cargos, financiamiento, espacios en las listas y mecanismos para medir la relación de fuerzas entre los partidos. En las luchas no se crearon organismos equivalentes para organizar conjuntamente la intervención; la competencia por la hegemonía —primero con mayor peso del PO y luego con el avance público y electoral del PTS— desplazó su construcción.
También existe una desproporción entre la clase que la izquierda busca representar y quienes concentran su representación pública. El Frente llevó al Parlamento a obreros y dirigentes sindicales provenientes de luchas importantes, pero entre sus figuras nacionales más visibles predominan abogados, docentes universitarios, profesionales y dirigentes formados en el movimiento estudiantil o en los aparatos partidarios. Los trabajadores precarizados e informales, migrantes, mujeres de los sectores peor remunerados y dirigentes indígenas tienen una presencia mucho menor, pese a su creciente peso en la clase trabajadora argentina.
No es sólo una cuestión de composición social, sino también del método para determinar las listas. Las candidaturas se vienen decidiendo principalmente mediante acuerdos y relaciones de fuerza entre los partidos del FIT-U, no mediante organismos de clase propios que permitan a quienes protagonizan las luchas elegir a sus representantes. Por eso, la presencia de diputados obreros no resuelve la contradicción: un delegado que enfrenta despidos, una trabajadora del Garrahan que dirige su conflicto o una dirigente indígena que defiende su territorio sólo pueden convertir esa autoridad en representación política si alguna organización los incorpora a sus listas.
En 2025, mientras millones expresaban su rechazo a Milei y al peronismo mediante la abstención —más de dos millones sólo en la provincia de Buenos Aires—, el FIT-U mantuvo un caudal electoral cercano al de elecciones anteriores. La campaña de Myriam Bregman vuelve a plantear una pregunta pendiente: cómo convertir la influencia electoral y las posiciones conquistadas en las luchas en una organización política más amplia.
Las respuestas dentro del FIT-U: qué partido y a través de qué proceso
La iniciativa del PTS responde a una inquietud concreta. La simpatía creciente hacia Myriam Bregman no debería agotarse en una candidatura electoral, y miles de trabajadores y jóvenes que se acercan a la izquierda no quieren ingresar al PTS, al PO, al IS o al MST. El PTS ha respondido impulsando comités en lugares de trabajo, en el estudio y en barrios, con la perspectiva declarada de construir un “Movimiento por un Partido de la Nueva Clase Trabajadora”. Pero el debate público del FIT-U de junio de 2026 —con dirigentes del PTS, PO, Izquierda Socialista y MST— mostró diferencias sobre qué organización construir, quiénes podrían integrarla y cómo decidir su orientación.
El MST plantea con mayor claridad que el FIT-U se transforme en una organización común. Alejandro Bodart sostuvo que el Frente “no alcanza para el período que viene” y debería dejar de ser sólo un frente electoral para convertirse en “una organización común”, “un gran partido de trabajadores” o “un gran partido unitario de la izquierda”. Propuso que los partidos actuales pudieran transformarse en “corrientes internas” o tendencias y defendió un funcionamiento donde las diferencias se discutan y, para la acción, decida la mayoría. Sergio García llevó el argumento más lejos: si sectores obreros y juveniles abandonan su “casa histórica” peronista, “no le podemos ofrecer cuatro o cinco casas diferentes”.
Partido Obrero tampoco rechaza discutir un partido común. Gabriel Solano afirmó explícitamente que, cuando el PTS planteó la cuestión, el PO respondió: “sí, discutámoslo”, y defendió que un partido revolucionario común tendría que funcionar con centralismo democrático. Su desacuerdo está en cuál sería el paso inmediato. Históricamente, sostuvo, la táctica del partido obrero surgió cuando una parte de la clase y de sus organizaciones se inclinaba por la independencia política; pero en Argentina, “hoy eso no está”. Para Solano, la tendencia existente hacia la independencia de clase se expresa hoy en el FIT-U. De ahí su propuesta: comités comunes, una Asamblea Nacional y una intervención conjunta en la lucha que permitan “verificar en la práctica” los acuerdos y divergencias y, sobre esa base, avanzar hacia un partido común.
Izquierda Socialista sostiene que el FIT-U debe ser la herramienta para organizar la nueva simpatía. Mercedes de Mendieta lo definió como “un frente de cuatro partidos revolucionarios, bajo un programa estratégico” y sostuvo que sería un error desvalorizarlo frente a nuevas formas organizativas. La organización tampoco cierra en principio la discusión sobre un partido de trabajadores. Juan Carlos Giordano distinguió varias hipótesis: si se tratara de un partido amplio alimentado por corrientes obreras que rompieran con la burocracia sindical y el peronismo, IS podría estar abierta a discutirlo, recordando la experiencia morenista en la fundación del PT brasileño; su argumento es que “ahora esas corrientes no están”. Por eso propone, en las condiciones actuales, comités unitarios del FIT-U abiertos a independientes.
El PTS impulsa el movimiento por un partido de la nueva clase trabajadora, apoyándose en la influencia de Bregman y en los comités que creó. En el mismo debate, Christian Castillo propuso mesas territoriales de coordinación con sindicatos combativos, comisiones internas, estudiantes, agrupaciones y activistas, concebidas como organismos de frente único que deben ir “más allá del FIT-U”: “no le pedimos credencial del FIT-U a cualquier compañero que luche”. Esa propuesta reconoce que la autoorganización necesaria para enfrentar a Milei no puede limitarse a la pertenencia partidaria.
Las diferencias pasan por quiénes participarían, qué derechos tendrían y cómo se decidiría la orientación política. El problema de los comités del PTS no es que ese partido quiera dirigirlos. Para que puedan convocar a trabajadores y activistas de otras corrientes, deben permitirles intervenir, defender otra orientación y decidir democráticamente. Lo mismo vale para los comités unitarios propuestos por el PO y la IS: no bastan si quedan subordinados a acuerdos entre partidos. La autoridad de Bregman, la implantación del FIT-U y la fuerza de las luchas podrían ponerse al servicio de una organización donde quienes participan tengan derechos políticos propios.
La necesidad de la independencia política de la clase trabajadora
Entre marzo y julio de 1938, Trotsky discutió repetidamente con dirigentes del Socialist Workers Party norteamericano la posibilidad de levantar la consigna de un Labor Party, un partido obrero basado en los sindicatos. Esa discusión no ofrece una fórmula para la Argentina actual; pero muestra un método útil de cómo definir consignas y propuestas organizativas a partir de las condiciones y tendencias concretas de la clase trabajadora.
Lenin discutió el problema del partido obrero independiente en Estados Unidos desde 1912. En Resultados e importancia de las elecciones presidenciales en Norteamérica (1912), señaló que el bipartidismo era «uno de los medios más poderosos para impedir el surgimiento de un partido obrero independiente, o sea, de un partido genuinamente socialista». En 1914 volvió a insistir en la necesidad de una organización independiente de la clase trabajadora en los ámbitos educativo, industrial, cooperativo y político: no había «camino hacia un futuro libre» fuera de ella.
En abril de 1938, Trotsky retomó la cuestión del partido obrero y estableció una distinción fundamental: “La cuestión del partido obrero nunca ha sido una cuestión de ‘principio’ para los marxistas revolucionarios. Nosotros siempre partimos de la situación política concreta y de las tendencias de su desarrollo”.
Si bien la independencia política de la clase trabajadora y la construcción del partido revolucionario eran exigencias estratégicas, la necesidad de un Labor Party era meramente una cuestión táctica, dependiente de la situación. Trotsky recordaba que, antes de la crisis de 1929, todavía era posible pensar que el partido revolucionario crecería junto con la radicalización obrera hasta ponerse a su cabeza; en esas condiciones habría sido “absurdo” que un partido obrero hiciera propaganda abstracta. Las grandes huelgas de Minneapolis, Toledo y la costa oeste de 1934 y, sobre todo, la formación, en 1935, del Committee for Industrial Organization (CIO) modificaron radicalmente esas condiciones.
El nuevo sindicalismo industrial organizó a millones de trabajadores, incluidos los no calificados, los inmigrantes y los negros. Las huelgas de masas y las sit-down strikes transformaron el movimiento obrero norteamericano y, hacia 1938, el CIO agrupaba, como señalaba Trotsky, a “unos 3 millones o más de afiliados” en una organización nueva y mucho más militante. Pero esa independencia, conquistada parcialmente en las fábricas y los sindicatos, no encontraba un equivalente en el ámbito político: el CIO continuaba subordinado, en términos electorales, a Roosevelt y al Partido Demócrata.
Trotsky vinculaba el desarrollo de los nuevos sindicatos con la necesidad de una organización política propia: “En EE.UU. la situación es que la clase obrera necesita un partido: su propio partido. Es el primer paso en la educación política”. Los sindicatos habían llegado a un punto en el que necesitaban intervenir políticamente: “La clase obrera está frente a una alternativa: o los sindicatos se disuelven o se unen para la acción política”. Para Trotsky, la agitación por un partido propio respondía a una necesidad ya presente en el movimiento obrero; no era una consigna abstracta inventada por los revolucionarios.
La propuesta de “todos los sindicatos deben unirse para crear este partido obrero” no significaba construir un partido subordinado ni a Roosevelt ni a figuras como Fiorello La Guardia, alcalde republicano de Nueva York y partidario del New Deal, quien contaba con el apoyo de sectores sindicales y del American Labor Party. Un partido así sería obrero sólo de nombre. Para Trotsky, debía ser políticamente independiente y proponerse algo más que obtener bancas: “El rol del partido obrero debe ser tomar en sus manos el poder, todo el poder”.
La discusión del partido obrero en Argentina
En Argentina, la fuerza de los sindicatos convivía con la subordinación política de la clase trabajadora al peronismo. Moreno partía de esa contradicción. La formación de un partido obrero era para él “la más importante tarea histórica”: el proletariado, que había votado como clase por el peronismo, tendría que avanzar hacia “su propia representación política y sindical superando al peronismo como representación extraña”.
En el folleto 1954: Año clave del peronismo, Moreno advertía contra una traslación mecánica de la experiencia norteamericana: “La clase obrera argentina no tiene un partido que la organice”, pero la CGT, integrada al Estado y subordinada políticamente al peronismo, tampoco podía transformarse simplemente en un CIO. “No se puede hacer en nuestro país una asimilación mecánica” del Labor Party. De ahí surgía una secuencia de tareas: “Para lograr un Partido Laborista se interpone lograr la independencia de los sindicatos, del Estado. Pero para lograr esto, primero se necesita la organización independiente, sindical y política de los activistas sindicales”. Las tareas inmediatas eran formar oposiciones sindicales y organizar políticamente a la vanguardia obrera, mientras la consigna del partido laborista conservaba un carácter propagandístico. Pero Moreno no concebía esa secuencia como etapas rígidas: una crisis podía combinar las tareas y “entre el planteamiento de las distintas consignas no es necesario que haya etapas enormes de tiempo”. Por eso llamaba a los activistas a unirse “en torno a un programa que reflejara los intereses de su propia clase” y combinara de manera concreta esas tareas.
El Cordobazo cambió radicalmente la configuración de fuerzas sociales y las posibilidades para los revolucionarios. La semiinsurrección obrera y estudiantil de mayo de 1969 abrió un ciclo en el que Sitrac-Sitram, el clasismo cordobés, El Chocón, Petroquímica, Banco Nación, los Tucumanazos y Rosariazos, y numerosos conflictos fabriles evidenciaron la aparición de una nueva vanguardia capaz de disputar a la burocracia y conquistar un margen de independencia en las fábricas. Cuando Lanusse preparó el Gran Acuerdo Nacional (GAN), su plan de salida electoral, había que impedir que esa independencia volviera a desaparecer en los partidos patronales. Moreno advertía que las elecciones buscaban encadenar al movimiento obrero “en los distintos partidos patronales”, haciéndole perder “el margen de independencia política logrado desde el Cordobazo”. Frente a ello, proponía que “de la misma manera que en fábrica iban surgiendo opciones clasistas frente a la patronal y a la burocracia”, apareciera también “una opción obrera y socialista” en el terreno político-electoral.
Moreno no partía de la necesidad abstracta de inventar un partido más amplio, sino de una vanguardia ya existente y de la necesidad de generalizar políticamente la independencia parcial conquistada en las fábricas. En «Tenemos la personería: la ponemos al servicio de un frente obrero y socialista» (1972), publicado en Avanzada Socialista, n.º 17, el 21 de junio de 1972, el PSA[1] puso su personería electoral —la habilitación legal para presentar candidaturas— al servicio de esa propuesta. Se dirigió a “los heroicos activistas de los dos Cordobazos, del Chocón, de Petroquímica, del Sitrac-Sitram, del Banco Nación, de los Tucumanazos y Rosariazos” y declaró: “¡Aquí está nuestra personería! No la queremos para ‘uso exclusivo’”. La propuesta era ponerla al servicio de un “Gran Acuerdo Obrero y Socialista”. El Polo Obrero y Socialista buscaba convertir una conquista del partido revolucionario —su legalidad— en un instrumento para que dirigentes surgidos del ascenso de la lucha de clases intervinieran directamente en la disputa política.
El PST llevó a las elecciones presidenciales de marzo y septiembre de 1973 la discusión sobre la necesidad de un partido obrero independiente. En marzo presentó la fórmula Coral–Nora Ciapponi; para septiembre puso su personería al servicio de una fórmula obrera común y propuso que Agustín Tosco y Armando Jaime la encabezaran. Cuando ambos declinaron, presentó a Coral y José Francisco Páez. La legalidad electoral del partido podía servir, así, para impulsar una campaña que reuniera a otras corrientes de izquierda y sectores clasistas.
En Avanzada Socialista n.º 75, de septiembre de 1973, el PST explicaba los objetivos de esa apertura:
«Lo mismo vamos a hacer ahora: el resquicio legal que ha permitido a nuestro partido levantar su fórmula, no nos pertenece exclusivamente: es una victoria de la movilización de las masas —que conmueven el régimen desde el Cordobazo— y, como tal, debe ser sabiamente utilizado por el clasismo y la izquierda, de los que formamos parte. De igual forma que los votos que obtengan Coral-Páez no les pertenecen personalmente, ni tampoco a nuestro partido, los instrumentos para alcanzarlos, políticos y técnicos, deben ser patrimonio de toda la izquierda revolucionaria.
Llamamos a todas las organizaciones, personalidades y dirigentes clasistas, revolucionarios y de la izquierda a formar un comité unitario para programar una campaña electoral que utilice las tribunas, la radio y la televisión y, finalmente, un gran acto central, con oradores de todas las tendencias, para unificar a la izquierda y propagandizar la lucha clasista, antiimperialista y socialista, que son las banderas de Coral-Páez; y que, de todas formas, nuestro partido llevará adelante».
En Un documento escandaloso (1974), Moreno describió aquella intervención como “uno de los puntos claves del desarrollo y crecimiento de nuestro partido” y “un salto cualitativo”: había puesto el programa revolucionario en relación con la experiencia de sectores mucho más amplios.
Moreno tampoco convirtió el Cordobazo en una receta. En Argentina: Una revolución democrática triunfante (1983), apartado «Qué partido queremos», sostuvo: “No vimos y no vemos en esta etapa electoral la posibilidad de que se dé un partido obrero con cierta influencia de masas”. La vanguardia surgida del Cordobazo ya no tenía el mismo peso. La consigna volvía a tener un carácter propagandístico: “la clase obrera necesita su propio partido e ir al gobierno”, pero “no sabemos por qué canales se expresará la tendencia inevitable a la independencia y al gobierno de clase”.
¿Dónde está hoy el puente?
El caso del Labor Party muestra que las tareas políticas dependen de cómo está organizada la clase y de sus tendencias. En Argentina no hubo un salto organizativo comparable al del CIO, la central sindical industrial que organizó a millones de trabajadores. La clase aparece mucho más fragmentada entre trabajadores registrados e informales, sindicalizados y precarizados, entre la industria y los servicios, y entre trabajadores de plataformas, desocupados y migrantes. Siguen existiendo grandes concentraciones obreras, sindicatos poderosos, comisiones internas y cuerpos de delegados. El problema es cómo articular esas luchas y formas parciales de organización en una política propia de los trabajadores.
Las movilizaciones y los conflictos de los últimos años reunieron a trabajadores, estudiantes, mujeres, jubilados, jóvenes y sectores populares. La marcha universitaria de abril de 2024 convocó a cientos de miles; la UBA estimó más de un millón en todo el país, aunque otros recuentos fueron menores. Otra movilización reunió a cientos de miles de personas en octubre. En 2025 hubo grandes marchas por el 24 de marzo, el 8M de 2025 y la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista. Se sumaron movilizaciones de jubilados, conflictos del Garrahan y de la salud, protestas contra los despidos y la reforma laboral, y luchas indígenas y ambientales.
La masividad aún no se tradujo en formas estables de organización y representación independientes. El FIT-U mantiene peso electoral, pero sus vínculos con sectores combativos siguen siendo limitados. Hace falta reunir a esos sectores en espacios comunes para que discutan y decidan una orientación política independiente.
[1] Partido Socialista Argentino (PSA), dirigido por Juan Carlos Coral, que junto con el PRT-La Verdad dio origen al PST, formalizado a fines de 1972.
