Sáb Jun 22, 2024
22 junio, 2024

Lasso provoca un sismo en Ecuador: disuelve la Asamblea Nacional y da paso a nuevas elecciones presidenciales y legislativas (muerte cruzada)

El 17 de mayo el gobierno de Guillermo Lasso anuncia en rueda de prensa que, acogiéndose al Art. 148 de la Constitución, procede a disolver la Asamblea Nacional y se acciona la convocatoria inmediata a nuevas elecciones presidenciales y legislativas para lo que resta de su período. Inmediatamente, las cúpulas militar y policial expresaron su respaldo a esta decisión y conminaron a la población a respetarla, advirtiendo que en caso de querer “alterar el régimen constitucional”, las Fuerzas Armadas y la policía actuarán con firmeza.

Por: Miguel Merino (ART)

El Art. 148 de la Constitución dice textualmente: “La presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio esta se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada o injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política o conmoción interna”. En concreto, Lasso fundamentó su decisión en la tercera causal, es decir “grave crisis política y conmoción interna”. Sin embargo, para la gran mayoría de periodistas y la población ecuatoriana, lo que definió la aplicación de esta medida fue la inminente censura y destitución de Lasso en el juicio político que le seguía la Asamblea Nacional.

Varias organizaciones y grupos políticos de diversas tendencias impugnaron inmediatamente dicha resolución ante la Corte Constitucional, por considerarla inconstitucional, ilegal e inexistente en los hechos, pero este organismo desechó dichas demandas y quedó en firme la llamada “muerte cruzada” como se le conoce a esta figura introducida en la Constitución vigente.

Reacción de la ciudadanía frente a las medidas del gobierno

Las demandas de inconstitucionalidad contra la “muerte cruzada” no fueron acompañadas por movilizaciones o protestas en las calles, salvo algunas manifestaciones reducidas realizadas por la Unión Nacional de Educadores y estudiantes universitarios vinculados a la Unidad Popular, organización política legal ubicada en la vertiente de la izquierda estalinista. La CONAIE, liderada por Leonidas Iza, que hace unas semanas había advertido que se movilizaría en caso de que el gobierno disolviera la Asamblea no lo hizo, argumentando que las condiciones del país no eran adecuadas para tomar ese tipo de acciones.

Entre las razones que explican la apatía de la ciudadanía frente a una medida calificada como dictatorial por varios sectores, está la baja aceptación de la Asamblea Nacional por la mediocridad de muchos de sus integrantes, así como su oportunismo, la corrupción y su falta de coherencia y honestidad políticas. También influyó el estado de shok en que se encuentra la población ante la ola delictiva y la violencia que se vive en las calles de muchas ciudades.

Legalidad de la “muerte cruzada” y crisis política

La causal señalada para la muerte cruzada es muy subjetiva y puede ser objeto de diversas interpretaciones. Si bien es cierto que al momento de expedirse la medida no existía conmoción interna, ya que todas las actividades sociales de desenvolvían con normalidad, no se puede desconocer que el contexto era de una aguda crisis política, por las siguientes razones:

– Por la deslegitimación y la impopularidad del gobierno de Lasso, debido a sus políticas neoliberales que no han dado soluciones, ni siquiera parciales, a las principales demandas sociales de la población y más bien han beneficiado a reducidos grupos de la burguesía financiera y comercial.

– Porque el juicio político que procesaba la Asamblea Nacional para destituir a Lasso estaba a punto de resolverse, con una probable destitución presidencial.

– Por la derrota sufrida por el gobierno en las elecciones seccionales realizadas recientemente, incluida la consulta popular, donde resultaron ganadores los principales grupos de la oposición (UNES, PK y PSC), situación que se reflejó en la reciente elección   de las autoridades de la Asamblea Nacional.

– Por la creciente crisis de violencia e inseguridad que azota al país y ha generado un clima de miedo y desesperanza en la población.

– Por las importantes luchas de los sectores populares como los paros realizados en Octubre del 2019 y el más reciente de Junio del 22, encabezados por el movimiento indígena y la CONAIE.  Este último dio paso a unas mesas de diálogo cuyos acuerdos fundamentales no han sido cumplidos por el gobierno.

– Por la crisis institucional que ha involucrado a las funciones y casi todas las entidades estatales, afectadas por la inoperancia administrativa, las pugnas entre ellas y la corrupción.

Consecuencias políticas y sociales de la “muerte cruzada”.

La primera consecuencia de la medida adoptada por el gobierno (que rige desde el 17 de mayo hasta los primeros días de noviembre, en que se posesionarán las nuevas autoridades legislativas y ejecutivas) es que Lasso gobernará sin ningún contrapeso legislativo ni de fiscalización.

Lo hará mediante “decretos-leyes de urgencia económica” previo dictamen de la Corte Constitucional, como lo señala la Constitución. El manejo económico es una noción amplia y ambigua que abarca un universo amplio de temas tributarios, laborales, explotación de recursos naturales, manejo de empresas públicas, contratación de obras de infraestructura y de servicios de diversa índole como energía eléctrica, agua potable, telefonía, internet, aduanas, etc. Por consiguiente, existe un alto riesgo de que el manejo económico comprometa derechos económicos, sociales, ambientales y culturales vinculados a la educación, la salud, la soberanía alimentaria, la seguridad social, el ambiente, etc, como lo han advertido diversas organizaciones sociales y de derechos humanos.

No existen garantías de que la Corte Constitucional ejerza con imparcialidad su obligación de tutelar los derechos constitucionales de los ciudadanos y la soberanía del Estado, pues su papel ha sido mas bien de árbitro entre los poderes estatales, ahora centralizados en el ejecutivo. No existe además ninguna confianza de que Lasso no se extralimite en sus funciones y pretenda pasar leyes y decretos que sean beneficiosos para los sectores de la burguesía que él representa, pero tendrán efectos nocivos para los trabajadores y las mayorías empobrecidas de la población, como ya ha ocurrido en estos dos años de su gobierno.

Al momento actual ya está en trámite las reformas a la Ley Tributaria que gravó con altos impuestos, especialmente a la clase media, tratando de aliviar las nefastas consecuencias que tuvo dicha ley. También acaba de anunciar la expedición de una nuevo decreto Ley de Inversiones para crear zonas francas en el país, la misma que beneficiará a los exportadores pues serán exonerados de varios impuestos y contarán con nuevos incentivos logísticos. Algunos analistas han advertido de que esta medida tiende a favorecer el blanqueo de dinero proveniente del narcotráfico. Se anunció también un nuevo paquete de reformas laborales, pero el gobierno no se atreve todavía a expedirlas por temor a la reacción de los trabajadores.

Caracterización de la nueva situación política

Surgen varios interrogantes luego de la decisión de la “muerte cruzada”: ¿se produjo un golpe de estado del ejecutivo contra la Asamblea al haberla disuelto? ¿Fue un autogolpe, ya que el gobierno terminará sus funciones antes del período legalmente previsto? ¿Hay un giro bonapartista por el fortalecimiento del poder ejecutivo con el respaldo incondicional de las Fuerzas Armadas y la policía, es decir los aparatos represivos del Estado? ¿Ha ocurrido un cambio en el régimen político? ¿Qué ocurrirá en las nuevas elecciones legislativas y ejecutivas previstas para el 20 de agosto? 

Podemos afirmar que estamos ante una situación inédita en la historia del país que combina en parte algo de cada una de las categorías señaladas. Hubo un golpe contra la Asamblea pues fue disuelta y es considerada un elemento central e infaltable del Estado burgués, según el principio de la separación de poderes. También fue un autogolpe, en la medida que el gobierno de Lasso concluirá su período de manera anticipada después de las nuevas elecciones, salvo que se postule como candidato y resulte elegido en las urnas. Hay un giro bonapartista puesto que se consolida el autoritarismo con base en la represión policial y militar, hecho que ya venía ocurriendo desde hace algún tiempo, pero ahora cuenta con una base constitucional.

No sería adecuado hablar de una dictadura total puesto que no se ha roto la Constitución, el ejecutivo termina su mandato en unos seis meses  y tiene ciertas limitaciones jurídicas. Es indudable que se ha producido un cambio de régimen ya que el poder legislativo no existe y habrá un reordenamiento institucional en las funciones del Estado, con un nuevo gobierno de transición que solamente durará año y medio en sus funciones.

Elecciones: elemento central de la coyuntura política

Se ha abierto una nueva etapa política donde el elemento central son las elecciones presidenciales y legislativas que se realizarán dentro de un período muy corto. Hay muy poco tiempo para la definición de las candidaturas y su inscripción en el Consejo Nacional Electoral. Se puede prever un alto número de candidaturas por las condiciones de dispersión y bajo nivel de credibilidad que afecta a casi todas los partidos y movimientos del espectro político nacional, especialmente a CREO, el partido del actual gobernante.

Existen tres grupos políticos que cuentan con base y apoyo social, pero limitado. La primera es el correísmo (UNES), que es la fuerza más organizada a nivel nacional, logró los mejores resultados en las recientes elecciones seccionales y ha cosechado el descalabro del gobierno de Lazzo. Sin embargo, no cuenta con candidatos que tengan arrastre popular para las elecciones presidenciales que se avecinan. La segunda es Pachakútik, expresión política del movimiento indígena, aquejado por una fuerte división entre la fracción que logró ser comprada por el oficialismo y el sector más crítico, afín a la CONAIE, que mantiene los principios ideológicos y programáticos originales del movimiento. La tercera es el Partido Social Cristiano (PSC), el partido político más representativo y organizado de la derecha, pero también desgastado por su apoyo a Lasso, aunque posteriormente pasó al bloque de oposición en la Asamblea Nacional. Su líder histórico, Jaime Nebot, ha declinado una vez más su candidatura a la presidencia de la República y ha decidido apoyar a una figura nueva y casi desconocida, al economista Jean Tópic, cuya carta de presentación es ser experto en seguridad, e intenta aparecer como el Bukele ecuatoriano.

Aunque en la caótica política ecuatoriana es muy difícil hacer predicciones, lo más previsible en la contienda electoral que se avecina, es que se defina entre los candidatos o candidatas que ponga el correísmo y los candidatos de la derecha que obtengan más apoyo en las urnas. Esto significa que el poder estatal se dirimirá entre las fracciones de la burguesía, pero coinciden en mantener el orden capitalista.

No se debe descartar, sin embargo, el peso que podrían alcanzar las candidaturas del movimiento indígena y la CONAIE, cuyo líder más reconocido es Leonidas Iza. De ser así se rompería la dicotomía correismo/anticorreísmo que domina en la escena política ecuatoriana desde el año 2006. Iza ha convocado a la unidad del campo popular en torno a un programa de reivindicaciones democráticas que tienen como eje la lucha contra el modelo neoliberal.

Al ser las elecciones un espacio manejado por la burguesía, nuestra propuesta como ART es no confiar en ninguna de las opciones de la burguesía, sean de carácter neoliberal o sean de carácter reformista. La única manera de superar la grave crisis económica, social, ambiental y de inseguridad que nos azota, es a través de la lucha, la movilización y la organización de la clase trabajadora y los sectores oprimidos, en torno a un programa de transformaciones estructurales que pongan fin a la pobreza, la desigualdad y la explotación inherentes al sistema capitalista mundial, sumido ahora en una profunda crisis.

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