La violencia no cesa

Al momento de escribir esta nota, Amelia Macías Patiño, una mujer boyacense de 40 años, se encuentra internada en un hospital de Sogamoso tras haber sufrido graves lesiones en un intento de feminicidio por parte de su pareja. Lenis Martínez fue rescatada del secuestro perpetrado por su expareja, quien no solo la sometió a maltratos, sino que también intentó incendiar el apartamento donde dejó atados a sus dos hijos pequeños. Afortunadamente, el agresor no logró su cometido y está siendo buscado por las autoridades.

Los dos hijos de Érika Paola Monterrosa no corrieron con la misma suerte. El 20 de enero, fueron brutalmente golpeados por su padrastro, lo que provocó la muerte del más pequeño, mientras que el otro permanece hospitalizado, luchando por su vida.

Podríamos seguir enumerando nombres de víctimas de violencia de género en lo que va del año, y en cada caso encontraríamos un historial de agresiones donde el perpetrador es alguien cercano. Cada historia parece sacada de una película de terror, pero lo más espantoso es que esta realidad es innegable. Tal es la gravedad del problema que la Defensoría del Pueblo ha instado a la Presidencia, la Vicepresidencia y la Fiscalía a tomar medidas urgentes. Hasta el 27 de enero, se habían registrado 18 asesinatos motivados por prejuicios contra mujeres y personas LGBTI: 4 mujeres transgénero, 1 mujer lesbiana, 2 hombres transgénero, 6 hombres gays, 1 persona cuya identidad de género está aún por establecerse, además de varias mujeres cisgénero.

No podemos perder de vista que el año pasado se registró el mayor número de feminicidios y actos de violencia de género de los últimos siete años. Aunque el feminicidio ha sido reconocido como “la máxima expresión de la violencia de género”, no ocurre lo mismo con los asesinatos y agresiones contra personas LGBTI, cuya incidencia va en aumento. Este fenómeno se ve reforzado por discursos de odio como los de Trump, que incitan a la violencia contra las diversidades sexuales. En 2023, la Fiscalía reportó que el 40% de las agresiones registradas por lesiones personales fueron contra mujeres lesbianas, bisexuales o trans. Ese mismo año, Caribe Afirmativo documentó más de 1.700 situaciones de violencia contra la población LGTBIQ+, incluyendo 20 casos de amenazas y al menos 15 panfletos con discursos estigmatizantes contra mujeres lesbianas, trans y bisexuales.

Según un informe de la Red Regional de Información LGBTI, Colombia, junto con Brasil, lidera en Latinoamérica y el Caribe las tasas de homicidios contra personas de orientación sexual diversa. Nuestro país ostenta el lamentable récord del 43% de los asesinatos contra esta población en la región.

¿Por qué tanta violencia?

A nuestro juicio, vivimos una época de profundización de todas las contradicciones sociales, producto de la crisis del sistema capitalista. La lucha de clases exacerba el uso de la violencia por parte de los poderosos y sus Estados contra los explotados y oprimidos, quienes resisten y luchan en todos los continentes para transformar esta realidad cada vez más difícil para los sectores populares.

Las guerras que presenciamos hoy, como la de Israel contra el pueblo palestino—actualmente en tregua, pero lejos de una solución—, ya han cobrado cerca de 50.000 vidas en Gaza. O la de Rusia contra Ucrania, donde, según la OTAN (cifras aún por confirmar), Rusia ha perdido 350.000 soldados y Ucrania 428.000. Estas guerras son la manifestación más cruda de la violencia de una clase—la burguesía imperialista—que busca someter pueblos enteros y saquear sus recursos y territorios.

La violencia ha sido y seguirá siendo un arma de los poderosos para someter a la inmensa mayoría de trabajadores y pobres del mundo, explotando su fuerza de trabajo y defendiendo sus privilegios a toda costa. Otra expresión de esta violencia es la represión contra los inmigrantes. No solo Trump, sino todos los gobiernos de los países imperialistas han impulsado políticas antiinmigración con el fin de impedir que los trabajadores de países semicoloniales crucen sus fronteras. Y, como siempre, quienes pagan con sus vidas son los sectores más vulnerables.

Dentro de los sectores oprimidos también existen diferencias de clase: las personas más afectadas son los trabajadores y los pobres. Las mujeres trabajadoras, además de ser explotadas, son doblemente oprimidas a través de prejuicios cuidadosamente alimentados por instituciones políticas, culturales y religiosas al servicio de la burguesía. Esta ideología no es casual: considerar a la mujer inferior al hombre justifica la reducción de sus salarios y su confinamiento en el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

El racismo, la homofobia, la transfobia y la xenofobia cumplen la misma función: dividir a la clase trabajadora y enfrentar a unos contra otros. Bajo el argumento de que los inmigrantes «quitan empleos» a los trabajadores nacionales, logran fragmentar la lucha obrera y rebajar los salarios de todos. Estas narrativas sustentan las políticas antiinmigrantes de los países imperialistas, los mismos que construyeron su riqueza explotando mano de obra migrante.

Hoy, ese sistema está siendo cuestionado. Como respuesta a la lucha de los trabajadores y los sectores más oprimidos contra la desigualdad, la miseria y la discriminación, la burguesía promueve la violencia: una, ejercida directamente por sus fuerzas represivas, y otra, fomentada mediante discursos e ideologías que justifican la opresión. En esta última se inscribe la violencia de género y contra las personas LGBTI, que encuentra respaldo en instituciones religiosas y sectores conservadores que presentan el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos como «pecados» que merecen castigo.

Por ello, condenamos enérgicamente la violencia contra los explotados y oprimidos. Creemos que es urgente que las organizaciones sindicales, comunales, barriales, políticas y culturales impulsemos la educación y el debate sobre el papel que juegan estas ideologías en la fragmentación de la clase trabajadora. No podemos permitir que nos conviertan en instrumentos de división, perpetuando una violencia que solo beneficia a nuestros enemigos.

La clase trabajadora debe levantar un programa de reivindicaciones para las mujeres y los sectores oprimidos, exigiendo a empresas y gobiernos respuestas concretas. Al mismo tiempo, debemos seguir presionando al gobierno de Petro para que declare la emergencia contra la violencia de género, con medidas reales de protección y educación, cuyos recursos sean administrados por organizaciones de mujeres y víctimas.

Esta lucha contra la violencia no puede separarse de una estrategia de independencia de clase para la organización revolucionaria. Solo mediante la transformación social y la construcción de una sociedad sin explotados ni oprimidos podremos erradicar definitivamente esta violencia sistémica.