Llegamos a un nuevo 25 de noviembre, día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el contexto del gobierno de Pedro Castillo.

Por PST-Perú

Los datos que el propio Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables nos alcanza, a partir de las denuncias realizadas en los  Centros de Emergencia Mujer (CEM) a nivel nacional, solo de enero a octubre de 2021, son escalofriantes:

  • 53 815 casos de violencia física.
  • 18 475 casos de violencia sexual.
  • 258 tentativas de feminicidio.
  • 132 feminicidios.

Datos que contrastan con el magro presupuesto que el mismo gobierno de Castillo ha destinado a enfrentar la violencia contra la mujer en 2022.

Según la propia ministra de la mujer, Anahí Durand, el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar (AURORA) ha visto reducido su presupuesto en 16.2 millones de soles, quedando en 323.3 millones de soles.

Para hacernos una idea de cuánto es lo que está proponiendo invertir Castillo y Durand en este programa de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, habría que apuntar que este 2021, el rubro “reactivación económica” del Presupuesto general de la República, recibió 10 mil 224 millones de soles de parte del Estado… ¡31 veces más que el presupuesto que el “gobierno del pueblo” proyecta para el Programa AURORA en 2022!

Y es que cuando se trata de garantizar las ganancias empresariales, los gobiernos – incluido el de Castillo – no escatiman recursos. Pero cuando se trata de enfrentar la violencia machista, todo queda en “buenas intenciones”.

Pasar hambre también es violencia

Pero la situación de violencia que vivimos las mujeres trabajadoras tiene varias aristas. Además de los golpes, feminicidios y violaciones, muchas padecemos diariamente de la informalidad en nuestros trabajos, lo que implica vivir con salarios de hambre, propensas al acoso y abuso sexual por parte de los empleadores, bajo el permanente riesgo de ser despedidas.

A punto de cumplir dos años de la pandemia de covid 19, la tasa de desempleo femenino se ha disparado, quedando sin trabajo 3 millones y medio de mujeres. Hoy, el 70% de trabajadores informales son mujeres. Y de cada 100 jóvenes entre los 18 y 29 años que “ni estudian ni trabajan” (“NINIS”), 65 son mujeres. De estas 65, 30 son indígenas o afrodescendientes.

Lo mismo sucede con el alza del costo de vida, que afecta directamente a las familias trabajadoras y pobres. Particularmente a aquellas 645 032 familias jefaturadas por mujeres. En este marco el anuncio del gobierno, de que subvencionará a las empresas con 70 soles para incrementar  el salario mínimo a 1000 soles, resulta una burla. ¡Necesitamos un salario y pensiones mínimas de 1500 soles para comenzar a paliar la situación que vivimos!

Sin embargo, nada de esto es atendido prioritariamente por el gobierno. Hoy mismo en fábricas como Yobel o Artesco, cientos de mujeres se encuentran en huelga junto a sus compañeros varones y de diversas identidades de género, exigiendo aumentos salariales y un trato digno, sin que haya solución a la vista.

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Reconocer nuestro derecho a decidir

Otro tanto sucede con el negado derecho al aborto libre, seguro y gratuito. No solo se nos niega el acceso gratuito a todo tipo de métodos anticonceptivos, desde que iniciamos nuestra vida sexual. También se nos da una educación sexual sesgada, que no contempla, las diversas identidades de género ni orientaciones sexuales, carente de una mirada científica y desprejuiciada de la vida sexual.

Además, el gobierno mantiene el más absoluto silencio ante los 371 400 abortos clandestinos que, aproximadamente, se practican en el país cada año. 28 652 de los cuales, terminan en hospitalizaciones y 58 en muerte.

Esto sucede porque, cuando se trata de abortar, las mujeres ricas acceden a abortos seguros, pagando altos costos en el mercado clandestino. Mientras que para una mujer pobre, interrumpir su embarazo la pone en manos de gente inescrupulosa que solo quiere ganar dinero, sin importarle la salud de la mujer.

Unir nuestras luchas para exigir a Castillo y compañía solución a nuestros problemas como mujeres y trabajadoras

Ante la crisis política, económica y sanitaria, y la falta de respuesta ante la violencia machista, las mujeres de la clase trabajadora, las estudiantes y campesinas, no podemos esperar más: debemos movilizarnos y organizarnos para exigir que el gobierno declare en emergencia el sector mujer, como ha anunciado que hará con el sector educación, para adoptar medidas radicales ante la problemática descrita.

Es preciso triplicar el presupuesto para el ministerio de la mujer, para comenzar a tomar alguna medidas frente a la violencia machista. El gobierno debe legalizar las acciones de autodefensa que realizamos las mujeres ante nuestros agresores.

Deben dictarse medidas para asegurar una educación sexual integral, científica y laica, acceso gratuito a todo tipo de métodos anticonceptivos, desde que iniciamos nuestra vida sexual, y la legalización del aborto en todos su casos, para salvaguardar a las mujeres pobres y trabajadoras que decidimos interrumpir el embarazo.

Pero además, se debe garantizar el trabajo, un salario igual a la canasta básica, tanto si se trabaja fuera como dentro de casa, con plenos derechos y estabilidad laboral. Es preciso que se decrete la solución a las demandas de la clase trabajadora y pueblos de nuestro país, de los que las mujeres somos el 50%.

Las mujeres hemos estado y seguiremos estando en la primera línea de lucha contra aquellos sectores que pretende imponer su voluntad contra la del pueblo, incluyendo los pedidos de vacancia que resuenan en un Congreso presidido por mujeres, pero que solo representan a la clase explotadora.

Y del mismo modo, debemos estar en las calles, para conquistar con nuestra lucha las demandas que levantamos, y que el gobierno ni mira, ni escucha.

Pero sobre todo, debemos construir una organización obrera, donde nos encontremos mujeres y hombres explotados y oprimidos, para enfrentar al capitalismo imperialista, que somete a nuestro país a la enorme miseria desvelada por la pandemia de covid19, y que refuerza la opresión machista para sacar mayores beneficios.

Es en esa lucha, en la perspectiva de un gobierno de las organizaciones obreras y populares, hacia el horizonte del socialismo, que encontraremos salidas de fondo a nuestras demandas.

¡Salario mínimo y pensiones de S/.1500 para todos los trabajadores y trabajadoras, incluidas las mujeres que trabajan en el hogar!

¡Prohibición de despidos y reposición de despedidos y despedidas!

¡Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, libre y gratuito para no morir!

¡Abajo la moción de vacancia presentada en el congreso!