Las “violaciones de Mazan”: Más allá de la cobertura mediática ¡organicemos la lucha contra la violencia sexual!
Por Brune Ernst
El 2 de septiembre de 2024 comenzó en Francia el juicio contra Dominique Pelicot, acusado de ser el organizador de numerosas violaciones contra su esposa. Durante casi diez años, Gisèle fue drogada por su marido y violada sin su conocimiento más de cien veces por unos cincuenta hombres, también acusados de violación agravada.
Un asunto llamado “histórico”, pero emblemático de la opresión sistémica
En 2020, Dominique Pelicot fue captado tomando fotografías bajo las faldas de unas mujeres. Siguió una investigación, especialmente en su ordenador, donde se encontraron numerosas fotografías y vídeos que mostraban a Gisèle, inconsciente, violada por decenas de hombres. Cuatro años después comenzó el juicio contra Dominique Pelicot y los violadores que se han podido identificar gracias a las fotos y vídeos.
En el banquillo de los acusados, los abogados de los violadores han recurrido a la ya conocida estrategia de invisibilización o minimización de los hechos, calificando las imágenes de «relaciones sexuales» y no de violaciones, e interrogando a la víctima sobre sus «preferencias y prácticas sexuales». – tríos o swinging. Pero las imágenes hablan por sí solas, y en Francia se habla de un “juicio histórico” que sería considerado el caso de violación más grave jamás juzgado en Francia.
Poner la noción de consentimiento en el centro de la definición de violación
Este juicio se desarrolla en Francia en un contexto en el que la definición de violación se debate desde hace varios años. De hecho, tras la propuesta, en 2022, de la Comisión Europea de unificar la caracterización de la violación en Europa en torno a la noción de consentimiento, Francia fue uno de los 11 países que se opusieron a esta definición. En Francia, la violación se define como “un acto de penetración donde la agresión sexual se comete bajo amenaza, coacción, sorpresa o violencia”. Por tanto, no se tiene en cuenta la noción de consentimiento, lo que deja un enorme margen a la defensa de los violadores e ignora, entre otras cosas, la dimensión psicológica del acto y el trauma creado, que puede, por ejemplo, provocar estados de shock en que la víctima es incapaz de reaccionar ante la violencia que está viviendo. Esta definición también hace posible una “zona gris”, particularmente en los casos de violación conyugal, que resulta casi imposible de caracterizar como tal.
La negativa de Francia a unificar la definición de violación en torno al consentimiento a escala europea, ha sido fuertemente criticada por ciertos grupos políticos de izquierda, pero especialmente por colectivos y asociaciones feministas que luchan por defender a todas las personas que son víctimas de violaciones y violencia en este sistema de opresión representado por el capitalismo patriarcal. Este debate parece haber experimentado un “giro de 180 grados” el 8 de marzo de 2024, cuando, al margen de la ceremonia de sellado de la ley que constitucionaliza la interrupción voluntaria del embarazo, el presidente de la República, Emmanuel Macron, declaró que la noción de consentimiento debía consagrarse en la legislación francesa.
Es interesante el paralelo con la inclusión del aborto en la Constitución. En efecto, la presión que ejercen sobre la sociedad campañas como la de MeToo, los movimientos sociales o las huelgas feministas que han surgido en varios países del mundo como España, Argentina, Polonia… y los avances que a veces han hecho posible, han permitido poner estos debates en el centro de la sociedad y de los medios de comunicación, que empiezan a tratar seriamente el tema de la violencia sexual y de género. El gobierno francés (y otros partidos que reivindican su radicalismo en estas cuestiones) no se libran de estas presiones y recurren al «pinkwashing», dando la apariencia de tener en cuenta esta violencia, o incluso de actuar de forma progresista hacia ella. La cobertura mediática del asunto Pelicot es sin duda también una consecuencia de esta presión. Pero no debe hacernos olvidar que más allá de la singularidad del caso de Gisèle, son muchas las violaciones cometidas contra víctimas del sometimiento químico, la mayoría de las cuales siguen sin conocerse ni juzgarse.
Mantener la presión a través de las luchas.
Más allá de estos efectos, no es difícil hacer saltar por los aires las apariencias y mostrar su vacuidad. Por ejemplo, la constitucionalización del aborto, que había sido fuertemente apoyada en particular por la Francia Insumisa, no engañó a todos, y algunos colectivos feministas demostraron muy rápidamente que seguía siendo insuficiente si no se disponía de los medios materiales para llevarla a cabo con medidas efectivas. En efecto, sin medios para mantener los centros para llevar a cabo un IVE(Interrupción voluntaria del embarazo) existentes o para crear otros nuevos, especialmente en el campo, sin retirar la cláusula de conciencia detrás de la cual todavía se esconden muchos profesionales de la salud, sin una apertura explícita del aborto para las personas trans, no hay garantía de que este derecho sea efectivo.
Lo mismo ocurre con la inclusión de la noción de consentimiento en la ley. De hecho, los casos de violación son emblemáticos del sexismo sistémico que impregna al Estado y a la sociedad por todos lados. En primer lugar, porque los lugares donde es posible hablar sobre este tema no son numerosos o, cuando los hay, carecen de financiación y recursos humanos para cumplir su función. Luego, porque la acogida de las personas que logran hablar –en la gendarmería o en las comisarías– es cuanto menos violenta. Finalmente, porque los casos –pocos en número dadas las trabas previas– que efectivamente se juzgan, acaban en muchos casos archivándose por falta de pruebas.
Así, lo que hace que el caso Pelicot sea tan resonante es sobre todo la presencia de una gran cantidad de pruebas en forma de vídeos y fotografías encontradas en el ordenador del acusado. Podemos pensar fácilmente que sin estas pruebas, y a pesar de los trastornos psicológicos y ginecológicos inexplicables que la víctima presentaba desde hace años, el juicio no se habría llevado a cabo y que la violencia contra Gisèle habría continuado, a la sombra del “ámbito privado”.
Por lo tanto, incluir la noción de consentimiento no será suficiente. Al igual que con el aborto, debe haber una garantía de recursos financieros y humanos dedicados a la cuestión de la violación y, más particularmente, a la violencia sexual y machista. También es necesario una formación obligatoria, a todas las personas que reciben, acompañan, defienden o juzgan casos de violación. Pero estos medios, al igual que la transformación de la sociedad que los sustenta, sólo serán posibles si se intensifica la presión sobre ellos. Al igual que las movilizaciones masivas en muchos países del mundo sobre estos temas, es necesario fortalecer los colectivos autoorganizados existentes sobre estos temas, y en particular la coordinación de los colectivos que se dan a sí mismos la tarea de organizar la huelga feminista –una huelga para exigir derechos para las mujeres y las minorías, y exigir una sociedad libre de las opresiones sistémicas que la caracterizan.
Desde esta perspectiva, y aunque esta lucha debe de ser continua, es importante aprovechar el 25 de noviembre y el 8 de marzo, denunciar su utilización por parte de la clase política, y organizarse junto con las organizaciones sindicales, que deben abrirse a los colectivos autoorganizados sobre estos temas, para presentar una plataforma de demandas, así como una huelga general. En todas las numerosas ciudades donde se celebran las fechas del 25 de noviembre y el 8 de marzo, llamemos a unirse a los colectivos que organizan la lucha y las manifestaciones previstas, y a construir reivindicaciones que permitan la convergencia de todas las luchas contra la opresión.
