La problemática de la deuda externa, en Venezuela, ha sido objeto de un constante debate, que se complica por la falta de datos y referencias confiables, esto motivado por un lado a que el gobierno de Nicolás Maduro no publica datos oficiales al respecto, y casi que de ningún aspecto económico de importancia, y por otro, debido al hecho de que las informaciones, publicadas por agencias de noticias, sobre la base de estudios de economistas y especialistas sobre el tema y los informes que al respecto publica la Asamblea Nacional (AN), dirigida mayoritariamente por la oposición burguesa, muchas veces están sesgados por planteamientos de salidas políticas y programáticas al problema de la deuda, basados en medidas de ajustes macroeconómicos, similares e incluso totalmente coincidentes con las orientaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que no conllevan sino a un aumento de la pauperización de los trabajadores, reconociendo la deuda, aceptando su pago y planteando cuando mucho esquemas de reestructuración o refinanciamiento (que no son lo mismo)[1], en beneficio de los acreedores, en general banqueros y transnacionales.

Por: Leonardo Arantes, de la Unidad Socialista de los Trabajadores (UST).

Ocultamiento de cifras oficiales, magnitud y composición de la deuda externa

Existen algunos estudios independientes, desarrollados por movimientos sociales, que no adolecen de este sesgo, pero que en general se enfrentan a las mismas dificultades. Pese a estas limitaciones, intentaremos aportar a este debate, debido a las grandes implicaciones de la deuda externa pública venezolana en la actual crisis política y económica del país.

La deuda externa venezolana, esta compuesta fundamentalmente, por la deuda adquirida por Venezuela como República y la adquirida por la estatal petrolera PDVSA, a través de las emisiones de los llamados bonos Soberanos (emitidos por la República a través del Banco Central) y los bonos de PDVSA respectivamente, agregándose a estos los prestamos bilaterales por parte de los gobiernos y empresas de China y Rusia, y en proporción minoritaria algunos otros países, sumándose además la relativa a sentencias y laudos de arbitraje internacionales por las nacionalizaciones de empresas. Su monto total se estima, según las cifras más conservadoras, en un mínimo de 130 mil millones de dólares, sin embargo, datos menos conservadores la colocan en un nivel de 198 mil millones de dólares (…), para trabajar con un dato intermedio, tomaremos un promedio entre ambas afirmaciones teniendo como resultado un monto de 164 mil millones de dólares, cifra que tiende a coincidir con informes presentados en foros organizados por la organización CEDICE (162.000 millones de $).

Un informe del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, publicado en junio de 2019, divide la deuda venezolana de la siguiente manera: “deuda documentada en bonos emitidos por Venezuela y Pdvsa $68.000 millones; préstamos comerciales $22.800 millones; préstamos multilaterales (BID y CAF) $5500 millones. De acuerdo con el documento, para esa fecha Venezuela no mantenía deudas con el Fondo Monetario Internacional, ni con el Banco Mundial. La deuda bilateral se ubicaba en $10.500 millones (China, Rusia, Brasil), mientras que los casos de arbitraje en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) estaban en $12.300 millones; la deuda con proveedores en $21.000 millones. Restantes $17.600 millones en intereses atrasados, cuentas por pagar y otros pasivos de Empresas del Estado” [2].

Otros estudios, como el publicado en 2017 por la conocida agencia Prodavinci, titulado: “Venezuela Deuda Externa en Cifras”, afirman que la deuda externa ascendía para 2017 a 184 mil millones de $, distribuidos de la siguiente manera: 112.300 millones de $ consistentes en deuda de la República, los cuales incluirían 39.300 millones de $ de deuda bilateral (prestamos de China, Rusia y otros países) y 16.000 millones de $ por concepto de nacionalizaciones, reclamos y demandas ante el CIADI; y 71. 500 millones de $ de deuda por concepto de bonos emitidos por la estatal petrolera PDVSA[3].

Esta diversidad en los montos, conlleva a una situación similar en otros aspectos como la deuda externa per cápita y la relación deuda externa – producto interno bruto (PIB). Algunos analistas afirman que el peso de la deuda sobre cada venezolano ascendería a los 3.916$, mientras otros lo estiman en 5.000 $, de manera similar algunos estudios sostienen que la deuda externa representaría 200% del PIB mientras otros afirman que la misma está por el orden del 229% del PIB.

Más allá de la determinación con exactitud del monto de la deuda y como esta distribuida en su composición, lo que es indudable es su gran magnitud. La poca transparencia y el ocultamiento por parte del oficialismo de las cifras de la misma y la consecuente dificultad para precisar exactamente su monto total y distribución son la mejor muestra de ello. De igual manera es incuestionable que la carga de la deuda externa sobre cada habitante del país, principalmente para lo trabajadores, cuya producción es a fin de cuentas la que la paga, así como que la relación deuda – PIB del país es de las más desfavorable del continente y del mundo.

Orígenes de la deuda externa del país

La deuda externa pública venezolana, tiene sus orígenes en el proceso histórico de formación y agravamiento de la misma en el continente, marcado por la crisis del petróleo a inicios de los 70[4] que derivó en el aumento de los precios del crudo, y en la llamada crisis de la deuda latinoamericana de los años 80. Debido al superávit generado por los altos ingresos petroleros (aunque también de otras materias primas), los gobiernos del continente fueron estimulados y presionados para aceptar una gran cantidad de préstamos a bajas tasas de interés, cuando a inicios de la década de los 80, los precios del crudo y las materias primas comenzaron a caer y las monedas de los países deudores se devaluaron (apreciación del dólar), estos países comienzan a tener problemas para cumplir los pagos y refinanciamientos previamente establecidos.

Para garantizar que le fuesen cancelados los préstamos los países imperialistas, sus bancos y otros acreedores privados comienzan a imponer planes de reestructuración de las deudas (Planes Brady y Baker, entre otros), lo que supuso nuevos empréstitos destinados exclusivamente al pago de las deudas anteriores con condiciones muy estrictas, a favor de los acreedores, tales como la fijación de tasas de interés flotante (a criterio de los acreedores) en lugar de tasas fijas, capitalización de los intereses moratorios y nuevos intereses sobre el principal resultante de dicha capitalización (interés compuesto), avales estatales para la deuda privada y muchas veces transformación directa de la deuda privada en deuda publica, entre otros. Además la exigencia de que los países deudores aceptaran la intervención del FMI y el Banco Mundial a través de sus planes de ajustes estructurales (PAEs)[5], englobados dentro de lo que se conoce como el Consenso de Washington[6].

Este proceso de crisis empieza a manifestarse en Venezuela a partir de los años 1981 – 1982, conllevando a que para 1983 la deuda adquiere enormes magnitudes ubicándose en niveles impagables, lo que devino en el famoso proceso de devaluación conocido como “El Viernes Negro”[7], y terminó expresándose en las reestructuraciones de la deuda del gobierno de Jaime Lusinchi el 27 de febrero de 1987[8] y la de 1997, esta última mediante los bonos del Plan Brady[9].

A inicios del gobierno de Hugo Chávez la deuda externa no pasaba de los US $ 23.332 millones de dólares dentro de la cual se incluía la deuda al Fondo Monetario Internacional por unos US $3.300 millones de dólares, durante su gobierno, Venezuela se convirtió en uno de los mejores pagadores de la deuda externa en Latinoamérica, siendo pionera de la moda del “pago anticipado”, sólo en el periodo que se extiende de 1999 a 2006 fueron cancelados 24.835 millones de dólares, un promedio de 3.100 millones de $ por año, en 2006, se pagaron cerca de 6.500 millones, (un 4% del PBI estimado en la época, casi equivalente al presupuesto de salud y educación sumados), en 2007, se canceló la deuda con el FMI. Pese a haberse pagado una cantidad superior a la deuda heredada, esta creció 7.731 millones y llegó 31.063 millones. Una muestra del carácter fraudulento de esta deuda.

El chavismo y el crecimiento de la deuda externa 

Durante las dos décadas de gobiernos chavistas, primero con el fallecido Hugo Chávez y luego con Maduro a la cabeza, la deuda externa ha experimentado un crecimiento espectacular y preocupante, pese a ser estos gobiernos puntuales pagadores de la misma, en detrimento de las necesidades de la población.

Es por todos conocido que, durante gran parte de este periodo, Venezuela experimentó la mayor bonanza petrolera  de su historia, se estima que en quince años (1999 – 2014) más de 960.589 millones de dólares ingresaron al país por concepto de exportaciones petroleras, un promedio de 56.500 millones de $ anuales, sólo en 2007, el ingreso fue de 203.983 millones de dólares, no obstante este año a la par que anunciaba la cancelación de la deuda con el FMI, Chávez inició un vertiginoso proceso de endeudamiento que incrementó enormemente la deuda externa.

Hubo 15 emisiones de bonos Soberanos realizadas a través del el Banco Central de Venezuela y  que han representado una deuda estimada en 72.001 millones de dólares, 14 de los cuales fueron emitidos  durante el gobierno de Hugo Chávez y el restante durante el de Nicolas Maduro, de otro lado están los bonos de Petróleos de Venezuela (PDVSA), durante los gobiernos chavistas la petrolera estatal ha emitido nueve bonos entre 2007 y 2016. En total PDVSA debe pagar 49.171 millones de dólares, esto, junto a otras deudas adquiridas mediante préstamos bilaterales, principalmente de China y Rusia, así como las provenientes de demandas por nacionalizaciones, que han sido esencialmente compra de empresas mediante el mecanismo de adquisición de paquetes accionarios de las mismas (algo normal dentro de los marcos del derecho burgués), acordadas a precios superiores incluso a su valor de mercado, viene a constituir una deuda estimada en los montos ya mencionados anteriormente y que sigue incrementándose a niveles altísimos, haciendo que por la falta de estadísticas oficiales su monto total sea todo un misterio.

Esto último pese a los inmensos pagos de la misma realizados por ambos gobiernos, Maduro por ejemplo ha cancelado más de 80.000 millones de $ desde 2013 hasta la actualidad, aunque algunos analistas afirman que desde 2018 el país ha entrado en default con algunas de sus deudas (default selectivo) y se vienen planteando posibles casos de embargo de varios de los activos de la nación en el exterior, también se han sentenciado medidas de embargo debido a resultados desfavorables para el país en casos de demandas de transnacionales imperialistas en el Centro Internacional de Arreglos de  Disputas de Inversiones (CIADI), alegando impagos en las deudas por nacionalizaciones[10].

Lo cierto es que pese a su discurso antiimperialista, el chavismo intensificó las amarras que atan al país con el imperialismo, primero reconociendo íntegramente y cumpliendo con los pagos de la deuda heredada del anterior régimen del pacto de Punto Fijo, cancelando por encima de su monto la que este mismo régimen había contraído con el FMI y el Banco Mundial, pagando puntualmente una ilegitima y odiosa deuda externa (incluso con pagos anticipados) e incrementando el endeudamiento. Para esto el chavismo utilizó los altos ingresos petroleros, descapitalizando a PDVSA y llevando el país a la bancarrota.

¿A quien benefició el endeudamiento? Las consecuencias para la clase trabajadora

Todo este proceso de endeudamientos – pagos de deuda externa, ha servido para financiar y garantizar las ganancias de banqueros y transnacionales a través de diversos mecanismos, como la adquisición con bolívares por parte de banqueros, de los bonos emitidos por el gobierno a tasa de dólar oficial y su reventa a tasa de dólar paralelo (aprovechando el considerable diferencial cambiario)[11], así como también de los bonos comprados por Venezuela a otros países, especialmente Argentina, donde se aplicó el mismo mecanismo reventa y aprovechamiento del diferencial cambiario[12], otro mecanismo fueron los Certificados de Depósitos Bancarios (CDBs) emitidos por el Banco Central de Venezuela[13], la asignación de divisas a tasa preferencial a capitalistas nacionales y transnacionales para importaciones a través de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI). A todo esto, hay que sumarle la corrupción y el financiamiento de obras de infraestructura, inconclusas hasta hoy (varias de ellas a Odebrecht), donde se despilfarraron mas de 46.000 millones de $, así como la condonación de deudas a sectores burgueses[14], entre otros mecanismos.

Así el endeudamiento, pagos de deuda externa y transferencia de la renta petrolera, financió igualmente la mayor fuga de capitales de la historia del país, estimada en más de 500.000 millones de dólares, en los diez años que se extienden de 2003 a 2013 (años de existencia de CADIVI), se benefició y se garantizaron las ganancias de la burguesía nacional y transnacional[15] (banqueros y empresarios) y se apuntaló el surgimiento y fortalecimiento de un nuevo sector burgués asociado al régimen chavista y donde tiene un papel resaltante la burocracia militar – aunque también la integran civiles que parasitan el Estado. –

En contraparte, la producción del país, incluyendo la petrolera, siderúrgica y minera sufrió un catastrófico proceso de destrucción, así como también la agroalimentaria, se produjo un unilateral y gigantesco recorte de las importaciones de alimentos y medicinas, producto de la desinversión y la falta de mantenimiento todo el aparato productivo estatal se cae a pedazos, al igual que la infraestructura de servicios públicos, la educación y salud públicas se encuentran en la más completa debacle y la población trabajadora padece hambre, miseria y muere por falta de medicinas, victima de una profunda crisis económica y social que se agrava en el actual contexto de la pandemia del Covid 19 y por efecto de las sanciones imperialistas contra el país.

En la actualidad el gobierno profundiza la entrega de los recursos petroleros y minerales, mediante la entrega directa a transnacionales del control de aéreas territoriales de la Faja Petrolífera del Orinoco para su explotación, haciendo uso del mecanismo de empresa mixtas (donde violando la legalidad nacional vigente PDVSA se coloca en muchos casos en minoría accionaria) y a través de los Acuerdos del Arco Minero Orinoco (AMO), avanzando además en el proceso de privatización de PDVSA, rematándola a través de la deuda externa y para lo cual discuten además su reestructuración, lo que incluye la constitución de empresas que cuentan con ingresos propios y facultades para hacer alianzas con agrupaciones nacionales e internacionales[16], la venta de activos de la industria en el exterior[17], la eliminación de subsidios y la modificación legal para permitir que el Estado sea minoritario en la participación accionaria en las empresas mixtas.

El gobierno y la oposición burguesa coinciden en pagar la deuda

Si en algo muestran acuerdo el gobierno de Maduro y la oposición patronal venezolana liderada por Guaidó (como también los otros sectores de la oposición burguesa), es en su disposición a continuar pagando la deuda externa, en detrimento de las necesidades del pueblo trabajador sometido a múltiples penurias, dando ambas muestras de su carácter burgués, enemigo de los trabajadores y el pueblo humilde. De similar manera, buscan todos los mecanismos para pagar una dolosa deuda externa.

Desde que en 2017, con al agotamiento de las finanzas estatales y la agudización de la crisis en la industria petrolera estatal, responsable del 96% de los ingresos del país, el gobierno empezase a tener dificultades para cumplir puntualmente los pagos de deuda externa, Maduro comenzó a hablar de “renegociar” la misma, buscando reestructurarla o refinanciarla, lo que es un claro reconocimiento de una deuda por demás fraudulenta y una manifestación de su disposición a pagarla, procurando cumplir a los acreedores internacionales a costa de hacer padecer a la clase trabajadora y a los sectores populares grandes calamidades.

Esto fue impedido por el ultrareaccionario presidente de EE.UU. Donald Trump, a través de la firma de una orden ejecutiva prohibiendo las negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañía petrolera estatal (PDVSA), golpeando así duramente al sistema financiero venezolano, esta medida estuvo precedida por sanciones contra funcionarios de alto rango en el chavismo pero que no surtían efectos en la economía nacional. Posteriormente (2018) con Venezuela en situación de default selectivo, el gobierno de Trump, emitió, pese a las sanciones, órdenes en las que se autorizaba el pago de determinados bonos, particularmente el 2020 emitido por PDVSA, buscando garantizar las ganancias de los acreedores norteamericanos. Maduro continuó pagando la deuda, principalmente los intereses y la amortización de un 25% de capital del bono 2020, que tiene como característica peculiar estar respaldado por casi el 50% de las acciones de CITGO[18]. Desde entonces Maduro ha seguido insistiendo en la “renegociación” la deuda externa.

El opositor burgués, Juan Guaidó, autoproclamado presidente, con el apoyo del imperialismo, principalmente el yankee, ha venido respaldando las sanciones emitidas por Donald Trump, más duras a partir de la primera mitad de 2019, que incluyen la confiscación de activos, recursos monetarios y bienes tangibles venezolanos en suelo norteamericano, que tienen consecuencias directas en la economía venezolana, agravando la crisis económica y social. Pero además ha sido autorizado por el gobierno de EE.UU. para disponer de los recursos confiscados, buscando así este gobierno una manera garantizar los pagos de deuda a los acreedores gringos tenedores de bonos, vía por la cual estos últimos se embolsaron en agosto de 2019 el pago de 71 millones de $.

Adicionalmente, Guaidó ha evidenciado su disposición de seguir pagando la deuda externa afirmando de manera reiterada que la comisión de deuda que designó en la Asamblea Nacional (AN) tiene bajo estudio la totalidad de la deuda incluyendo la del bono 2020, y que además realizaran “las actuaciones necesarias para diseñar y preparar la renegociación de la deuda pública, incluyendo la propuesta para el refinanciamiento o reestructuración de las obligaciones”. Lo que claramente se traduce como buscar los medios posibles para seguir pagando la deuda externa, en beneficio de los banqueros y el capital financiero imperialista.

Una deuda ilegitima y odiosa que es necesario dejar de pagar 

Hemos mostrado con detalle, el carácter fraudulento que tiene la deuda externa venezolana, pero además queda en evidencia su condición de ilegitimidad y su característica odiosa, siendo una deuda que ha sido pagada en exceso, pese a lo cual se ha seguido incrementando, además de que ha sido contratada en favor del interés particular de una minoría privilegiada, como han sido los grandes bancos y capitales nacionales y transnacionales, pero que además su contratación ha carecido de cualquier tipo de beneficio para la población, la deuda externa venezolana ha sido contra los intereses del pueblo trabajador venezolano y en beneficio de los capitalistas y de los dirigentes vinculados al poder y al imperialismo, a sabiendas de esto por los acreedores, lo que le da una característica de deuda odiosa.

Este no es un caso particular de Venezuela, es un hecho que bajo el sistema capitalista, toda deuda pública contraída por el Estado burgués y sus organismos, se destina al beneficio y enriquecimiento de banqueros y empresarios, usureros y especuladores, así como de burócratas gubernamentales y políticos de oficio asociados y representantes de la banca y el capital financiero, quienes conjuntamente hacen descargar sobre la extensa población trabajadora el costo de esas deudas. En el caso de Venezuela en específico, mientras aumentaba el endeudamiento externo se incrementaba la fuga de capitales (mediante mecanismos legales e ilegales), surgía y se financiaba a la boliburguesia y se garantizaba y aumentaban las ganancias de los grandes banqueros y capitalistas nacionales y transnacionales.

Para los países semicoloniales en general y por lo tanto para Venezuela, la deuda externa es uno de los principales – quizás el principal y predilecto – mecanismos de de control económico y de saqueo de riquezas, utilizado por el imperialismo, expoliando a los países semicoloniales que pagan con recursos provenientes del trabajo de su clase obrera, siendo además usado como medio de control político, imponiendo planes de ajustes, reformas tributarias, fiscales, pensionales y laborales que terminan sometiendo a los trabajadores a grandes penurias.

Por eso, la deuda externa venezolana puede y debe ser rechazada y desconocida por los trabajadores y el pueblo del país, cualquier perspectiva de solución a la crisis a favor de estos, arranca de dejar de pagar inmediatamente la deuda externa.

De esa manera se podrá disponer de los recursos necesarios para reactivar el aparato productivo nacional, recuperar la producción petrolera siderúrgica, mineral y de alimentos. Así como para enfrentar de manera inmediata la situación de hambre y miseria que azota a los trabajadores y el pueblo humilde del país, importando los alimentos y las medicinas necesarias para que puedan comer y curarse (mientras se recupera la producción nacional), de igual forma se dispondría de los recursos para implementar y poder llevar a cabo una cuarentena real, sin hambre ni calamidades y no basada en la represión, sino en garantías de solución para los problemas que padecen los trabajadores y familias de los sectores populares durante la cuarentena y de condiciones adecuadas para su efectivo cumplimiento.

Desde la Unidad Socialista de los Trabajadores, llamamos a construir la más amplia manifestación para exigir el fin del pago de la fraudulenta, ilegitima y odiosa deuda externa venezolana[19].

Notas:

[1] El refinanciamiento consiste en la emisión de nuevos instrumentos de deuda para pagar obligaciones previas. En esencia, se reemplaza una vieja deuda con una nueva deuda con nuevos términos de interés y plazo, principalmente, es decir, se paga más tarde pero se paga más. La reestructuración consiste en modificar los términos de contratos ya existentes, luego de una negociación entre el deudor y sus acreedores. Estos cambios podrían involucrar una extensión de los plazos para efectuar los pagos, reducción de las tasas de interés, o la disminución del valor nominal de los instrumentos al momento del pago, con lo que podría haber incluso una “rebaja” en el monto del principal , pero generalmente acompañada de un aumento o en las tasas de interés, o a la fijación de una tasa de interés flotante a discreción de los acreedores, también incluye el cumplimiento por parte de los deudores, de una serie de condiciones, bajo la forma de ajuste macroeconómicos orientados por el FMI, exigidos como garantías por los acreedores.

[2] https://cronica.uno/en-20-anos-deuda-publica-de-venezuela-aumento-mas-de-200-y-citgo-es-una-de-las-hipotecas/

[3] Especial Prodavinci, Venezuela: La deuda externa en cifras.

[4] el 16 de octubre de1973, los países árabes miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), más Egipto, Siria y Túnez y miembros del golfo pérsico de la OPEP como  Irán, decretaron un embargo, decidiendo no exportar más petróleo a los países que habían apoyado a Israel durante la guerra de Yom Kipur que enfrentaba a Israel con Siria y Egipto. Esta medida incluía a Estados Unidos y a sus aliados de Europa Occidental (principalmente Países Bajos y Portugal). Aunado a esto, la OPEP, decidió recortar la producción de sus países miembros, que por aquel entonces eran responsables del 54% de la producción total de crudo, como resultado el precio del crudo se disparó de US$2,5 a US$11 dólares el barril. Esta situación se mantuvo hasta el inicio de los 80.

[5] Los Planes de Ajustes Estructurales (PAEs) son toda una serie de políticas de ajuste macroeconómico, de marcado carácter neoliberal, con el objetivo de “estabilizar” las economías afectadas por la crisis y reestructurarlas de forma que pudieran hacer frente sin problema a los pagos del servicio de la deuda. El ajuste estructural se convirtió, desde la década de los 80, en la receta única que habían de adoptar los países endeudados que querían acceder a los préstamos del BM o el FMI. Estos planes han afectado de forma desproporcionada a los y las más pobres del planeta, sobre todo a través de fuertes recortes en los programas sociales, y han tenido impactos muy negativos en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, en pro de la «flexibilidad laboral»

[6] El Consenso de Washington, como parte del proceso de Globalización tiene como objetivo avanzar en los planes de recolonización imperialistas, colocando a los países semicoloniales en el papel de simples productores de materias primeras y fuentes de mano de obra barata, a fin que salga rentable invertir para incrementar al máximo los beneficios. Sus lineamientos para estos países están dirigidos a orientar sus economías hacia la exportación de materias primeras por obtener divisas, desregularizar el mercado laboral para atraer los inversores extranjeros, promover la creación de zonas francas (libres de impuestos, sin leyes ambientales ni laborales, ni sindicatos…) donde estos inversores puedan situar sus maquilas, reducir las protecciones arancelarias para abrir los mercados, entre otras.

[7] Se refiere al día viernes 18 de febrero de 1983, cuando el bolívar sufrió una abrupta devaluación frente al dólar estadounidense, derivado de políticas económicas asumidas por el entonces presidente Luis Herrera Campins, que incluyeron el establecimiento de un control de cambio, imponiendo una restricción a la salida de divisas.

[8] Los términos acordados el 27 de febrero ese año establecían  la ampliación a trece años y medio del plazo para la amortización del capital, empezando por pagar 250 millones de dólares ese año y concluyendo con 2.338 millones en 1999; la rebaja a 7/8% del margen aplicable para las tasas libor (precio del dinero en el mercado interbancario de Londres) al igual que para los intereses fijos; sin años de gracia y la promesa de futuros préstamos

[9] El bono Brady es un instrumento que emiten países deudores para reestructurar su deuda con bancos comerciales extranjeros. Nombrados así por Nicholas Brady, secretario del tesoro de Estados Unidos para el año 1989, cuando empezó a implementarse el plan.             Para aceptar el bono Brady como medio de pago, se exigió a los países deudores seguir las pautas del Consenso de Washington. Esto implicaba la estabilización macroeconómica, la liberalización del comercio, facilitar la inversión y reducir el tamaño del Estado mediante privatizaciones. De todo esto, podemos concluir que los bonos eran sólo parte de un plan que exigía reformas económicas para asegurar el pago de la deuda externa en el futuro.

[10] El año pasado el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito de Estados Unidos dictaminó que la transnacional Crystallex podría confiscar las acciones de Citgo, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para cobrar una deuda de 1.400 millones de dólares por la “expropiación” de sus activos, ocurrida durante el mandato del ex presidente Hugo Chávez.

[11] En noviembre de 2005 por ejemplo, a pesar de que las reservas internacionales estaban en alza (30.368 millones de dólares), el gobierno emitió papeles de deuda venezolana, con vencimientos entre 2016 y 2020, por valor de 1.500 millones de dólares. Los banqueros compraron estos títulos en bolívares al cambio de 2,150 bolívares por dólar y los revendieron inmediatamente al valor del cambio paralelo (2,500). Esto significaba una excelente ganancia en una única emisión de títulos, este mecanismo se hizo repetitivo en años posteriores.

[12] El diario inglés Financial Times (1 de febrero de 2006), afirmaba que “el Tesoro venezolano vendió los títulos Boden12 a los bancos con tasa de cambio oficial de 2.150 bolívares. En una reventa de 100 millones de dólares en títulos, los bancos obtuvieron ganancias en bolívares equivalentes a 17 millones de dólares, según la tasa de cambio informal, o 21 millones de dólares, de acuerdo con la tasa oficial”. Sin embargo, los cálculos del Financial Times se referían solo al primer lote de 100 millones (parte de un paquete total de 2.400).

[13] Los CDBs tenían un plazo de entre 14 y 28 días y pagaban una tasa media de 10%. El banquero captaba recursos a través de los depósitos remunerados de los clientes, a los que pagaba 1,69%, y enseguida aplicaba ese dinero en la compra de los CDBs que el gobierno chavista emitía y que le rendían 10%.

[14] Un ejemplo de esto fue el lanzamiento en junio de 2008, del proyecto “Reimpulso Productivo, la Inversión es Venezuela”. En un show, transmitido en vivo, con mas 500 invitados de la fina flor de la burguesía del país, como Fedeagro (Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios), Fedeindustria (Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas),  Confagan (Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela), Cavidea (Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos), las empresas Polar y el banco Banesco, entre otros,  fueron amnistiadas las deudas de los “productores rurales” (más de 100 millones de dólares), e incluso se destinaron más de 30 millones en subsidios. Como si fuese poco, se liberó un millón de dólares para el sector de alimentos, manufacturas y materias primas.

[15] Según la agencia Blomberg & News/Bungy, entre los principales tenedores de bonos venezolanos, tanto Soberanos como de PDVSA, se encuentran: Goldman Sachs Group Inc, Blackrock, Fidelity Managemet and Research, T. Rowe Price Group Inc  y Ashmore Group (las cuatro primeras norteamericanas y la última de Inglaterra)

[16] Como ejemplo, El 11 de mayo constituyeron la empresa PDV-Puertos, encargada de la gestión de los puertos y terminales petroleras y con las características señaladas.

[17] Recientemente se efectuó, la venta del 35% de las acciones de la refinería sueca Nynas, pasando PDVSA de 50% a sólo el 15% de los títulos, renunciando así a su posición mayoritaria.

[18] El resto de las acciones de esta empresa están comprometidas también por un préstamo del gobierno de Rusia, algo que además es violatorio de la propia constitución nacional.

[19] Es preciso hacer una distinción entre el default y la reivindicación fin del pago de la deuda externa o suspensión de su pago, el primero significa reconocer la deuda, decir que en aquel momento no es posible pagar y volver a pagar lo más rápido posible. La suspensión del pago (o cese de su pago) significa reconocer que la deuda es ilegítima, fruto de sucesivos fraudes y concesiones al capital financiero nacional e internacional y que no se pagará más, puesto que seguir pagando significa imponer una economía de guerra para la población y privilegiar los beneficios económicos para los banqueros, transnacionales y latifundistas.